Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después.
Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero.
Aunque nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo.
“Civiles” dispararon
“Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más.
Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos.
Además, Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre.
Según testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
De acuerdo con las inspecciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) realizadas el 27 de septiembre, de cuyos informes se obtuvo copia, en la calle Juan N. Álvarez de Iguala, donde ocurrió uno de los ataques, así como en la escena del tiroteo contra el camión del equipo de futbol Avispones –confundido esa noche con normalistas– había decenas de casquillos calibre 7.62, el de los fusiles G3, arma usual del Ejército y no utilizada por la Policía Municipal.
Las declaraciones ministeriales de los militares refieren que esa noche también salieron a las calles de Iguala dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción, uno de los cuales iba comandando por el capitán Martínez Crespo y el otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la PGR en los documentos. Además de ir todos armados con fusiles G3, uno de los escuadrones usó un vehículo de guerra llamado Sand Cat; en la escotilla de éste hubo en todo momento un soldado empuñando una metralleta.
Vigilados desde el principio
En julio último el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en entrevista con el periodista radiofónico José Cárdenas que la noche del 26 de septiembre en el cuartel de Iguala no había personal ni vehículos disponibles para atender la emergencia. “Y qué bueno que fue así”, agregó, “porque de haber salido, hubiéramos creado un problema mayor”. Pero las declaraciones de los elementos del 27 Batallón de Infantería lo desmienten.
Rodríguez Pérez compareció el 4 de diciembre de 2014 ante la PGR en Iguala. Lo hizo en su calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, cargo del que fue relevado el pasado julio. Dijo que desde las 19:00 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 de la mañana siguiente hubo militares en las calles de Iguala.
Agregó que en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4, instancia de seguridad pública estatal) de Iguala hay presencia de dos militares por turno, como informó este semanario en diciembre de 2014 (Proceso 1989). Señaló que el 27 Batallón tiene efectivos de los OBI: “Son personas de civiles quienes nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala”.
Explicó que envió un representante al informe de la presidenta local del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, y también a un miembro del OBI para que vigilara el acto, que tuvo lugar en la plaza central de Iguala.
A las 19:00 o 19:30 horas le ordenó al efectivo de OBI trasladarse a la caseta de cobro de la autopista Iguala-Puente de Ixtla para verificar la información de que había ahí estudiantes de Ayotzinapa.
Minutos después se le informó que los estudiantes habían secuestrado uno de los camiones que iba a la central de autobuses; también que al llegar a esa central “se robaron dos camiones e hicieron destrozos”.
Una fuente militar de alto rango consultada para esta investigación y que pidió el anonimato explica que todos los batallones, zonas, regiones militares e incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen pelotones de información (OBI) que forman parte de la Sección Segunda –la de inteligencia y contrainteligencia– de la institución.
La fuente agrega que los militares del pelotón de información no se uniforman; se mezclan con la población para obtener datos. Muchos de ellos no usan el corte de cabello de casquete corto (obligatorio en las Fuerzas Armadas) ni duermen en las bases militares.
Rodríguez Pérez afirmó: “Siguen los estudiantes su camino, pasando por el centro y siguiendo su camino llegan a la calle Juan N. Álvarez, los detienen las patrullas y se observa que las patrullas rodean los camiones, sabemos por el C4 que se encontraban tres patrullas delante de los camiones y tres detrás de los mismos, de ahí sólo sabemos que se encuentran detenidos estudiantes y camiones por la Policía Municipal”. Nunca habló de los disparos contra los normalistas en la Juan N. Álvarez.
Vecinos que a las 21:00 horas estaban en Juan N. Álvarez esquina con Emiliano Zapata dijeron que personas vestidas de civil comenzaron a disparar. Grabaron los audios de ese momento. “Eran civiles que estaban persiguiendo a los estudiantes”, dijo uno de los testigos.
“También sabemos por el C4 que personas se habían trasladado al Hospital General de Iguala, donde nos enteramos que solamente tres personas entraron heridas por arma de fuego”, declaró Rodríguez Pérez a la PGR. Se trataba de los lesionados del primer ataque: Fernando Marín, Jonathán Maldonado y Aldo Gutiérrez.
Un teniente a quien en este reportaje se identifica como el militar 31 trabaja en el Centro de Información, Instrucción y Operaciones del 27 Batallón y fue responsable de recibir, desde la tarde del 26 de septiembre hasta la mañana siguiente, las llamadas de los militares adscritos al C4.
Afirmó que recibió nueve informes detallados del C4 entre las 19:30 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 del 27. Declaró que de cada llamada rindió inmediatamente un informe tanto a su superior en el batallón como a la 35 Zona Militar.
El militar 31 nada dijo sobre la desaparición de los estudiantes en la calle Juan N. Álvarez, ocurrida entre las 23:15 y las 23:30 horas, ni mencionó el tercer ataque, registrado a las 00:15 del 27 de septiembre. Cuando esos eventos ocurrieron, los escuadrones del Ejército ya habían salido a la calle.
Afirmó que la novena llamada de esa jornada la recibió entre las 10:00 y las 12:00 horas del 27 de septiembre, donde el militar adscrito al C4 le informó que reportaban el hallazgo de una persona desollada en la zona industrial. Era Julio César Mondragón, el tercer normalista asesinado.
Hubo fotografías
El pasado 3 de diciembre declaró ante la PGR el comandante del pelotón de información en funciones la noche del 26 de septiembre. Ese militar dijo ser el operador del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos, un “sistema de la Sedena que opera por internet, por donde se envía y recibe toda la documentación oficial de las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea”.
Según su declaración fue solo, en motocicleta, al punto indicado “y al circular por la carretera, justo abajo del puente que cruza la carretera que va a Chilpancingo, cerca del Palacio de Justicia, vi que se encontraba un autobús de pasajeros de la empresa Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala, quienes iban en camionetas tipo pick up con logotipos de la Policía Municipal, quienes trataban de bajar a las personas que venían en el autobús”.
Agregó que reportó esto a su superior “y él me indicó: ‘Quédate por ahí por otro rato para ver qué se ve, pero no te arriesgues ni te acerques mucho’”. Confesó que se quedó en el lugar una hora y en ese lapso vio que los estudiantes lanzaban piedras desde adentro mientras los policías intentaban abrir la puerta del autobús.
“Me di cuenta que llegaron otras tres camionetas oficiales de la Policía Municipal de Iguala a apoyar los elementos municipales que se encontraban en el lugar pero estos últimos llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas lacrimógenas por las ventanillas del autobús, después de eso comenzaron a bajarse los jóvenes”, dijo a la PGR.
Agrega que vio que al bajarlos, los policías municipales los esposaban y los tendían en el piso boca abajo. Según él, en ese momento se retiró, pero afirmó que de todo eso tomó cuatro o cinco fotografías con su teléfono y se las entregó a Rodríguez Pérez.
Esas imágenes no están incluidas en los expedientes abiertos por la PGR ni en los partes informativos enviados por Rodríguez Pérez a la 35 Zona Militar un día después de los hechos.
Vecinos que esa noche pasaron por ese tramo del Periférico afirmaron a los reporteros que quienes cerraron el paso al camión donde viajaban los estudiantes fueron policías federales.
Fuerza de Reacción
De acuerdo con las declaraciones de los militares, el primer Grupo de Fuerza de Reacción –con 16 efectivos– salió del 27 Batallón entre las 22:15 y las 22:30 horas en dos vehículos Cheyenne, comandados por un teniente cuyo nombre fue tachado por la PGR en los documentos.
Su salida no fue registrada en las bitácoras, y aunque partió en dos vehículos, oficialmente sólo iba al Hospital General, que está a un costado del batallón, a investigar si habían llegado heridos de bala, sin que ningún militar explicara por qué o para qué necesitaban esa información.
Ahí ya estaban los primeros tres estudiantes heridos.
El militar 13 declaró a la PGR que su superior, un teniente, salió del hospital con una libreta en la mano y luego ambos regresaron al batallón.
El teniente recibió nuevas órdenes y les dijo a los integrantes del grupo que cambiaran una Cheyenne por el vehículo blindado y artillado Sand Cat. El escuadrón salió de nueva cuenta del 27 Batallón hacia las 23:00 horas con la advertencia de que había un grupo armado en las calles.
“Quiero manifestar que hasta ese momento yo no sabía a qué fuimos”, dijo el militar 13 respecto a su viaje al Hospital General. Este señalamiento es recurrente entre los soldados de bajo rango, quienes declararon a la PGR que sus superiores nunca les dijeron que había habido un ataque contra los estudiantes, sino sólo que había gente armada.
Debe hacerse notar que el militar número 17 dijo en su declaración: “Una de las reglas del Ejército es que las órdenes se acatan, no se discuten”.
El grupo partió rumbo a la autopista Iguala-Guerrero y pasó frente al Palacio Judicial; varios miembros del escuadrón declararon haber visto el camión Estrella de Oro vacío, con los vidrios rotos y las llantas desinfladas.
Estos declarantes refieren que cuando iban rumbo al crucero de Santa Teresa notaron la presencia de la Policía Federal y vieron dos taxis baleados; más adelante, un camión de pasajeros donde viajaba el equipo de futbol Avispones. En sus declaraciones, los integrantes de este equipo deportivo dijeron que cerca de las 23:40 horas fueron atacados por un grupo armado.
Según los miembros de ese escuadrón del Grupo de Fuerza de Reacción, regresaron a la base a las 03:30. Inmediatamente volvieron a salir otra vez en los dos vehículos al Hospital General para tomar los nombres de los lesionados, que a esa hora eran más de una docena.
Declaraciones contradictorias
Martínez Crespo fue interrogado por la PGR el 3 de diciembre de 2014. Dijo que hacia las 00:15 del 27 de septiembre recibió la orden de salir con un escuadrón de Fuerza de Reacción en dos vehículos Cheyenne; iban equipados con casco, chaleco antibalas y fusiles G3. Al menos uno de los vehículos llevaba en el techo una ametralladora.
El capitán pidió al comandante del pelotón de información que lo llevara al Palacio de Justicia, pero supuestamente cuando llegaron ya no había ahí estudiantes ni policías. Una grúa estaba a punto de llevarse el camión Estrella de Oro.
El militar número 8 declaró que sus compañeros revisaron el autobús. Otros tres integrantes del escuadrón dijeron que después fueron a la Policía Municipal de Iguala, a la cual entró Martínez Crespo con otros uniformados.
Entrevistado por los reporteros, Ulises Ramírez, juez de barandilla, indicó que los estudiantes nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala (Proceso 2015) y que incluso Martínez Crespo había revisado las instalaciones. En su declaración ministerial el capitán omitió esta información.
El tercer ataque contra los estudiantes, en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, ocurrió entre las 00:00 y 00:30 del 27 de septiembre. Ahí asesinaron a los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez y se llevaron a Julio César Mondragón, cuyo cadáver apareció después.
El comandante del pelotón de información declaró que los militares adscritos al C4 le avisaron vía telefónica que al hospital Cristina, en Juan N. Álvarez, habían entrado hombres armados.
Varios militares declararon que entre las 00:40 y las 00:50 horas pasaron por la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, donde vieron los tres autobuses tiroteados y que dos personas (se trataba de Solís y Ramírez) yacían en el pavimento. No se detuvieron a auxiliarlos.
Al militar 15 la PGR le preguntó por qué no se detuvieron a dar auxilio a los caídos o establecer seguridad perimetral. Respondió: “Desconozco. Las órdenes las da mi jefe inmediato”. Es decir, Martínez Crespo.
El gobierno de Guerrero hizo las necropsias a los cuerpos de Solís y Ramírez el 27 de septiembre. Se tiene copia de los informes respectivos. El primero murió hacia las 00:50 horas y el segundo cerca de la 01:00. Podrían haber estado vivos cuando Martínez Crespo pasó frente a ellos.
El comandante del pelotón de información declaró que llegaron al hospital Cristina, y entraron cinco militares; que él tomó una fotografía al estudiante herido en el labio. Esa foto no está en los expedientes de la PGR ni en los informes enviados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar.
Respecto a la visita al hospital hay diferencias entre las declaraciones de los militares. Unos dicen que nunca se solicitaron los nombres de los estudiantes y otros afirman que sí tomaron sus datos. Estuvieron ahí entre las 00:55 y las 01:10 horas.
Entrevistado por los reporteros en noviembre de 2014, Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal de Ayotzinapa, contó que estaba en el hospital cuando llegaron los militares.
“El Ejército llego rápidamente, entró, cortaron cartucho a modo de que iban… no sé… contra delincuentes. Nos acusó de que estábamos allanando morada… que nos iban a llevar a todos…”. Narró cómo los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres:
“No quiero que me den nombres falsos, porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar. Eso lo dijo así, textualmente. Nos estaban insinuando que nos iban a desaparecer”, dijo García.
El militar número 9 declaró a la PGR que al salir del hospital, Martínez Crespo dijo que “él ya tenía conocimiento de que las personas tiradas al lado de los camiones estaban muertas y que por esa razón no nos habíamos bajado y que la premura era llegar a donde al parecer había gente armada”.
La PGR no preguntó cómo sabía que los normalistas estaban muertos.
Cerca de las 01:11 horas, Martínez Crespo y su escuadrón volvieron a la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico. El militar 8 declaró a la PGR que al menos uno de sus compañeros subió a uno de los tres camiones antes de que se les hicieran las pruebas periciales.
El Ejército no llamó a la PGJG sino hasta una hora y 40 minutos después del ataque. El personal de la procuraduría llegó a las 03:20 horas a hacer las primeras diligencias. Encontró 61 casquillos percutidos –unos calibre 5.56, otros 17.62, 7.92 y 7.62– donde ocurrió el ataque contra los Avispones. En Juan N. Álvarez hallaron 51 casquillos, 36 calibre 7.62 y otros 5.56.
El calibre 7.62 corresponde a los fusiles G3 que portaba el Ejército esa noche. El calibre 5.56 corresponde a las armas de la Policía Municipal de Iguala: los fusiles G36 y Beretta. La PGJG realizó peritajes a las armas de los policías municipales; dos casquillos correspondieron a éstas. Nunca se hizo un peritaje a las armas del Ejército.
El cuerpo de Mondragón fue encontrado a las 10:00 horas del 27 de septiembre. Estaba desollado, sin ojos, con golpes en el cráneo y heridas de cuchillo en el cuerpo. Según el dictamen de necropsia, la hora estimada de su muerte fue entre las 02:40 y las 2:45 horas, cuando la tropa estaba en Iguala.
La fuente militar consultada explica que los Grupos de Fuerza de Reacción están en emergencia permanente, actúan en momentos de crisis y nunca adoptan actitudes pasivas o de observación. En el campo pueden tomar iniciativas y actuar, y sólo después informan a sus superiores, dice. Añade que cuando hay acciones abusivas del Ejército, estos batallones tienen mucho margen de maniobra para falsear sus informes.
*Trabajo financiado con recursos del Fondo para Periodismo de Investigación y con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
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