En México, la carrera por una alcaldía puede terminar antes de que impriman las boletas. Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado el 17 de octubre mientras conducía por el centro del municipio. Su esposa resultó gravemente herida. EL PAÍS lo identifica como la primera víctima mortal del proceso electoral de 2027. El calendario apenas se acomoda; las balas ya hicieron su presentación.
Para el próximo año estarán en juego 17 gubernaturas, 2,230 ayuntamientos y 1,098 diputaciones locales. Pero hay un participante que no necesita registro, financiamiento público ni representantes de casilla: el crimen organizado, que interviene mediante amenazas, dinero, secuestros y asesinatos. No siempre busca aparecer en la boleta; le basta con tener agarrado del cuello a quien aparezca.
La alcaldía se gana en las urnas; el control se disputa a punta de pistola
El problema no termina cuando alguien recibe su constancia de mayoría. Mónica Meltis, directora de Data Cívica, advierte que la violencia busca mantener un control permanente de los territorios, no solamente influir durante las campañas. El acoso alcanza a funcionarios municipales y, particularmente, a las áreas de seguridad. Ganar la elección no equivale a quedar a salvo.
La mecánica tampoco es un secreto recién descubierto. En marzo de 2021, Rosa Icela Rodríguez describió cómo la delincuencia compra o amenaza a candidatos y después les impone responsables de Policía Municipal, Finanzas y Obras Públicas. Dicho sin el barniz burocrático: no les basta con torcer el voto; quieren las patrullas, la caja y los contratos. Una administración municipal completa, pero con instrucciones que no salen del cabildo.
Aquel año fueron asesinados 30 aspirantes, precandidatos y candidatos; 28 buscaban una regiduría o una presidencia municipal. Pese a ese saldo, López Obrador declaró después de las elecciones que “los del crimen organizado se portaron bien”. Vaya estándar de buena conducta.
Los muertos no cuadran entre las fuentes; la amenaza sí
El antecedente que publicamos en Valor Tamaulipeco el 29 de julio pone sobre la mesa una denuncia que no conviene barrer debajo de la alfombra: el asesinato de alcaldes durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la capacidad criminal para atacar incluso dentro de las instituciones.
Elecciones bajo amenaza y respuestas que no alcanzan
En 2024 fueron asesinadas 36 personas durante los nueve meses del proceso electoral; 25 buscaban una presidencia municipal, cinco una regiduría y dos una sindicatura. Entre los casos estuvo Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, atacada a balazos en su primer día de campaña. Para algunas candidaturas, la contienda ni siquiera concede tiempo de desgastar las suelas.
De cara a 2027, Integralia advierte sobre tres riesgos conectados: intervención del crimen organizado, violencia política y financiamiento ilegal de campañas. También señala el corredor del Pacífico, donde se elegirán ocho gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. No se trata únicamente de quién gana, sino de quién condiciona el ejercicio del poder después de la victoria.
La respuesta institucional incluye una reforma para crear una Comisión de Integridad del INE que permitirá al gabinete de seguridad evaluar antecedentes de candidatos. Sin embargo, el reportaje de EL PAÍS recoge que la medida se considera insuficiente para frenar la violencia y que tampoco garantiza detener la injerencia criminal. Revisar expedientes no equivale a proteger candidatos, mucho menos a recuperar territorios.
Ese es el tamaño del desafío: organizar elecciones donde los ciudadanos puedan decidir sin que otro poder descarte candidatos a balazos o someta a quienes resulten electos. Porque una democracia en la que el crimen decide quién compite, quién gobierna y quién sobrevive puede conservar las urnas, los logotipos y los discursos. Lo que no tiene garantizado es que el voto mande.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/
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