Pese a tratarse de un penal federal de máxima seguridad, la cárcel del Altiplano deja mucho que desear: algunos de sus reclusos de mayor peligrosidad, quienes supuestamente están aislados –destacadamente El Chapo Guzmán– mantienen comunicación entre sí y con el resto de los reos, y hasta se dan el lujo de organizarlos, sea para llevar a efecto una huelga de hambre (en julio pasado), sea para escribir y firmar una carta destinada a la CNDH y a la opinión pública. Guzmán Loera y 139 internos más lanzan fuertes quejas contra el director técnico de la cárcel, a quien acusan de corrupción y malos tratos.
Mexico,D.F 01/Mar/2015 Hace un año Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los dos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, fue capturado e internado en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
Ahí le fueron impuestos el uniforme caqui y el número 3578. Se halla en el módulo 1, en la zona de Tratamientos Especiales, donde están los presos de mayor peligrosidad. Se supone que ahí se aplica un dispositivo de seguridad muy riguroso y el capo –considerado por la administración antidrogas estadunidense (DEA) como el más poderoso del mundo– está aislado del resto de los reclusos. Se supone que está neutralizado. Se supone.
Pero en sólo siete meses El Chapo ha violado dos veces el supuesto cerco de máxima seguridad. En julio pasado organizó junto con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –antiguo sicario del Cártel de los Beltrán Leyva– una huelga de hambre masiva en la cárcel. Y el pasado 25 de febrero, tras semanas de organización, formó parte de una nueva rebelión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1.
La huelga en la cual participaron más de mil internos (Proceso 1968) tuvo origen en presuntas violaciones a sus derechos: condiciones insalubres, comida podrida, mala atención médica y ningún respeto a los horarios de visita familiar o íntima, entre otros. En su momento el gobierno federal intentó minimizar los hechos.
El pasado 25 de febrero, tres días después del primer aniversario de su reaprehensión, El Chapo y 139 presos más del Altiplano sumaron fuerzas y denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presuntos malos tratos y venta de prebendas por parte del director técnico del penal, Librado Carmona García.
Entre los quejosos, además del Chapo, están su hermano Miguel Ángel Guzmán Loera; La Barbie; los viejos capos Miguel Ángel Félix Gallardo y Pedro Díaz Parada; Rogaciano Alba; Ramón Alcides Magaña, El Metro; Javier Torres Félix, El JT; así como sus otrora enemigos Héctor Beltrán Leyva; Mario Alberto Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, exlíder del Cártel del Golfo; Teodoro García Simental, exlugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana; y Sigifredo Nájera, El Canicón.
La queja de 11 cuartillas, redactada a mano y dirigida al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez –a la cual Proceso tuvo acceso el día en que fue presentada–, está fechada en febrero de 2015 y en la Oficialía de Partes de la comisión se le asignó el número de folio 19066.
Tiene los nombres y firmas de los 140 denunciantes y fue escrita en hojas de block, rayadas, con las mismas características de las que venden en la tienda de la prisión.
Según la denuncia, Carmona García –director técnico– es quien realmente gobierna en el penal por encima del actual director general, Valentín Cárdenas Lerma. Los quejosos demandan a la CNDH una investigación sobre la situación interna en el Cefereso:
“Es necesario precisar que es precisamente Librado Carmona García quien por encima del Director General realmente gobierna la institución, es quien trafica con prevendas (sic) para los internos a cambio de fuertes cantidades de efectivo, dependiendo del poder económico de cada recluso”, se afirma.
La queja fue presentada contra Cárdenas Lerma y Carmona García, así como contra el director de Seguridad y Custodia y demás integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso 1.
Los hechos confirman que El Chapo se mueve, se organiza y suma hasta a sus enemigos, y que la supuesta máxima seguridad de la cárcel no es un impedimento.
En julio de 2014 el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Juan Ignacio Hernández, se negó a informar a Proceso sobre la huelga de los internos del Altiplano, pese a que familiares de internos de distintos módulos habían confirmado a la reportera la protesta multitudinaria.
Para no reconocer que El Chapo había logrado romper el supuesto cerco de aislamiento, el gobierno federal minimizó el evento.
Tras la información al respecto publicada por este semanario, el estadunidense The Washington Post afirmó que un funcionario del gobierno federal, cuyo nombre no mencionó, les habría dicho que ni El Chapo ni La Barbie habían participado en la huelga, y que ésta sólo fue de cien internos.
“No hay manera de que ellos hayan participado, porque están totalmente aislados”, habría dicho el funcionario a ese medio.
Se tiene confirmado que Guzmán Loera y Valdez Villarreal sí participaron. Ambos están en el módulo uno del área de Tratamientos Especiales, apartada del resto del complejo penitenciario, pero eso no les impidió organizar la huelga de hambre masiva ni tampoco formar parte de la denuncia colectiva ante la CNDH, en la cual aparecen sus nombres y firmas.
La lista de quejas
También el pasado 25 de febrero, 50 de los firmantes de la queja 19066 presentaron otra ante la CNDH, a la cual se le asignó el folio 19045. A diferencia de la otra, ésta está fechada el 7 de enero, aunque ambas fueron entregadas el mismo día.
Los internos, entre ellos Alcides Magaña, Óscar Javier Coronel, Alfredo Ríos Galeana, Rogaciano Alba y Nicolás Andrés Caletre, entre otros, plantean una queja similar, pero enfatizando en la mala atención médica y ofreciendo como pruebas sus propios expedientes. Como antecedente señalan la huelga organizada en julio de 2014.
“Durante el mes de julio de dos mil catorce un grupo considerable de internos tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre alegando entre otras cuestiones la infracción a su derecho fundamental a la salud, en virtud de que la atención médica era deficiente”, afirman.
Se le indica a la CNDH, como informó este semanario, que sí hubo una negociación entre los huelguistas y las autoridades. “En ese mismo mes se recibió la visita de una brigada médica enviada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, misma que atendió al total de la población penitenciaria; sin embargo, no hubo seguimiento alguno a los tratamientos recomendados, ya que incluso el medicamento que prescribieron en la mayoría de los casos no lo había…”.
Cabe señalar que las dos quejas, aunque entregadas a la CNDH, también están dirigidas a la opinión pública. Su contenido es una ampliación de los reclamos hechos en la huelga de hambre de julio.
De acuerdo con la información recabada, pese a la presencia de custodios en todos los módulos, los internos se organizaron durante semanas para presentar la queja colectiva ante la CNDH y la recolecta de firmas concluyó a principios de febrero.
Los internos describen a la CNDH sus celdas: de dos metros por tres, un sanitario, lavabo, dos mesas de concreto sin sillas, dos repisas y literas del mismo material. Denuncian que hay sobrepoblación en los módulos y que en vez de dos personas por celda hay tres, por lo cual una duerme en el suelo.
Capos, secuestradores y los otros firmantes aseguran que con el trato que les dan, la reinserción social es un imposible.
“Es necesario informar a usted (titular de la CNDH) y a la opinión pública que el estado de confinamiento a que estamos sujetos todos los internos de este centro federal es contrario a los derechos que como seres humanos tenemos derecho (sic) por el solo hecho de existir, pues no es posible estar encerrados veintitrés de las veinticuatro horas que tiene el día.
“Con veintitrés horas al día encerrados en una estancia de dos por tres es imposible decir que los internos puedan prepararse para una posible reinserción social tal como lo pretenden hacer creer quienes operan este tipo de centros de reclusión.”
Señalan además que no hay actividades físicas, educativas ni laborales y no pueden acceder a beneficios para reducir sus sentencias.
“Al no haber registro de actividades porque no las hay, al momento de que algún interno solicite una constancia de participación generalmente el Centro lo niega, no porque la persona se niegue a participar sino porque no existen actividades, ello en detrimento del interno al momento de solicitar algún beneficio, lo cual es grave porque se trata de la libertad en muchos casos.”
Los quejosos solicitan dos horas de patio y la posibilidad de practicar las actividades físicas previstas dentro del funcionamiento del penal.
Aseguran que los días de visita familiar o íntima el personal de Seguridad y Custodia no respeta los horarios de ingreso, los familiares son desnudados “ante las miradas lívidas (sic) de oficiales (as)” quienes tocan sus cuerpos, los intimidan e insultan.
“Ante lo anterior salta a la vista la razón del porque hasta ahora los familiares no lo han denunciado y la respuesta es simple, por temor a represalias y a que le suspendan la visita.”
Agregan que las instalaciones para las visitas familiar e íntima están en malas condiciones: sin agua, con lavabos y sanitarios rotos o tapados, ventanas rotas y puertas sin cerradura.
Respecto a la comida que proporciona la empresa Cosmopolitan, aseguran que es poca, de mala calidad y muchas veces en estado de descomposición: “pollo agusanado, carne en mal estado y frijoles acedos”.
Una fuente vinculada con la operación de los ceferesos, consultada por Proceso, señala que en promedio la comida de un día de cada preso le cuesta a la federación 170 pesos; y debido a su mala calidad son comunes las enfermedades: salmonelosis y gastroenteritis, sobre todo.
Los internos añadieron a la queja un ejemplar de “nota de venta” del penal, donde viene la lista de los 85 productos a los cuales se supone tienen acceso: un block tamaño carta; hojas de colores tamaño carta; repuestos de tinta; un reloj de plástico (venta única); audífonos (venta única); champú, con un costo de entre 11 y 84 pesos; talco a un costo de 22 pesos; crema, 30 pesos; pasta de dientes, 79 pesos; rastrillos, 12 pesos, y papel higiénico tamaño jumbo, por ocho pesos.
Los quejosos piden que se aumente el tope de gasto a 664 pesos para comprar en la tienda de la prisión y acceso a productos de mejor calidad y marcas conocidas, pues las que hay en existencia, dicen, son “dudosas”.
Venta de prebendas
Los internos acusan que Carmona García está por encima del director general y es quien “realmente gobierna la institución, es quien trafica con prebendas para los internos a cambio de fuertes cantidades de efectivo, dependiendo del poder económico de cada recluso.
“Es el Lic. Librado Carmona García el intocable del régimen, ya que directores van y otros vienen y él se mantiene como tal haciendo contubernios con otros directores y con los recursos producto de los sobornos que de los internos pudientes recibe.
“En este lugar se le conoce como el intocable del órgano desconcentrado y la Secretaría de Gobernación, lo cual se podrá apreciar con una somera investigación y supervisión de sus actividades.”
Los presos le manifiestan a la CNDH su temor de ser víctimas de represalias una vez que su queja se haga pública.
“Sabemos que al salir a la luz pública esta queja, es seguro e inevitable que la institución emprenderá de inmediato acciones de represalia como sometimiento y represión en contra de los abajo firmantes en particular y en toda la población en general, se les responsabiliza de cualquier acto ilegal en contra de nosotros y de nuestras familias.”
Y piden una investigación a fondo: “Ante estas anomalías y ante la existencia de una franca violación a los derechos y dignidad humana, solicitamos que bajo los estándares del derecho y la legalidad con la que se desempeña el organismos que usted precide (sic) (CNDH) se realice una investigación rigurosa al interior de este Centro Federal y constatar de que lo aquí expresado es la realidad de lo que los internos vivimos…”.
A principios del pasado febrero, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien fue jefe de Guzmán Loera en el extinto Cártel de Guadalajara, logró su traslado a la prisión estatal de mediana seguridad en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, siguiendo los pasos de su exsocio Rafael Caro Quintero, ambos acusados del homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985.
Desde hacía años Félix Gallardo había pedido su transferencia argumentando que su edad y su presuntamente precaria salud ya no lo hacían un preso de peligrosidad.
Caro Quintero logró ser trasladado al penal de mediana seguridad en Puente Grande en 2007 y fue liberado en agosto de 2013, con el argumento de un error de procedimiento judicial en su caso.
En 1993, primera vez que Guzmán Loera fue detenido, estuvo preso en el penal que ahora se conoce como El Altiplano y en 1995 logró ser trasladado al de Puente Grande. Durante tres años fue minando la seguridad del reclusorio hasta controlarlo con la tolerancia y complicidad de funcionarios federales dentro y fuera del penal.
Fuente.-Proceso
