En la recurrente farsa de procurar justicia en Tamaulipas,aun bajo el gobierno de Morena y Americo Villareral, la brújula ministerial tiene un imán muy particular: siempre apunta en dirección contraria a donde los uniformes del propio Estado apestan a pólvora.
El fiscal con «pasado pesado», Jesús Eduardo Govea Orozco, ha perfeccionado un malabarismo ajusticiador digno de exportación: una ceguera selectiva implacable para lo urgente de casa, combinada con una vista de águila telescópica para lo ajeno, siempre y cuando huela a rentabilidad política que exhiba y ponga en entredicho a un alcalde panista aliado de «Escorpiones», igual que el gobernador,aunque no solo con «Matamoros».
Mientras el expediente por la ejecución de la pequeña Aranza a manos de gatilleros con charola de la Guardia Estatal —esos que disparan desde helicópteros oficiales con la impunidad del presupuesto público— acumula telarañas, reservas y pretextos procesales, el fiscal ha encontrado una vocación súbita e irresistible: la de juez de ruta y cronometrista olímpico.
De pronto, a la Fiscalía de Tamaulipas no le quita el sueño explicar por qué sus policías de élite andan cazando civiles desde el aire violentando la normatividad de la Ley Nacional de uso de la fuerza que nadie respeta y que verdaderamente estremece las entrañas.
Al fiscal Govea ahora le preocupa y ocupa la biomecánica pedestre del alcalde panista de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz. No importa que el secuestro haya ocurrido en territorio potosino-zacatecano con la terminación de su peliculesca aventura en Coahuila y en el limbo de una carretera federal; tampoco le importa que la carpeta penal duerma en San Luis Potosí o Zacatecas y que Tamaulipas no tenga vela formal en ese entierro.
Cuando el blanco es un rival político del palacio de gobierno de don Américo Villarreal y la currícula tatemada de Héctor Joel Villegas, alias «Calabazo», quien por servir al narco como otro ser_vil, termina por no servir, las fronteras estatales se evaporan y el celo investigador florece.
Ahí está Govea frente a los micrófonos, despojándose de la toga para ponerse la bata de perito deportivo y el silbato de árbitro. Con exquisito rigor analítico —ese que jamás asoma cuando hay que consignar mandos policiales propios—, el fiscal desmenuza distancias: que si fueron 80 kilómetros, que si luego dijo 50, que si recorrer casi dos maratones nocturnos «se antoja difícil de creer».
La ironía roza el delirio: al fiscal le parece inverosímil que un hombre aterrado camine a tientas por salvar el pellejo, pero le resulta perfectamente digerible, cotidiano y burocráticamente archivado que una patrulla aérea de su corporación acribille a una niña y siga sin haber consecuencias de peso y que General del ejercito minimiza,mientras los ciudadanos ya acostumbrados ,lo normalizan,porque ademas ni pariente era.
El libreto es tan viejo como burdo. Cuando la Guardia Estatal comete una atrocidad en el patio trasero, la postura oficial es el mutismo, el trámite a cuentagotas y la táctica de hacerse el tarugo hasta que el escándalo se disuelva en la marea informativa.
Pero si un alcalde opositor reaparece tras un calvario y trastabilla en sus declaraciones , entonces sí: se activan baterías periciales, se ofrecen ruedas de prensa, se habla de «alinear narrativas» y se insinúa la farsa para sentar al agraviado en el banquillo de los sospechosos,distrayendo recursos que podrian emplear para indagar por extorsion a la esposa del gobernador indiciado e indiciada.
Al fiscal Govea no le compete resolver lo que pasa en los desiertos de Zacatecas ni en las brechas de San Luis Potosí, pero le sobra tiempo para fungir como vocero de la duda razonable contra los enemigos del régimen.
La doctrina es clara: para las víctimas de la violencia de Estado, el olvido y las carpetas congeladas; para la disidencia política, auditoría forense de cada paso y kilometraje. Una justicia de lente bifocal donde lo atroz se ignora y lo conveniente se persigue hasta el agotamiento.
Con información: ELNORTE/
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