En los libros de física de secundaria, Isaac Newton nos enseñó que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Pero en la termodinámica callejera y criminal de Tamaulipas donde manda y se manda el Cartel del Golfo —ese laboratorio experimental del «humanismo» donde el plomo sustituye al diálogo— la ley se acaba de reformular: a toda filtración de corrupción policial le corresponde un cadáver en un terreno baldío y un chivo expiatorio reciclado para la foto.
La podredumbre institucional que exhibe este caso es una obra maestra del cinismo en tres actos, propio del gobernador putrefacto , Américo Villarreal Anaya.
El «Buen Fin» de la Guardia Estatal y las filtraciones incómodas
Días antes de que corriera la sangre, desde las propias entrañas de la Guardia Estatal —esa corporación estelar bajo el mando del general Arturo Pancardo y la bendición del gobernador Américo Villarreal— empezaron a brotar las alcantarillas.
Policías hartos filtraron cómo funciona la verdadera «caja registradora» en Reynosa: tarifas de 280 mil pesos para soltar a tríos de operativos del Cártel del Golfo con todo y su kit táctico mediante «procedimientos abreviados», e instrucciones directas desde los pisos altos de Ciudad Victoria para hacerle el paro a lugartenientes como «La Chispa». Desnudaron el pacto: la policía estatal no persigue a la maña, le administra el tráfico y le cobra el peaje.
Día libre, sentencia activa
Y claro, cuando se ventilan los recibos de nómina del narco-gobierno, la reacción en la calle no tarda en llegar.
A Florencio García Soto (alias «El Pelos»), policía «A» de la Guardia Estatal, le tocó comprobar la Tercera Ley de Newton en su día de descanso. Lo ejecutaron a balazos de madrugada y lo dejaron tirado junto a su camioneta en un baldío de la colonia Los Muros, en Reynosa.
¿La respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía? Mudez institucional absoluta. Pasaron las horas sin detenidos, sin líneas de investigación y sin siquiera una miserable esquela en redes sociales para despedir al elemento caído.
En las oficinas de gobierno de Americo el silencio dice mucho más que cualquier boletín de prensa: cuando tus propios elementos te exhiben lavándole la ropa al cártel, un policía muerto en su día libre pasa de ser una tragedia a ser un «ajuste administrativo» porque los policías también son desechables para el gobierno.
La alquimia ministerial: no cayó por homicidio, pero hoy «sirve» de homicida Como la Fiscalía de Tamaulipas no puede darse el lujo de investigar quién dio la orden (porque correrían el riesgo de tropezarse con sus propios jefes en los pasillos), entra en acción la vieja confiable del sistema judicial mexicano: la fabricación exprés de culpables desechables del mismo CDG.

Aquí es donde el cinismo alcanza niveles de arte conceptual. Al estilo de las tarifas ministeriales denunciadas en Reynosa por inventar delitos al mejor postor, el aparato de justicia toma a un sujeto que ni siquiera fue detenido por homicidio y, por obra y gracia de la urgencia político-criminal que alcanza al tercer piso del palacio de gobierno en Ciudad Victoria , lo bautizan y lo reciclan como el flamante «homicida» del caso.
«La madrugada del 4 de noviembre de 2026, la Policía Investigadora detuvo a Alejandro Fierneli Ruiz González, alias «El Barbas», a bordo de un Chevrolet Impala negro en la calle Campeche. Según el parte avalado por el delegado regional de la Guardia Estatal, José Luis Martínez Mata, al detenido le aseguraron marihuana, ponchallantas, una esclava con el apellido «García», un anillo con la letra «F» y cinco casquillos percutidos calibre .223.»…Mexico Codigo Rojo/
Es la economía circular de la impunidad tamaulipeca:
Al detenido que no cayó por homicidio: le engrapan el muerto encima para cerrar la carpeta, enfriar la plaza y fingir que la Fiscalía trabaja.
Que dice Mexico Codigo Rojo:
Montaje y siembra de evidencias
Sin embargo, fuentes al interior de las propias corporaciones y reportes directos denuncian que la presentación de «El Barbas» no es más que una escenografía armada para encubrir a los verdaderos responsables.
Señalan directamente a Miguel Eduardo Loza Arriaga como el presunto operador corrupto incrustado en la Fiscalía que actúa como brazo ejecutor con charola oficial para el Cártel del Golfo, quien habría ordenado sembrar los casquillos e inventar el caso para dar carpetazo.
A la maniobra se suma el aval del delegado Martínez Mata, cuyo informe valida la intervención de la Policía Investigadora como primer respondiente para desviar la atención de la opinión pública y de las autoridades federales.
Quiénes están detrás de la ejecución
La información real tras el crimen apunta a una línea de mando criminal completamente ajena al detenido presentado por la Fiscalía:
Autoría Intelectual: La orden de ejecutar al agente estatal fue dada por Juan Hernández, alias «Mimi 39» o «39».
Autoría Material: El ataque fue ejecutado por Pedro González Beltrán, alias «La Negra», un sujeto con historial en el penal y quien cuenta con una orden de aprehensión vigente.
En el Tamaulipas de hoy, mientras desde los helicópteros oficiales llueve plomo contra inocentes como la pequeña Aranza en Matamoros y en Reynosa la Guardia Estatal remata libertades al mayoreo, la justicia funciona como una maquiladora.
Aquí no importa quién apretó el gatillo ni quién cobró el soborno. Lo único que importa es cumplir las órdenes del Cártel del Golfo: poner tras las rejas a otro desechable que pueda obtener fácilmente su libertad por falta de pruebas. Basta con ponerle la etiqueta de «homicida» para dar por cerrado el expediente.
Solo faltó que también detuvieran al presunto en un centro de rehabilitación por adicciones controlado por el lugarteniente del Golfo que abraza al gobernador Américo Villarreal Anaya.
Con información: MEXICO CODIGO ROJO/



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