Cuando la clase política necesita silenciar el eco de sus escandalos, borrar incómodas investigaciones digitales o blindarse contra el escarnio público, nunca recurre al argumento honesto de “no publiquen eso porque me arruina la carrera”. En su lugar, desempolva el comodín infalible del manual autoritario: la sacrosanta e incuestionable “protección al interés superior de la niñez”.
Comisiones del Congreso de Tamaulipas avalaron una iniciativa para obligar a las plataformas digitales a verificar la identidad y edad de sus usuarios antes de activar cuentas. La propuesta, promovida por el diputado Francisco Cruz Martínez y respaldada por la diputada Eva Araceli Reyes, busca reformar tres leyes federales con el argumento de frenar perfiles falsos, suplantaciones de identidad y proteger a menores de edad en el entorno digital.
Es la coreografía predilecta del poder en todos sus niveles, desde las tribunas federales hasta los Congresos locales. Funciona con precisión quirúrgica: un ciudadano,un medio o una cuenta denuncia nexos criminales, corruptelas o liberaciones sospechosas; acto seguido, el político en turno acude a los tribunales o a las comisiones alegando que ventilar la verdad “vulnera los derechos de los menores de la familia”.
Así, por arte de magia jurídica, investigar el parentesco entre curules y cárteles pasa de ser ejercicio de libertad ciudadana o ejercicio periodístico a “violencia digital infantil”.
El trasfondo no resiste el menor análisis de decoro. Mientras en el discurso oficial se ondea la bandera de la pureza institucional, en los hechos los lazos familiares cruzan alegremente la frontera de la narcopolítica: consuegros con apodos de capo de la vieja guardia, yernos detenidos por fuerzas armadas que se evaporan misteriosamente del Registro Nacional de Detenciones convertidos en “anécdota”, y diputadas que presiden comisiones legislativas mientras en la mesa del domingo se comparte el pan con el crimen organizado.
Lo que realmente incomoda no es la presunta exposición de menores, sino la caída libre del perfil impoluto que el régimen intenta vender. Les aterra que la ciudadanía documente cómo la justicia tiene miopía selectiva: inflexible con el ciudadano común, pero con una puerta giratoria aceitada para quien lleve el apellido correcto o el parentesco adecuado.
Disfrazar la censura de tutela a la infancia es, en el fondo, la confesión de una bancarrota moral: usar a los niños como escudo humano legal para evitar que el país mire el retrato completo de una élite donde ya no se distingue dónde termina la bancada y dónde empieza el cártel.
Con informacion: Hoytamaulipas/
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