Armando García Pedraza fue designado secretario general del Congreso de Tamaulipas el 10 de septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín oficial, a propuesta de la Junta de Gobierno y con la aprobación del Pleno. Su encargo se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta que se designe a quien ocupe la Secretaría General de la Legislatura 67.
La designación ocurrió tras la renuncia irrevocable —con cara de “corrido”— de Juan Lorenzo Ochoa García, a quien las malas lenguas de la gente buena vinculan con el corral político de la multiacusada senadora de Morena Olga Sosa. La renuncia surtió efectos a partir del 9 de septiembre.
El boletín oficial sostiene la farsa democrática, que el nuevo funcionario cumplía los requisitos legales y tenía la experiencia y formación requeridas, pero no desglosa su trayectoria, evaluación curricular, criterios comparativos ni el proceso de selección.
El antecedente laboral corroborable es que en octubre de 2022 Armando García Pedraza fue nombrado director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) donde fue separado de después de una riña en oficinas de la dependencia, ubicadas en la Torre Bicentenario y CNT Tamaulipas afirma que el cese ocurrió hacia abril de 2025
El contraste editorial es incómodo: el Congreso lo presenta como un perfil con “experiencia y formación profesional”, mientras un medio local reporta que dejó SEDUMA luego de un incidente violento dentro de oficinas públicas. La omisión del antecedente es propio de imposiciones y amerita mas que una inutil explicación pública.
Hay un punto esencial de precisión: Armando García Pedraza,nuevo rico gracias al humanismo y la «transformación inmobiliaria», es hermano deLuis Roberto García Pedrazaprofusamente acusado en la trama que encabeza el gobernador Americo Villarreal Anaya en el cobro de cuotas del tráfico de huachicol y crimen organizado que investiga EE.UU,de acuerdo con el periodista Steve Fisher.
María de la Luz Santiago, esposa del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien mantiene influencia decisoria en nombramientos, destituciones y manejo político de la administración estatal,es la madrina de la designación de su sobrino.
Exigir explicaciones sobre los criterios que llevaron a un funcionario con ese antecedente a una posición estratégica del Poder Legislativo sería, francamente, un ejercicio inútil, si atendemos que la protectora es la esposa del gobernador, quien recientemente fue acusada penalmente por extorsión.
La épica de Francisco García Cabeza de Vaca tiene la delicadeza de una postal patriótica enviada desde la cómoda distancia: un exgobernador con orden de aprehensión vigente por el mas grave delitos en Mexico, delincuencia organizada,se presenta como el mexicano destinado a “restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho”. Nada más enternecedor que invocar al Estado de derecho desde fuera del alcance de los tribunales que lo reclaman.
Como ya se sabe,la Suprema Corte revocó en febrero el amparo que impedía ejecutar la orden de captura relacionada con presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; él, por supuesto, niega ser prófugo, sostiene que se trata de persecución política ,pero ignora que es un profugo con futuro.
Su tesis sobre la doble nacionalidad a la que renuncio en 2024,sin que nada pasara, tampoco es política pública: es una novela rosa con himno nacional de fondo.
Según Cabeza de Vaca, a Morena no le preocupa la doble ciudadanía, sino la aterradora posibilidad de que un mexicano-estadounidense llegue a gobernar México y ponga orden. El héroe, desde luego, no necesita presentarse ante un juez; le basta con presentarse como salvador.
“La fobia del mal gobierno y de los Morenarcos no es la doble nacionalidad. Es que un mexicano, con nacionalidad mexicana y estadounidense, pueda llegar a gobernar México y restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho. Eso es lo que realmente les preocupa.”…@FGCabezaDeVaca
La publicación de Francisco García Cabeza de Vaca es de una ternura institucional conmovedora: un político con órdenes de aprehensión reactivadas y una solicitud mexicana de extradición en curso se imagina a sí mismo como el restaurador del orden, la paz y el Estado de derecho. No es una contradicción: es una candidatura escrita en clave de realismo mágico judicial.
Para el exgobernador que se cree sus propias mentiras y es diseñador de su propia catástrofe, el problema de Morena no sería la doble nacionalidad, sino el pánico ante la eventual llegada al poder de un mexicano con ciudadanía estadounidense.
Qué escena tan patriótica: el hombre que se vende como campeón de la legalidad mientras la legalidad mexicana lo busca para que responda ante ella. La doble nacionalidad, en esta versión, no es un asunto constitucional ni una discusión de elegibilidad; es el villano de una película donde el protagonista siempre resulta ser él.
Cabeza de Vaca ofrece una fábula de redención sin la incómoda escala en los tribunales: primero salvar México, después —si acaso— explicar por qué no se presenta a enfrentar las acusaciones. Una propuesta de Estado de derecho a domicilio, siempre que el domicilio quede del otro lado de la frontera.
Groucho Marx ya había descrito mejor esa filosofía de vida: “El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio; si puedes simular eso, lo has conseguido”. Cabeza de Vaca parece haber tomado la frase no como sátira, sino como plan de gobierno.
El tuit se enmarca en el debate por la reforma que restringe la doble nacionalidad para cargos de alto nivel (Presidencia, gubernaturas, Jefatura de Gobierno de CDMX). El exgobernador de Tamaulipas lo interpreta como una medida dirigida contra él.
El tuit de Francisco Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) lo publicó el 23 de septiembre de 2026 a las 01:24 GMT.
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El volumen de respuestas casi iguala los likes, patrón típico de un tuit polarizante que genera más rechazo que adhesión. El alcance es moderado para un político con su trayectoria.
Tono general de la reacción
El “tribunal digital” fue mayoritariamente hostil. Predominan acusaciones de corrupción, huachicol, nexos con el crimen organizado, “prófugo” y “entreguista”. Quienes lo respaldan apenas aparecen en los comentarios con más alcance. El hilo se convirtió en un ajuste de cuentas por su paso por Tamaulipas más que en un debate sobre nacionalidad.
Comentarios con más alcance
Los de mayor engagement son críticos:
@JenniferCuriel9 (cita, 76 likes / 20 RTs): “Ya solo falta que García Luna diga narco morena también jajajajaja. Órale mafioso, a engañar a tu shingada madre.”
@KickerRegio (respuesta, 16 likes / 6 RTs): “No restableces ni madre, tú fuiste parte del CO y Huachicol en Tamaulipas, lo que querían era imponerte como presidente de Mexico y después alinear todos los recursos e intereses a EU.”
@NormaPa90303364 (14 likes): “Preocupa que lleguen a gobernar entreguistas como tú.”
@eddiegarcia501 (13 likes / 3 RTs): “usted desde joven a sido un delincuente y lo sigue siendo y todos los PRIANISTAS narcos como usted creen que todos son narcos y corruptos como ustedes… México se gobierna por los Mexicanos no por pinches gringos como tú.”
Otros comentarios recurrentes piden que regrese a México a enfrentar las órdenes de aprehensión, lo llaman “rata narca”, “pocho” o cuestionan que pretenda “arreglar el país” cuando Tamaulipas quedó en malas condiciones.
En resumen: el tuit no logró imponer su marco (“fobia a un mexicano binacional que restablezca el orden”). La conversación se desvió hacia su expediente judicial y su gestión en Tamaulipas. El rechazo superó con claridad el apoyo visible en X.
En poco más de dos años de la cruenta guerra desatada entre dos bandos de la misma banda —el Cártel de Sinaloa—, el balance publicado por Noroeste sigue escurriendo sangre y dolor. Del 9 de septiembre de 2024 al 21 de septiembre de 2026, Sinaloa acumula un saldo que no parece un informe de seguridad, sino la contabilidad de una guerra que ningún bando se atreve a dar por terminada: 3,882 ejecuciones, 4,424 levantones y 12,543 vehículos robados.
La guerra en cifras
El desglose revela qué se está disputando en las calles y carreteras:
Violencia
Saldo acumulado
Promedio diario
Lectura
Ejecuciones
3,882 homicidios dolosos
5.2
Más de cinco personas asesinadas cada día
Levantones
4,424 personas privadas de la libertad
6.0
Seis personas diarias tragadas por la incertidumbre
Despojo de autos
12,543 vehículos robados
16.9
Casi 17 unidades arrebatadas al día
No se trata sólo de homicidios. La estadística dibuja una violencia de tres carriles: matar, levantar para después matar y robar por la fuerza, porque la economía criminal también necesita transporte.
El levantón ya rebasa a la ejecución
El dato más brutal es que las privaciones ilegales de la libertad superan a los homicidios: 4,424 levantones frente a 3,882 asesinatos, una diferencia de 542 casos.
Eso significa que el levantón dejó de ser un episodio excepcional o una amenaza de corrido. Es una herramienta cotidiana de control: para castigar, interrogar,desaparecer evidencia, ajustar cuentas o simplemente marcar territorio. Seis personas al día son arrancadas de la calle, de su casa, de su trabajo o de su vehículo; muchas entran a una cifra y salen del radar público en una entidad donde desparecer casi siempre equivale a morir,aunque aun no, a nivel de Tamaulipas.
La ejecución cierra historias. El levantón las deja suspendidas, y esa incertidumbre también es una forma de terror.
El auto como botín de guerra
Los 12,543 vehículos robados son el gran número del saldo: equivalen a 16.9 casos diarios, más de tres veces el promedio de homicidios dolosos.
No son sólo carros perdidos, pólizas activadas cuando las hay y trámites ante el Ministerio Público. Son camionetas para patrullar, automóviles para escapar, unidades para vigilar, moverse, transportar gente armada o borrar rastros. En una guerra territorial, el vehículo no es un accesorio: es logística y combustible que atiza la guerra.
Mientras la discusión pública se concentra —con razón— en los muertos, el robo violento de autos exhibe la infraestructura de la disputa. Una organización no controla zonas únicamente con fusiles; también necesita ruedas, rutas y la capacidad de dejar a la población a pie.
El resto del inventario
El reporte también contabiliza:
3,974 personas detenidas, un promedio de 5.4 diarias.
211 personas abatidas, una cifra que obliga a preguntar cuántas correspondieron a enfrentamientos, quiénes fueron, bajo qué circunstancias murieron y cuántas investigaciones independientes existen sobre esos hechos.
Hay casi tantos detenidos como homicidios pero no homicidas, pero las cifras por sí solas no dicen cuántas capturas terminaron en judicialización, cuántas en condena, cuántas fueron liberaciones y cuántas realmente tocaron las estructuras que ordenan la violencia. Detener gente no equivale automáticamente a desmontar la maquinaria y es iluso pensar que todos siguen en prisión.
Una contabilidad del desgaste
El balance de la “Ola” describe una normalidad monstruosa: en promedio, cada día hay cinco homicidios, seis levantones y casi 17 robos de vehículo. No son picos aislados; son una rutina criminal con horario extendido.
La cifra más obscena quizá no sea una sola, sino la suma: Sinaloa no está contabilizando únicamente delitos. Está registrando el costo diario de una disputa armada que convierte cuerpos, personas desaparecidas y automóviles en unidades de medida, igual que en los últimos 20 años.
Una de las marcas de nuestro tiempo es la alegre multiplicación de señalamientos sobre posibles responsabilidades penales de un elenco cada vez más nutrido. Funcionarios, empresarios, mandos militares, gobernadores, subordinados y demás integrantes de la fauna pública y privada aparecen vinculados con el huachicol, el crimen organizado desvío de recursos, el lavado de dinero, la facturación falsa, la prevaricación y otras modalidades de asalto al patrimonio público.
No faltan nombres ni hipótesis; lo que escasea, como de costumbre, es una respuesta institucional que no parezca escrita al vapor desde la tribuna presidencial.
Ante esos señalamientos, y frente a la filtración de documentos públicos y privados, llamadas telefónicas, testimonios o delaciones de cómplices, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por concentrar por completo la vocería.
Se asignó a sí misma la función de decidir cuándo esos indicios son verdaderos o verosímiles —un “cuándo sí” bastante retórico— y cuándo deben desecharse, que es casi siempre.
En sus prédicas matutinas determina si una información publicada por un medio nacional o un señalamiento formulado por una autoridad extranjera tiene o no relevancia jurídica; si merece consideración y si debe, o no, activar a las autoridades mexicanas. La mañanera como ventanilla única de admisión de pruebas, pues.
Más allá de la notoria concentración de atribuciones propias de la procuración y la impartición de justicia, la presidenta se ha erigido, por voluntad propia, en la máxima autoridad judicial del país.
Lo que ella afirma adquiere apariencia de verdad jurídica, aun cuando no exista una instancia para controvertir una declaración que, por relevante que sea la investidura de quien la formula, continúa siendo eso: un dicho. Las facultades ejecutivas que constitucionalmente le corresponden son amplias; el poder de sustituir a fiscales, ministerios públicos y jueces no figura entre ellas.
Al proceder de esa manera, Sheinbaum no sólo desplaza lo previsto por la Constitución y las leyes: abre dos escenarios especialmente graves para la vida nacional. En su empeño por pronunciarse sobre asuntos respecto de los cuales no está facultada para resolver, compromete condiciones básicas de convivencia, legalidad y gobernabilidad.
La voz presidencial como postura de Estado
El primer problema tiene que ver con las relaciones exteriores, particularmente con Estados Unidos. En el plano internacional, el Estado mexicano actúa como una unidad y su voluntad puede expresarse por medio de cualquiera de sus órganos. Por eso, cuando la presidenta habla sobre la inexistencia de acusaciones, pruebas o procesos, su voz tiende a desplazar las determinaciones que deberían corresponder a fiscales y juzgadores, hasta presentarse como la posición del Estado mexicano.
Cuando la presidenta afirma que no hay acusaciones, evidencias o investigaciones relevantes, no está simplemente ofreciendo una opinión política para consumo mañanero. Está fijando una postura institucional que, por un lado, invade ámbitos de competencia ajenos y, por otro, alimenta la percepción de impunidad partidista o gubernamental. La vocería presidencial deja entonces de ser mera propaganda de conferencia y se convierte, quiera o no, en una señal dirigida hacia afuera: México responde a denuncias, indagatorias o reportes internacionales desde el púlpito político y no desde las instituciones competentes.
El costo es evidente. Si desde el extranjero se concluye —correctamente o no— que las investigaciones avanzan, se frenan o se declaran inexistentes según la palabra presidencial, gana terreno la idea de que la justicia mexicana depende de una sola voluntad. Y cuando se instala esa percepción, también se fortalecen las representaciones, siempre peligrosas, de que resulta necesario intervenir o presionar a un país donde los órganos estatales no participan plenamente y los cercanos al poder parecen recibir protección por el simple hecho de serlo.
Los “no lugares” de la justicia
El segundo problema se relaciona con lo que he llamado, en otras colaboraciones, la institucionalización de los “no lugares”. Son aquellos espacios que, aunque formalmente existen, han dejado de cumplir la función para la que fueron creados. Sitios donde los asuntos no pueden conocerse ni resolverse porque los órganos carecen de operatividad; porque sus titulares son incompetentes; porque falta diseño, presupuesto, personal o condiciones mínimas de acceso; o porque, sencillamente, fueron vaciados desde dentro.
Un ministerio público que no investiga, una fiscalía que no puede o no quiere proceder, un tribunal que no resuelve o una institución cuyo funcionamiento queda reemplazado por la declaración política: todos son ejemplos de esos “no lugares”. Existen en el organigrama, aparecen en la ley y acaso conservan oficinas, sellos y presupuestos, pero han perdido la capacidad de cumplir su naturaleza.
Desde esta perspectiva, cuando Sheinbaum asegura que no hay pruebas, acusaciones o indicios, no se limita a describir un supuesto estado de cosas. En términos más graves, puede obstaculizar que los órganos legalmente facultados determinen si tales pruebas, acusaciones o indicios existen, son suficientes y ameritan una investigación. La declaración presidencial no sustituye un expediente, una carpeta de investigación o una sentencia; pero puede cancelar políticamente el espacio en el que esos procedimientos deberían desarrollarse.
En la búsqueda de objetivos particulares y coyunturales, se afecta así el funcionamiento del sistema del que deriva, precisamente, la autoridad presidencial. Es posible que la presidenta considere que, al confirmar o frenar públicamente el curso de ciertos asuntos, impone con éxito su voluntad política: que logra detener indagatorias, desactivar sospechas o al menos producir la impresión de que no habrá consecuencias. Puede parecer una victoria inmediata. El problema es que el aplauso de la coyuntura suele cobrar intereses institucionales.
Una enfermedad autoinmune
El resultado de esa lógica triunfalista va mucho más allá del instante de poder. Hacia el exterior, alimenta la idea de que la presidenta ha decidido que determinadas investigaciones no avancen. Hacia el interior, consolida una conclusión todavía más corrosiva: no existe un lugar efectivo donde las responsabilidades puedan dirimirse conforme a derecho.
La primera consecuencia es que la procuración y la impartición de justicia aparecen subordinadas a quien habla de ellas desde Palacio Nacional, decidiendo cuándo hay pruebas, cuándo no las hay y qué hechos merecen atención. La segunda es la erosión persistente de la institucionalidad que sostiene al propio movimiento gobernante y la enajenación de una población que no encuentra una ventanilla, un fiscal, un tribunal o una autoridad capaz de atender los conflictos que el orden jurídico promete resolver.
En la metáfora ya inevitable, el declaracionismo presidencial en materia de justicia se ha convertido en una enfermedad autoinmune: en vez de defender al Estado, ataca los órganos que deberían darle sentido, límite y credibilidad.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/RAMON COSSIO/
La Secretaría de Marina otorgó contratos para realizar obras en el puerto de Tampico a empresas en las que ha participado Christian Julián Cazarín Meza, empresario mexicano que se declaró culpable en Estados Unidos por participar en una trama de corrupción para pagar sobornos a funcionarios relacionados con Pemex y ocultar el dinero mediante empresas fachada y cuentas bancarias en México y el extranjero.
Los contratos de la Marina fueron otorgados en 2024 y 2025, cuando Cazarín ya había comparecido ante una corte federal de Nueva York y se había declarado culpable de conspirar para violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero.
Una de las empresas beneficiadas fue Constructora Terco, de la que Cazarín fue socio fundador mayoritario. Actas inscritas en el Registro Público de Comercio muestran que en 2020 poseía 80% de las acciones de la compañía. Su participación empresarial se mantuvo durante los años siguientes y en mayo de 2025 fue designado administrador único.
Acta constitutiva de Constructora Terco, en la que Christian Julián Cazarín Meza aparece como accionista mayoritario.
El 12 de julio de 2024, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico (ASIPONA), dependiente de la Secretaría de Marina, contrató a un consorcio integrado por Constructora Terco y Servicios y Soluciones La Heroica para realizar trabajos de “Mantenimiento a Bodegas Campo A”. La adjudicación había ocurrido dos días antes y el contrato ascendió a 21 millones 226 mil pesos, incluido el IVA.
Menos de un año después, otra empresa relacionada con Cazarín apareció junto con Terco en una contratación de la misma ASIPONA. El 3 de abril de 2025 fueron adjudicados a Insumos y Comercializadora del Sureste Aspac y Constructora Terco trabajos de mantenimiento en las bodegas 10 y 14 del puerto de Tampico, por 11 millones 887 mil pesos, incluido el IVA.
En conjunto, los dos contratos otorgados por ASIPONA Tampico sumaron 33 millones 114 mil 260 pesos.
Contratos que la Secretaría de la Marina asignó a Constructora Terco para obras en la ASIPONA de Tampico antes y después de que en ese sitio explotara el escándalo de huachicol.
Documentos mercantiles muestran que Cazarín aparece desde la constitución de la compañía Aspac, en octubre de 2020, y posteriormente recibió poderes de ésta. La empresa nació además con un objeto que incluía el transporte nacional e internacional de mercancías peligrosas, entre ellas hidrocarburos.
La contratación de sus empresas adquiere relevancia por el lugar en el que ocurrió. El puerto de Tampico quedó en el centro de una de las principales investigaciones federales sobre contrabando de combustible, luego de que el 19 de marzo de 2025 atracó ahí el Challenge Procyon, el buque procedente de Texas cuyo aseguramiento destapó el escándalo del huachicol fiscal.
Las investigaciones realizadas a partir del decomiso de 10 millones de litros del buque revelaron, según las autoridades, una estructura en la que participaron empresarios, agentes aduanales y elementos de Marina. Entre los implicados aparecen el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En los testimonios incorporados a la investigación también surgieron referencias a Adán Augusto López Hernández y a un “hijo del Presidente”. La defensa de los hermanos Farías ha relacionado esa referencia con el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán.
Fue precisamente en ese puerto donde la ASIPONA había contratado a Terco en julio de 2024. Y el 3 de abril de 2025, apenas dos semanas después del arribo del Challenge Procyon, adjudicó a Terco y Apasc el contrato para el mantenimiento de las bodegas 10 y 14.
Para entonces, Christian Julián Cazarín Meza ya era un personaje conocido por la justicia estadounidense. El empresario, vinculado con Terco y Apasc, se había declarado culpable desde el 27 de octubre de 2023 de participar como intermediario en una trama de sobornos a funcionarios relacionados con Pemex.
El operador de los sobornos con Peña y AMLO
El caso que llevó a Cazarín ante la justicia estadounidense se originó en una trama de corrupción de Vitol, una de las mayores comercializadoras de combustibles del mundo, para obtener ventajas en negocios con Pemex.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que Cazarín participó en un mecanismo utilizado para hacer llegar dinero de Vitol a Gonzalo Guzmán Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial de Pemex ubicada en Texas, encargada de adquisiciones internacionales.
Este es el documento judicial que detalla la participación de Christian Julián Cazarín Meza como intermediario en la trama de sobornos de Vitol a funcionarios de Pemex.
El esquema comenzó a operar en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y continuó después del cambio de administración. Los documentos judiciales estadounidenses muestran que los pagos a funcionarios vinculados con Pemex siguieron durante 2019 y al menos uno de ellos llegó hasta enero de 2020, ya en el sexenio de López Obrador.
A cambio del dinero, Guzmán y Espinosa proporcionaron información confidencial sobre procesos de contratación. Entre los negocios obtenidos por Vitol estuvo un contrato suscrito en junio de 2018 para suministrar a Pemex al menos 540 mil toneladas de etano líquido, con un valor aproximado de 230 millones de dólares.
La Fiscalía estadounidense documentó al menos siete pagos para beneficio de Guzmán por aproximadamente 371 mil 466 dólares, efectuados entre octubre de 2017 y enero de 2020, y ocho para Espinosa por alrededor de 255 mil 895 dólares, entre octubre de 2017 y septiembre de 2019.
De Curazao a México
El dinero destinado a los sobornos siguió una ruta para dificultar su rastreo. Desde Vitol era transferido a Lion Oil BV y Zanza Oil BV, sociedades controladas por una ciudadano neerlandés de nombre Lionel Hanst que operaba cuentas en Curazao. Posteriormente los recursos llegaban a México a través de empresas utilizadas para recibir, ocultar y distribuir los pagos.
El expediente señala que Cazarín buscó empresas fachada en México para recibir los sobornos y canalizó el dinero hacia cuentas de los funcionarios de Pemex Gonzalo Guzmán y Carlos Espinosa.
La acusación contra Cazarín identifica cinco empresas mexicanas, pero mantiene reservadas sus razones sociales y las denomina simplemente como “Shell Company”, término que suele aplicarse a empresa “fantasma” o sin operaciones. Los documentos judiciales describen transferencias entre esas compañías y posteriores depósitos en cuentas utilizadas para beneficio de los funcionarios o sus familiares.
Para justificar los movimientos se utilizaron contratos y facturas que la Fiscalía estadounidense considera falsos. Parte del dinero también fue entregado en efectivo y los participantes recurrieron a comunicaciones cifradas y palabras en clave.
Ese mecanismo para borrar el rastro de los sobornos quedó expuesto en el proceso judicial seguido en Estados Unidos contra Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol sentenciado este lunes 21 de septiembre por una trama internacional de corrupción y lavado de dinero que involucró a funcionarios de México y Ecuador.
La acusación contra Cazarín identifica cinco empresas mexicanas, pero mantiene reservadas sus razones sociales y las denomina simplemente como “Shell Company”, término que suele aplicarse a empresa “fantasma” o sin operaciones. Los documentos judiciales describen transferencias entre esas compañías y posteriores depósitos en cuentas utilizadas para beneficio de los funcionarios o sus familiares.
Para justificar los movimientos se utilizaron contratos y facturas que la Fiscalía estadounidense considera falsos. Parte del dinero también fue entregado en efectivo y los participantes recurrieron a comunicaciones cifradas y palabras en clave.
Ese mecanismo para borrar el rastro de los sobornos quedó expuesto en el proceso judicial seguido en Estados Unidos contra Javier Aguilar, exdirectivo de Vitol sentenciado este lunes 21 de septiembre por una trama internacional de corrupción y lavado de dinero que involucró a funcionarios de México y Ecuador.
En la acusación contra Javier Aguilar, ex funcionario de Vitol que ayer fue sentenciado, se aportan detalles de la trama de sobornos en la que intervino como intermediario el empresario Cazarín
Negociaban sobornos en clave por WhatsApp
Las comunicaciones incorporadas como evidencia al proceso permiten reconstruir cómo comenzó la negociación. En agosto de 2017, Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla, entonces funcionarios de PPI, intercambiaron mensajes de WhatsApp mientras discutían la entrega a Aguilar de información confidencial de Pemex. Los fiscales mostraron al jurado un mensaje en el que Espinosa preguntó a Guzmán: “Pero la caja registradora debería empezar a sonar a partir de ahora, ¿no?”.
Interrogado durante el juicio sobre el significado de aquella frase, Espinosa explicó que estaba diciendo a Guzmán que, si comenzaban a proporcionar a Aguilar información confidencial que los comprometía, éste tendría que empezar a pagarles de inmediato. Los mensajes mostrados al jurado incluían una conversación sobre la impresión de una presentación interna de Pemex para entregársela a Aguilar. La información proporcionada por los dos funcionarios permitió a Vitol conocer datos internos sobre los procesos de contratación en los que pretendía participar.
La negociación avanzó con un lenguaje en clave. Aguilar y sus colaboradores utilizaron cuentas de correo con identidades falsas y se referían a los sobornos con las palabras “zapatos”, “medicina”, “receta”, “invitaciones” y “café”, según consta en los documentos del Departamento de Justicia. En las conversaciones llegaron a llamar “gringo” a cada mil dólares y “dulces para la fiesta” al dinero que esperaban recibir
El expediente permite seguir algunas operaciones casi paso por paso. El 19 de diciembre de 2017, por ejemplo, Cazarín escribió a Guzmán mediante WhatsApp cifrado para preguntarle si lo esperaba con parte de la “medicina” o si debía enviarla por otra vía. Enseguida precisó las cantidades con otra clave: “Son 416 mexicanos. Alrededor de 21 gringos en la fiesta”, en referencia a las cantidades a pagar.
Luego, el 16 de marzo de 2018, los involucrados en la trama hicieron transferir aproximadamente 42 mil 695 dólares desde la cuenta en México de una de las empresas fantasma hacia una cuenta estadounidense controlada por Guzmán. Tres meses después, el 15 de junio, el funcionario de Pemex preguntó a Cazarín por WhatsApp si podía conseguir que le llevaran “unos cinco pares de zapatos”. El 11 de julio, Cazarín le informó que ya había sido enviada una “receta” y que, según le habían dicho, sería surtida en los siguientes días. Cinco días después volvió a escribirle: “La primera receta está lista” y agregó que estaría disponible después de las cuatro de la tarde.
El documento judicial refiere que los sobornos en los que intercedió Cazarín iniciaron en 2017, con el gobierno de Peña, y se extendieron hasta 2020, ya en el sexenio de AMLO.
El expediente registra enseguida movimientos bancarios. El 19 de julio de 2018 fueron transferidos aproximadamente 741 mil pesos entre dos cuentas mexicanas de empresas utilizadas en el esquema. Ese mismo día, salieron 37 mil dólares de una de esas cuentas hacia otra en Estados Unidos controlada para beneficio del otro funcionario de Pemex. La secuencia se repitió en octubre: el día 30 se transfirieron alrededor de 900 mil pesos entre dos de esas empresas y el 31 se realizaron otras dos operaciones por 642 mil 333 y 875 mil 647 pesos. Ese mismo día fueron enviados 76 mil dólares en dos tandas a los beneficiarios de los sobornos.
Uno de los documentos más reveladores apareció casi un año después. El 18 de octubre de 2019, Cazarín envió por WhatsApp a Guzmán un documento cifrado denominado “G.1050 invitations”, en el que aparecían cuatro cantidades que habían sido “distribuidas en México” y en Texas. Después le pidió revisar la distribución de las “invitaciones”, una de las palabras utilizadas para encubrir los sobornos.
Cazarín expandió su presencia como contratista en Veracruz, casi a la par de fungir como intermediario de sobornos entre Vitol y funcionarios de Pemex.
Obtuvo contratos a la par que negociaba sobornos
Casi a la par que fungía como intermediario de sobornos para funcionarios de Pemex, Christian Julián Cazarín Meza empezó a obtener millonarios contratos en el gobierno de Veracruz, durante la administración del morenista Cuitláhuac García.
Su empresa Constructora Terco obtuvo o participó en contratos de distintas dependencias estatales por más de 111 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales revisados para esta investigación. Entre las dependencias contratantes estuvieron la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Veracruzano de la Vivienda y los Servicios de Salud de Veracruz.
Los beneficios otorgados por el gobierno veracruzano continuaron incluso después de que Cazarín fue acusado penalmente en Estados Unidos. El 27 de junio de 2024, ocho meses después de que se abrió el proceso en su contra ante una corte federal de Nueva York, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz concedió a Constructora Terco una autorización condicionada para la recolección y transporte de residuos de manejo especial, con vigencia de doce meses.
El permiso, identificado como SEDEMA/TRME-CTE130624HB2-2023/0036, facultó a la compañía para recolectar y transportar, entre otros materiales, lodos de plantas de tratamiento, residuos de construcción y demolición, metales ferrosos y residuos generados por actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias.
Oficio dirigido a Cazarín en el que el gobierno de Cuitláhuac García le informa que se otorgó un permiso de transporte especializado a Constructora Terco.
