Aranza tenía nombre, familia y siete años de vida. Pero el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, aun Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas bajo el nefasto gobierno de Morena y Américo Villarreal, encontró dos palabras para referirse a su brutal asesinato: «daño colateral». Una niña muerta a balazos desde el aire, reducida al vocabulario con el que el poder vuelve administrable lo intolerable.
No hay eufemismo de escritorio ni manual de contención de crisis que alcance para lavar la sangre de una niña de siete años. Pero en el Tamaulipas gobernado por Américo Villarreal, al secretario de Seguridad Pública, el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, heredero de la impunidad militar, le pareció que un libreto frío, cínico y a todas luces ensayado bastaba para salir del paso.
Para el jefe de la seguridad estatal, que una bala perforara el techo de una camioneta familiar y se alojara directo en la cabeza de la pequeña Aranza no es una barbarie operativa ni un crimen de Estado: es, simple y llanamente, un «daño colateral» que «lamentan mucho».
General Pancardo: Aranza no estaba armada. Tenía siete años y una madre que intentó protegerla con su propio cuerpo. No era una amenaza: era una niña a la que ustedes tenían la obligación de proteger. Llamar a su muerte «daño colateral» no demuestra temple militar ni rigor técnico: demuestra la estupidez de una declaración que ofrece una etiqueta donde hacen falta respuestas. Porque una agresión contra «su helicóptero» no explica ni justifica, por sí misma, que una niña termine con una bala en la cabeza. Antes de decir «lo lamentamos mucho».El cargo le exige rendir cuentas, no encontrar una manera burocrática de decir que Aranza salió sobrando en el operativo.
El reportaje presentado por Nacho Lozano en Imagen TV Noticias desnuda con brutalidad el contraste entre la indolencia del poder y el terror que viven los ciudadanos de a pie.
Mientras el general Pancardo se escuda en que su helicóptero «sufrió una agresión» que claramente no fue obra de Aranza o su familia,durante el operativo en Matamoros para detener a Axel Alfredo, alias «El Titán» —una jornada caótica marcada por bloqueos carreteros, quema de vehículos y saqueos—, la realidad a ras de suelo cuenta una historia de cacería indiscriminada contra inocentes.
Aranza —o «China», como le decían de cariño— era ciudadana estadounidense y tenía apenas siete años. Ese jueves no estaba en medio de una trinchera; regresaba de visitar un terreno familiar en el ejido Las Rusias a bordo de una camioneta junto a sus padres y cuatro de sus seis hermanos, todos menores de 14 años. Según el relato de los propios niños y de su tía Celina, un helicóptero de la Guardia Estatal comenzó a sobrevolar la zona disparando al persiguir el vehículo familiar.
Frente a la lluvia de plomo lanzada desde el aire, la madre de Aranza hizo lo único que le dictó el instinto: usar su propio cuerpo como escudo para proteger a su hija. Fue inútil. Un disparo atravesó el techo del vehículo e impactó de lleno en la cabeza de la niña. Con la rodilla izquierda destrozada por otro balazo, la madre sostuvo a su hija en brazos hasta el último momento, y hoy permanece hospitalizada aunque estable.
El intento del general Pancardo por diluir la responsabilidad oficial llamándolo «daño colateral» no solo es moralmente repugnante, sino que choca de frente con la evidencia pericial y con los principios más elementales de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La normativa exige absoluta necesidad, legalidad, prevención y, sobre todo, proporcionalidad y rendición de cuentas; jamás autoriza disparar a ciegas desde una aeronave contra un vehículo repleto de niños desarmados.
Y por si quedaba alguna duda de quién jaló el gatillo, el propio fiscal Jesús Govea ya confirmó lo innegable: la ojiva —la punta de la bala que mató a Aranza— corresponde al armamento de las fuerzas de seguridad, y los testimonios coinciden plenamente en que el ataque provino de una aeronave de dicha corporación.
El fin de semana, entre flores blancas y cruces de listones, amigos y familiares le dieron el último adiós a Aranza exigiendo una justicia que el gobierno estatal pretende enterrar bajo la alfombra de la retórica militar.
Llamar «daño colateral» al homicidio de una niña desarmada a manos de la Guardia Estatal no es una explicación técnica: es la confesión descarada de un aparato de seguridad que dispara primero, mata inocentes después y recita excusas prefabricadas frente a los micrófonos.
Con información: IMAGEN TV NOTICIAS/
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