En el relato de Raymundo Riva Palacio, la captura de Iván Cazarín, alias El Tanque, no es únicamente otro trofeo para la vitrina de Seguridad: es un polvorín que podría salpicar a personajes cercanos al obradorismo. El problema para Palacio no sería solo lo que hacía el detenido, sino lo que podría contar y a quiénes podría señalar. Porque una cosa es presumir detenciones y otra que el detenido empiece a pasar lista entre los conocidos de la casa.
La columna de El Financiero pone bajo la lupa a Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán, y a su hermano Luis Alberto. Riva Palacio les atribuye relaciones y servicios que habrían beneficiado negocios vinculados con los hijos de Andrés Manuel López Obrador y figuras del llamado Grupo Tabasco.
También sostiene que Washington ha solicitado información sobre Amílcar, aunque el propio autor aclara que, al momento de publicar, no existía una acción legal formal contra él en Estados Unidos. Una precisión indispensable: las sospechas no equivalen a una sentencia, por mucho que el ruido político invite a repartir condenas por adelantado.
Pero el personaje menos ruidoso sería, según el columnista, uno de los más importantes: José Alfredo Pérez Astorga, exfuncionario del SAT que habría respondido a Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto. Riva Palacio lo presenta como una pieza de intermediación y protección entre intereses políticos, empresariales y presuntamente criminales. Dicho sin incienso burocrático: alguien que, en esa versión, habría convertido las oficinas fiscales en algo bastante distinto de un lugar para cobrar impuestos.
El señalamiento alcanza asuntos tributarios, notarías, empresas y presuntas operaciones relacionadas con el contrabando de combustible. La columna atribuye a Adán Augusto López Hernández y a Rutilio Escandón el diseño de un mecanismo de financiamiento empresarial que habría servido como matriz para ese negocio ilegal. También sostiene que Pérez Astorga intervino en asuntos de las industrias del tequila y el tabaco, además de escrituras de empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. No sería, bajo esa descripción, una manzana podrida: sería una hipótesis sobre el funcionamiento de parte de la frutería.
Uno de los pasajes más delicados es el de un cargamento de 52 millones de cigarros ilegales procedentes de Vietnam, asegurado por la Marina en Lázaro Cárdenas. Riva Palacio afirma que Andrés López Beltrán pidió su liberación. Es una acusación grave atribuida al columnista, no un hecho judicialmente acreditado en el texto. Si se demostrara, el discurso de la regeneración moral tendría que explicar por qué terminó metiendo las manos en una cajetilla de contrabando.
El Tanque, por su parte, aparece en la columna como operador regional del CJNG entre Veracruz y Chiapas y como un posible puente hacia esas presuntas conexiones políticas. El autor sostiene que su eventual extradición inquietaría al entorno del expresidente, mientras que el antiguo funcionario del SAT podría aportar algo todavía más incómodo: no solo los nombres de quienes habrían recibido protección, sino el funcionamiento de esa supuesta protección desde el gobierno. Una cosa es encontrar al delincuente en la puerta; otra, investigar quién presuntamente le facilitaba la entrada.
La acusación política de fondo es esa: mientras el poder presume superioridad moral, Riva Palacio describe una posible red en la que negocios, parentescos, oficinas públicas y crimen organizado habrían compartido demasiados pasillos. La columna plantea señalamientos que requieren pruebas y esclarecimiento; no los sustituye. Pero deja una pregunta difícil de despachar con sermones: ¿se investigará hasta donde conduzcan los indicios o la limpieza terminará justo frente a la puerta de los amigos?
Con información: RAYMUNDO RIVAPALACIO/ELFINANCIERO
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