El texto de Ismael Bojórquez y su videocolumna en Rio Doce, es en el fondo una acusación muy seria envuelta en guante de seda: el gobierno está jugando a árbitro neutral en una guerra donde ya eligió a qué equipo le presta el uniforme, las balas y el silencio institucional.
Eje central: el gobierno que “no toma partido”
Bojórquez parte de una pregunta que en México suena casi ingenua: ¿el gobierno ha tomado partido en la narcoguerra ?
Lo interesante es que no responde con consignas, sino con anatomía: acuerdos castrenses fragmentados, arreglos económicos tras detenciones, militares que negocian por zona y por grupo como si fueran franquicias de violencia.
En su explicación, las Fuerzas Armadas no son un bloque monolítico, sino una suerte de mercado persa donde cada general, coronel o mando local se rasca con sus propias uñas… y con su propio narco.
La “neutralidad” del Estado se desmorona cuando recuerda que ya hubo momentos en que la presidencia cargó abiertamente los dados, como en la guerra Beltrán vs Mayos/Chapos bajo Calderón, con García Luna en el ajo y un presidente que, según AMLO, “lo sabe todo”.
Chapitos, Mayos y la aritmética del poder
El corazón de videocolumna está en el reconocimiento de que esta guerra interna del Cártel de Sinaloa no es solo un pleito entre mafiosos, sino un problema de Estado que exige definiciones políticas.
Cuando Bojórquez plantea que terminar la guerra significa abatir la presencia de uno de los grupos —no su desaparición, solo recortarles el poder— está describiendo una solución de ingeniería política, no de justicia.
El grupo más débil son ahora los Chapitos, los que han recibido más golpes del gobierno y de los Mayos, y por tanto la pieza lógica a sacrificar en este tablero.
Ahí la “solución pragmática” del gobierno suena a manual de realpolitik criminal: se selecciona al perdedor, se le administra el castigo, se reduce la intensidad de la guerra y se vende al público como recuperación de la paz.
Pax Narca y narcopolítica: la paz impostora
Bojórquez no compra el relato de la “pacificación” por acuerdos con cárteles: la llama directamente “Pax Narca”, una paz que depende de acuerdos mafiosos tan frágiles como una cuerda reventada.
La sociedad no quiere esa paz simulada; quiere un Estado fuerte, sin narcoalcaldes, narcodiputados, narcopolíticos y sin ese rosario de complicidades que la ONU ya describe como crimen organizado disputando el poder político formal.
Cuando advierte que los narcos ahora buscan capturar ayuntamientos y hasta gobiernos estatales, está alineado con diagnósticos recientes sobre la expansión de la narcopolítica como método de control territorial y normativo.
Su advertencia de que “los narcopolíticos no duermen” es menos una frase retórica que un aviso de campaña: la disputa real no está solo en las balaceras, sino en las listas de candidatos, en los pactos silenciosos y en la selección de quién se hace gobernador o alcalde.
Mazatlán: la joya de la corona y el cálculo del Estado
El foco en Mazatlán no es casualidad: Bojórquez lo describe como la plaza donde se van a concentrar los hechos violentos y, al mismo tiempo, como el escenario previsto por el propio gobierno.
Las refriegas se movieron del sur (Rosario y Escuinapa, bastiones de los Chapitos) hacia el puerto, mientras los Mayos, apoyados por los hermanos Cabrera desde Durango, avanzan como quien reclama un trofeo largamente disputado.
En ese contexto, el envío de “cientos y miles de soldados” a Mazatlán luce menos como un despliegue neutral y más como el acompañamiento armado de un reacomodo interno del narco al que el Estado ha decidido adaptarse, no combatir frontalmente.
La pregunta incómoda que deja flotando es: ¿es un operativo para proteger a la población, o para administrar la transición de poder entre facciones criminales sin que se desborde demasiado el escándalo ?
El eco con Tamaulipas y otras guerras silenciosas
En valor ValorTamaulipeco coincidimos totalmente con Bojórquez y asi lo hemos docuemntado ,pues el “enroque criminal” no es un simple guiño, sino el recordatorio de que este patrón se repite: Harfuch, militares y la “Mayiza” haciéndole montón a la “Chapiza” como si fuera una táctica más dentro de una guerra administrada.
Ese “enroque” no solo es un cambio de piezas: es, en términos políticos, el reconocimiento tácito de que el Estado acepta jugar en el tablero del narco siempre que pueda presumir “orden” aunque sea un orden impuesto por quienes matan y desaparecen.
La conexión con las acusaciones del gobierno estadounidense contra funcionarios sinaloenses vinculados a los Chapitos refuerza la idea de que la presión internacional también está empujando a que el Estado mexicano reacomode lealtades internas.
Entre la “conexión mortal” que denuncia el jefe de la DEA y las acusaciones específicas contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el discurso del gobierno mexicano de “no tomar partido” se vuelve, en el mejor de los casos, una mala broma.
Con información: RIO DOCE/ ISMAEL BOJORQUEZ/
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