El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, el general Carlos Arturo Pancardo, bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, fue cuestionado nuevamente por los hechos en los que murió una niña de siete años en Matamoros. Sostuvo que la Fiscalía debe determinar lo ocurrido, pero él ya declaró que «no hubo fallo».
Las declaraciones del militar de carrera son contradictorias: si todavía se investigan las circunstancias y las responsabilidades, ¿con qué pruebas descarta fallas en el operativo?
Su afirmación no es una conclusión acreditada en la respuesta: es la defensa anticipada que hace el secretario de su corporación y muy contrastante con las exigencias de la madre de la menor.
Una niña murió; el general dice que no falló nada
«Yo creo que no falló, no hubo fallo», declaró Pancardo Escudero sin una pizca de mesura.
También confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal están bajo investigación y continúan trabajando. Esos son los hechos que vuelven insostenible su complacencia: una muerte infantil exige explicaciones verificables, no una absolución verbal del mando.
El general que recien aparecio hasta sonriendo, parece manejar dos criterios: para establecer responsabilidades hay que esperar a la Fiscalía; para descartar fallas basta su opinión.
El militar acostrumbrado a la impunidad del ejercito no puede presentar la investigación pendiente como razón para no responder y, al mismo tiempo, dar por resuelto que su corporación actuó correctamente. Si faltan los resultados, también le faltan fundamentos públicos para proclamar que nada falló.
Desde la finalidad de proteger a la población,salvaguardar vidas,no quitarlas, es un desenlace trágicamente fallido;determinar si hubo negligencia, uso ilícito de la fuerza u otras responsabilidades exige respuesta inmediata,no tacticas dilatorias.
La ley nacional del eso de la fuerza establece que esta debe salvaguardar la vida y evitar toda actuación innecesaria cuando exista un peligro evidente para personas ajenas a los hechos.
Pancardo respondió que todo ocurrió «en el contexto de la violencia que genera la delincuencia organizada». Eso podrá describir el escenario; no demuestra la corrección de la actuación policial.
La existencia de delincuentes no elimina las obligaciones de los agentes: precisamente porque intervienen en situaciones peligrosas, deben justificar la necesidad de la fuerza, reducir riesgos para terceros y rendir cuentas por sus decisiones. El contexto criminal no sustituye los peritajes ni funciona como salvoconducto institucional.[
La pregunta que debe responder no es si había violencia, sino qué hizo la corporación para proteger a quienes no participaban en ella.
¿Qué riesgos identificó el mando? ¿Cómo se decidió emplear las armas? ¿Qué medidas se tomaron para reducir el peligro para civiles? ¿Qué revelan los reportes, las armas y los peritajes? ,porque la Guardia Estatal ataco desde el aire a quien no les disparo porque no traia armas ?
La ley contempla controles para evaluar el uso de la fuerza y exige que la fuerza letal sea el último recurso. Decir que los policías están capacitados no acredita que actuaran correctamente en este caso.
Investigación penal con gotero
«Están en sus funciones y cuando diga la Fiscalía, pues eso», respondió el secretario. Es una explicación insuficiente: informa que siguen trabajando, pero no explica si hubo una evaluación interna del riesgo de mantenerlos en las mismas tareas ni qué medidas se adoptaron para preservar una investigación confiable.
La exigencia debe ser clara: que se evalúe y se justifique de inmediato su suspensión preventiva o su separación temporal de tareas operativas, conforme al régimen aplicable, sin convertir esa medida en una condena anticipada.
Investigar responsabilidades penales y revisar la actuación institucional son cuestiones distintas; el marco legal contempla responsabilidades penales y administrativas, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Exigir que el secretario explique por qué siguen en funciones, qué controles existen y por qué descarta fallas antes de conocer las conclusiones es, en cambio, una exigencia plenamente sustentada en sus propias declaraciones.
El general no debe fabricar certezas exculpatorias antes de que termine la investigación. Una niña murió: la respuesta institucional debe ser rendición de cuentas, no «yo creo que no falló».
Con informacion: HoyTamaulipas/
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