Mientras en El Paso, Texas, un incidente presuntamente con drones obligaba el cierre de la actividad aérea y la presidenta Claudia Sheinbaum soltaba su ya célebre “no tengo información”, en México la realidad ya lleva la delantera en materia de uso y abuso de estos artefactos que ya se constituyeron en la imparable fuerza área de Carteles en medio de una guerra al narco que también es electrónica.
El país de “no tengo información”
De acuerdo con informacion de la Plataforma Nacional de Transparencia,citada por EL ECONOMISTA,desde 2019 y hasta el 20 de octubre de 2025, el Ejército y la Guardia Nacional han asegurado 134 drones en 20 estados del país. Solo entre enero y octubre de 2025 se decomisaron 85, el pico más alto de todo el periodo, mientras el discurso oficial se mantiene en “austeridad cognitiva”.
Michoacán va a la cabeza con 52 drones asegurados, casi 4 de cada 10 en todo el país, y Sinaloa le sigue con 27, como si fueran sucursales de Aeroméxico pero del narco. Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero completan el mapa, cada uno sumando sus propios “no tengo información” locales mientras los artefactos vuelan sin necesidad de pista.
El cielo es del narco
En Michoacán, Apatzingán y Tepalcatepec concentran 40 drones asegurados, porque ahí la guerra entre el Cártel Jalisco y los “Unidos” ya incluye espacio aéreo, armamento improvisado y cero regulación. En Sinaloa, Badiraguato y Culiacán acumulan 21 aparatos, donde la disputa entre Los Mayos y los Chapitos convirtió el dron en el nuevo cuerno de chivo: mas explosivo, más precisión y burlan retenes.
Mientras tanto, Baja California, Edomex, Jalisco y otros estados reportan casos sueltos, como si fueran “focos rojos” en un mapa que la autoridad insiste en leer como si fuera decoración navideña. El mensaje es claro: el narco ya domina tierra, mar y ahora también nube… pero la respuesta oficial sigue atorada en el WiFi.
Soldados como blancos de laboratorio
La DEFENSA reconoce al menos 16 agresiones contra militares con drones o explosivos improvisados en 2025, pero eso sí, sin alarmar: todo “bajo control”. Michoacán se lleva el primer lugar otra vez, con siete ataques, casi la mitad del total, en municipios como Apatzingán, Buenavista, Aquila, Zitácuaro y Cotija, donde la normalidad es escuchar motores… pero ya no siempre de camionetas.
Sinaloa suma cuatro agresiones, tres en Culiacán y una en Badiraguato, porque si algo sabe el narco es innovar en logística bélica más rápido que el gobierno en actualizar su discurso de seguridad. Chihuahua y Sonora registran dos ataques cada uno, en municipios serranos y fronterizos, mientras Tamaulipas reporta uno más, como recordatorio de que el mapa completo ya está en fase de ensayo militar… sólo que del lado equivocado.
Cronología de una negación
El primer ataque con dron registrado por Sedena en 2025 fue el 1 de febrero en Chihuahua, y el último el 25 de octubre en Tamaulipas, como si el calendario viniera con temporada alta de explosivos aéreos. Nueve de los ataques ocurrieron solo en la primera mitad del año: cuatro en febrero, tres en marzo y dos en abril, un trimestre que, en cualquier país serio, habría detonado crisis de Estado, pero aquí apenas produjo conferencias y evasivas.
Así, mientras en El Paso un dron trastoca la seguridad aerea y pone a prueba la seguridad internacional, en México las cifras oficiales muestran una narcoguerra aérea en marcha… y la máxima respuesta presidencial sigue siendo: “no tengo información de drones”. La mala noticia para el gobierno es que el narco sí la tiene, la usa, la mejora y la arma; la buena noticia para ellos es que, al parecer, la realidad todavía no llega a la agenda de seguridad nacional.
En Culiacán, ya suena más bonito un departamento en Ucrania que una casa con barrote en la capital sinaloense. No es metáfora: según la encuesta “Lo que piensa Culiacán”, más de la mitad de sus habitantes piensa fugarse de su colonia antes de que los balazos toquen la puerta.
El 55.3 % ya considera armar las maletas; un 3.1 % no solo lo pensó, ya anda empacando; y los demás aún intentan convencerse de que los patrullajes nocturnos son “ruido de cohetes”.
De los que se quedan, el 78 % ya fue víctima de algún delito o conoce a alguien que lo fue (lo que, en español continental, significa todos). Mientras tanto, el 85 % modificó su rutina diaria: menos calle, menos fiestas, menos vida. Y de los que sí sufrieron un atraco, más de la mitad ni se molestó en denunciar. Total, ¿para qué? El 44 % dice no confiar en la autoridad, el 29 % teme represalias y el 25 % directamente considera que ir a denunciar es tan útil como llamar al 911 en un apagón.
Pero lo mejor llega con la fe institucional: 67 % cree que el gobierno está rebasado o derechamente coludido con los delincuentes; apenas 19 % ve una intención real de meterse al ruedo. Y si de “confianza” hablamos, los militares salvan el honor con 45 %, los “ciudadanos organizados” con 35 %. Las fiscalías obtienen 13 % y la policía local… bueno, un épico 7 %, lo suficiente para perder hasta las ganas de aplaudirles.
Así, en el nuevo mapa mental del culichi promedio, Ucrania —bombardeada, sí, pero con esperanza— se siente más segura que su propia esquina. Y entre sirenas, retenes y cinturones de miedo, el sueño sinaloense ya no suena a corrido: suena a mudanza pendiente.
Las cinco personas que fueron halladas asesinadas en un vehículo abandonado ayer miércoles en el libramiento La Costerita, a la altura de la curva de la sindicatura de San Pedro, Navolato, ya fueron identificadas por las autoridades.
Según informes, se trata de los hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero cuando se encontraban viajando en un vehículo por la carretera Mochis-Ahome.
¡Más de 10 mil soldados!
Todo esto ocurre en medio de una estrategia contra un cártel que se ríe en su cara! En Sinaloa, la «agenda de violencia» del Cártel de Sinaloa sigue mandando con puño de hierro, mientras el despliegue federal y militar se declara incompetente para contenerlo.
Balance de Terror
Del 9 de septiembre de 2024 al 10 de febrero de 2026, Sinaloa ha registrado 2,803 homicidios dolosos (5.4 diarios), 2,297 personas privadas de la libertad (6.3 diarias), 9,642 vehículos robados (18.5 diarios), 3,284 detenidos (6.3 diarios) y 169 personas abatidas (0.6 diarias). Estos números pintan un panorama de caos total pese a los más de 10 mil efectivos enviados en oleadas desde fines de 2024.
Los levantones siguen como pan de cada día, con el 72% de las 3,100+ víctimas aún desaparecidas, demostrando que los militares no interrumpen ni los secuestros ni las «narcomantas» humanas.
Con 52 mil delitos en 16 meses y 67 % mas homicidios que en 2025, el envío de tropas no frena a «Los Chapitos» ni «La Mayiza»; al contrario, los narcos adaptan tácticas y siguen levantando, robando y matando a su antojo. La FGE confirma hasta sobrinos de «El Mayo» ejecutados, como el de Sergio Rodolfo Cázares Zambada el 8 de febrero, mientras el Ejército y GN solo recogen cadáveres.
Con solemnidad tricolor y discurso de soberanía convenientemente mal entendida en mano, el gobierno de Mexico que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaun, anunció que ya no habrá operaciones conjuntas con agentes estadounidenses. Nada de DEA, FBI ni siglas gringas husmeando en territorio nacional. “No más permisos”, dijo Sheinbaum, cual portazo diplomático, lejos,muy lejos de la realidad.
Pero bajo la bandera de la independencia, el mensaje suena más a bendición para los viejos conocidos del poder. Porque, sin los gringos respirándoles en la nuca, los cárteles aplauden en privado y los funcionarios con doble nómina —la del erario y la del polvo blanco— descorchan coñac en lo oscurito.
La “soberanía”, dicen, se defiende; pero acá parece que la patria grande se volvió un búnker cómodo para la política narca. No se trata de defender la soberanía de México, sino de blindar el negocio. Al fin y al cabo, cuando el Estado echa a la DEA, el que entra por la puerta grande es don Narco, el huésped de honor de la Cuarta Transformación…V.4T
La senadora Juanita Guerra,del Partido Verde, entró por un tinte y salió con drama de telenovela legislativa: del sillón de la estética al llanto porque sus compañeras «sororas» la dejaron sola en plena quemadera pública.
Del tinte a la víctima incomprendida
Juanita Guerra fue cachada el 4 de febrero en pleno tratamiento de salón de belleza dentro del Senado, justo en ese cuartito que operaba con el sigilo de una casa de citas, pero era de planchado y tinte legislativo.
Cuando reventó el escándalo, la narrativa pasó de “¿a poco usted no se hace un tinte?” a “soy víctima de agresión a mi imagen” y “me están persiguiendo”.
Sororidad de clóset… y estética clandestina
La senadora lloró acusando que sus homólogas de Morena la dejaron sola, pese a que, según ella, tres la invitaron durante un año a usar el salón “VIP” del recinto.
Lo que antes era un privilegio compartido entre “amigas” se volvió amnesia selectiva: cuando la cámara entró al salón, todas se hicieron las sorprendidas, como si el tinte hubiera aparecido por generación espontánea.
El salón que desmaquilla la austeridad
El espacio fue reabierto en sigilo pese a que la 4T lo había cerrado en 2018 porque era políticamente tóxico y jurídicamente discutible tener una estética en plena Cámara Alta mientras se predica la austeridad republicana.
Usar una oficina pública para arreglos personales, sin lineamientos ni transparencia, pinta perfecto el contraste entre el discurso de “no privilegios” y la práctica de “retoque de imagen con recursos e instalaciones del Estado”.
“Sólo fueron 20 minutos… y 500 pesos”
Guerra Mena pide revisar cámaras desde las 8:15 horas para probar que sí trabajó y jura que sólo estuvo unos 20 minutos, pidió un tinte y pagó 500 pesos, como si el problema fuera la tarifa y no el uso del recinto como estética privada.
Además admite que en un año solicitó el servicio tres veces, aunque solo acudió una, confirmando que no era una travesura aislada, sino un servicio instalado, operativo y conocido en ciertos círculos del Senado.
Cuando se corre el rímel, se caen las coartadas
Ahora la senadora exige auditorías, videos, nombres y quién autorizó la reapertura, como si apenas ella se enterara de que el salón existía y no hubiera estado sentada con la cabeza envuelta en tinte cuando tronó el escándalo.
Entre el llanto por falta de “sororidad” y el salón clausurado a la carrera, lo único claro es que la estética en el Senado terminó desmaquillando la narrativa de austeridad… y dejando a más de una legisladora corriendo, pero sin retoque.
Las redes sociales le siguen haciendo el trabajo de inteligencia a la FGR: mientras ellos bostezan, Instagram y X van deshilando, foto a foto, la red sentimental y criminal de Alfredo Cardenas Martinez,alias «El Contador romántico” del Cartel del Golfo y su corte de influencers con parentela guinda en el poder.
Que dice la nueva filtración:
«…Aqui tienen otra foto de Prisicila en Tulum dándose la gran vida con dinero de lavado y extorsión. Priscilla y su familia están pensando irse un tiempo de Monterrey para que se nos olvide todos las publicaciones se dice por medio de sus amistades que ya no habrá fiesta para su cumple ahora se quiere ir de viaje para olvidarse de las maldades que hace con su querido Alfredo está muy agotada por todas las publicaciones pero no nos detendremos hasta que haya justicia por todas las familias toda la sangre y extorsión causada por Priscilla su Mama Nadia Y Alfredo Cardenas. Priscilla y su mamá Nadia también están cubriendo sus pasos con sus negocios de lavado algunos los están cambiando….»
Del filtro de belleza al expediente criminal
Priscilla Aladro subía historias de antros, outfits en San Pedro y viajes “de cuento”, pero cada historia era, en realidad, una confesión involuntaria con geolocalización, círculo de amistades y poder adquisitivo imposible de explicar con nómina formal.
Las amigas compartían, las enemigas filtraban, y al final el algoritmo ya armó un expediente sentimental de alta resolución que hoy debe de sirvir de mapa de casas, lavadoras de dinero y rutas de impunidad del capo de los Escorpiones aliado del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y el alcalde de Matamoros,Alberto Granados,como afiliado de facto a MORENA
La influencer novia del capo que presumía glamour terminó convertida en demo interactivo para cualquier fiscal con ganas de echarle ganas, tal como pasó en su día con el “Chapo”, cuyo zoológico amoroso y sus poses de galán rabo verde ,sirvieroón de base de datos para rastrear refugios, testaferros y complicidades. En los noventa se escondían en ranchos; en 2026, se delatan con un boomerang de champaña donde hasta el reflejo de la copa deja ver escoltas, restaurantes en ciudades domicilio de ricos y guaridas de narcos ricos, como lo explica Reporte Indigo..
Cuando el narco juega al artista plagiado
Acostumbrado a que todo se arregla a punta de amenazas, el entorno del capo respondió a la primera filtracion con un numerito de “derechos de autor”: un supuesto fotógrafo reclamó copyright ante Google para bajar la foto del romance, con un formulario escrito como narcomanta administrativa. Ese intento de censura no sólo fracasó, también confirmó la autenticidad de la imagen y dejó constancia, por escrito, de que “Priscilla” y José Alfredo Cárdenas eran los retratados en aquella cena de lujo y no era montaje.
Ya lo había intentado antes con su actual esposa, Balquis Marlene García, cuando quisieron borrar de los buscadores a quien ya era considerada figura prominente del crimen organizado; la Suprema Corte les recordó que Google no es responsable de lo que otros publican y que no existe tecla para borrar vidas enteras ligadas al crimen la corrupción.
El narco podrá lavar dinero, pero cuando intenta lavar su imagen lo único que deja es más rastro documental: oficios, amparos, capturas de pantalla y un camino procesal que grita culpa.
Del cuento de hadas al árbol genealógico guinda
Mientras los filtros de belleza hacían su magia, otra capa del pastel digital empezó a salir: direcciones en zonas fifí, carros de lujo, vida de “ni sufro ni me congoja” y, en medio, el parentesco con una diputada federal de Morena y los amarres con el gobierno morenista de Matamoros que encabeza Alberto Granados Favila que pronto repetirá la historia del ex-alcalde de Tequila.
El expediente amoroso del capo ya no sólo habla de cenas románticas y perreos finos, también exhibe cómo el crimen organizado se sienta a la mesa con la política de la 4T para administrar alcaldías, nóminas y favores.
La foto que intenta vender glamour termina mostrando quién paga la fiesta: contratos públicos, plazas regaladas, estadios remodelados “de cariño” para que juegue el capo y alcaldes que fungen como supervisores de medidas cautelares para un extraditable reclamado por Estados Unidos.
Cuando la sobrina influencer, la tía diputada y el jefe narco comparten escenario digital, la narconovela se transforma en organigrama de un gobierno paralelo a color y con música de fondo.
Redes contra redes
La nueva moraleja es brutal: la pareja del capo ya no es la señora discreta, sino la influencer que presume viajes a Tulum con dinero de extorsión mientras las familias de víctimas reconocen en sus historias los frutos de la sangre derramada.
Cada intento de ocultar un cumpleaños, cancelar una fiesta o bajar una foto sólo confirma que la impunidad entra en crisis cuando el “like” se vuelve dato y el story se transforma en prueba circunstancial.
Las plataformas no cobran sueldo, no se cansan, son el canal mas democratico y guardan para siempre lo que los capos y su élite glamorosa publican por vanidad; son el nuevo informante anónimo, el testigo protegido que nunca duerme.
Al final, las redes sociales están cumpliendo la promesa que el Estado no se atreve a tocar: desbaratar, desde el espejo del narco‑glamour, las redes criminales que se sentían intocables… hasta que aprendieron, demasiado tarde, que el algoritmo no firma pactos de silencio.
Que deberia hacer la autoridad federal
Lo primero que tendría que hacer la FGR, si se toma mínimamente en serio lo que está circulando en redes, es abrir carpeta de investigación de oficio y levantar un acta circunstanciada que “aterrice” jurídicamente todo ese océano de capturas, videos y relatos.
1. Fundamento para investigar de oficio
La delincuencia organizada, el lavado de dinero y la extorsión son delitos federales perseguibles de oficio; el Ministerio Público de la Federación está obligado a investigar cuando tenga noticia de ellos, incluso por medios digitales o denuncias anónimas.
La información que circula en redes sociales se considera “noticia criminal” suficiente para detonar actos de investigación preliminares, sin necesidad de que exista denuncia formal de una víctima identificada
2. Acta circunstanciada como mínimo constitucional
El MP está obligado a documentar todo acto de investigación en actas que den cuenta de lugar, tiempo, modo, fuente de la información y cadena de custodia de evidencias digitales.
Un acta circunstanciada inicial debería: describir las publicaciones y filtraciones, identificar perfiles de usuario, fechas y vínculos con personas posiblemente relacionadas con delincuencia organizada, y ordenar la preservación técnica del contenido (descarga forense, hashes, certificación de URL).
3. De la acta a la carpeta de investigación
Con esa acta, el MP puede acordar la radicación de una carpeta de investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos conexos que se adviertan (extorsión, secuestro, trata, etcétera).
Ello permite solicitar al juez de control actos intrusivos (intervención de comunicaciones, cateos, aseguramientos de cuentas, acceso a datos conservados por plataformas) con base en los indicios objetivos que ya quedaron fijados en el acta.
4. Deber de protección y uso de filtraciones
Si las filtraciones incluyen datos personales de terceros (víctimas, testigos, menores), la FGR debe abrir también la vertiente de delitos de revelación de secretos y protección de datos, salvaguardando la identidad de quienes colaboran como denunciantes anónimos o fuentes.
La FGR no puede desentenderse alegando que “son chismes de redes”: al incorporar formalmente el material mediante acta circunstanciada, lo convierte en indicio bajo control judicial y evita que esas pruebas se contaminen o se pierdan, cumpliendo con el estándar de debida diligencia reforzada en casos de delincuencia organizada.
Responsabilidad si no actúa
La omisión sistemática de iniciar investigación, pese a contar con información pública reiterada sobre posibles delitos federales, puede configurar responsabilidad administrativa y eventualmente penal por ejercicio ilícito del servicio público.
En un escenario extremo, la inacción frente a filtraciones que revelan estructuras de crimen organizado y posibles vínculos con autoridades podría llegar a leerse como encubrimiento por favorecimiento, lo que hace todavía más urgente, al menos, un acta circunstanciada inicial que deje constancia de qué hizo —o no hizo— la FGR cuando las redes ya habían hecho su parte.
