Comenzaba 2021 cuando una Hyundai que circulaba a exceso de velocidad se volcó en Río San Joaquín e Ingenieros Militares, en la parte norte de la ciudad de México. El conductor huyó del sitio a pie, internándose hacia Lomas de Sotelo.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que arribaron al lugar descubrieron que en la unidad había un doble fondo. Adentro fueron encontrados 500 tabiques de cocaína. Su peso era de media tonelada.
Solo dos semanas más tarde, durante un cateo realizado en el Fraccionamiento Coapa Super 4, la Sedena y la SSC decomisaron otros 800 kilos de cocaína.
Era el decomiso más grande de la última década. Su valor aproximado alcanzaba los 11 millones de dólares.
Aquel era un verdadero golpe al narco: el aseguramiento más grande realizado en la última década. Había además 11 armas largas y cuatro cortas. Vehículos, equipos televisivos, documentos…
Aquellas dos noticias se esfumaron en medio del torbellino de muertes que habían traído a México la pandemia y una escalada histórica en la violencia.
Según reportes elaborados por cuerpos de seguridad federales, el propietario de aquella droga era Rafael Caro Quintero, el narcotraficante acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, y quien llegó en 2010 al penal de Jalisco gracias a un amparo presentado por sus abogados y concedido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco.
En la madrugada del 8 de agosto de 2013, después de controlarlo absolutamente todo, desde las visitas hasta la venta de droga, Caro Quintero salió caminando del penal y abordó una camioneta negra.
Cuando la PGR intentó detenerlo, se había esfumado. Se trasladó a regiones rurales de Chihuahua y Sinaloa. A través de una entrevista envió el mensaje de que no estaba interesado en volver al narcotráfico. Para esconderse, contó con la protección de Ismael El Mayo Zambada y de los hijos del Chapo Guzmán.
Más tarde, sin embargo, se reunió con familiares y socios que después de 28 años habían mantenido vivo su negocio y decidió que iba a reconquistar los territorios que le habían pertenecido: el estado de Sonora estaba entre ellos.
Caro Quintero creó un brazo armado conocido como La Barredora 24/7 y terminó enfrentado con los hijos del Chapo —y se dice también con El Mayo— bajo el argumento de que tenía derecho de antigüedad.
Su guerra dejó Sonora lleno de muertos. Allá formó esa calamidad pública conocida como el Cártel de Caborca, que actuó en alianza con el Cártel de Juárez, a fin de arrebatarle el estado a sus enemigos.
“Esta plaza nos pertenecía y ahora todos aquellos productores, comerciantes y mineros de la región tendrán que pagar plaza”, dejó escrito en una narcomanta.
Desde 2020 se detectó la presencia de su grupo delictivo en diversas regiones del país “que van de Chiapas a Sonora”. Según reportes del gobierno federal, su organización entabló una alianza con el llamado Cártel Nuevo Imperio, que actúa en la zona conurbada de la Ciudad de México, y está formado por exintegrantes del Cártel de Sinaloa.
El Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva han actuado desde hace tiempo en la capital del país. Los periodistas Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto revelaron que uno de sus miembros, Edgar Valdez Villarreal, fue el verdadero fundador de la llamada Unión Tepito. El año pasado se desmanteló un narcolaboratorio de ese cártel en la zona del Ajusco.
El aeropuerto capitalino y la Central de Abastos son eslabones de una cadena de recepción y distribución de droga que atraviesa los estados de Morelos y Guerrero, y que llega hasta Acapulco. El Cártel de Sinaloa tiene una mano metida en esos sitios.
“Jamás se han ido. Nunca han dejado de operar en puntos de la capital”, explica una fuente de inteligencia del gobierno mexicano.
Prácticamente cada año elementos de la SSC han detenido a operadores de ese cártel en la ciudad de México. En 2015, la DEA confirmó que el de Sinaloa, con los Beltrán, el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana y remanentes de los Zetas, mantenían presencia en la CDMX.
En febrero pasado se dio a conocer la detención de un miembro del Cártel de Sinaloa, Gilberto Pérez Camacho, alias El Mex, que operaba al poniente de la ciudad. Contrataba pilotos que llevaban droga sudamericana a pistas del estado de Puebla, de acuerdo con las investigaciones.
Según los trabajos de inteligencia del gobierno mexicano, además de las operaciones del Mayo y Los Chapos –el secretario de seguridad, Omar García Harfuch declaró hace unos días que la organización criminal de Sinaloa “siempre va a intentar tener mayores espacios en la ciudad”—, en la ciudad se mueve también el grupo del narcotraficante que hace nueve años las autoridades dejaron ir, y por el que la DEA ha ofrecido la recompensa más alta que se recuerde: Rafael Caro Quintero.
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