Hay que tener un descaro de proporciones monumentales —o una absoluta ignorancia de la técnica jurídica más elemental— para salir ante los reflectores a vender la idea de que en Tamaulipas los «narcobloqueos» y el incendio de vehículos no se castigan porque falta un tipo penal específico en la ley local.
La iniciativa anunciada por el diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández ,no es una «reforma integral»: es un monumento a la demagogia punitiva, un placebo legislativo diseñado bajo la premisa insultante de que el ciudadano tamaulipeco es un idiota funcional incapaz de leer un código vigente.
El populismo penal parte siempre de la misma falacia: hacer creer que el delito ocurre porque el papel no lo prohíbe con las palabras exactas de la nota roja. Veamos la realidad jurídica que el Congreso del Estado pretende ocultar detrás de boletines de prensa y compras de grúas.
Redundancia normativa y competencia federal:
Cuando un comando despoja vehículos a mano armada, incendia transporte público y paraliza vías de comunicación para asegurar la impunidad de un grupo criminal, no estamos ante una «infracción de tránsito agravada» que requiera parchar la Ley de Movilidad.
Estamos ante delincuencia organizada (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada), ataques a las vías generales de comunicación (Código Penal Federal), terrorismo (artículo 139 del CPF) y portación de armas de uso exclusivo del Ejército (Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos). Pretender que un congreso local «cierre espacios» duplicando conductas que ya son de competencia federal y de prisión preventiva oficiosa es un ejercicio de pura pirotecnia política dolosa ,cinica e hipocrita para justificar la inaccion y ocultar su complicidad con el Cartel del Golfo.
El Código Penal de Tamaulipas ya está saturado de tipos aplicables:
A nivel local, el catálogo de delitos en concurso real ya cubre cada milímetro de estas conductas: robo de vehículo con violencia, daño en propiedad ajena (agravado por incendio), ataques a las vías de comunicación estatales, asociación delictuosa, pandillerismo, atentados contra la seguridad de la comunidad (el famoso tipo penal de «halconeo» y obstrucción que ya existe en el código local) y homicidio calificado cuando, como en Matamoros, quedan cinco muertos sobre el asfalto meintras la policia se acuartelaba para no enfrentar a sus patrones.
Sumar otro artículo con el nombre de moda no mete a nadie a la cárcel cuando la Fiscalía ni siquiera es capaz de integrar una carpeta de investigación por los delitos que ya existen y llevar a responsables a prision.
La autoría y participación ya están resueltas desde hace siglos:
El diputado presume como gran novedad que castigarán «no solamente a quienes ejecuten directamente los bloqueos, sino también a las personas que colaboren».
Alguien debería regalarle al presidente de la Comisión de Finanzas un manual básico de Teoría del Delito para que descubra que las reglas de autoría, coautoría, complicidad y encubrimiento llevan décadas escritas en la parte general de todos los códigos penales del país.
El problema en Tamaulipas jamás ha sido la falta de tinta en el Periódico Oficial del Estado; el problema ha sido la podredumbre institucional que ahora encabeza Americo Villareral, la impunidad garantizada por un Estado que solo sabe simular que trabaja reformando leyes que nadie aplica.
Y ya que el Poder Legislativo está tan preocupado por las «situaciones de riesgo para la población» y por «poner en riesgo a la ciudadanía», valdría la pena recordarles una verdad incómoda antes de que sigan gastando saliva en nuevas reformas: la ley ya castiga el homicidio calificado y el abuso de autoridad.
No hace falta crear ningún tipo penal nuevo para saber que disparar ráfagas de plomo desde un helicóptero oficial de la Guardia Estatal contra una camioneta familiar indefensa, asesinándole la vida de un tiro en la cabeza a Aranza —una niña inocente y desarmada de apenas siete años— y poniendo al borde de la muerte a sus hermanos, es un crimen atroz.
De nada sirve llenar los códigos de penas severas contra los bloqueos en tierra si, desde el aire, las propias fuerzas del Estado ejecutan civiles inocentes bajo el cobijo de mandos que justifican la barbarie con declaraciones estúpidas y mantienen activos en sus cargos a los responsables,mientras la fiscalia de justicia a cargo de ex-presidiario por servir al Cartel del Golfo, se hace taruga,vulgo pendeja.
Si los diputados realmente quieren hacer algo útil, que guarden sus iniciativas repetitivas, dejen de comprar grúas para la foto y exijan que se aplique el Código Penal que ya existe a quienes disparan desde el cielo contra nuestros niños.
Con informacion: Noticiero de Victoria/
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