La caricatura de Paco Calderon para EL Norte acierta en lo esencial, aunque se quede corta en la metáfora: el problema no es que el narco haya “infiltrado” a Morena como quien mete humedad a una pared. La crítica que plantea es más brutal: una fusión de intereses, silencios, candidaturas impresentables y territorios donde la política dejó de combatir al crimen para aprender a convivir con él.
El INE ya decretó que a Morena no se le puede llamar “narcopartido”. Y, en un país donde las palabras incomodan más que las balas, la autoridad electoral se puso el uniforme de aduana semántica: no revisa el origen del dinero, no desmonta los pactos, no desarma las redes territoriales; pero sí inspecciona el vocabulario de quien se atreve a señalar el elefante armado en la sala.
Porque, claro, “narcopartido” suena feo. Mucho más feo que ver Diputados o Diputadas, alcaldes, candidatos, operadores y estructuras políticas coexistiendo con el crimen organizado como si se tratara de una alianza de desarrollo regional.
Mucho más escandaloso que las fotos, los testimonios, los levantones electorales, los municipios capturados y los pactos de facto que convierten al Estado en espectador —o socio pasivo— de la violencia.
La caricatura lo resume sin modales: no es que el narco haya infiltrado a Morena; es que en demasiados rincones del país la frontera entre poder político y poder criminal parece haber sido borrada con marcador guinda. No una infiltración quirúrgica, sino una fusión práctica: el narco pone control territorial, miedo y dinero; la política pone candidaturas, impunidad y discursos de “no exageren”.
Y entonces llega el INE a corregir el insulto, no la realidad. A ordenar que se borre la palabra, como si al censurar el rótulo desapareciera el cadáver político que deja el fenómeno. El problema, dice la burocracia electoral, no es la posible captura criminal de espacios públicos; el problema es que alguien la nombre con demasiada precisión.
Morena podrá exigir que no le digan “narcopartido”. Está en su derecho de litigar su reputación. Pero la reputación no se limpia con medidas cautelares ni con prohibiciones de seis palabras: se limpia con investigaciones serias, expulsiones reales, transparencia sobre candidaturas, ruptura verificable con operadores criminales y justicia para los territorios donde votar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Porque si no se puede decir “narcopartido”, habrá que decirlo de otra manera: un proyecto político que, en demasiados casos, parece caminar de la mano con la criminalidad mientras finge que no la conoce. Y eso no es calumnia gramatical. Es la cruda realidad que ninguna resolución puede bajar de las redes.
El INE no investigó la podredumbre: reguló el olor. Y mientras prohíben decir “narcopartido”, el país sigue preguntándose quién gobierna en los territorios donde la democracia llega escoltada por sicarios.
Con información: ELNORTE/PACO CALDERON/
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