«OTRA VEZ el RIDICULO: esta FRACASANDO la AMENAZA de MUERTE DIGITAL del CELULAR SI NO lo REGISTRAS»…vendido como la bala de plata contra la extorsión y el crimen.

El famoso registro de celulares —vendido como la bala de plata contra la extorsión y el crimen— no solo fracasó, sino que lo hizo de la manera más predecible posible: ignorando cómo funciona realmente el mercado negro en México. Mientras los burócratas diseñaban bases de datos y soñaban con tener a cada usuario fichado, en la realidad paralela del país informal los chips seguían circulando como dulces en tianguis, esquinas y grupos de Telegram.

La apuesta era simple, casi ingenua: si obligas a todos a registrar su línea, los criminales ya no podrán operar en el anonimato. El problema —mínimo detalle— es que los criminales no suelen obedecer leyes que los incriminan. Resultado: ciudadanos comunes expuestos, datos personales en riesgo y, del otro lado, un mercado negro más vivo que nunca.

Que dice EL UNIVERSAL:

Bajo la leyenda de “pocas piezas, ¡aproveche!” y a menos de un mes de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente con el registro obligado.

A la par, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indica que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a sólo 56.7 millones de líneas registradas, es decir, menos de 50% del total de las 154 millones de líneas en México.

En docenas de anuncios en redes sociales se ofrecen estos chips con precios que van desde los 50 pesos hasta los 400 pesos con leyendas en las cuales se aseguran que ya están registrados y que el comprador ya no necesita ingresar sus datos personales, como CURP, credencial de elector, reconocimiento facial ni dactilar.“Chip que no ocupa registro con recarga de 300”, “Chip Movistar $100 sin necesidad de registrar”, “Vendo chip de Unefon ya registrado y no lo voy a utilizar”, son parte de los anuncios de la venta de estas tarjetas SIM.

“Ponemos otro ine de persona anónima”

Un vendedor en Zitácuaro, Michoacán, ofrece en una red social la venta de un chip supuestamente ya registrado y lo envía a cualquier parte del país, además de que ofrece registrar cualquier línea por 400 pesos.

“Venta de chips registrados, no necesitas poner CURP, no necesitas poner tu INE, no necesitas reconocimiento facial ni poner tus huellas, tenemos compañía Telcel, Movistar, Bait. Hacemos envíos a toda la República por Mercado Libre, también registramos tu línea. Cualquier servicio tiene un costo de 400 pesos”, se anuncia.

Al contactar al vendedor, este afirma que el comprador no necesita dar ningún dato personal, pues se pone la información de otra persona “anónima”.

“Nosotros ponemos otro INE, otro CURP, reconocimiento facial y dactilar de otra persona anónima”, asegura.

En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, otro anuncio ofrece a usuarios y negocios el registro de líneas de cualquier compañía telefónica sin necesidad de dar datos reales.

“Seguro: Tu línea está en buenas manos”. Confidencial. Sin necesidad de dar tus datos. Rápido y fácil: proceso ágil y sin complicaciones”, se promete.

“Trabajamos con diferentes compañías. Ideal para uso personal o negocio”, señala el anuncio.

En otro anuncio, un vendedor que se ubica en la alcaldía Gustavo A. Madero vende por 150 pesos chips que afirma “ya está vinculado al sistema que se solicita antes del 30 de junio. Evita el corte”.

Menos de 50% de líneas registradas

Hasta este viernes, datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicaban que el número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular ascendía a sólo 56.7 millones, es decir, menos de 50% del total.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en México existen un total de 154 millones de líneas de telefonía celular. 

Se busca evitar delitos como extorsión y fraude: gobierno federal

El gobierno federal afirma que el registro de chips de telefónica móvil tiene como objetivo proteger a la ciudadanía frente a llamadas de fraude y extorsión.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta medida forma parte de una estrategia integral para dificultar el uso anónimo de líneas telefónicas con fines delictivos, y rechazó que sea un mecanismo de vigilancia a la población. 

La Mandataria ha destacado que México es de los pocos países en el mundo donde los chips y teléfonos se vendían sin identificación.

“¿Y eso qué genera? Facilidad para cometer delitos como la extorsión telefónica y los fraudes, que es un tema que queremos atender”, aseguró la Presidenta. 

“En la medida en que cada chip esté asociado a una persona, va a ser mucho más difícil usar el teléfono para extorsionar o defraudar. Si se comete un delito con un teléfono, que haya seguimiento e identidad ayuda a una mayor seguridad”, declaró Sheinbaum Pardo en enero pasado.

Fracasa gobierno al explicar registro de celulares: expertos

El registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares genera desconfianza e incertidumbre porque el gobierno no brindó información suficiente sobre el tema, tampoco midió las consecuencias económicas ni trazó un plan para evitar otros delitos como robo de identidad, consideran expertos.

“A partir del 1 de julio no van a tener acceso a su banca digital porque sabemos que requiere autenticación y es necesaria la línea telefónica móvil. Tampoco van a poder acceder a servicios digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de transporte, delivery. Muchos otros servicios digitales también están anclados a que recibas un mensaje de texto con contraseñas de doble seguridad para poder acceder a las cuentas”, explica Radamés Camargo.

El gerente de análisis de The CIU señaló que al 31 de mayo, 52.4 millones de líneas móviles han sido asociadas a alguna Clave Única de Registro de Población (CURP), apenas una tercera parte del total en México y aunque 66% de los usuarios conocen la obligación de registro, sólo 45% ya vinculó su línea.

“Además, nace un mercado negro de líneas por aquellas personas que no quieren que su línea esté vinculada directamente a su identidad por las razones que sean: por protegerse o para evitar un tema de suplantación de identidad”, describe.

Por otro lado, refiere que las compañías absorberán los costos a partir del 1 de julio para “desactivar” millones de líneas, las mismas que usuarios intentarán registrar una vez que ya no puedan hacer sus actividades cotidianas.

“No se está mencionando la parálisis, incluso económica, financiera que se puede generar a partir del 1 de julio por tener este capricho, obsesión de querer tener el registro para esta fecha y que no sea un plazo inamovible, que sean líneas que se registren de manera retroactiva y no de manera progresiva. Los costos, obviamente exceden a los beneficios de contar con este registro y eso es más notable al hablar del mercado negro”, señala. 

Más que el combate al cobro de piso, extorsión, fraude, secuestro, entre otros crímenes, José Flores, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), afirmó que el registro de líneas causará el incremento en otros delitos como robo de identidad y de teléfonos móviles.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que “por el contrario, en términos de seguridad pública, lo que ocurre es un fenómeno de desplazamiento criminal. Comienzan a surgir otras actividades ilícitas como mercado negro de tarjetas SIM en redes sociales”.

Para el especialista en seguridad, David Saucedo, el registro es necesario para disminuir delitos, aunque la medida fue mal ejecutada y persiste el temor en las personas sobre el uso que se pueda dar a sus datos.

Porque si algo ha demostrado México con consistencia admirable es su capacidad para burlar cualquier intento torpe de control administrativo. Donde el gobierno ve regulación, el crimen ve oportunidad de negocio. Donde el legislador imagina orden, el mercado responde con creatividad ilegal. Chips sin registrar, identidades prestadas, registros falsos: el catálogo completo de soluciones “alternativas” floreció en cuestión de semanas.

Y mientras tanto, la pregunta incómoda sigue sin respuesta:¿para qué sirve realmente acumular datos de millones de usuarios si no puedes —o no quieres— investigar redes criminales con inteligencia real? El registro masivo no es estrategia de seguridad; es simulación burocrática con aspiraciones de vigilancia.

Lo más irónico es que este no es un experimento nuevo. México ya había intentado exactamente lo mismo hace años, con resultados igual de desastrosos. Pero en este país, la memoria institucional dura menos que un plan sexenal, y el fracaso no solo no se castiga: se recicla.

Así, entre discursos de “combate al crimen” y políticas públicas diseñadas desde la desconexión total, el mercado negro de chips sigue imparable. No porque sea invencible, sino porque del otro lado sigue habiendo improvisación, desconocimiento… y una terquedad casi entrañable por repetir errores.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«TEME que lo MATEN,YA los HAN MATADO a TODOS: EMPRESARIO ACUSA en OTRO VIDEO su NEGATIVA de PAGAR MOCHE de 110 MDP al GOBIERNO de AMERICO y el de FACTO del AMERIQUIN desde COAHUILA»…que lo van aplastar como Zancudo.

El Dr. Israel Alejandro Valdés Sánchez se presenta como lo que es: empresario, padre, no político, y sobre todo, víctima que decidió dejar de agachar la cabeza. Cuenta que su vida se tuerce en el momento exacto en que dice “no” a una exigencia de 110 millones de pesos: 80 para “puestos aquí” y 30 para “otro estado” (Coahuila) un moche que, según su testimonio, era la cuota para seguir trabajando con el gobierno. Desde entonces, describe cancelación súbita de contratos, pagos retenidos y un estrangulamiento financiero que arrastra a su empresa y a las familias que dependen de ella.

El golpe no es solo económico: narra cómo le quebraron la tranquilidad a su esposa e hijos, al punto de vivir en estado permanente de angustia. Aun así, se planta en cámara para decir que no va a educar a sus hijos para que normalicen la extorsión, aunque reconoce sin pose heroica que sí tiene miedo y sabe que su vida y la de su familia están en riesgo.

El uso depredador del Estado

La pieza clave del mensaje es demoledora: “me dijeron que todo el peso del poder del Estado me iba a aplastar como un zancudo por no acceder, por no doblarme”. No es un pleito empresarial ni una disputa comercial; es la denuncia de un Estado usado como herramienta de castigo porque alguien se negó a pagar 110 millones de pesos en sobornos.

Valdés asegura llevar ocho meses bajo arraigo “injustificado”, con todo el peso del aparato público encima, mientras le fabrican delitos y lo exhiben en conferencia de prensa y en redes locales y nacionales como si fuera el delincuente, no la víctima. 

La palabra “zancudo” se vuelve metáfora perfecta del enfoque depredador: para el gobierno, el ciudadano que no se deja extorsionar es un insecto molesto que hay que aplastar, no un empresario al que se debe garantizar certeza jurídica.

Miedo, pruebas y amenaza latente

El doctor no maquilla la realidad: reconoce que perdió dinero y perdió paz, pero subraya que no ha perdido la voz ni el coraje. Afirma tener evidencia en videos y audios, y responsabiliza directamente a quienes lo han amenazado al decirle que su seguridad está en juego, anticipando incluso los escenarios: que le fabriquen más delitos, lo desaparezcan, lo maten o lastimen a su familia.

Peor aun, el gobierno de Morena de Americo Villarreal Anaya no ha movido un solo dedo, ha movido toda la mano,todo el brazo, pero para apapachar al presunto señalado como ejecutor.

Ese tipo de declaración, hecha en video y en primera persona, encaja en una lógica de testimonio “antemortem” que ya vimos en el caso del empresario de Reynosa Gabriel Hernández, quien denunció públicamente extorsión y complicidad entre autoridades y criminales a cambio de votos, y fue ejecutado poco después, dejando su propia videograbación como prueba de cargo póstuma. 

En ese contexto, el temor de Valdés a ser asesinado no suena paranoico, suena estadístico.

La ecuación asesina suena aun peor si recordamos que el lider empresarial de la FECANACO denuncio extorsiones y el tráfico de Huachicol ,señalo al gobernador como dice en otro video, y enseguida fue ejecutado a mansalva. 

Otro FECANACO involucrado en la seguridad, reconocido por sus denuncias a cuerpos de seguridad ,fue levantado y no se ha vuelto a saber de el.

Un gobierno en franca decadencia

Sobre ese fondo, las denuncias sobre moches, extorsiones y uso faccioso del sistema de justicia en Tamaulipas se insertan en un historial de señalamientos más amplio contra el gobierno de Morena encabezado por Américo Villarreal Anaya y el círculo de poder donde figura su hijo, conocido en la discusión pública como “Ameriquín”. 

Medios nacionales han documentado desde vínculos con operadores del crimen organizado hasta recientes acusaciones en Estados Unidos que han clarificado su condicion de traficante de huachicol del gobierno y su gobernador.

El caso del Dr. Valdés no menciona nombres en su video publicado en redes, pero los ha pronunciado en escándalos previos: el presupuesto y los programas públicos convertidos en cajero automático político, contratos condicionados a moches multimillonarios y el aparato judicial operando como garrote contra quien se sale del libreto. 

No es solo un gobierno corrupto; es un sistema que perfecciona la depredación: si pagas, funcionas; si te niegas, te aplastan.

Con nombre y apellidos

Desde la irreverencia, lo que deja el video del Dr. Israel Valdés es la imagen del gobierno de Morena y Americo Villarreal que ya ni se molestan en disimular el método: piden 110 millones como si fueran propina, cancelan contratos como castigo, exhiben a la víctima como delincuente y presumen que el “peso del Estado” sirve para matar zancudos, no para proteger ciudadanos.

En un Tamaulipas donde empresarios que denuncian al crimen organizadora gobernador e incluso militares y terminan ejecutados, sus videos se convierten en testigos mudos en las redes, la mesura de Valdés al no pronunciar nombres es, en sí misma, una prueba del terror que inspira el poder que dice gobernar “en nombre del pueblo”. 

Lo que él describe no es un conflicto aislado: es la radiografía cruda de un gobierno de Morena en franca decadencia, donde la lealtad se mide en moches y la disidencia se responde con arraigos, carpetas y, casi siempre, balas, ninguna para los aliados del crimen organizado.

Con informacion: @Redes/medios/

«NO se están RENOVANDO, se están DEVORANDO: CANDIDATA de CDV a DIRIGENCIA del PAN, ESPOSA de PACO el de las PACAS, ACUSA al TRUKO de RECIBIR DINERO del HUACHICOL»… hay que creerle, entre bandidos se conocen.

En Tamaulipas, el Partido Acción Nacional (PAN) no se está renovando: se está devorando a sí mismo. La disputa por la dirigencia estatal ,luego de una serie de trabas, ya dejó de ser una elección interna para convertirse en un ajuste de cuentas entre facciones que comparten pasado, padrinos y viejas mañas.

Desde una de las trincheras, Omeheira López Reyna ,esposa de quien encabezaba la «banda de los pacos y las pacas, la candidata que representa al fugitivo federal por delincuencia organizada, Francisco «Pancho» García Cabeza de Vaca y que hoy se presenta como adalid de la “limpieza” ,decidió soltar una bomba con seguro puesto: acusa —sin decir los nombres y apellidos de frente— a la fórmula rival de Gloria Jimenez y Cesar Verastegui Ostos,alias «Truko», de arrastrar sospechas de financiamiento ligado al huachicol. 

Habla de “indicios”, de “sospechas fundadas”, de una empresa transportista sancionada por Estados Unidos y de vínculos que, según su narrativa, no podían ser desconocidos por quienes armaron la planilla contraria. Traducción: todos saben de quién habla, aunque nadie lo escriba.

El mensaje no es menor. En un estado donde el combustible robado ha financiado estructuras criminales y políticas que hoy tienen al gobernador Américo Villarreal de Morena a un paso de la carcel gringa, insinuar dinero sucio en una elección partidista equivale a dinamitar la poca credibilidad que queda. 

Y, por supuesto, la promesa es llevar el asunto a instancias internas y externas, como si el PAN tuviera fama de investigarse a sí mismo con rigor quirúrgico.

Pero el discurso cojea. Porque quien hoy denuncia también carga con su propio equipaje político. Detrás de su candidatura se asoman los intereses de un exgobernador que convirtió al panismo tamaulipeco en un proyecto personal y que ahora libra su propia guerra contra el grupo rival. Es decir: no es una cruzada ética, es una batalla entre bandos de una misma banda ,que ayer eran aliados y hoy se disputan el control del mismo aparato.

Del otro lado, la fórmula señalada —encabezada por figuras con largo kilometraje en la política local— enfrenta las acusaciones en medio de un contexto incómodo: reportes, investigaciones periodísticas y antecedentes que, aunque no judicializados de este lado del Río,no si cruzando la frontera de EE.UU.

En todos los casos, alimentan la sospecha pública. Y en política, la sospecha bien colocada vale más que una sentencia.

Así, la contienda interna arranca con el sello clásico del panismo tamaulipeco reciente: acusaciones graves, nombres omitidos pero perfectamente identificables, y una guerra donde nadie puede presumir manos limpias sin que alguien le recuerde de dónde viene.

Al final, más que elegir dirigencia, el PAN en Tamaulipas parece estar exhibiendo su propio expediente. Y en ese archivo, lo que sobra no es precisamente la transparencia.

Con informacion: REFORMA/

«YA SABRÁN ELLOS POR QUÉ?: DEJARON SOLO AL GENERAL EN SU LABERINTO JUDICIAL EN EE. UU.»… Mérida no es una anomalía aislada, sino un aviso a ese resto que le encanta «torcerse».

La frase fue lapidaria: “Ya sabrán ellos por qué”. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se refería así a la entrega elegida del general Gerardo Mérida a autoridades de Estados Unidos a mediados de mayo. En el plural incluía al excompañero de gabinete de Mérida en Sinaloa, Enrique Díaz, antiguo secretario de Finanzas, cuyo destino parecía idéntico al de Mérida, pero que todavía hoy resulta un misterio: no ha comparecido ante ningún juez y no está claro dónde está ni en calidad de qué. 

Asi inicia el texto de la autoría del periodista Pablo Ferri, publicado hoy por el diario español,el EL PAÍS,donde dibuja a Gerardo Mérida como el primer general mexicano que cruza la frontera encadenado hacia una corte de Nueva York mientras en México la élite política y castrense finge demencia patriótica y mira para otro lado.

El cuadro central: un general encadenado y un país fingiendo demencia

La pieza arranca con la escena incómoda: el general en retiro Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareciendo en una corte de Nueva York, con grilletes, como cualquier capo al que el discurso oficial presume haber “combatido sin tregua”. 

Esa imagen, dice el texto, contrasta brutalmente con la narrativa soberanista del gobierno de Claudia Sheinbaum, que en público vende dignidad nacional mientras en privado dejó que el general cruzara por Nogales, Arizona, el 11 de mayo, para entregarse sin un solo aspaviento público.

La entrega no fue una captura espectacular, no hubo marinos encapuchados ni helicópteros sobrevolando Culiacán o Michoacan donde radicaba: el hombre simplemente pasó la garita fronteriza, caja de documentos en mano, directo a los brazos del mismo “imperio” al que el gobierno acusa de intervencionista, pero al que le manda sus expedientes tóxicos envueltos para regalo. 

El artículo subraya que, en la historia reciente de la relación México‑Estados Unidos, no hay precedente de un general de ese rango que tome esa ruta: la rendición silenciosa, casi administrativa, ante la justicia gringa.

De héroe institucional a botín judicial de Nueva York

El texto recuerda que Mérida no era un General cualquiera,era uno de División,el grado máximo en la jerarquía castrense y fue colocado al mando de una plaza que no es cualquier cosa: Sinaloa, corazón histórico del narcotráfico mexicano. Desde ahí, fue secretario de Seguridad Pública del gobernador Rubén Rocha Moya, un morenista que llegó con el sello de la “Cuarta Transformación” y hoy comparte expediente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York como presunto facilitador del Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de Los Chapitos.

Estados Unidos acusa a Mérida de conspirar con esa facción para traficar drogas al norte de la frontera, recibir sobornos millonarios y brindar protección institucional, justo el tipo de esquema que el discurso oficial mexicano insiste en negar cada mañanera mientras repite el mantra de “no somos iguales”. El artículo menciona que Mérida forma parte de una lista de diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por el Departamento de Justicia, un inventario incómodo que exhibe cómo la “guerra contra el narco” también fue, para algunos mandos, un excelente modelo de negocio.

Soberanía selectiva: gritos en público, silencios en privado

En el texto se rescatan las declaraciones previas de Sheinbaum, que había exigido una “carga de prueba sólida” a Estados Unidos, en un tono de dignidad nacionalista que se vende muy bien en conferencia de prensa. Pero apenas días después de esas palabras, el general cruza la frontera y se entrega, mientras el gobierno mexicano administra el episodio con pinzas: sin conferencia urgente, sin comunicado detallado, sin explicaciones de fondo sobre cómo un jefe de seguridad estatal terminó acusado de proteger a Los Chapitos.

Lo que resalta el artículo es la disonancia: en México se arma el numerito discursivo de “no aceptaremos presiones externas”, pero en los hechos el país acaba cooperando de manera silenciosa cuando el acusado ya no es un capo, sino un general del propio sistema. La soberanía se ejerce como un botón de mute: se sube el volumen cuando el acusado es ajeno al aparato de gobierno, se apaga cuando el señalado viene con fuero simbólico, uniforme y relaciones políticas.

La soledad del general y la disciplina del silencio

El texto insiste en la dimensión simbólica de esa comparecencia:Mérida aparece solo, encadenado, sin coro de apoyo, sin defensa política explícita de la Sedena ni del gobierno que lo encumbró. Esa soledad, explica la crónica, refleja la regla no escrita de las Fuerzas Armadas mexicanas: mientras sirves al relato del Estado, eres “héroe de la patria”; cuando te conviertes en pasivo tóxico ante la justicia de Estados Unidos, el uniforme se diluye y el sistema te desconoce.

No hay desplegados de solidaridad de los mandos, no hay generales indignados frente a una corte extranjera “humillando” a uno de los suyos: hay, más bien, una herida silenciosa en el corazón de las Fuerzas Armadas, que miran hacia otro lado para no abrir la caja de Pandora de cuántos más podrían estar en la mira de Washington. 

El artículo sugiere que el caso Mérida no es una anomalía aislada, sino un aviso: los militares desplegados en zonas calientes y colocados en cargos civiles de seguridad ya no sólo se juegan la carrera, también la jurisdicción donde podrían terminar siendo juzgados.

Diez nombres, un mismo guion de impunidad exportada

La pieza inserta a Mérida en una lista más amplia: diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos formalmente acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa. No se trata de policías municipales perdidos en el organigrama, sino de cuadros de alto rango, secretarios de seguridad, operadores con firma y sello institucional, lo que vuelve insostenible la narrativa de “manzanas podridas”.

En ese inventario, el general comparte espacio con políticos y mandos sinaloenses señalados por brindar protección, filtrar información de operativos y convertir las instituciones en ventanilla de servicio al crimen organizado. El texto sugiere que, más que excepciones, estos casos parecen sintetizar el modelo mexicano: el narco no penetra al Estado desde afuera; el narco y el Estado negocian, se mezclan y, cuando la presión externa se vuelve irresistible, sacrifiquen a uno en Nueva York mientras el resto sigue en funciones.

El cálculo político: dejar que Washington haga el trabajo sucio

El artículo apunta a un patrón claro: las grandes causas contra mandos mexicanos por narcotráfico no se construyen en México, sino en cortes federales estadounidenses, que hacen la chamba que los gobiernos locales no quieren o no pueden hacer contra sus propios aliados. En el caso Mérida, la entrega “voluntaria” en Nogales permite al gobierno mexicano lavarse las manos: no hubo cateos, no hubo escándalo de captura, no hubo ruptura abierta con el general; simplemente se dejó que el vecino se encargara.

Mientras tanto, en territorio nacional, la investigación propia brilla por su ausencia: las autoridades mexicanas no han explicado si hay indagatorias paralelas, sanciones administrativas, auditorías a contratos o siquiera una narrativa oficial coherente más allá de “estamos recabando información”. El resultado es un doble cinismo institucional: México presume defensa de la soberanía mientras externaliza sus problemas de corrupción militar; Estados Unidos presume combate al narco mientras capitaliza políticamente la exhibición de generales mexicanos encadenados.

El mensaje para los otros uniformes

En el subtexto, la crónica funciona como advertencia implícita a todo aquel militar que hoy ocupa un cargo de seguridad civil o que opera en territorios dominados por cárteles: los ojos de las agencias estadounidenses están sobre ellos y la lealtad nacional tiene fecha de caducidad cuando el expediente cruza de la embajada a la corte. 

i el general Mérida, con su rango, sus conexiones y su paso por la cúspide del aparato castrense, terminó encadenado en Nueva York, ¿qué pueden esperar los mandos medios que hoy se creen intocables al amparo del discurso de “abrazo, no balazo”?

El texto subraya que este caso abre una herida profunda en el pacto tácito entre políticos,criminales y militares: antes, el uniforme blindaba; ahora, puede convertirse en evidencia. Y mientras la presidencia administra silencios y la Defensa baja la mirada, el mensaje real lo dicta un juez al otro lado de la frontera, no una mañanera en Palacio Nacional.

Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS