El Penal del Altiplano, oficialmente llamado Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 «El Altiplano», es en teoría, la prisión de mayor seguridad en México, ubicada en el Estado de México,es regulada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social ,de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch.
Pero en la triste e infausta realidad, ni es muy seguro, pues lo vulnero El Chapo en 2015 y tampoco es controlado por la SSPC,pues todo indica, ahora lo hace Osiel Cardenas,tal y como lo hacia, cuando loe denominaban La Palma y Almoloya.
Y es que algo muy grave esta ocurriendo con los muchachitos del penal bajo la batuta de Omar Garcia Harfuch,quien si no resulta culpable,si resulta responsable de lo que esta ocurriendo, pues tal y como lo hacia en el pasado,el capo teje alianzas y favores entre custodios, abogados y “compas”, dejando a cualquiera en claro que otra vez el verdadero jefe no viste uniforme, sino “aura de impunidad” y la capacidad de seguir mandando aún con las manos encadenadas.
Porque ademas nadie ignora ,que el corruptor de las elites del ejercito con las que formó los Zetas, fue cliente VIP de Almoloya y tenía tanto poder que hasta sus celularazos eran legendarios (¡31 regalitos, cortesía del buen Paquito!), moviendo los hilos del hampa tras las rejas, mientras las autoridades fingían jugar a policías y ladrones con reglamentos que sólo le servían para limpiar el piso del penal.
La informacion del trascendido en redes es consistente con el patrón recurrente en reclusión de la conducta del capo, que incluso quiso replicar en EE.UU durante su estadía en el reclusorio federal de Terre Haute en Indiana.
Los viejos tiempos
Por el Altiplano Osiel pasó como el dueño de la fiesta, en ese “infierno de máxima seguridad” donde el negocio murmuraba entre barrotes, y la fábrica de culpables producía historias de corrupcion y soborno que ni Netflix se atrevería a filmar, porque en este penal son y han sido tradicionalmente corruptos.
Las leyendas del penal lo pintaban como amo,tal y como hoy se se encamina a repetirlo y no le falta mucho para hacer que los muros tiemblen: en el Altiplano, el poder de Osiel fue tan real como hoy y eso habla muy mal del segundo piso y peor de Garcia Harfuch.
Ubicación
El penal se localiza en el Ex Rancho la Palma, poblado de Santa Juana, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a aproximadamente 25 kilómetros de Toluca y 90 km de la Ciudad de México.
Capacidad
El penal cuenta con una superficie de 260,000 metros cuadrados y una capacidad para 724 a 764 internos, aunque ha tenido episodios de sobrepoblación en los últimos años. De los cuales casi 28,000 m² corresponden a instalaciones internas y el resto a áreas de seguridad perimetral, rondines, salas de espera y estacionamientos.
Infraestructura y seguridad
Las paredes tienen un metro de espesor.
El espacio aéreo en los alrededores está restringido.
Las comunicaciones se limitan en un radio de 10 kilómetros.
Alberga a los criminales considerados más peligrosos del país y ha sido escenario de célebres episodios como la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2015.
En resumen, el Penal del Altiplano deberia ser mas en la practica que la teoria, un centro federal de máxima seguridad, no de máxima corrupción, ahora bajo responsabilidad de Omar Garcia Harfuch,que anda muy ocupado en su quehacer de «cuentachiles engañabobos»,aunque no se podria esperar mas, si atendemos la curricula manchada de Omar Garcia Harfuch,quien de acuerdo con testimonios de la FGR,le pagaban 200 mil dolares mensualesdurante su estadía de Comisario de la Policía Federal en Guerrero en 2014.
El buque petrolero Nord Supreme zarpa de Houston, en el Estado de Texas, con las bodegas llenas de aditivos para aceites lubricantes y la bandera de Dinamarca ondeando. Navega rumbo sur y, unas 90 millas náuticas antes de llegar a la altura de la frontera entre Estados Unidos y México, vira 30 grados a babor para enfilar hacia Tamaulipas, adonde arriba tras una semana de travesía.
El Nord Supreme es parte de una conspiración criminal integrada por marinos, funcionarios de aduanas y empresarios. La trama está liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango. Estos coordinaron desde 2023 al menos 69 operaciones de contrabando en los puertos mexicanos. La inmensa mayoría de los buques cargaban en el Greens Port de la empresa Watco en Houston y seguían la misma ruta a Tamaulipas, donde desembarcaban en dos puntos exactos, uno en Altamira y otro en Tampico, de acuerdo a la geolocalización de los petroleros involucrados.
El 7 de septiembre las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas involucradas en esta red. Es el mayor golpe a la corrupción en lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum. El hallazgo de la trama también ha significado un dardo a la credibilidad de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado. Con militares al mando, la logística operaba con precisión marcial, usando siempre las mismas empresas, los mismos puertos, las mismas rutas.
MTM Hamburg
La ruta del Nord Supreme es el patrón que sigue el resto de los barcos—como el Seaways Jeju o el Mtm Hamburg— que participaron en la red de huachicol fiscal de los Farías Laguna, familiares de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EL PAÍS ha reconstruido con base en registros de aduanas, puertos y la geolocalización de los buques, además del testimonio de un verificador que trabaja en una aduana del norte del país, cómo operó esta mafia en las fronteras comerciales de México.
“Es imposible que la agencia naviera y la aduanal y las empresas importadoras y exportadoras no sepan, ya que son las primeras que se acercan para tentar a los trabajadores de aduanas”, explica el verificador, con más de una década de experiencia en el ramo, y que, por seguridad, pide no revelar su nombre. “Te dicen que lo van a meter de esta forma, que va ir con estos papeles y que será con una fracción arancelaria que no pague impuestos”, añade. Este es un código numérico internacional asignado a las mercancías para identificarlas.
En todos los envíos registrados en esta red, la fracción arancelaria que usan es la 38112107, correspondiente a “aditivos para aceites lubricantes cuando se presenten a granel”, mientras que la de la gasolina es 27101209 y la del diésel es 27101910. Estas dos fracciones están sujetas al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esta fórmula de contrabando consiste en introducir en México combustible refinado en otro país, que debería abonar ese gravamen, disfrazado de otra mercancía.
La compañía exportadora, en 65 de los 69 casos analizados, es Ikon Midstream LLC, una comercializadora de combustible con sede en Houston. Las importadoras son todas de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y en 61 envíos son las empresas B-Match SA de CV, Azteca Cone SA de CV e Intanza SA de CV, relacionadas entre sí al compartir socios comerciales y dirección física. La agencia naviera es, siempre, Altamaritima SA de CV.
Puertos de salida y aduanas de entrada
La red de contrabando de combustible comandada por los militares Farías Laguna usaba siempre los mismos puertos de salida en Estados Unidos y los mismos puntos de desembarque en México.
Los navíos cargan principalmente en el mismo muelle del Greens Port de la empresa Watco en Houston o el de la Enterprise East Terminal Vidor778 en Beaumont.Los 34 buques que contrabandearon combustible en la aduana de Altamira lo hicieron exactamente en el mismo punto.La mayoría de petroleros que descargaron en Tampico lo hicieron en los muelles 7 y 8 de la aduana.
Fuente: Elaboración propia. EL PAÍS. Mónica Juárez Martín
“Pongamos que el barco sale de Houston y llega a Altamira, supuestamente cargado de aditivos para lubricantes”, ejemplifica el verificador aduanal. “Mientras está fondeado, antes de atracar, sube al buque la autoridad migratoria, la sanitaria, la aduanal y los marinos para tener lo que se llama ‘libre plática’”. El grupo realiza una primera revisión a la nave y su carga, inspeccionan los cuartos y las neveras frías y ven los números de lo que viene cargado. Después atraca y comienza el proceso aduanal.
“Forzosamente, para pasar un barco con contrabando de combustible, necesitas que esté dentro de la mafia el departamento de Informática y Contabilidad [dependiente de la Agencia nacional de aduanas de México], tanto el modulador como su subdirector”, explica. Ellos se encargan de comprobar que se hayan pagado los impuestos y escanean el pedimento, una declaración electrónica que debe presentar el importador o exportador ante las autoridades aduaneras para manifestar las mercancías.
En este momento, como en una verificación de aeropuerto, comienza un proceso aleatorio, una suerte de moneda al aire con dos posibilidades: que la carga pase libre o que vaya a una segunda inspección. Si esto ocurre, se le asigna un verificador del departamento de Operación Aduanera, que hace una revisión a fondo de la carga, con el poder de pedir un muestreo o liberar el barco.
“Es imprescindible que esté involucrado también este departamento [de Operación Aduanera], que es como el cerebro de la aduana, ya que si cae reconocimiento, el verificador y su jefe tienen que fingir que todo está correcto para liberar la carga”, continúa este trabajador, que vio cómo pasaban buques de contrabando por su aduana. “Decimos que un barco ya viene ‘arreglado’ o ‘cantado’ cuando hay un acuerdo y, aunque sepas que viene mal, tienes que hacer ver que todo está bien”, admite el funcionario.
“También necesitas a los responsables de las cámaras de seguridad, para que no alerten a nadie si de repente ven llegar a la aduana 300 camiones cisterna a llevarse el combustible; e invariablemente a los titulares y subdirectores de la aduana y el de operaciones en Ciudad de México”, dice el verificador. Y finaliza: “No se puede hacer nada sin que ellos lo sepan”.
Todos aquellos que siguieron estos pasos están entre los detenidos de la red de los Farías Laguna. La trama de contrabando operó en cuatro aduanas de México, principalmente en Altamira de junio de 2023 a abril de 2024, y en Tampico de esa fecha a marzo pasado, cuando se dio el decomiso del buque Challenge Procyon. Este fue el primer gran caso mediático de huachicol fiscal y, según han declarado las autoridades, fue clave para comenzar a desmantelar la conspiración criminal de los Farías Laguna.
Con rango de vicealmirante y contralmirante, los hermanos presuntamente usaban su influencia dentro de la institución para decidir las designaciones de marinos y que gente de su confianza acabara en puestos clave de aduanas para poder operar su red de contrabando. La red operó al menos desde junio de 2023, gestionando la entrada ilegal a puerto de un mínimo de 564 millones de litros dentro de 69 petroleros en cuatro aduanas diferentes. Esto supuso unos beneficios a los criminales de al menos 3.000 millones de pesos, unos 150 millones de dólares.
Siendo operaciones ilegales, la dimensión del contrabando de combustibles en México es un misterio al que solo se puede acceder mediante estimaciones. La consultora Petro Intelligence calcula que en 2024 hubo 18.000 millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano, equivalente al 30% del total vendido por las estaciones de servicio. Esto significaría un daño a la Hacienda pública de 6.200 millones de dólares. Las cantidades coinciden con las importaciones atípicas de aceites para lubricantes, otro de los disfraces para escamotear gasolinas, que hubo en el sexenio anterior, después de que se entregase el control de las aduanas a los militares.
“Nosotros avisamos de que estaban llegando barcos con cargas sospechosas de aditivos para aceites lubricantes desde finales de 2023; si buscan, van a encontrar que presentamos oficios ante el Órgano Interno de Control y la Secretaría de Función Pública”, asegura el verificador de aduanas. “Avisamos de que los marinos no nos dejaban hacer los muestreos y de que, con base en nuestra experiencia, se estaba permitiendo la entrada de huachicol a través de mecanismos de contrabando”, acusa.
Lamenta que sus denuncias, como demuestran los datos y sus rutas, nunca tuvieron respuesta.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA
Dicen que la violencia en México tiene agenda propia, pero la realidad es más cínica: es el narco quien lleva la pluma, el calendario y hasta el reloj. Las autoridades sólo aplauden cuando creen ver una baja en la cifra de homicidios, aunque sea puro espejismo. Y claro, el festejo dura lo que tarda en escucharse la siguiente balacera.
Tras más de cuatro meses de “descanso” en el ranking de la muerte, Nuevo León volvió con todo al primer lugar nacional. El domingo bastaron seis asesinatos para reinstalar a la entidad en la cima del desastre. No aparecía en ese trágico podio desde el 10 de mayo, cuando también fueron seis; antes había estado ahí el 22 de marzo y el 29 de abril. Una especie de calendario macabro que se repite con precisión.
Los crímenes de ayer pintan el mapa sangriento:
Un hombre ejecutado en la Colonia Ampliación Los Nogales, en García.
Una mujer y su hija embarazada rafagueadas en el norponiente de Monterrey.
Dos hombres acribillados en la Colonia La Reforma, también en Monterrey.
Un fratricidio a cuchilladas en Valle de San Roque, en Guadalupe.
Así, con ese menú de horrores, Nuevo León rebasó a Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, donde “apenas” se registraron cuatro homicidios cada uno. Competiciones macabras que parecen liguillas del crimen.
El récord no es nuevo: 2024 fue el año más bravo desde 2011, con 33 veces en la cima del ranking y un total de 1,298 víctimas. Traducido a cifras más crudas: casi cuatro homicidios diarios.
En los últimos meses, el gobernador Samuel García había intentado subirse al tren del optimismo. Dejó de esquivar el tema y comenzó a presumir que Fuerza Civil era garantía de seguridad, que las cifras mostraban una baja y que Nuevo León vivía más tranquilo. En julio incluso festejó un mínimo de 44 crímenes en el mes.
Pero la fiesta le duró poco: en agosto ya eran 57 homicidios, y en lo que va de septiembre el marcador anda en 40, con todo y el reventón del domingo sangriento.
Es la misma historia de siempre: cuando se callan las balas, el gobierno presume cifras como si fuera un campeonato; cuando suena el plomo, se esconden detrás de discursos huecos. Mientras tanto, la “agenda” del narco avanza puntual, sin necesitar conferencias de prensa.
El mensaje oficialista de Morena,pronunciado ayer por la lideresa estatal e ilustre desconocida Ma. Guadalupe Gómez Nuńez, busca blindar al gobierno de Américo Villarreal recurriendo a la descalificación y la evasión, en vez de encarar con honestidad las severas fallas de seguridad que afectan a Tamaulipas,tras el asesianto del ex-alcalde de Burgos,Jorge Eleazar Galvan Garcia que se suma a la larga lista de crímenes sin resolver.
Este tipo de retórica, lejos de defender honra pública del gobierno manchado, se convierte en un ejercicio de distracción y culpabilización de adversarios. Mientras el Estado enfrenta el asesinato de un ex alcalde, el partido oficial redirige la indignación pública señalando supuestas campañas de “percepción” y reviviendo agravios de sexenios previos, en vez de exigir resultados y rendición de cuentas al actual gobierno frente a la violencia e impunidad que persisten, pues en todos los casos todo queda impune.
Mecanismos de defensa y ausencia de autocrítica
Lejos de condenar con firmeza la inoperancia de la administración de Villarreal en temas de seguridad y justicia, Morena opta por acusar al PAN de “politizar” el crimen. Esta postura se muestra incongruente: evita cuestionar a sus autoridades, ocupar espacios de auténtica exigencia ciudadana y dar prioridad a las víctimas.
La retórica oficialista traslada siempre la culpa a gobiernos pasados, buscando diluir su responsabilidad en el deterioro de la paz pública. Es esta actitud, sobre todo cuando se aferra al cliché de “ataques mediáticos” y “orquestaciones externas”, la que confirma la incapacidad o desinterés de los gobernantes actuales para responder a las verdaderas causas que cobran vidas en Tamaulipas bajo el gobierno de Morena de Americo Villarreal,recien fichado por «NARCOPOLITICO».
Uso faccioso del discurso
Utilizar términos como “campaña de percepción” y acusar a redes sociales o a los medios de crear “sensación de inseguridad” constituye una forma gastada de manipulación que trata de encubrir carencias estructurales del gobierno en materia de seguridad y justicia. El mensaje oficial no asume ninguna autocrítica ni propone investigaciones a fondo de lo sucedido bajo la administración actual, sino que simplemente reitera discursos del pasado y deja de lado la exigencia urgente que la sociedad tamaulipeca merece.
Nunca se defiende la honra de una narco administración ignorando la realidad ni persiguiendo fantasmas del pasado. El verdadero agravio para el pueblo de Tamaulipas es que, frente a la tragedia, sus gobernantes no hablen de soluciones, resultados y responsables, sino que perpetúen el círculo vicioso de culpas y promesas vacías.
Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, falleció el pasado sábado en un hospital de la ciudad de Durango, presuntamente derivado de complicaciones por el Covid.
Sin embargo, Carlos Saíd Arellano, padre de la adolescente, presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal para demandar que se aclare el fallecimiento al señalar que su hija fue sometida a una cirugía de implantes de senos.
El caso huele más a encubrimiento que a medicina, y el expediente clínico parece más un guion torcido de La Ley y el Orden versión Durango: una menor de 14 años muere, el hospital dice “respiratorio”, el certificado sale en dos minutos (¿con qué impresora 4D?), y después aparecen implantes de senos con cicatriz quirúrgica reciente.
Perspectiva médica
Una cirugía estética en una adolescente de 14 años es una barbaridad médica. La mayoría de los cirujanos plásticos serios ni siquiera consideran procedimientos de aumento mamario antes de que termine el desarrollo corporal (alrededor de los 17-18 años).
La causa de muerte en el certificado dice “edema cerebral secundario a enfermedad respiratoria”. El detalle incómodo es que complicaciones postquirúrgicas, como embolia grasa, tromboembolia pulmonar o incluso reacción anestésica, pueden provocar síntomas respiratorios severos y terminan en edema cerebral por hipoxia.
La “coincidencia” de que una niña operada muera justo por complicaciones pulmonares y cerebrales no se explica con Covid —más aún en 2025, cuando la letalidad en adolescentes es bajísima—. El cuadro cuadra más con una mala praxis anestésica o quirúrgica.
Perspectiva legal
La autorización quirúrgica en un menor requiere consentimiento informado de ambos padres o tutores, a menos que exista patria potestad única, lo cual no se aclara en el caso. Si la madre consintió la cirugía sin el aval del padre, eso ya constituye omisión y probable delito.
Si el cirujano era la pareja sentimental de la madre y además hijo de un magistrado, el asunto sube otro nivel: potencial conflicto de interés, negligencia y abuso de confianza médica.
El hospital emitió un certificado de defunción exprés sin necropsia oficial. Eso es irregular. En muertes hospitalarias con factores quirúrgicos y más tratándose de una menor, la necropsia es la norma, no la excepción.
Si la Fiscalía documenta que hubo cirugía sin autorización paterna y con resultado letal, se puede configurar desde homicidio culposo por negligencia médica hasta responsabilidad penal de la madre por poner en riesgo a la menor.
El punto irreverente
Llamarle “complicación respiratoria” a lo que claramente huele a un desastre quirúrgico es como decir que alguien “murió de sed” cuando lo que pasó es que lo amarraron en un cuarto sin agua.
Lo inquietante es la rapidez casi olímpica para cerrar el caso en el hospital, como si supieran que se venía tormenta legal y política. El “corpiño quirúrgico” hallado en el velorio funciona como la pistola humeante de un thriller: si no hubo cirugía, ¿por qué estaba la menor vendada con implantes dentro?
Conclusión
Lo que parece aquí no es Covid sino un combo de negligencia médica, encubrimiento hospitalario y omisión intencional de las autoridades movidas por apellidos pesados. La línea de investigación obligada no es el virus, sino: ¿quién autorizó la cirugía? ¿quién la practicó realmente? ¿por qué se disfrazó la causa de muerte?
