Hay que reconocerle algo al General Carlos Arturo Pancardo: para evadir responsabilidades tiene más cintura que un contorsionista. Frente al artero asesinato de Aranza, una niña de siete años abatida por disparos que reconoce el mismo mando salieron de un helicóptero de la Guardia Estatal en Matamoros, el Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas bajo el gobierno nada humanista y muy mañoso de Americo Villarreal, decidió que la mejor defensa es la gimnasia mental.
Primero nos regaló la joya insensible del «daño colateral». Y ahora, viendo que el agua le llega al cuello, saca de la chistera la narrativa de los «escudos humanos». Según el libreto oficialista, el vehículo de la familia participo de un bloqueo y por eso le dieron seguimiento, insinuando con mucha conveniente vaguedad que el narco usa a civiles —y a niños— para cubrirse.
Supongamos, sin conceder, que la versión del General fuera cierta,lo que es poco probable,pues el crimen organziado no usa sus propiosvehiculos para bloquear.
Asi que supongamos que el coche venía de un bloqueo y que en el asiento iba una niña usada como escudo. ¿Y luego qué, General? ¿En qué planeta el manual policial dice: «Si el delincuente usa un escudo humano, dispárele desde un helicóptero a todos»?
Ahí es donde el pretexto se cae a pedazos contra el muro de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza:
Proporcionalidad y prevención: La ley exige que la fuerza sea proporcional a la agresión real, actual e inminente, y obliga a minimizar los daños a terceros. Aranza tenía siete años. No estaba armada, no representaba una amenaza letal y mucho menos justificaba que le vaciaran proyectiles calibre 7.62 desde el aire.
Absoluta necesidad: El uso de fuerza letal es el último recurso, no el primer reflejo cuando ves un auto sospechoso salir de un bloqueo. Si los elementos sabían o sospechaban que había civiles adentro, disparar desde una aeronave convierte el operativo en una ejecución negligente, no en una persecución.
Lo verdaderamente ofensivo de las maromas verbales de Pancardo no es solo su torpeza jurídica, sino el tufo a encubrimiento. Mientras los tres elementos implicados siguen libres, sin siquiera ser suspendidos de sus funciones, el mando se dedica a sembrar dudas sobre la víctima y su entorno para lavar la cara de los «dueños del gatillo».
Al final, la coartada del «escudo humano» no exculpa a la Guardia Estatal; al contrario, la hunde más. Porque si el Estado responde a la barbarie del crimen disparando a ciegas contra un vehículo donde viaja una menor, entonces la única diferencia entre los delincuentes y los uniformados de Pancardo es quién firma la nómina.
Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/
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