“FUE por los TANATES de AMLO ?: LENGUA MALA de GENTE BUENA NARRA la ODISEA de ROCHA, NAHLE de INTERMEDIARIA y HARFUCH en MEDIO”…le redujeron la estatura de poder a la doctora.

El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y sin consultar a la presidenta Sheinbaum, provocó una implosión dentro del movimiento morenista. La rebeldía del ala más dura y radical de Morena, alineada en torno al expresidente, decidió ignorar a la doctora y orquestó la reinstalación del gobernador de Sinaloa, provocando en los hechos una fractura interna que hoy divide al movimiento obradorista entre los que están operando y obedeciendo a López Obrador y los que respaldan a Sheinbaum.

El rompimiento se da justo después de la cancelación de la visa de Andy López Beltrán, por parte del gobierno estadounidense, y de la presencia de Omar García Harfuch en la Cumbre de la DEA en Argentina, donde el hombre fuerte del gabinete presidencial fue elogiado y exaltado como un héroe y como “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos” por el director de la DEA, Terry Cole. 

El enojo que provocó en el expresidente López Obrador el acercamiento de García Harfuch y de la Presidenta que autorizó ese viaje con la agencia antidrogas estadounidense, sería la causa de la rebelión de los obradoristas más duros que hoy enfrenta la doctora.

Fuentes de Palacio Nacional confirmaron a esta columna que, tras enterarse del regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, la Presidenta intentó comunicarse con él en varias ocasiones, pero el reinstalado gobernador no le tomó la llamada. 

Y es que a la doctora la sorprendió la noticia del retorno de Rocha, tres horas y media después de que ella anunciara en sus redes sociales que ayer no estaría en su conferencia matutina por encontrarse enferma de gripa y tos, y porque los médicos le recomendaron descanso.

La ausencia momentánea de Sheinbaum y su aviso de enfermedad, habría sido aprovechado por el expresidente para operar la reinstalación del gobernador de Sinaloa, acusado de vínculos con el narcotráfico por parte del gobierno estadounidense, y sobre el que pesa una orden de detención con fines de extradición del gobierno de Donald Trump. 

La instrucción a Rocha Moya para que le mandara al Congreso de su estado la carta de terminación de su licencia y su intención de reincorporarse como gobernador, le fue comunicada por la gobernadora Rocío Nahle, que según las fuentes consultadas, está sirviendo como “enlace” del expresidente López Obrador.

Nahle lleva tiempo reuniéndose de manera subrepticia con López Obrador y funge como “enlace” para transmitir instrucciones del expresidente a los grupos de Morena que se alinean con él. Las fuentes consultadas hablan de varios encuentros entre la gobernadora de Veracruz y el exmandatario, y mencionan que hay un registro de las llamadas entre ella y Rocha Moya antes de que éste último se presentara a retomar su cargo en el Palacio de Gobierno de Culiacán.

Y en esta división que está surgiendo en la 4T, del lado de la Presidenta se ubicó ayer la dirigencia nacional de Morena que encabeza Ariadna Montiel y en la que juega un papel importante Citlali Hernández. El “deslinde” del CEN morenista de Rocha Moya y de su reinstalación en el poder, calificado en el comunicado del partido oficial como una “decisión personal” del mandatario sinaloense, deja ver claramente que Montiel y Citlali respaldan a la doctora Sheinbaum y rechazan la rebeldía en la que entró Rocha y otros grupos duros de Morena que se colocaron del lado de AMLO.

Porque antes de que la dirigencia de Morena saliera a deslindarse del regreso de Rocha, la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, también hizo un deslinde de esa acción y la calificó igual como una “decisión personal”, evidenciando que el gobierno de la República no tuvo nada que ver con el tema ni fue consultado al respecto.

Es decir, que en estos momentos la fractura en el movimiento obradorista ya está más que expuesta, y tiene que ver con que a López Obrador no le gustó que la Presidenta se acercara a la DEA e hiciera acuerdos con Estados Unidos a través de Omar García Harfuch, justo cuando a su hijo le quitaban la visa y lo colocaban en la lista de posibles investigados del gobierno de Trump. 

Lo que sigue es ver qué tan profunda se vuelve esa fractura y cómo se decantan los grupos, personajes y liderazgos de Morena y de la 4T, y quienes deciden apoyar a la presidenta Sheinbaum o quienes se ponen bajo las órdenes del expresidente.

En los hechos estamos acudiendo al rompimiento del Maximato político que mantenía López Obrador sujetando y condicionando las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al mismo tiempo ha enfrentado presiones cada vez más fuertes del gobierno de Trump. 

El dilema de la doctora en este momento, y como lo ha sido prácticamente en los casi dos años de su gobierno, es hacia dónde se mueve su gobierno: hacia Washington que le ofrece respaldo total a su administración si coopera con ellos y no interfiere en las investigaciones y extradiciones de personajes cercanos a Andrés Manuel, o hacia Palenque en donde le exigen obediencia y protección incondicional y que no pacte ni negocie con Trump y sus halcones.

Por lo pronto, a reserva de ver qué tanto se ahonda el rompimiento de la 4T y quién tiene realmente el control del movimiento y del gobierno federal, la reinstalación de Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Culiacán, suena mucho a la versión mexicana de aquel famoso “Vengan por mí que aquí los espero en el Palacio de Miraflores”. ¿Será que el engallado y rebelde Rocha termina como Maduro cuando los gringos fueron por él, abatido, secuestrado y en una cárcel estadounidense?

Se lanzaron los dados. La Serpiente Doble acecha.

Fuente.-SALVADOR GARCIA SOTO/ELUNIVERSAL+/

SON “OTRA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”: el REGRESO de ROCHA MOYA es la RADIOGRAFÍA BRUTAL del PODER que PERDIÓ TODO el PUDOR… y no es uno: son todos.

La impunidad no siempre se presenta con capucha, fusil o maletines repletos de efectivo. A veces llega perfumada de institucionalidad, arropada por comunicados oficiales y escoltada por la solemnidad de un partido que se proclama distinto mientras administra los mismos vicios —o peores— que juró combatir.

El regreso de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa, luego de un breve retiro obligado por señalamientos ligados al narcotráfico, no es un simple episodio de descoordinación política. 

Es una radiografía brutal de un poder que ha perdido pudor. Mientras el Gobierno presume capturas en la trama de huachicol fiscal, con marinos, empresarios y funcionarios de aduanas bajo investigación, una de sus figuras más incómodas vuelve a sentarse en la silla de gobernador como quien retorna de vacaciones.

La contradicción es obscena: se anuncia una cruzada contra la corrupción al mismo tiempo que se normaliza el regreso político de un mandatario investigado. Se exhiben esposados a operadores secundarios, mientras los personajes con capital político, redes de protección y vínculos de alto nivel parecen conservar el privilegio de la presunción no de inocencia, sino de intocabilidad.

Porque ése es el problema de fondo: no se trata solamente de individuos presuntamente involucrados en delitos. Se trata de una estructura política que ha aprendido a sobrevivir a los escándalos mediante una fórmula eficaz: negar, dilatar, desacreditar y cerrar filas. Cuando los señalamientos vienen de Estados Unidos, son injerencia. Cuando proceden de testimonios, son campañas negras. Cuando hay investigaciones, se pide esperar. Y cuando el sospechoso tiene peso electoral, vuelve al cargo envuelto en la retórica de la autonomía y la “decisión personal”.

La coartada del deslinde

Morena y el Gobierno federal pueden decir que se deslindan de Rocha Moya. Pero deslindarse mediante un boletín no equivale a combatir la impunidad. Un comunicado no sustituye una investigación transparente; una frase de distancia no reemplaza una suspensión del cargo, ni mucho menos una rendición de cuentas verificable.

El partido oficialista quiere vender la idea de que el retorno del gobernador fue una decisión individual. Pero nadie gobierna un estado como Sinaloa desde una burbuja personal. Nadie vuelve a una posición de poder en medio de acusaciones tan graves sin que ese regreso produzca efectos políticos, institucionales y criminales. Presentarlo como un asunto privado es, en el mejor de los casos, una evasión; en el peor, una forma de lavarse las manos sin soltar el poder.

La Marina y el agujero

El caso del huachicol fiscal desnudó una realidad que el obradorismo se resistió a reconocer: entregar funciones civiles, aduaneras y económicas a las Fuerzas Armadas no convirtió automáticamente al Estado en una maquinaria incorruptible. Simplemente desplazó controles, concentró poder y amplió las zonas de opacidad que incluye a gobernadores como Americo Villarreal de Tamaulipas,traficandolo abierta e impunemente.

La red que involucra a mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios no puede explicarse como la travesura aislada de unas cuantas manzanas podridas. Un contrabando de combustible que deja pérdidas multimillonarias al erario necesita permisos, omisiones, logística, protección y silencios. Es decir: necesita sistema.

Y cuando los testimonios alcanzan nombres de primer nivel, parentescos políticos y figuras centrales del sexenio anterior, la investigación deja de ser una operación anticorrupción y se convierte en una prueba de estrés para el régimen. La pregunta ya no es cuántos detenidos puede mostrar el Gobierno; la pregunta es hasta dónde está dispuesto a investigar cuando el hilo conduce hacia arriba.

El partido que acusa a todos

Morena nació prometiendo una ruptura moral con el viejo régimen. Hoy corre el riesgo de convertirse en su versión más eficaz: una organización con mayoría legislativa, control territorial, narrativa permanente y una capacidad extraordinaria para convertir cualquier cuestionamiento en complot.

No es una acusación menor, ni debe formularse a la ligera:cuando una organización política de tintes criminales protege sistemáticamente a sus cuadros, relativiza denuncias graves, desacredita a quien investiga y convierte el acceso al poder en blindaje frente a la justicia, empieza a comportarse menos como un partido democrático y más como una red de protección mutua.

El problema no es que existan políticos bajo sospecha; eso ocurre en cualquier democracia. El problema es que la sospecha parece tener dos velocidades: una rápida, implacable y televisable para los operadores sin poder; otra lenta, nebulosa y convenientemente burocrática para quienes pertenecen al círculo correcto.

La impunidad no consiste sólo en que no haya detenidos. También consiste en que los poderosos puedan seguir gobernando mientras se investiga su posible relación con delitos graves; en que los escándalos se administren como crisis de comunicación; en que la justicia llegue siempre tarde, selectiva y con una puntería que rara vez toca al corazón del poder.

Y así, entre conferencias canceladas, comunicados contradictorios y regresos políticos inexplicables, el oficialismo intenta sostener una ficción cada vez más difícil de defender: que combate la corrupción sin tocar a quienes podrían explicar cómo funcionó.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

“ROCHA REGRESA, la SANGRE NO se VA y su VIDA PELIGRA: los CHAPITOS se FORTALECEN bajo AMENAZA de la MAYIZA”… mala decisión del gobernador: va a volcar todo y a todos en su contra.

Rubén Rocha Moya volvió al Palacio de Gobierno como si Sinaloa fuera una oficina que se puede abandonar por “asuntos personales” y recuperar después de que pase el escándalo. Pero afuera no lo recibieron con flores ni aplausos: ciudadanos cubrieron las escalinatas con mantas rojas, un río de sangre simbólico para recordarle al gobernador que, aunque él regrese al escritorio, los muertos no regresan a sus casas.

“Rocha regresa, pero la sangre no se va”, decía una de las cartulinas. Y no es una consigna exagerada: es el resumen más preciso de un estado que se desangra mientras el poder intenta vender normalidad, legalidad y discursos de “firmeza”.

Rocha llegó al Gobierno de Sinaloa en 2021 bajo acusaciones de haber recibido ayuda del crimen organizado: amenazas, secuestros de operadores políticos y una elección marcada por el olor a pólvora. Ya instalado en el cargo, la violencia no disminuyó; se convirtió en paisaje. Y desde julio de 2024, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, el infierno terminó de abrirse.

Zambada acusó haber sido entregado por Joaquín Guzmán López después de ser citado a una supuesta reunión con Rocha Moya. En ese mismo episodio apareció el nombre de Héctor Melesio Cuén Ojeda, rival político del gobernador, asesinado aquel día. La Fiscalía estatal quiso vender el cuento de un asalto en una gasolinera; después, la FGR confirmó que el homicidio ocurrió en el lugar ligado a la traición de “El Mayo”. Otra vez, la versión oficial quedó embarrada de dudas, contradicciones y descrédito.

Mientras las facciones del Cártel de Sinaloa convierten al estado en un campo de batalla, la cifra de homicidios ya supera los 3 mil —cerca de 4 mil, de acuerdo con Noroeste— y deja un número similar de familias rotas. Son más de 4 mil desaprecidos y, en conjunto, más de 8 mil razones para que nadie acepte el regreso triunfal de un gobernador señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Porque siempre se puede estar peor

Y lo que viene puede ser todavía aun mas perjudicial para los gobernados. Rocha vuelve a un cargo que su propio partido parece tolerar con pinzas y que el gobierno federal observa como quien ve una bomba con el temporizador encendido. 

Morena podrá emitir deslindes, los gobernadores podrán fingir distancia y Palacio podrá administrar el daño, pero el mensaje ya está dado: el gobernador de Sinaloa quedó políticamente aislado.

Sin respaldo pleno, sin coordinación real y con un gobierno estatal bajo sospecha, la estrategia de seguridad no sólo se estanca: retrocede. Porque cuando el poder se fragmenta, las instituciones se paralizan y los políticos se pelean por salvar su pellejo, quienes sí tienen mando, armas y disciplina aprovechan el vacío.

Los Chapitos no necesitan una declaración oficial para fortalecerse; les basta con un Estado distraído, una clase política dividida y autoridades más ocupadas en deslindarse de Rocha que en recuperar el control de Sinaloa. En esa disputa, el gobernador intenta regresar al despacho, Morena intenta lavarse las manos y el crimen organizado vuelve a cobrar la factura.

La violencia no espera comunicados. Y en Sinaloa, cada ruptura política se traduce en una oportunidad para que los cárteles gobiernen donde el gobierno renunció a hacerlo.

Posdata: Rocha Moya no sólo regresa políticamente debilitado; vuelve marcado en medio de una guerra criminal que ya lo puso en la mira. En octubre de 2024, volantes atribuidos a La Mayiza llamaron a “derrocar” al gobierno y señalaron directamente al gobernador como aliado de Los Chapitos; la propia Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó entonces la distribución de esos panfletos, aunque advirtió que podía tratarse de una maniobra distractora.

Bajo esas condiciones, su vida está en peligro. No por una metáfora de columna política, sino porque un gobernador señalado por una facción criminal, aislado por su partido y enfrentado a una crisis de seguridad sin control deja de ser sólo un mandatario: se convierte en una pieza expuesta en el tablero de una guerra que no reconoce investiduras, discursos ni conferencias de prensa.

Con información: REFORMA/ MEDIOS/REDES

“¿CUÁL CARTA ?… es una NARCOMANTA: GOBERNADORES y GOBERNADORAS de MORENA ACUSAN la FALTA de OBEDIENCIA del JEFE de PLAZA de SINALOA”… una advertencia entre socios que ya no se reconocen.

Las gobernadoras y los gobernadores de la Cuarta Transformación, emulando las pugnas internas propias del crimen organizado, entraron ayer en conflicto y lanzaron un reproche público —casi una narcomanta— contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de nexos con su majestad el Cartel de Sinaloa, por su decisión de regresar al cargo tras haber solicitado licencia.

La carta de las y los gobernadores de la Cuarta Transformación no es ningun manifiesto por México: es un parte de guerra interno, el preludio de guerra interna entre bandos de la misma banda. 

Un documento de control de daños firmado por 23 mandatarios que, ante el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, decidieron hablar de “madurez”, “disciplina”, “cohesión” y “proyecto colectivo”. Es decir: el vocabulario exacto de una estructura política que teme haber perdido el mando sobre uno de sus jefes de plaza.

No dicen “Sinaloa merece explicaciones”. No exigen transparencia plena sobre las acusaciones formuladas en Estados Unidos. No piden que Rocha se separe del poder para que la investigación no quede bajo sospecha. Tampoco hablan de las víctimas, de la violencia, de la infiltración criminal que acusa EE.UU, ni de la obligación elemental de un gobernante: rendir cuentas ante la ciudadanía.

Hablan de algo más urgente para ellos: la obediencia.

Rocha volvió al cargo después de 112 días de licencia, mientras enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por vínculos con el Cártel de Sinaloa; él los niega y sostiene que la FGR no encontró elementos para imputarle un delito. 

Pero el hecho político central es otro: regresó sin la venia pública del partido, sin que Morena fuera informado —según su propia dirigencia— y bajo la explicación de Gobernación de que fue una “decisión personal”. 

El lenguaje del regaño mafioso

La misiva tiene la delicadeza de una advertencia entre socios que ya no se reconocen como tales.

Cuando los gobernadores, entre ellos muchos otros acusados también por EE.UU,entre ellos Americo Villarreal,Marina del Pilar o Alfonso Durazo, escriben que “las decisiones individuales jamás estarán por encima del proyecto colectivo”, no están defendiendo la democracia: están recordando quién manda. 

Cuando descalifican las “decisiones de facción”, los “proyectos personales” y las “determinaciones unilaterales”, no describen una preocupación institucional; describen una disputa por el control de la franquicia política.

Es la lógica de una organización vertical: mientras el subordinado siga alineado, se le llama compañero; cuando actúa por cuenta propia, se convierte en un problema de “disciplina”. La palabra “México” aparece como escenografía. La presidenta aparece como destinataria real.

El documento no construye un alegato de legalidad contra Rocha. Le construye una cerca política a Claudia Sheinbaum. La frase más reveladora no es el supuesto compromiso con la democracia ni la evocación juarista de que “por encima de la ley, nadie”. Es el “respaldo absoluto y categórico” a la Presidenta. Ahí está el corazón de la carta: no la República, no Sinaloa, no el ciudadano; el cierre de filas alrededor del mando central. 

De la ley como lema

La ironía es brutal. Los firmantes terminan invocando a Juárez: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Pero no plantean una sola exigencia concreta para que esa máxima se cumpla.

Si de verdad creyeran en esa frase, habrían pedido, al menos:

• Que Rocha transparentara el expediente, los alcances de la indagatoria mexicana y su situación frente a la acusación estadounidense.
• Que evitara volver al control político y administrativo de Sinaloa mientras persisten cuestionamientos tan graves.
• Que la FGR explicara públicamente qué investigó, bajo qué criterios y por qué concluyó que no había elementos suficientes.
• Que el Gobierno federal aclarara si su retorno fue legalmente procedente, políticamente tolerado o simplemente inevitable.

En cambio, el desplegado ofrece una cosa muy distinta: disciplina sin rendición de cuentas; unidad sin explicación; legalidad declamada, pero no exigida.

El problema no es Rocha solamente

Rocha Moya es el síntoma visible de un problema mayor. Su retorno exhibe que la 4T no opera como una comunidad de principios, sino como una red de poderes territoriales que se mantiene unida mientras las instrucciones fluyen de arriba hacia abajo y los intereses locales no desafían al centro.

La carta confirma que la cohesión ya no se da por convicción, sino por necesidad. El lenguaje de “división”, “personalismo” y “facción” revela una grieta: alguien se movió sin permiso y obligó al resto a fijar posición. No es una rebelión democrática; es una disputa de mando dentro de una maquinaria política que, cuando se siente amenazada, confunde la unidad nacional con la obediencia a su jefatura.

Y ahí reside el fondo del asunto: los gobernadores no salieron a defender a México de la opacidad, de la sospecha criminal o del uso faccioso del poder. Salieron a defender el orden interno de su organización.

Porque para esta clase política, el mayor escándalo no parece ser que un gobernador señalado por autoridades de Estados Unidos vuelva al cargo. El mayor escándalo es que haya vuelto sin pedir permiso. 

Con información: ELNORTE/