La muerte de catorce personas por el descarrilamiento del tren Transoceánico el domingo ha provocado una disputa por las víctimas. El Gobierno y su aparato de propaganda embisten con fuerza contra la labor periodística que cubre el percance en la vía operada por la Marina. El régimen pretende un control informativo reñido con la democracia.
El 28 de diciembre por la mañana el ferrocarril que iba de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, terminó casi en su totalidad en un barranco. Las primeras noticias, incluidos reportes oficiales preliminares, no anticipaban la dimensión de los hechos. Unas horas después el infortunio se tornó sombrío con el registro de trece personas fallecidas y decenas de heridos. Este jueves el número de muertos ascendió a catorce.
Claudia Sheinbaum tuvo una reacción inicial acorde al sello de su Administración. Directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social se apersonaron con regular prontitud en el sitio. Caso aparte fue el del Gobierno del Estado, descabezado por una ausencia no suficientemente explicada de su titular Salomón Jara. El gobernador tardó más de 24 horas en aparecer: el lunes arribaría a la zona incluso después de la presidenta.
Como es predecible, la tragedia ocupó los espacios estelares de la prensa del arranque de la semana. Que el trenazo ocurriera en fin de año, con la predecible escasez de noticias por la reducción de prácticamente toda actividad ajena a las vacaciones, solo aportó aún más visibilidad a una información terrible por la cifra de fallecidos y polémica por haber sucedido en una de las obras emblemáticas del obradorismo.
Sea una guardería subrogada del IMSS, como tristemente sucedió en la ABC en Hermosillo, Sonora, en junio de 2009 con un saldo de 49 bebés y niños fallecidos; o la explosión de un colector, que es el caso de lo sucedido el 22 de abril de 1992 en Guadalajara con dos centenares de víctimas mortales, en cualquier tragedia la prensa se aboca a comunicar los cuestionamientos de, y demandar las explicaciones para, la población agraviada. Y ésta es comprendida por los deudos directos, los de la localidad en general y, en no pocos eventos, por la nación entera, que se duele de fallas, corrupción y/o negligencias de instancias privadas y públicas que cuestan vidas.
Esa búsqueda informativa es conducida esencialmente por dos hilos. Qué ocurrió que hizo posible la desgracia, y quiénes son los que la han padecido. Lo segundo es una obligación de humanidad: los periodistas no han de reducir a las víctimas a un número, a un expediente, a un caso, a un escándalo. Es de elemental ética buscar que las historias de los más indefensos resistan la maraña burocrática que de inmediato se activa, en todo gobierno, para minimizar los daños políticos de lo que puede convertirse en una crisis mayor.
Cualquier gobernante apurará la promesa de pesquisas exhaustivas, el pregón del “se hará justicia caiga quien caiga” —incluida la oferta de peritos independientes y apoyos de todo tipo a las víctimas— y el compromiso de enmienda para que no se repita algo similar. Es de manual actuar así, mas no todos los gobernantes logran estar a la altura de tan clásico proceder.
Lo anterior es una lección aprendida de la peor de las maneras por las y los mexicanos, y un principio periodístico elemental: se registran las declaraciones de los políticos sobre lo que harán “ahogado el niño”, sin interrumpir la búsqueda propia de información. El medio que no hace tal indagatoria abandona a las víctimas, y por extensión a su audiencia.
En esa ruta fue que el diario El Universal dio a conocer en su primera plana del martes las fotografías de las entonces trece personas fallecidas. No fue el único medio que aportó información sobre los muertos. Sí el primer medio impreso capitalino en darles un lugar tan destacado con fotografía.
La decisión editorial está justificada en toda forma, pues recuerda a la opinión pública la prioridad de hacer justicia a esos que fallecieron; que son ellas y ellos, incluidos los menores de edad muertos, los que deben motivar la investigación sobre las causas de lo ocurrido, y que no hay que desplazarlos y convertirlos en paisaje de la polarización donde unos atacarán a Andrés Manuel López Obrador y otros lo defenderán.
Periodismo es buscar si los heridos están recibiendo la atención debida; si sus familiares, y los de las víctimas fatales, han sido procurados por las autoridades con tacto y suficiencia, mostrar si en la peor hora de esas familias el Estado al menos hizo cuanto pudo para paliar el dolor de quienes pensaban pasar un fin de año en una situación lejana a tribulaciones fúnebres o médicas.
Periodismo es hablar, en pocas palabras, con quienes conocieron a los que tuvieron la mala fortuna de abordar un tren que se presumió de primer mundo y que apenas cumplidos un par de años ya cuenta muertos entre sus pasajeros.
Así, al publicar las historias de aquellos en cuya memoria el Gobierno habrá de dar una explicación —y no solo sufragar las costas de los sepelios o de los tratamientos de los heridos, según sea el caso—, esas vidas abruptamente concluidas dejan de ser dos garabatos en un expediente o en rutinarios boletines oficiales. Ya no son dos números arábigos que juntos apenas superan la docena. Son un cara de niña con sus ojitos, el pelo cano de una mujer de lentes rumbo a la tercera edad, son, entre otras biografías, la sonrisa en el regordete rostro de un hombre moreno y macizo.
Las personas en desgracia empiezan a tener significado, a significarnos algo a quienes no los conocimos en vida.
Esa significación es incómoda. No solo para el poder. Para todos. La diferencia es que en unos genera un intento control, un afán de que la sociedad deje de pensar en esas vidas truncas entre fierros retorcidos; mientras que en otros provoca indignación y alimenta la demanda de acción gubernamental pronta, eficaz y justa. Ambas incomodidades son normales. Y la segunda una condición de salud democrática.
Porque las víctimas son de la sociedad. No del Gobierno; tampoco de los medios. Aquel la agarra en contra de estos porque cuando hacen su trabajo son el conducto de la exposición de males que afectan a la población. Y nunca está mejor hecha esa incordiante labor que en la ocasión en que las primeras planas y los tiempos estelares se dedican a los que menos capacidad tienen de gestionarse atención institucional.
Morena se ha pasado siete años tratando de descalificar a la prensa al decir que por ella se expresan quienes perdieron privilegios desde 2018. No es momento para recordar que muchos privilegiados están de plácemes con gobiernos morenistas que, como los anteriores, cortejan al poder económico.
Es decir, concentrémonos en lo importante: el régimen ataca aún más a los medios cuando se sabe exhibido en tragedias que siegan la vida de los pobres. Como ésta del istmo de Tehuantepec, o como la sucedida hace meses en la Concordia en Iztapalapa, cuando una explosión de una pipa con gas mató a 32 capitalinos.
Aquí surge una tentación mayúscula. La del control total que en última instancia supondría el silencio de las víctimas. Si no pueden callar a la prensa, ¿intentarán un mutis de los deudos, de las familias que en la agonía del imprevisto trágico necesitan apoyos varios y, en muchas ocasiones, de imposible alcance por sus propios medios?
Las duras expresiones de la presidenta Sheinbaum del martes en contra de la difusión de fotografías en vida de las víctimas tienen que ser ponderadas como lo que son: el uso de la autoridad para intentar que sólo el Gobierno tenga en todo tiempo y cualquier modo el derecho de nombrar lo social, de hablar por las víctimas. No son los medios los que pierden más si Morena, con adjetivos y presiones a periodistas y editores, logra que los medios cancelen a las víctimas. Son éstas las que serán revictimizadas al negárseles su derecho a una historia, a que conozcamos su cara, a condolernos por ellos. Sería preocupante que aun en tan funestas horas el régimen quiera arrogarse el derecho a dar dispensas sobre qué sí y qué no contar de una desgracia.
La historia política de México se mide en tragedias. O más bien, en el reclamo por las víctimas de dramáticas situaciones donde por acción u omisión el Estado fue responsable (e irresponsable). Para no ir más lejos, desde 1968 y 1971, se instaló una dinámica donde el Gobierno rehuía no solo nombrar a las víctimas de represión sino incluso contarlas llegando por supuesto a negar los hechos mismos, mientras alguna prensa y otros actores impulsaban lo contrario.
Históricamente la izquierda, sobre todo, mantuvo con dignidad y no sin represalias, la reivindicación de esos muertos. Y la prensa que terqueaba en el tema de esas represiones, también era acosada.
Se suponía que a partir de 2018, con la llegada al poder de no pocos herederos de aquella izquierda, viviríamos por fin la justicia de nombrar y reconocer como víctimas del Estado a las personas violentadas por la persecución de movimientos sociales del pasado más allá de Tlatelolco y el jueves de Corpus, las mencionadas masacres paramilitares de los años 68 y 71 respectivamente.
Ya vimos que el esfuerzo fue cuando mucho parcial (acabó en una comisión de la verdad sin pleno acceso a los archivos de la milicia) y que ahora hasta gobiernos morenistas como el de Guerrero homenajean a priistas represores de campesinos y luchadores sociales. Y ello a pesar de que uno de los primeros actos del Gobierno de Sheinbaum en octubre de 2024 fue honrar a las víctimas del 2 de octubre de 1968.
Pero volviendo a las víctimas como revulsivo social. La desatención de los damnificados en el terremoto de 1985 vigorizó precisamente a la izquierda que hoy desde el poder trata de acallar a la prensa que nos receta en el desayuno unas imágenes que generan muecas de cenizo sabor. El nacimiento de movimientos ciudadanos y políticos a partir del sismo del 19 de septiembre de hace cuatro décadas explica en buena medida tanto las alternancias democráticas como el arribo del obradorismo a la presidencia.
Y así como ayer la sociedad reclamó que no se llamara daños colaterales a los niños acribillados de la familia Almanza en los tiempos del calderonismo, y así como los nombres de todos y cada uno de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en la noche de septiembre 26 de 2014 se volvieron por presión social ubicuos, así ahora, cuando Morena tiene la responsabilidad del Gobierno ha de informarse la identidad y los generales de esos catorce cuerpos de sueños rotos.
El pulso que pretende la presidenta Sheinbaum para hacerse del control de la narrativa de un percance con víctimas fatales que abochorna la imagen del expresidente como creador de obras y el de la Marina como operador de trenes es perjudicial. Desde hace más de medio siglo, ella lo sabe mejor que nadie como hija de una participante del 1968 y como una activista ella misma en múltiples movimientos sociales, la prensa ha combatido diversos intentos de censura y acoso gubernamental a fin de que no se ponga en las primeras planas a los muertos de las represiones o de las negligencias gubernamentales.
Es cierto que Claudia lidia con una situación novedosa. A diferencia de sexenios del pasado, donde con mayor o menor facilidad un presidente podía desligarse de su antecesor, incluidas sus herencias, en la presente administración hay una declarada resistencia a deslindarse de hechos o políticas del expresidente López Obrador. Que estas catorce personas hayan fallecido en un tren resucitado por el expresidente aumenta la tensión de la mandataria a la hora de tratar de contener la crisis. Es imposible predecir cuánto de su actual poder e imagen terminarían hipotecados por escándalos como el del Transoceánico si la presidenta insiste en no soltar cuanto se hizo mal entre 2018-2024.
Por lo pronto, la presidenta ha decidido poner en la balanza toda su autoridad para descalificar al periodismo que, como en muchas otras ocasiones de las décadas recientes, solo retrata la desgracia de gente a la que el Estado le ha fallado.
Con este intento de censura, porque al desacreditar con toda el peso del púlpito presidencial Sheinbaum busca inhibir no solo que otros medios hagan lo mismo, sino que las víctimas encuentren espacio en la prensa, la izquierda emprende un giro de 180 grados para asumir actitudes silenciadoras típicas de tiempos de autoritarios expresidentes como Díaz Ordaz o Echeverría. Si Morena triunfa en esta maniobra estaríamos ante un retroceso monumental. Depende de todos, no solo de las y los periodistas, que ello no ocurra.
Con informacion: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
