En la sucursal mexicana del paraíso, el verdadero deporte extremo no es aventarse en paracaídas: es intentar proteger un árbol, cuidar un río o aceptar una banda presidencial municipal sin el visto bueno del cártel local. Desde octubre de 2024, el menú de plomo de la administración federal a cargo de la Presidenta con «A» acumula un saldo que dibuja la barbarie de «puerco entero»: 12 defensores ambientales ejecutados y 14 alcaldes masacrados.
Veintiséis cadáveres que estorbaban al verdadero motor económico de la nación: la motosierra clandestina, el cártel inmobiliario, la minería rapaz y el cobro de piso institucionalizado.
La joya estadística del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) merece un aplauso de pie en los tribunales: el 100% de impunidad en los doce crímenes ecológicos. Cero detenidos, cero sentenciados, cero molestias para los sicarios. Una efectividad perfecta —pero al revés— que se suma a la fosa común de 98 ambientalistas asesinados desde 2020. En México, la única garantía real de sustentabilidad la tienen los asesinos a sueldo, cuyo ecosistema laboral jamás es perturbado por una orden de aprehensión.
El catálogo de ejecuciones lee como un folleto de inversión para el crimen organizado y el capital salvaje:
El cártel del «oro verde» y la madera: En Michoacán, el estado más letal del periodo, defender los bosques de la Meseta Purépecha o el agua comunitaria frente a las huertas industriales de aguacate de exportación les costó la vida a Francisco Macías Sánchez, Roberto Chávez y Lázaro Mendoza Ramírez.
Para que el mundo tenga guacamole en el Super Bowl, primero hay que vaciarle el cargador a quienes cuidan los arroyos.
Ladrillos, turismo y megaproyectos: En Jalisco, el desarrollo urbano y turístico pasó por encima de Karina Ruiz Ocampo, Cándido Esaú Román Pérez y Marcos Aguilar Rojas, quienes cometieron la imprudencia de preferir mantos acuíferos limpios y tierras indígenas antes que complejos comerciales. En Oaxaca, Arnoldo Nicolás Romero y Cristino Castro Perea pagaron con plomo su oposición a las extorsiones ejidales y a la tala en la Sierra.
Extractivismo a sangre y fuego: En Guerrero, el histórico dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz (opositor a la presa La Parota) y Sergio Hugo Ureiro Castañeda fueron silenciados para dejarle la mesa servida a los desplazamientos mineros. En Morelos, Silvia Hernández Meza corrió la misma suerte por oponerse a los despojos para gasoductos.
El broche de oro del cinismo burocrático llegó con el asesinato más reciente: el de Gabriel Rivas Ríos, regidor y activista en Morelos que denunciaba un megaproyecto residencial ilegal clavado en la reserva ecológica La Cazahuatera.
Desde la comodidad del micrófono mañanero, el diagnóstico presidencial sobre su muerte fue de una brillantez forense digna de Sherlock Holmes: «No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él… unas personas en motocicleta le dispararon de manera directa». Menos mal que el Estado descartó que el regidor hubiera tropezado accidentalmente con las balas.
A eso se sumó la excusa favorita del manual burocrático: que la víctima no tenía escoltas federales porque no los había pedido formalmente (como si en un país con 14 alcaldes ejecutados en el mismo periodo el peligro necesitara enviarse por oficio con copia sellada) y la cándida admisión de que «hay casos que no se han resuelto», para luego instruir a Gobernación a organizar reuniones «para ver qué más podemos hacer».
Mientras la burocracia agenda mesas de trabajo para tomar café con los deudos y promete «revisar» los megaproyectos manchados de sangre, en las alcaldías y en las sierras de México el mensaje sigue intacto: la ley de la selva la dictan quienes tienen las armas, y el Estado solo llega a tiempo para levantar el acta, ajustar la estadística y ofrecer sus más sinceras condolencias matutinas.
Con informacion: La Silla Rota
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