La Fiscalía General de la República decidió que ayer este jueves era buen día para recordar que el escándalo del huachicol naval no es precisamente un invento conspiranoico: siete marinos fueron citados a declarar ante la unidad especializada en delincuencia organizada. Sí, esa misma historia donde, según las acusaciones, uniformes, escritorios y billeteras privadas se alinearon para meter al país cientos de millones de litros de gasolina ilegal como si fueran mercancía de Costco.
La noticia no la presumio la autoridad, sino la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado —junto a su hermano— como uno de los cerebros de esta coreografía criminal donde militares, funcionarios y empresarios bailaban al mismo ritmo.
Entre los citados aparece un viejo conocido: el testigo que en febrero soltó la bomba de que dentro de la red alguien pidió ayuda directa a Rafael Ojeda Durán, entonces secretario de Marina con López Obrador, para dejar pasar un barco cargado de combustible de contrabando. Nada menor: pedirle al jefe que “eche la mano” para que el negocio fluya.
Y por si faltaban personajes, reaparece el enigmático “Capitán Sol”, prófugo y pieza clave de esta trama. Según otro testimonio, cuando el buque Torn Agnes fue detenido en Guaymas en 2025, Solano —su nombre real— no se inmutó: avisó que hablaría con Ojeda Durán para “controlar la situación”. Traducido: cuando el sistema falla, se escala al nivel donde ya no falla.
Las siglas abundan, como en cualquier expediente que huele a encubrimiento: J.C.S.P., L.A.G.A., B.A.G.A. Todos conectados con la aduana de Guaymas, todos con historial en el manejo —o desmanejo— de cargamentos sospechosamente bien tolerados. El relato pinta una estructura donde entrar al negocio implicaba lealtad, renuncias estratégicas y acceso a información privilegiada desde la propia inteligencia naval. Porque claro, ¿quién mejor para proteger el contrabando que quienes deberían combatirlo?
El método era casi elegante en su cinismo: barcos con millones de litros de diésel que en papel se convertían mágicamente en “aditivos de aceites lubricantes”. Diez millones de litros declarados con otro nombre y asunto resuelto. El Seaways Citron pasó sin problemas, como pasan las cosas cuando todos los sellos están previamente convencidos. Después venía la parte democrática del negocio: repartir sobornos entre civiles y militares para que nadie se quedara fuera del festín.
Pero no todo era terso. A inicios de 2025, el decomiso de otro buque en Tampico encendió las alarmas. El mensaje interno lo dice todo: “esto ya se salió de control”. La respuesta fue aún más reveladora: escalar el asunto otra vez, ahora incluso mencionando a “Andy”, el hijo del expresidente, como posible carta de presión. Porque cuando el negocio tambalea, siempre hay un contacto más arriba… o al menos eso creían.
Y en medio de todo, una constante inquietante: el nombre de Ojeda Durán reaparece una y otra vez en testimonios, audios y cartas. La más grave, la escrita por el militar Fernando Guerrero Alcántar tras reunirse con él en 2024, donde describe el engranaje completo de corrupción. Según una grabación, en lugar de escuchar la denuncia, la respuesta fue ofrecer silencio. Omertà versión institucional.
Cinco meses después, Guerrero Alcántar estaba muerto.
Pero la maquinaria siguió. Porque en esta historia, lo verdaderamente escandaloso no es que exista una red de contrabando, sino lo profundamente normalizado que parece que exista… y funcione.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DANIEL CARABAÑA/
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