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martes, 23 de junio de 2026

«FACIL con la…IZQUIERDA ?: JOVENAZO YA sabe como SACAR a MORENA del PODER al ESTILO COLOMBIANO»…y no anda tan errado.


Colombia ya hizo lo que muchos en México siguen discutiendo en sobremesas eternas: sacó a la izquierda del poder. Y no fue magia, fue método. Nada de iluminados ni golpes de suerte. Un abogado sin carrera política —Abelardo de la Espriella— le ganó al aparato de Petro. ¿La clave? Entender el juego mejor que los que llevaban años jugándolo y Luis Arturo Herrera nos lo explica desde las redes.

Y sí, hay lecciones incómodas para México.

Primero: deja de disparar a todo y apunta a una sola herida. En Colombia fue la seguridad. Petro vendió “paz total” y entregó un país con decenas de miles de muertos. En México ni siquiera hay que buscarle: homicidios desbordados, extorsión como industria y más de 130 mil desaparecidos. El problema no es que falte munición, es que la oposición dispara al aire.

Segundo: menos gritos, más expedientes. Aquí se acusa con adjetivos, allá se documentó con contratos, nombres, fechas y montos. No es “son corruptos”, es “aquí está cómo, cuándo y cuánto”. La diferencia entre el meme y el caso judicial.

Tercero: deja de reciclar cadáveres políticos. Los partidos tradicionales ya fueron derrotados y siguen actuando como si no se hubieran enterado. En Colombia ganó alguien que no olía a político. No tenía pasado que defender ni facturas que pagar. En México, la pregunta incómoda es: ¿quién cumple ese perfil sin estar ya contaminado?

Cuarto: el poder ya no está en el noticiero, está en el algoritmo. Mientras unos siguen mendigando minutos en televisión, otros están ganando elecciones en TikTok. Mensaje directo, sin intermediarios, hablando con quienes van a pagar la cuenta: los jóvenes. En México, esos mismos jóvenes heredarán una deuda gigantesca y un sistema que no diseñaron, pero nadie les habla en su idioma.

Quinto: el hartazgo no basta, hay que convertirlo en identidad. La oposición cree que ganar es presentar un PDF de 80 páginas que nadie va a leer. Error. En Colombia, el mensaje cabía en tres páginas… y en una camiseta. Sí, una camiseta de la selección convertida en símbolo, en uniforme, en bandera. Cuando intentaron prohibirla, la volvieron aún más poderosa. Así se construye narrativa, no con PowerPoints.

Y sexto —porque esto no es academia, es política real—: simplifica. Stickers, lemas cortos, símbolos reconocibles. Que la gente no solo entienda el mensaje, sino que lo pueda portar, repetir y defender. No necesitas un tratado, necesitas algo que se grite.

El punto es incómodo pero evidente: en México sobran razones para sacar a Morena del poder. Lo que falta no es indignación, es método. Y mientras sigan creyendo que la política se gana con nostalgia, conferencias y egos, el resultado va a ser el mismo.

Con información: Redes/

«TRADUCIDO SIN CORBATA a RAS de CALLE: HACIENDA CAMBIA DEUDAS INCOMODAS por OTRAS MAS LLEVADERAS»…con vencimientos al infinito y mas alla.


La Secretaría de Hacienda básicamente salió al mercado internacional con la charola en la mano, pero no para pedir prestado “más”, sino para cambiar deudas incómodas por otras más llevaderas.

¿Qué hizo? Emitió un bono a 11 años: es como decir “préstenme hoy y les pago hasta 2037”, ofreciendo un interés de 6.25% para que suene atractivo. Además, reabrió otro pagaré todavía más largo (hasta 2056) con 6.75%. En total, levantaron unos 6,300 millones de dólares.

Ahora, lo importante: ese dinero no es para gastarlo en obras ni programas nuevos. Es para apagar deudas que ya venían encima, esas que vencen pronto (2027, 2028 y parte de 2029). Es el clásico movimiento de “pido una tarjeta nueva para liquidar la vieja antes de que me ahorque”.

Hacienda presume que esto no es más deuda. Técnicamente tienen razón… pero en la práctica sí es deuda reciclada: cambian pagos inmediatos por pagos más lejanos. Traducido: patean el balón hacia adelante para que no explote en los próximos tres años.

¿La buena? Se quitan presión a corto plazo y ordenan el calendario de pagos. ¿La realidad? Siguen debiendo, solo que con más tiempo para respirar.

El dato que sí presume músculo: hubo más interesados que dinero ofrecido (más de tres veces la demanda). Eso significa que, por ahora, los inversionistas todavía le creen a México y le prestan sin hacer demasiado drama.

En resumen: Hacienda no está dejando de deber… está refinanciando para no ahogarse pronto y ganar tiempo.

Con informacion: ELNORTE/

«CARMEN VIVIO para CONTARLO: FUE PLAGIADA y luego CONVERTIDA en ESCLAVA DOMESTICA por los ZETAS»…esta es su historia.


A finales de febrero de 2011, Daniel se fue por delante con lo poco que llevaba en el bolsillo. Cuando le ofreció a Carmen irse a vivir con él a Saltillo, Coahuila, porque le habían dado trabajo en una carnicería nueva, ella apenas había cumplido los veintiún años. Aun así ella aceptó de inmediato. Todo parecía mejor que quedarse a vivir en su natal Tlaxcala. Además eran novios desde hacía un año y la verdad es que estaban enamorados.

Carmen, como la llamaremos para proteger su identidad, buscó a su madre en la Ciudad de México para pedirle prestado lo del boleto del camión. Pero su mamá tampoco tenía dinero, así que tuvo que empeñar un viejo anillo. El 12 de marzo de 2011 tomó el autobús con rumbo al norte de México. La central de autobuses la recibió con olor a orines y café quemado. Las luces blancas tiritaban sobre las cabezas cansadas, y el piso de mosaico estaba manchado de años de pisadas y chicles aplastados. Un poco asustada, caminó hacia un teléfono público y llamó a Daniel para avisarle que ya había llegado.

Su novio le dijo que estaba trabajando en ese momento, que no podía ir, pero que una muchacha pasaría por ella. A Carmen le pareció raro, aunque pensó que tal vez así eran las cosas en el norte. La muchacha la llevó a su casa y ahí la tuvo quince días. La trató bien, no le dejaba hacer nada. Hasta que un domingo por la mañana Daniel se apareció por fin, venía acompañado de un hombre, y le dijo que ahora sí podrían irse a la casa donde vivirían.

Llegaron a una casona beige de zaguán negro, de dos pisos con dos recámaras abajo y tres arriba. Pero no estaban solos: en cuanto cruzó la puerta se dio cuenta de que había hombres armados. Entonces Daniel le confesó la verdad, que a él se lo habían llevado con engaños: el patrón de la carnicería lo había entregado, y desde que pisó Saltillo lo tenían como empleado doméstico del cártel de Los Zetas, una de las organizaciones delictivas más crueles de todos los tiempos. Y ahora ella también lo sería. “De esta casa no vas a salir nunca”, le advirtió uno de ellos.

Esta es la historia de Carmen, que terminó cautiva de un cártel que no sólo decapitaba rivales en plazas públicas, también mantenía como esclavas domésticas a mujeres del interior del país, secuestradas y llevadas de casa en casa de seguridad. Su caso está dentro de la causa penal 36/2011, una sentencia dictada en Saltillo, uno de los pocos expedientes en que la justicia mexicana ha llevado a juicio la trata de personas con fines de esclavitud cometida por Los Zetas.

La convirtieron en servidumbre de Los Zetas

Después días en Coahuila, Carmen se percató que cayó en una trama del cártel más sanguinario que ha operado en el país 

Carmen recuerda a dos hombres en particular. Uno tenía un tatuaje de dragón y una corona de espinas con los nombres de dos mujeres. El otro tenía la cara cortada cerca de la boca, algo así como el Guasón. Fueron ellos, dos de los más despiadados, los que la recibieron aquel día de marzo. “¡Ponte a limpiar la casa!”, le gritaban.

Dice que hasta los Zetas más jóvenes la trataban como esclava. Uno de esos primeros días, un chavito de unos dieciocho años la agarró de las greñas para que no intentara escaparse: con una mano la traía arrastrando del cabello y con la otra sostenía su metralleta. “Me dijo que jamás iba a salir de esa casa”.

Eran servidumbre que trabajaban todos los días sin paga y entre el trabajo esclavo que realizaban estaba la limpieza, la preparación de alimentos y el lavado de coches, además de obedecer cualquier orden. Carmen limpiaba las casas de seguridad o los “puntos”, como les llamaban. También guisaba para los grupos de muchachos que iban llegando, los recién reclutados. Cuando la limpieza no les gustaba, los tableaban como castigo.

Dice que El Cuñado, como le decían a uno de los jefes de la casa, también le ordenaba a su pareja que limpiara las armas, cuando llegaban las “estacas”, las células operativas al regreso “de la guerra”. En total vivían ahí doce personas. En abril se la llevaron vendada de los ojos y esposada a otra casa, donde estuvo cerca de un mes, y luego a otro punto en una colonia distinta. Ahí un muchacho la cuidaba las veinticuatro horas del día, y a su esposo prácticamente ya no lo veía.

Aunque guisaba el día entero, hubo veces en que la tuvieron hasta ocho días encerrada sin dejarla comer. En una de esas casas, una vecina la vio flaca y le pasó algo de alimento. Cuando los jefes se enteraron de que Carmen había ido a pedir comida a la casa de al lado, hubo represalias. Llegó el que decían era el jefe de la plaza, con el muchacho de la boca cortada, y trajeron también a Daniel para reclamarle de que su mujer había salido a buscar comida. El castigo fue obligar a la propia vecina a hacerla de vigilante.

El 7 de junio de 2011 mandaron traer a Carmen a las tres de la mañana. La llevaron con un hombre que estaba furioso porque ella, sin querer, había andado repitiendo su apodo. El tipo se sentó como en el quinto escalón de la escalera y le ordenó a Daniel que se bajara los pantalones para enseñarle a Carmen las nalgas, para que viera los tablazos que le habían dado. Daniel estaba lleno de moretones. Luego el sujeto jaló el gatillo de una pistola al aire, le preguntó al chico si se creía de muchos huevos, y a ella le dijo que si los militares llegaban al punto la iba a matar. Que al cabo no serían los primeros ni los últimos esclavos domésticos que mataba.

Finalmente pudo escapar el 9 de junio por un descuido del cártel: iba con la vecina a un mandado. Aceleraron y llegaron hasta una gasolinera donde se escondieron, después llegaron al Hotel La Torre, en Saltillo, donde le pidieron permiso al vigilante para meterse. Sin saberlo, unos tres, cuatro minutos después aparecieron los soldados. Ahora sabe que, si no hubieran escapado, ese día estarían muertos, porque uno de los jefes ya le había hablado por teléfono a la hija de la vecina avisando que iban por ellas.

Una segunda mujer secuestrada por Los Zetas

A los hombres los detuvo la Marina cinco días más tarde, el martes 14 de junio de 2011, alrededor de las cinco de la tarde. Llegaron guiados por lo que Carmen había declarado tras escapar: una casa de dos pisos, color verde olivo, cerca de una escuela en construcción. Dos infantes de Marina, Ricardo Tapia Ramos y Víctor Manuel Berber Reyes, vieron salir a un hombre con uniforme camuflajeado tipo jungla y gorra negra con el logotipo de los Zetas, cargando un fusil al hombro.

Al verlos, el sujeto corrió hacia adentro; lo persiguieron hasta la sala, donde había otros dos hombres vestidos igual, cada uno con un fusil entre las piernas: dos AR-15 calibre 5.56 y un AK-47. Al revisarlos les encontraron dos pistolas escuadra, una nueve milímetros y una .45, cargadores abastecidos y una granada de fragmentación, que había descrito Carmen. También tres juegos de llaves de vehículos estacionados afuera y seis teléfonos celulares sobre una mesa del centro. Y ahí empezó lo otro. 

Uno de los detenidos, buscando que lo soltaran, les dijo a los marinos que en la misma colonia tenían otra casa de seguridad, con uniformes guardados y “una mujer secuestrada”. Los infantes se trasladaron hacia las seis y veinte de la tarde. La casa parecía vacía, pero al tocar y gritar que eran de la Armada escucharon una voz de mujer pidiendo ayuda desde un cuarto del fondo, cerrado con llave. Forzaron la puerta y la sacaron.

Era una joven que había llegado a Saltillo apenas el 9 de junio (el mismo día en que Carmen escapaba), sola, desde Monterrey, huyendo de una expareja que la hostigaba. Trabajaba como edecán y promotora y su último empleo había sido de demostradora para una marca de alimentos. Buscaba trabajo. En una taquería se le acercó una mujer de unos 45 o cincuenta años, que dijo llamarse Lourdes, y le ofreció ayuda para conseguir empleo y hospedaje en su casa para no gastar en hotel. La joven confió. La casa era de esa mujer; ahí estaban sus hijos, fumando mariguana, que al verla entrar le preguntaron a su madre “ese regalito para quién era”.

La encerraron, le quitaron el teléfono y la bolsa, y un hombre armado le dijo que ahí se hacía lo que él ordenara y que no iba a salir. Cuando insistió en irse, la mujer le contestó que no era tan fácil, que si se iba la mataban. La Marina la encontró cinco días después. Iba a ser la próxima empleada doméstica del cartel.

La sentencia llegó 12 años después de la captura

En el expediente pueden leerse los careos entre las dos jóvenes con sus captores. De frente soltó lo que le hicieron y agregó que llevaba “tres años y medio aguantando el daño psicológico” de las agresiones físicas y psicológicas. Soñaba con frecuencia con sus captores y con los maltratos, y en ocasiones se orinaba dormida por esas pesadillas. Uno de los dos Zetas detenidos le respondió cínicamente que a él lo había perjudicado el tiempo que llevaba preso.

La sentencia llegó 12 años después de la captura, el 30 de noviembre de 2023. El juzgado halló a los tres hombres plenamente responsables de cinco delitos: delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso reservado y trata de personas. A cada uno le impuso, sumadas las penas, cuarenta y un años de prisión y una multa de 2 mil 850 días, equivalente a 161 mil 595 pesos. El desglose: veinticinco años por el secuestro, seis por la trata, seis por los delitos de armas y cuatro por delincuencia organizada.

El tribunal también los condenó a reparar el daño a las dos mujeres, indemnización material y moral, incluido el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que necesiten. Un hecho único.

Con informacion: MILENIO/OSCAR BALDERAS

«HAY SESGO de FORMA y FONDO: GOBERNADORA INDEBIDAMENTE FIRMÓ DECRETO para PENSIÓN DORADA de JEFE de POLICÍA CHAPITO… y el documento es una dorada de píldora.


El decreto de pensión no es “un acto de bondad” sino un uso discrecional del poder público que, leído con rigor jurídico, abre varios frentes de sesgo y de posible violación de forma y de fondo, sobre todo si se contrasta con la situación penal y de inteligencia que rodea a Alberto Jorge Contreras Núñez en Estados Unidos.

1. Qué dice, en esencia, el decreto

  • Es una iniciativa de decreto enviada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde al Congreso de Sinaloa para otorgar pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, Comisario General de la Policía de Investigación de la FGE.
  • Se fundamenta en múltiples artículos de la Constitución local, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Fiscalía y los Lineamientos de Pensiones del Personal Policial.
  • En el “Artículo primero” se propone concederle una pensión mensual de 67,477.75 pesos “por retiro anticipado”, reconociendo que habría acreditado su derecho con las “probanza(s) necesarias”.
  • El “Artículo segundo” ordena modificar Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 para incorporar la nueva obligación de pago; el transitorio ordena entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

Hasta donde la información pública lo indica, el Congreso solo ha dado primera lectura y mantiene el proyecto en análisis, es decir, aún no hay aprobación definitiva.

2. Posibles vicios de forma

a) Uso inflacionario de fundamentos legales

El encabezado cita una cascada de artículos y fracciones, muchos de ellos redundantes o no directamente vinculados al acto específico (pensión individual), lo que sugiere una estrategia de blindaje político más que una técnica legislativa depurada.

  • Un decreto de pensión individual, por su naturaleza de acto concreto y no normativo general, no requiere recurrir a tantos preceptos dispersos de seguridad pública y Fiscalía, sino al régimen de seguridad social aplicable a policías y al procedimiento interno de la FGE y del Ejecutivo.
  • El “exceso de fundamento” puede leerse como un intento de aparentar exhaustividad para encubrir un propósito material distinto: favorecer a un funcionario con serios señalamientos de colusión con el crimen organizado.

Desde la dogmática administrativa, cuando el cúmulo de fundamentos no guarda relación clara y necesaria con el contenido del acto, se configura un vicio de motivación por insuficiencia o incongruencia: se cita mucho, pero no se explica por qué esos artículos conducen al resultado concreto de 67 mil pesos mensuales.

b) Falta de motivación individualizada y test de proporcionalidad

En el “Considerando” se afirma que Contreras Núñez “ha acreditado debidamente su derecho” mediante las probanzas necesarias, pero:

  • No se detalla cuáles son esas probanzas, ni su fecha, ni los dictámenes internos de la Comisión de Pensiones o del órgano técnico de la FGE.
  • No se ofrece una sola línea de motivación individualizada que justifique el monto concreto de 67,477.75 pesos frente al resto de policías en condiciones similares, ni se practica un mínimo test de proporcionalidad respecto del impacto presupuestal.

En términos de derecho administrativo mexicano, la motivación genérica (“acreditó su derecho”) sin exposición de los hechos específicos, tiempos de servicio, tabulador aplicable y razones para romper la regla general de retiro ordinario podría considerarse un vicio de forma por violación a los principios de legalidad y debida fundamentación.

c) Posible invasión del ámbito reglado de la seguridad social

El otorgamiento de prestaciones de seguridad social (pensiones, jubilaciones) suele estar sujeto a reglas generales y procedimientos reglados, no a decisiones ad hoc del Congreso para un solo individuo.

El hecho de que se acuda a un decreto individualizado para otorgar una pensión que, en teoría, debería tramitarse ante el órgano de pensiones correspondiente, sugiere una desviación del cauce ordinario y potencial violación al principio de igualdad frente a otros servidores públicos que no pasan por el Congreso para acceder a beneficios.

Si se llegara a demostrar que otros agentes en condiciones similares no reciben trato equivalente, la forma escogida (decreto legislativo individual) se vuelve un vehículo de privilegio y, por tanto, cuestionable incluso en sede de control constitucional local.

3. Posibles vicios de fondo: desviación de poder y parcialidad

a) Contexto penal y de inteligencia

La controversia no se explica sin el contexto:

Diversas notas señalan que autoridades de Estados Unidos vinculan a Alberto Jorge Contreras Núñez con protección a “Los Chapitos” o con “nexos con el narco”, y que habría sido requerido por la FGR para declarar en calidad de testigo.

El propio enfoque mediático subraya que, mientras enfrenta señalamientos y la presión de la cooperación bilateral en materia de seguridad, el Gobierno de Sinaloa promueve para él una pensión de lujo.

En este marco, el decreto adquiere un tono de blindaje político-económico más que de simple reconocimiento laboral. Desde la dogmática de control de la discrecionalidad, la combinación de:

  1. Contexto de posibles investigaciones por nexos con el crimen.
  2. Beneficio económico extraordinario individual.
  3. Trámite acelerado y de alto rango normativo.

Permite sostener la hipótesis de desviación de poder: la autoridad ejercita una competencia formalmente válida (proponer pensiones, enviar iniciativas) pero con un fin distinto al interés público, favoreciendo a un actor clave con información sensible y vínculos políticos.

b) Riesgo de encubrimiento institucional

Al pensionar anticipadamente a un mando policial señalado en investigaciones internacionales, el Estado local genera efectos jurídicos que pueden interpretarse como encubrimiento:

  • Se le retira del servicio activo con una posición económica holgada, reduciendo los incentivos para colaborar con investigaciones y, a la vez, enviando un mensaje de respaldo institucional frente a los señalamientos externos.
  • La pensión con modificación de presupuesto 2026 lo transforma en acreedor del Estado, incluso si en el futuro se robustecen las acusaciones o se judicializa el caso.

En lenguaje jurídico-penal, el problema no es solo moral; podría explorar‑se como:

  • Posible encubrimiento desde el aparato estatal, en la medida en que la decisión tiene efectos de favorecer a una persona señalada por delitos graves, alterando su situación patrimonial y su disposición frente a la justicia.
  • Uso de recursos públicos en beneficio de un presunto colaborador de organización criminal, lo que, al menos en el plano político, raya en un conflicto con la obligación de cooperación internacional contra el narcotráfico.

c) Choque con principios de cooperación internacional en seguridad

El contexto de cooperación México–Estados Unidos contra organizaciones como el Cártel de Sinaloa impone al Estado mexicano un estándar reforzado de diligencia y coherencia institucional.

  • Mientras agencias estadounidenses lo señalan y lo buscan por vínculos con el narco, el gobierno local no solo no inicia un procedimiento disciplinario, sino que promueve para él un retiro cómodo, con recursos públicos y velo formal de legalidad.
  • Esa disonancia puede interpretarse, en clave de derecho internacional “blando”, como un acto de hostilidad institucional frente a la cooperación bilateral, o como un mensaje de alineamiento político con el actor investigado, más que con los compromisos de seguridad.

En una eventual revisión de responsabilidades administrativas o políticas, esa contradicción podría argumentarse como violación al deber de cuidado reforzado en materia de combate al crimen organizado transnacional.

4. El sesgo pro–socio criminal en la estructura del decreto

a) Lenguaje de reconocimiento, no de prudencia

El decreto no menciona en ningún punto:

  • Que exista alguna investigación abierta, ya sea en México o en el extranjero.
  • Que se hayan ponderado los señalamientos internacionales como factor de prudencia para diferir o condicionar la pensión.

En cambio, utiliza fórmulas de reconocimiento (“ha acreditado debidamente su derecho”, “se estima procedente otorgar”) que, en el contexto, operan como certificaciones políticas de honorabilidad.

Para efectos de narrativa jurídica, eso permite sostener que el Estado de Sinaloa está tomando partido: desoye el ruido penal y, en cambio, convalida y premia la trayectoria del funcionario, enviando un mensaje de confianza y solidaridad hacia alguien señalado por un socio estratégico (Estados Unidos) como partícipe o protector de un grupo criminal.

b) Diseño presupuestal a la medida

La necesidad de modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 para cubrir una pensión individual es reveladora:

  • No se trata de una pensión que “cae” dentro del marco presupuestal ordinario; hay que ajustar la norma financiera para hacerle espacio.[
  • Esa ingeniería presupuestal minuciosa, desplegada para un solo beneficiario, resalta el contraste con la precariedad típica de pensiones de policías rasos y con la falta de ajustes similares cuando se trata de víctimas, viudas o elementos caídos.

En términos de análisis institucional, esto exhibe un sesgo selectivo: el aparato del Estado se dobla, legisla y reordena sus finanzas para blindar a un cuadro clave, mientras la mayoría de servidores públicos no tiene ese lujo.

c) Pensión dorada como mecanismo de silencio

No hay que perder de vista la lógica de incentivos:

  • Un ex mando policial con información sensible recibe una renta mensual de por vida a cambio de salir del foco y no generar ruido dentro de la estructura.
  • Al etiquetar esa renta como “pensión por retiro anticipado”, el mensaje implícito es: “no estás siendo castigado ni investigado, estás siendo recompensado por tu servicio”.

Desde la teoría de la corrupción sistémica, la pensión funciona como mecanismo de contención de riesgos: se compra estabilidad y silencio con recursos públicos, institucionalizando la complicidad. La forma es jurídica; el fondo, político-criminal.

La desviación de conducta de la gobernador se puede estructurar sobre tres ejes:

  • Violaciones de forma:
    • Motivación genérica y no individualizada.
    • Uso inflacionario de fundamentos que no se explican.
    • Desviación del cauce ordinario de pensiones hacia un decreto legislativo individual.
  • Violaciones de fondo:
    • Desviación de poder: competencia ejercida para un fin distinto al interés general, en beneficio de un actor señalado por nexos criminales.
    • Posible encubrimiento institucional al blindar económicamente a una persona bajo sospecha.
    • Tensiones con la cooperación internacional en materia de seguridad.
  • Sesgo político-criminal:
    • Estado que premia a quien es incómodo para un socio estratégico, aun a costa de romper la regla de igualdad entre servidores públicos.
    • Modificación del presupuesto para sostener el privilegio.
    • Pensión dorada como instrumento para asegurar lealtades y silencios.

Aquí hay que subrayar que el problema no es que un policía con años de servicio aspire a una pensión, sino que el Estado decide blindar, con todos sus resortes normativos, justamente a aquel cuyo nombre aparece en expedientes y alertas de seguridad internacional.

Con información: RIO DOCE/

«DIPUTADO VERBODIARREICO presume a ULISES y MESURA PRESIDENCIAL TRAS ACUSACIONES de TRUMP que CARTELES CONTROLAN MEXICO»… pero ella no sabe con qué se come eso.


Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en la Cumbre del G7 que los cárteles controlan totalmente México, señalara que la presidenta Claudia Sheinbaum “está muy asustada” y advirtiera que su país podría tomar acciones directas en territorio mexicano si no se frena el tráfico terrestre, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, habló en su más reciente colaboración en El Universal sobre la supuesta “mesura” de la mandataria: un concepto que, en los hechos, ni conoce ni practica.

Segun una fábula citada por el legislador verbodiarreico, la presidenta encarna la “mesura” del héroe homérico que se amarra para no sucumbir al canto de las sirenas. Bonito recurso literario, si no fuera porque la realidad reciente lo desmiente sin esfuerzo: hace apenas unos días la escuchamos en el Zócalo gritarle a Estados Unidos,asi que “no conoce la mesura”. Curiosa definición de serenidad: la que se proclama a gritos.

El problema no es citar a Ulises, sino usarlo como coartada. Monreal pretende instalar la idea de que cualquier crítica externa es una “provocación electoral” y que toda respuesta del gobierno, por estridente que sea, debe leerse como “contención estratégica”. Es un truco viejo: redefinir los hechos para que encajen en el relato. Si el discurso sube de tono, no es exabrupto, es “firmeza sin estridencias”. Si hay confrontación, no es pleito, es “dignidad institucional”. Cambiarle el nombre a las cosas no cambia lo que son.

También hay una omisión deliberada: la mesura no se mide en comunicados bien escritos ni en columnas autocomplacientes, sino en la conducta consistente del poder. Y ahí es donde la narrativa se cae. No puedes pedirle al público que compre la imagen de prudencia quirúrgica mientras el discurso político interno vive de la polarización, la descalificación y el señalamiento constante. No hay Ulises que resista esa contradicción.

El pasaje del G7 que menciona Monreal sirve más para propaganda que para análisis. Sí, en Estados Unidos hay retórica electoral que usa a México como piñata. Eso no es nuevo ni controversial. Lo cuestionable es convertir esa realidad en un escudo automático para evitar cualquier evaluación crítica de la política propia. Porque entonces todo se vuelve excusa externa y nunca responsabilidad interna.

Luego viene el argumento recurrente: el narcotráfico es binacional. Cierto. Pero usar esa verdad como comodín para diluir responsabilidades tampoco es serio. Que el problema sea compartido no significa que la gestión local esté exenta de escrutinio. Y mucho menos convierte en “simplista” cualquier señalamiento sobre la violencia o el control territorial. Simplista es reducir la crítica a propaganda extranjera.

El texto remata con una oda a la “mesura” como si fuera una virtud indiscutible en sí misma. Pero la mesura no es un valor absoluto; depende del contexto. Hay momentos donde la prudencia es inteligencia, y otros donde es cálculo político o simple narrativa para encubrir inconsistencias. Aquí parece más lo segundo.

En el fondo, la columna de Monreal no defiende una estrategia de política exterior: defiende una imagen. Y la defiende con metáforas épicas, citas de medios internacionales y una dosis generosa de eufemismos. Pero la realidad es más terca que la retórica: no hay serenidad creíble cuando el tono cambia según el escenario, ni hay liderazgo “mesurado” que necesite explicarse a través de analogías literarias para sostenerse.

Ulises se ató para no ceder al canto de las sirenas. Aquí, en cambio, parece que el amarre es discursivo: todo debe sonar a mesura, aunque no lo sea.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/

«DESTIERRO,ENCIERRO o ENTIERRO: MEXICO REPLICA MODELO CENTROAMERICANO de NARCOREPRESION Vs PERIODISTAS»…si uno no te pega, el otro te demanda y el tercero archiva tu muerte “por falta de pruebas”.


El periodismo en México ya no es oficio: es un deporte extremo sin seguro de vida, con el Estado de referee vendido y el crimen organizado de patrocinador oficial. Ser reportero hoy es como entrar a la jaula con tres bestias al mismo tiempo: gobierno, narco y jueces; si uno no te pega, el otro te demanda y el tercero archiva tu muerte “por falta de pruebas”.

Del oficio al tiro al blanco

En Centroamérica ya sabían cómo se hace: primero difamas al periodista, luego le cierras el medio, después le inventas delitos y, si insiste, lo mandas al exilio o al panteón. Ese “modelo” que antes veíamos con distancia ya se exportó a México como paquete completo: descrédito desde el poder, asfixia económica y persecución judicial con toga y mazo patrios.

En este país, cubrir una nota ya es llenar tu propio formato de defunción anticipada: México se ha colocado entre los primeros lugares mundiales en asesinatos de periodistas, con cifras que se repiten año tras año como si fueran medallero olímpico. Y mientras las balas hacen su trabajo, la estadística oficial se limita a poner asteriscos: “caso en investigación”, “línea de investigación no relacionada con su labor periodística”.

El nuevo “modelo”: callar con leyes

El viejo mecanismo era simple: te amenazaban, te golpeaban o te desaparecían; brutal, pero honesto en su brutalidad. Ahora el refinamiento es fino: usan leyes electorales, de violencia política de género, normas de tecnología o lo que se deje, para convertir cada columna incómoda en una carpeta de investigación.

Es la jugada maestra: no hace falta matar a todos los periodistas, basta con arruinarlos a litigios, multas y embargos, hasta que escribir se vuelva un lujo que sólo pueda darse quien tenga despacho de abogados en nómina. En esa lógica, el reportero deja de ser un contrapoder y se convierte en “riesgo jurídico” para la empresa, un archivo que el área legal recomienda “prescindir” para no perder los contratos oficiales.

El Estado: verdugo y notario

Artículo 19 contabiliza cientos de agresiones: amenazas, golpes, campañas de odio, espionaje y asesinatos que se acumulan como si fueran simples “incidentes” en un reporte de riesgos. Lo grotesco es que una de cada dos agresiones viene de autoridades, es decir, del mismo aparato que se supone debería proteger la libertad de expresión.

El mecanismo de protección, en teoría creado para salvar vidas, en la práctica parece un call center con chalecos antibalas: tarda, minimiza y, cuando llega, sólo alcanza para un botón de pánico y un expediente más en un archivero que nadie revisa. La impunidad no es un defecto del sistema, es su columna vertebral: sin ella, esta maquinaria de miedo se caería en cuestión de meses.

Centroamérica como futuro imperfecto

En Centroamérica ya pasaron por esta película: periodistas encarcelados, medios confiscados, redacciones vaciadas a punta de exilios, y gobiernos que aplauden porque lograron que la crítica se mudara a otro país o a otro idioma. Ahí el periodismo se ejerce desde el destierro, escribiendo sobre una patria a la que ya no pueden volver porque en la aduana los espera una orden de captura.

Lo inquietante es que México, con todo su discurso democrático, camina el mismo guion: criminalizar, acallar, empujar a la diáspora informativa y dejar al público a merced del boletín oficial y el influencer subvencionado. La diferencia es de tamaño, no de método: aquí hay más territorio, más plazas, más fosas; pero la lógica es la misma, versión “república de libre mercado”.

La “vocación” como coartada

A falta de garantías, el sistema vende la idea romántica del periodista héroe, mártir nato, que “sabía a lo que se metía”. Así, cada colega asesinado se convierte en estatua discursiva: mucha indignación en redes, alguna marcha, y después el olvido institucional que recicla el caso para futuros discursos sobre “no más violencia”.

Se insiste en que es “vocación de servicio”, cuando en la práctica es una ruleta rusa laboral: cada nota puede ser la última, cada investigación una sentencia que nadie firma, pero todos conocen. Es un oficio precarizado, despreciado y al mismo tiempo indispensable, algo así como los paramédicos en una guerra que el mismo gobierno se niega a reconocer.

Periodista: blanco móvil profesional

En México, ser periodista es llevar un letrero invisible que dice “responsable de todo lo que incomoda”. Si denuncias corrupción, eres enemigo del progreso; si documentas violencia, eres vocero del narco; si exhibes abusos policiales, eres antipatriota; si criticas al gobierno, eres un vendido a la oposición.

El blanco se mueve, pero nunca se borra: los ataques vienen del narco, de las policías, de los gobernadores, de los alcaldes, de los jueces y también de los fanáticos que se organizan en redes sociales para hacerte trending topic de odio por 48 horas seguidas. Y mientras tanto, los dueños de los medios miran el rating, calculan el costo-beneficio de defenderte, y muchas veces deciden que es más barato dejarte solo.

Deporte de alto riesgo, salario de becario

Lo más grotesco: este deporte extremo se practica con sueldos de pasante, contratos por honorarios y cero prestaciones. Te exigen ética de cirujano, precisión de fiscal y valentía de bombero, pero te pagan como si redactaras horóscopos desde tu casa.

Mientras tanto, los discursos oficiales celebran el “pluralismo informativo” y se llenan la boca hablando de “respeto a la crítica” cada vez que un organismo internacional les hace un llamado de atención por el número de periodistas asesinados. La aritmética es sencilla y brutal: más agresiones, más asesinatos, más impunidad, menos voces; un balance perfecto para quienes sueñan con un país donde la prensa sólo sirva para repetir líneas de propaganda.

Con informacion: PROCESO/