La justicia mexicana acaba de dar otro concierto de acordeón jurídico: se encoge para cuidar a los poderosos y se estira para aplastar a quien los exhibe.
Los jueces del acordeón al rescate de la abogada del Chapo
Un tribunal electoral —que se supone nació para cuidar votos, no para blindar currículums— decidió que señalar A Silvia Rocío Delgado García ,una candidata ya convertida en jueza electa en Chihuahua, que fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán no es un dato de interés público, sino “violencia política en razón de género”.
Miguel Alfonso Meza,del portal de Narcopoliticos, documentó con expedientes en mano, como lo ha hecho con figuras delictivas de Tamaulipas, que Silvia Rocío Delgado García representó al capo en al menos dos amparos y en una causa penal antes de su extradición; por decirlo en voz alta, lo sentencian a borrar publicaciones, ofrecer disculpa pública y lo meten 180 días al padrón de “violentadores de género”.
Es decir: los jueces no se preocuparon por revisar hasta dónde llegan los vínculos de una aspirante a jueza con el Cártel de Sinaloa, pero sí se apresuraron a castigar a quien se atrevió a preguntar si eso era un riesgo para la justicia.
El tribunal electoral como notaría del narcopoder
El caso exhibe cómo los tribunales electorales se convirtieron en juzgados especiales de protección a la clase política y a su ecosistema: si rascas en los vínculos con el narco, no investigan el vínculo, te investigan a ti.
La figura de “violencia política de género” se usa como detergente institucional: lava biografías incómodas, borra notas, limpia redes sociales y deja reluciente la fachada de la nueva élite judicial, aunque por dentro huela a pólvora y billete sucio.
El mensaje es clarito: si eres abogada del capo más famoso del país y luego quieres ser jueza, el sistema te arropa; si eres activista que señala el conflicto de interés, el sistema te estampa la etiqueta de misógino y te manda a la hoguera mediática.
Libertad de expresión: sólo si no molesta al cártel-político
La resolución se vende como defensa de los derechos de una mujer, pero en los hechos funciona como un candado contra la libertad de expresión y el periodismo incómodo que documenta la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
El tribunal no desmintió los documentos, no probó que fuera falso que defendió al Chapo; simplemente decidió que decir la verdad, cuando incomoda al andamiaje político-judicial, debe castigarse como si fuera agresión de género.
En un país donde jueces, magistrados y consejeros han salido de los “acordeones” de partido, la prioridad no es la credibilidad de la justicia, sino blindar la carrera de quienes llegan con patrocinio político y, eventualmente, protección criminal.
Justicia acordeonista: se afina al gusto del poder
La justicia mexicana funciona como banda de narcofiesta: toca lo que le piden desde el templete, se hace la sorda con los expedientes incómodos y sólo se afina cuando hay que callar a quien rompe el guion oficial.
El caso de la ex abogada del Chapo convertida en jueza, protegida por un tribunal electoral que castiga a quien documenta sus vínculos, es la foto de un sistema donde lo verdaderamente imperdonable no es servir a un capo, sino exhibir al narco-Estado togado.
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
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