Mientras en el mapa nacional la extorsión no sólo florece como peste sino que deviene en jugoso negocio de corte cuasimonárquico, en Tamaulipas, aun lastimosamente bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, se le viste de etiqueta oficial. Los hechos denunciados por el empresario y médico Israel Alejandro Valdez Sánchez exhiben un modus operandi donde el poder público opera como consorcio de cobro de piso institucional.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas a cargo del evidentemente «corrupto» Andrés Norberto García Repper, esta infringiendo dolosa y sistemáticamente las leyes en el apartado contra la administración de justicia (artículo 225, fracciones VII, VIII y XVII del Código Penal Federal y correlativos del Código Penal de Tamaulipas), denegación y retardo de justicia, y encubrimiento por favorecimiento continuado.
La Coacción Matriz (Extorsión Agravada)
Tras ganar y sostener legalmente licitaciones públicas y resoluciones administrativas frente al Poder Ejecutivo del Estado, la víctima fue conminada de forma violenta al pago de cuotas millonarias y moches ilegales por parte del vástago gubernamental, Américo Villarreal Santiago («Ameriquito»), operado en concurrencia con altos funcionarios de la administración estatal.
La Incursión de la Pareja Ejecutiva
Lejos de limitarse a operadores de rango medio, la propia presidenta del DIF Estatal y esposa del gobernador,la Dra. María de la Luz Santiago Diez de Bonilla,conocida como Ma Santiago de Villarreal, se presentó físicamente en el despacho de la víctima a negociar litigios perdidos y presionar desistimientos a cambio de contratos amañados y prebendas, colmando de bulto los elementos descriptivos de la extorsión y el tráfico de influencias.
La Coacción Procesal Descarada
Ante la negativa de la víctima a doblar la cerviz financiera, la maquinaria del Estado activó la represalia: visitas intimidatorias, amenazas de aplastarlo «como a un zancudo con todo el poder del Estado», apercibimientos ilícitos ordenados por operadores jurídicos y la fabricación sumaria de carpetas penales a modo para amedrentarlo con penas de 17 años de prisión.
La Anatomía de la Complacencia: El Silencio Cómplice del Fiscal «Anticorrupción»
Formalizada la notitia criminis el 7 de septiembre mediante denuncia penal por amenazas y extorsión agravada, la Fiscalía Especializada a cargo de García Repper no activó la fuerza persecutoria del Estado: activó el congelador de Palacio.
A casi dos meses de formalizada la acusación, la conducta del Fiscal Especializado encuadra en una omisión lesiva con dolo directo:
Violación Flagrante al Estatus Victimal: El fiscal se niega de manera contumaz a acordar la designación del Asesor Jurídico Victimal, pisoteando el artículo 20, apartado C, fracción I de la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas. Dejar en estado de indefensión a quien denuncia el asalto del poder no es negligencia administrativa; es desarmar a la víctima en el patíbulo.
Inversión Ilegal de la Carga de la Persecución: Mientras los imputados de apellido Villarreal y su círculo de funcionarios disfrutan de una patente de corso ministerial, los sabuesos de García Repper se dedican a rastrear, amedrentar e investigar quiénes son los abogados particulares de la víctima, provocando el terror litigioso y la renuncia de sus defensas. Se persigue al defensor para garantizar la soledad de la presa.
La Ficción del Archivo de Facto: El Ministerio Público Anticorrupción no genera actos de investigación, no recaba entrevistas, no asegura cámaras, no gira medidas cautelares ni de protección a favor del querellante. Con un cinismo procesal mayúsculo, la fiscalía especializada mutó en un retén administrativo cuya única misión técnica es cuidar las espaldas de la dinastía gobernante.
Conclusión Acusatoria
El Código Nacional de Procedimientos Penales impone al Ministerio Público el deber ineludible de iniciar y conducir la investigación de forma inmediata, objetiva y desprovista de sesgo político (artículos 127, 128, 129 y 131).
Negarse a abrir la carpeta, demorar intencionalmente el trámite de una extorsión agravada y negarle asesor victimal al quejoso no es un error de criterio; es el cuerpo del delito previsto para los funcionarios que tuercen la ley para consagrar la impunidad.
Si el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas persisten en usar la toga como tapete familiar de la Casa de Gobierno, su asiento ya no pertenece a la mesa de la acusación pública, sino al banquillo de los acusados en el fuero federal por denegación de justicia y complicidad criminal.
Con informacion: @redes/ medios/
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