El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales ronda de nuevo por los cuarteles del Ejército mexicano, ahora con Andrés Manuel López Obrador como el jefe de las Fuerzas Armadas.
En el sexenio pasado, ese fantasma adoptó varios nombres que significaron una dura crisis de credibilidad para Enrique Peña Nieto: se llamó Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, municipios donde las fuerzas federales jugaron un rol decisivo en el asesinato de civiles desarmados. Ahora, otro nombre podría sumarse a esa lista negra para el Estado mexicano: Carbó.
En ese municipio, en el desierto de Sonora, dos jóvenes –Cristo Fernando N., de 19 años, y Melissa Anahí, de 17– murieron el 25 de enero de este año en circunstancias extrañas que apuntan a la Cuarta Zona Militar. Aquella tarde, la familia Ochoa Yee festejaba un cumpleaños con carne asada, cuando cerca de las 17:00 horas la mamá de Cristo Fernando le pidió a su hijo que comprara más tortillas. Su novia, Melissa, se ofreció a acompañarlo.
Media hora más tarde, una vecina corrió hasta la fiesta familiar de los Ochoa Yee para avisar que los jóvenes habían tenido un “accidente” en la entrada del pueblo.
Según la versión de los militares, Cristo Fernando no se detuvo en el retén instalado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que aceleró el auto, lo que provocó que fuera perseguido y se volcara kilómetros más adelante sin que hubiera contacto entre los jóvenes y los soldados, quienes solicitaron, con una rapidez inaudita, que los jóvenes fueran enviados al Hospital General del Estado en Hermosillo, a 80 kilómetros de Carbó. En el traslado, murieron.
“LAS CONCLUSIONES VIENEN MUY FUERTES”
La versión de los familiares es radicalmente distinta. Según las madres de los dos jóvenes fallecidos, ambos cuerpos tenían heridas de bala. Cristo Fernando tendría, al menos, una en la sien –probablemente el llamado “tiro de gracia”– y Melissa cuatro orificios en el cuerpo que corresponden a un proyectil de arma de fuego. Por el tipo de lesiones que causaron en el cuerpo, las familias están convencidas de que los disparos fueron hechos a corta distancia. Los ejecutaron, coinciden.
Dos investigaciones se abrieron a partir de la extraña muerte de los novios: una en tribunales militares en la Sedena y otra en el fuero civil en la Fiscalía General de la República (FGR). De la primera carpeta nada se sabe sobre sus avances, pero de la segunda sí. Y las conclusiones no pintan bien para los uniformados comandados por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.
De acuerdo con una fuente en lo alto del organigrama de la FGR, la presión hecha por los padres y la intervención de exombudsman sonorense Raúl Ramírez han ayudado a armar un rompecabezas cuyas piezas finales están por colocarse y que compondrían una escena donde los militares persiguieron a los jóvenes desarmados, les dispararon a mediana distancia causando su volcadura y, al revisar que no se trataba de criminales armados, sino estudiantes que iban por comida, decidieron asesinarlos para borrar las evidencias.
“Las conclusiones vienen muy fuertes. Y eso es grave porque una de las promesas del presidente al llegar al poder es que los militares no volverían a usar sus armas contra civiles”, cuenta la fuente consultada, quien ha tenido acceso a los expedientes de la FGR.
“Incluso, esto podría enfrentar aún más a los mandos militares –que tienen mucho peso en el gabinete– con los mandos civiles del gabinete de seguridad, como el fiscal (Alejandro Gertz Manero)”.
La trama se complica con la eventual intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en medio de una tambaleante secretaria de Gobernación, que sigue sin poder mediar los conflictos en el gabinete de seguridad, señala la fuente.
“Si alguien no interviene, y pronto, esta podría ser la primera gran crisis del gobierno actual con el Ejército”
Con información de.-@emeequis/(Imagen Expansion Politica)
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