Los propios autores del informe del Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública se preocupan por si el título Salud quebrada suena «muy fuerte». Tienen razón: peca de tímido. Llamarle «quebrado» a un sistema donde el Estado invierte un miserable 2,8% del PIB —mientras la OMS sugiere el 6% y vecinos como Argentina o Colombia superan con creces el 5%— es casi un cumplido burocrático. En México no hay un sistema roto; hay un simulacro institucional sostenido con cinta de aislar, donde enfermarse califica como delito financiero grave.
Las cuentas de la caridad pública retratan la farsa sin piedad: el Gobierno destina unos 5,600 pesos al año para atender la salud de un ciudadano sin seguridad social. Como referencia moral de prioridades presupuestarias, ese mismo Estado pagaba más de 6,600 pesos al día a una empresa privada por cada reclusa en el Cefereso 16. La aritmética oficial concluye que para el erario sale más barato que te de un infarto en la banqueta a que cometas un delito federal.
El catálogo del desamparo acumula hitos escalofriantes:
Infraestructura de museo: Tres miserables resonadores y dos equipos de radioterapia por cada millón de habitantes. Para tocar una cama de hospital (1,1 por cada mil personas, un cuarto de la media OCDE) el protocolo exige ganar la batalla campal de aguardar días enteros en una silla de plástico o directamente en el piso de urgencias.
Mártires en bata: Tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras subsisten en la precarización absoluta, con jornadas extenuantes y sueldos de hambre. Tras enviarlos a poner el pecho sin cubrebocas contra el COVID-19, la recompensa nacional ha sido normalizar su asfixia laboral. La indignación llegó al punto en que los trabajadores del IMSS deben abandonar los quirófanos para tomar las calles porque el colapso ya no cabe en las salas de espera.
El costo de la improvisación: El desmantelamiento caprichoso del Seguro Popular para parir el fallido Insabi —sepultado a los 40 meses sin autopsia pública— para luego improvisar un IMSS-Bienestar sobrecargado, provocó un retroceso de tres décadas en muerte materna.
En los municipios más vulnerables, los desprotegidos pasaron del 6% al 62%. Un logro impecable de la retórica del «primero los pobres»: dejarlos sin aspirinas, sin camas y catapultar a seis millones de familias a la bancarrota por comprar medicinas de su bolsillo.
Muerte por trámite: Las muertes evitables triplican la media de la OCDE. El cáncer de mama ya no es solo una enfermedad celular, sino un filtro socioeconómico: si no tienes cuenta bancaria para pagar diagnósticos privados, la estadística decreta tu suerte.
Frente a la carnicería de datos, la reacción institucional roza la comedia burocrática: el INSP apresurándose a lanzar un comunicado para lavarse las manos y aclarar que el informe «no representa su postura oficial», mientras el Ejecutivo promete una enésima refundación con el «Sistema Universal de Salud» para 2027 sumándole una limosna del 0,1% del PIB.
Pretenden fusionar un cascarón vacío con dos instituciones al borde del colapso y resolver con credenciales de plástico lo que se niegan a fondear con presupuesto real. No hace falta adornarlo: el ciudadano promedio ya memorizó la única receta garantizada que expide el Estado: prohibido enfermarse.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/SALUD QUEBRADA/
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