En las calles de Matamoros, gobernadas enteramente por el Cartel del Golfo que puede destruir media ciudad al sentirse agraviado, parece que el reglamento de tránsito no se estudia: se entrena en un cuadrilátero de lucha libre de mala muerte. Las imágenes y video no mienten y dejan poco espacio para la imaginación: ahí están los flamantes agentes de «TRÁNSITO», haciendo gala de una conducta puramente gorilesca, lanzándose en jauría y sin camisa de fuerza contra el ciudadano en plena vía pública.
Porque claro, ¿para qué levantar una infracción con apego a derecho cuando puedes aplicar la llave china en manada bajo la luz de las farolas?
Bautizados con toda la ironía del mundo en las redes como «Los Intocables Agentes de Tránsito», estos personajes operan con la comodidad de quien sabe que las cámaras solo graban para el recuerdo, no para el expediente penal.
Han sido exhibidos una y otra vez en maniobras igual de torcidas —donde el ciudadano termina atracado o inculpado por arte de magia tras un choque, con la conveniente venia de las autoridades ministeriales—, pero extrañamente nunca pisan una celda. Sorprendidos en video, sí; aprehendidos por la justicia, jamás.
Pero nadie debería fingir sorpresa ante el espectáculo. ¿De dónde sale tanta soberbia para pisotear los límites de la ley? La respuesta flota en el aire viciado de la frontera: cuando en los pasillos del poder y en las crónicas locales se señala sin tapujos que la jefatura rinde pleitesía como vasallo al Cártel del Golfo (CDG), y que hasta las propias patrullas en las que patrullan —o más bien, cazan— son cortesía y obsequio de la misma facción criminal, el uniforme deja de representar al Estado para convertirse en el disfraz de una sucursal de cobro y sometimiento. Con ese «patrocinio» a sus espaldas, el abuso de la fuerza deja de ser un exceso policial para convertirse en el modus operandi oficial.
Mientras tanto, el discurso político de Américo Villarreal y Alberto «Beto» Granados intentan lavarse las manos con agua sucia.
El problema es que en Matamoros la línea entre el servidor público y el golpeador con placa se borró hace tiempo. Seguir tolerando que estos elementos usen la fuerza bruta al margen de la ley no es solo solapar la brutalidad policial; es confirmar quién manda realmente detrás del volante de esas patrullas «regaladas».
Con información: Victor García Noticias/
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