La entrevista entre Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Joaquín López-Dóriga fue irreverente , Manzo habla sin rodeos sobre el poder de los cárteles en Uruapan, reconoce abiertamente su miedo, que ni Harfuch ,ni la Presidenta han volteado a verlo,pero afirma que no puede dejarse vencer y debe actuar con valentía para proteger a los ciudadanos y su propio gobierno.
Tono directo
Carlos Manzo rompe el protocolo institucional al aceptar públicamente el miedo que siente al enfrentarse a los cárteles, pero declara que no se puede dar ni un paso atrás ante la amenaza del crimen organizado. Expresa un reto y exigencia al gobierno estatal y federal, reclamando directamente la ausencia de apoyo, especialmente señalando la falta de visitas de la Presidenta de México y del secretario Omar García Harfush, a pesar de múltiples llamados de auxilio.
Crítica al gobierno y denuncia de corrupción
Manzo denuncia la complicidad de administraciones municipales anteriores con grupos criminales y la penetración del crimen en todos los niveles de gobierno. Su irreverencia se ve en cómo exige públicamente a las autoridades federales y estatales que atiendan los delitos graves, subrayando la incapacidad y el vacío de poder en los tres niveles de gobierno.
Revelación de la situación en Uruapan
Afirma que Uruapan, siendo uno de los principales generadores de riqueza por su producción y exportación de aguacate, sufre gravemente por la extorsión del crimen organizado, que opera sin freno. Manzo insiste en que su labor debería limitarse a la prevención del delito local, pero la crisis lo lleva a solicitar ayuda urgente, recurriendo a declaraciones polémicas y disruptivas para captar atención nacional.
Así, la irreverencia de la entrevista radica en la crudeza, el rechazo a los discursos oficiales y la denuncia frontal de las autoridades y el contexto delictivo en el municipio.
En la esquina izquierda del ring, con guantes de “estadista responsable”, pero actitud de cobradora de vecindad, aparece Claudia “la Presidenta Fiscal” Sheinbaum, reclamando lo que en su narrativa parece tan básico: “Toma chocolate y paga lo que debes”. Nada de tecnicismos. Aquí la doctora cambió el lenguaje académico por el tono de cobradora en la ruta de microbús: “¿Se va a cooperar o le digo al chofer que no arranca?”.
En la esquina derecha, con traje caro, sonrisa de influencer millonario y mañas de quien juega a la rayuela fiscal, emerge Ricardo “el Rico No-Paga” Salinas Pliego, maestro de la retórica libertaria y del arte ninja de pagar siempre poquito menos. Se le acusa de deberle a todos: al SAT, a inversionistas yanquis, quién sabe si hasta al del valet parking. La única cartera que parece tener saldo a favor es la suya.
Pero la tragicomedia está en el guion. Ella, que debería estar piloteando la nave nacional, decide bajarse al barrio y gritar desde el megáfono: “¡Pagueeee sus impuestos, vecino moroso, que ya pasó el COVID!”. Él, en respuesta, finge que la gripe pandémica le sigue impidiendo abrir la billetera, como si la enfermedad más grave hubiera sido la alergia al fisco.
El público ríe, porque todo es caricatura:
La presidenta en plan cobradora de colonia, con casco de “Super SATwoman” y libreta de adeudos.
El empresario en modo “rebelde fiscal”, víctima autoproclamada del abuso de los gobernicolas, aunque se pasee en helicóptero.
Ambos tienen razón… y a la vez ninguno la tiene. Porque el Estado no debería ser cobrador a gritos, ni el empresario un Houdini tributario.
La «bandita» reaccionó a la noticia de El Norte, como en ring de lucha libre: burlones, ácidos y sin filtro. La mayoría ve el pleito entre la cobradora y el moroso como cortina de humo mientras todos los partidos, Morena y oposición, se reparten las migajas del descontento. Hay quienes acusan al gobierno de ladrones, otros piden que así de puntillosos sean con los amigos y socios de Palacio, y más de uno deja claro que, por cada escándalo, hay otro tapado.
En el muro de los lamentos digitales, nadie se salva: se burlan de la investidura presidencial, llaman “barredor” a Adán López, tunden a Salinas Pliego, pero no pierden la oportunidad de pedir que paguen todos—y de paso se rían del miedo de los políticos y de la frustración colectiva. El tono general es de irreverencia y ánimo de ventanear a todos, sin piedad, con mensajes que van desde el sarcasmo, el resentimiento y la resignación, hasta la burla de que es solo un show más de “quítate tú, para que robe yo”.
Pero en esta versión tropicalizada de la ópera bufa, lo que se juega no es justicia fiscal ni defensa de inversionistas, sino quién se lleva el aplauso fácil del respetable: la mandataria que ahora parece gestora de cobranzas o el magnate que practica maromas legales para que el fisco no le saque ni un centavo más.
Y mientras tanto, México, convertido en gradería con olor a plomo y muerte, observa el pleito con palomitas, sabiendo que la función sigue, que el show del “Arrebatón Fiscal” apenas empieza y que, gane quien gane, alguien seguirá debiendo: o ellos, o nosotros.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana ,que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si los dichos de un testigo sobre que Hernán Bermúdez negoció con líderes del narco de Tabasco y evitar disturbios en elección de Gobernador de 2018, que ganó el ahora Senador de Morena,Adán Augusto Lopez, son ciertas.
Durante la mañanera, la Mandataria federal afirmó que si la Fiscalía establece que hay un cargo contra el senador Adán Augusto «la situación es distinta», aunque «hasta ahora no hay nada».
El uso selectivo del estándar de prueba
Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en este caso es jurídicamente impecable en apariencia, pero políticamente tramposo. Se esconde detrás de un principio correcto —la presunción de inocencia y la autonomía de la FGR— para blindar a un personaje clave del obradorismo como Adán Augusto López, mientras coloca el estándar probatorio en un nivel imposible de alcanzar.
En derecho penal, una declaración de testigo colaborador o testigo protegido puede ser suficiente, si está corroborada con indicios, para abrir una investigación y citar a declarar. No se necesita tener “certeza” sobre la culpabilidad del testimoniado para que el Ministerio Público lo investigue: basta la notitia criminis (la noticia de un hecho delictivo) para abrir carpeta. Eso está previsto en el artículo 21 constitucional, que obliga al MP a investigar “todos los hechos que puedan constituir un delito”.
La presidenta plantea que mientras la FGR no presente cargos, “no hay nada”. Eso es técnicamente falso. La obligación es investigar desde el primer indicio, sobre todo cuando se trata de un testimonio judicializado en carpeta ministerial.
El hecho de que se trate de un testigo colaborador le da todavía más peso: este no es un rumor periodístico, sino una declaración bajo protesta ante la Fiscalía, que incluso ya dio lugar a una orden de aprehensión contra Bermúdez.
Si la FGR consideró verosímil el testimonio para girar orden de captura contra el jefe policial, sería ilógico que no sea lo bastante serio para por lo menos llamar a rendir declaración al político que se habría beneficiado directamente.
La trampa del poder político
La presidenta dice: “Si la Fiscalía establece que hay algún cargo, la situación es distinta”. Pero mientras tanto, se niega a reconocer que ya existe un elemento incriminatorio contra el círculo de Adán Augusto. Este doble rasero construye impunidad preventiva: solo serán investigados cuando la Fiscalía “lo diga”, y recordemos que la FGR de Gertz Manero ha demostrado actuar selectivamente, alineada al poder presidencial.
Aquí entra la ironía: a cualquier ciudadano común lo pueden citar a declarar por muchísimo menos. Una denuncia anónima puede ser suficiente para abrir carpeta y someter a alguien a largos meses de investigación. Pero cuando se trata de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y figura presidencialista,ahoara Senador de la «Cuatro-TE», se exige casi el video firmado, recibo notariado y autenticado del pacto con el narco antes siquiera de mover la boca.
Fundamento legal que contradice a Sheinbaum
Artículo 16 de la Constitución: basta “denuncia, querella o cualquier hecho que la ley señale como delito” para que el MP inicie investigación. No hace falta que esté demostrado al 100%.
Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 131): regula la figura del testigo colaborador, y establece que su dicho —corroborado con datos de prueba— es válido para motivar acciones ministeriales y judiciales.
Jurisprudencia de la SCJN: reiteradamente ha confirmado la validez de testigos protegidos, siempre que existan otros elementos de prueba mínimos (ej. localización de reuniones, llamadas, vínculos con criminales).
Por que el título:
«SHEINBAUM NOS la PONE DURA»: «ESTÁNDAR de PRUEBAS de PRESIDENTA es ALTISIMO y SELECTIVO SI se TRATA de TRATOS de MORENA y NARCOS»…pide pruebas sobre las pruebas.
Nuestro encabezado está sustentado en los hechos: la presidenta Claudia Sheinbaum frecuentemente exige pruebas casi imposibles de conseguir cuando hay señalamientos contra figuras de Morena por presuntos vínculos con el narco, pero su rigor no es igual cuando los acusados son opositores o exfuncionarios ajenos al oficialismo.
Argumentos y evidencias
En casos emblemáticos, como el de Hernán Bermúdez y los señalamientos contra Adán Augusto López, Sheinbaum repite que hace falta “denuncia formal,” “pruebas suficientes,” y que todo debe pasar por el filtro de la Fiscalía, aunque ya existen declaraciones ministeriales impactantes y carpetas de investigación abiertas.
Cuando aparecen testigos colaboradores, grabaciones y testimonios judicializados que involucran a funcionarios de Morena en pactos con narcos, la presidenta exige que las pruebas sean, prácticamente, de tipo notarial o que provengan de sentencias concluyentes en cortes internacionales —como ocurre con el caso “El Mayo” Zambada, donde pidió denunciar con nombre y datos antes de siquiera abrir investigación.
El estándar de pruebas (“pruebas sobre las pruebas”) se vuelve tan alto que ni audios, videos ni testimonios en carpetas ministeriales bastan si afectan a Morena, pero grabaciones y filtraciones periodísticas sí han dado pie a escándalos judiciales en casos contra opositores (por ejemplo, García Luna).
Pruebas del doble estándar y selectividad
En casos donde EE.UU. sancionó bancos mexicanos por lavado de dinero ligado al narcotráfico y pidió colaboración mexicana, Sheinbaum exigió “pruebas” antes de siquiera tomar medidas de supervisión o indagar en casa.
Cuando el PRI y el PAN denunciaron formalmente a Adán Augusto López por vínculos criminales, Morena y el gobierno respondieron minimizando e ignorando los señalamientos, pidiendo pruebas extraordinarias y sin abrir carpetas a fondo.
Organismos internacionales y medios documentan que, en denuncias contra funcionarios oficialistas, la respuesta es pedir evidencia casi judicial mientras, en sentido opuesto, las denuncias de narcopolítica contra opositores sí son socializadas y judicializadas rápidamente.
Pide pruebas de las pruebas
Sheinbaum establece un círculo vicioso: cuando hay un testimonio, pide pruebas que lo respalden; cuando existen grabaciones, exige sentencia judicial; si hay carpetas ministeriales, reclama videoperitajes, y así sucesivamente. ¿Pruebas?, sí; pero también pruebas de las pruebas, en una espiral infinita, razonable para una defensa penal pero absurda para una investigación preliminar de oficio, sobre todo en casos de alta peligrosidad nacional. Esto lo confirma el hecho de que testimonios directos, audios y videos recabados contra operadores de Morena han quedado sin consecuencias porque “no son suficientes”.
Así, el “estándar durísimo” y selectivo de Sheinbaum no tiene que ver con el Derecho, sino con la estrategia política de blindar a aliados y hacer como que persigue narcopolíticos… solo cuando la evidencia es tan abrumadora y pública que ya no hay escapatoria posible. El resultado: nunca habrá ‘nadie de Morena en el tambo’ mientras las pruebas no sean perfectas y, preferentemente, ratificadas por un notario extraterrestre.
La irreverencia que se impone
El problema no es jurídico, es político: Sheinbaum convierte la presunción de inocencia en una presunción de impunidad. Nadie pide que se encarcele a Adán Augusto con un chisme, pero sí que se abra investigación seria. Lo contrario equivale a blindar a los aliados mientras se deja que la justicia se use con dureza selectiva contra opositores.
En llano: lo que Sheinbaum dice equivale a que si mañana un testigo protegido acusa al expresidente Calderón, basta eso para que la misma clase política lo crucifique mediáticamente (como ya ocurrió con García Luna). Pero cuando el fuego roza al morenismo, de pronto la palabra de un testigo es “insuficiente” hasta que llegue casi con grabación en 4K del pacto narco.
Se llama doble vara. Y lo que hoy queda claro es que frente al narcopacto tabasqueño, la presidencia prefiere mirar al techo y preguntarse si ha pasado algo… aunque la carpeta de investigación ya lo esté gritando.
La mas reciente videocolumna de la periodista Azucena Uresti lanza una descarga irreverente contra la narrativa oficialista, exhibiendo los costados más oscuros y cínicos del gobierno morenista. El texto destroza la imagen de limpieza y moralidad del sexenio pasado, el de Lopez «hablador’, argumentando que la bandera de la lucha anticorrupción fue apenas una cortina de humo para encubrir el sexenio más corrupto en la memoria nacional.
Corrupción y simulación institucional
La columna arranca preguntando si a alguien le queda duda de que el sexenio pasado fue un engaño monumental, recordando cómo López Obrador envolvió en palabrería y mentiras a los delincuentes enquistados en su administración.
Uresti enumera episodios: desde el fideicomiso de los damnificados por el sismo de 2017, que derivó en financiamiento sucio a campañas, hasta los videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, y los escándalos familiares con casas en Houston y contratos a parientes.
El caso Segalmex, la mafia institucional
La columna subraya el mega fraude federal en Segalmex, un desfalco que superó los 15 mil millones de pesos, más grande incluso que la estafa maestra del pasado régimen.
Destaca cómo AMLO pretendió minimizar el escándalo, llamándolo ‘hechos aislados’, y cómo la complicidad se extiende al entorno de Adán Augusto López en Tabasco, ligado con redes criminales.
El tono de Sheinbaum y su complicidad
Uresti apunta los dardos hacia Claudia Sheinbaum, marcando su postura ambigua y cómplice: cuando la presidenta critica al pasado desde las mañaneras, es capaz de azotar la credibilidad de los bisabuelos y abuelos políticos del gobierno, pero jamás tocar el pedestal de “tata AMLO”.
Sugiere que Sheinbaum finge ir “hasta donde tope” en los casos de corrupción aunque nunca llegue al tope, que el verdadero límite no es la justicia, sino la protección del líder fundador. La columna cierra con la demanda de cortar la cabeza desde arriba y no solo exhibir a los operadores menores, insinuando cinismo y simulación.
Esta videocolumna desmenuzada,nos revela un tono feroz y desacralizador, dejando claro que la crítica no es solo al pasado, sino a la continuidad del poder bajo la sombra de López Obrador, con Sheinbaum como garante de ese pacto de silencio y sobrevivencia política, no se podía esperar mas de la cientifica,esa era su encomienda.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, durante su gestión como Alcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, colaboró con operadores del Cártel de Sinaloa, con la facción de «Los Mayos», en particular los hermanos Alfonso y René Arzate («Los Arzate»), mediante intermediarios como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre.
Currículum estrellado de Araceli Brown
Nombre completo: Hilda Araceli Brown Figueredo Nacida en: Playas de Rosarito, 2 de octubre de 1970 Cargo actual: Diputada federal de Morena por el Distrito 9 de Baja California (LXVI Legislatura, 2024-2027). Suplente: Kenia Abigail Zamudio Aguayo (lista por si acaso el vecino del norte insiste en su “blacklist”).
Carrera política
2024-2027: Diputada federal. Se le asignaron comisiones de Cultura y Cinematografía (tal vez para escribir su propio guion de narcoserie) y de Movilidad y Bienestar (movilidad, de preferencia, de dólares y favores).
Exalcaldesa de Rosarito. Conocida en la región por la mezcla de gestión pública y sospechosamente privadas simpatías.
2018-2019: Coordinadora Regional de Censos del Bienestar (zona Tecate-Rosarito).
2018: Coordinadora Estatal de Afiliación de Morena.
2012 hacia atrás: Una militante AMLO-céntrica de tiempo completo: campañas, afiliaciones, consultas FOBAPROA, el “Todos con Andrés Manuel”. Básicamente, cualquier evento de Morena en BC tenía su selfie.
Activismo y militancia
Desde 1998 se trepó a la ola obradorista:
Representante suplente del PRD.
Fundadora de asociaciones civiles “somos libres” pero alineadas al “proyecto”.
Coordinadora de campaña en 2009.
Operadora de la Convención Nacional Democrática y del “Gobierno Legítimo”.
En resumen: formación académica trunca, pero militancia completísima.
Experiencia privada
Directora ejecutiva de Radio Rosarito (el micrófono no pregunta credenciales).
Posible debut no oficial como protagonista involuntaria de informes del Departamento del Tesoro.
Iniciativas en San Lázaro
Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a informar país de origen de productos importados (irónico, ahora que su propio “origen político” se exporta en comunicados de Washington).
Cambios en la Ley de Caminos y Puentes, buscando dar fluidez, aunque parece que la que fluía era la nómina política local.
Las acusaciones desde EU
Según el Departamento del Tesoro, la diputada Brown no solo organizaba censos, también “organizó nombramientos municipales” a la medida de Candelario Arcega Aguirre, operador del Cártel de Sinaloa.
Acusada de facilitar cobro de sobornos/extorsiones a favor de los hermanos Arzate.
Presunta complicidad con autoridades de seguridad pública en Rosarito, donde “protección” era un negocio privado.
Y la frase lapidaria: “Gracias a Brown, Arcega pudo controlar partes del gobierno municipal” (Tesoro dixit).
Sus palabras de defensa
Brown jura que todo es una “infamia”, que sus cuentas no están congeladas y que incluso fue al hospital en San Diego “el domingo pasado” como prueba de movilidad internacional. Traducción libre: si me dejan cruzar a EU, ¿cómo voy a estar en la lista negra?
La compañía en la lista negra
Candelario Arcega Aguirre: señalado como operador político del cártel.
Antes de ser nombrado Secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena negoció con líderes del narco tabasqueño evitar disturbios en la elección de Gobernador de Tabasco en 2018 para que ganara sin contratiempos el candidato de Morena, Adán Augusto López, según el dicho ante la FGR del secretario particular del jefe policial.
El subordinado de Bermúdez, quien se convirtió en testigo colaborador -con las siglas CTDR-, declaró ante la Fiscalía que su jefe negoció con un narcotraficante apodado «El Pelón de Playa».
Luego que López, hoy coordinador de los senadores morenistas, ganara la elección, nombró a Bermúdez primero como Director de la Policía de Investigación y, en diciembre de 2019, lo ascendió a Secretario de Seguridad Pública estatal. Entonces «El Pelón de Playa», líder local del narco, fue detenido, pero no desapareció la actividad delictiva sino que, según el testimonio ministerial, las operaciones criminales fueron encabezadas por el grupo «La Barredora», comandado por el propio Bermúdez.
Los testimonios de CTDR fueron rendidos el 8 y 9 de mayo y están contenidos en una carpeta de investigación de la Fiscalía que sustenta la orden de aprehensión.
Se afirma que el ahora testigo protegido conoció desde 2008 a Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, a quien asesoraba en compra y administración de inmuebles.
«Fue en el año 2018 durante la campaña de Adán Augusto López Hernández, para Gobernador del Estado de Tabasco, que Hernán Bermúdez, fue invitado por parte del entonces candidato para la gubernatura del Estado de Tabasco para que colaborara en la logística de la campaña y de las elecciones», se señala en el documento oficial.
«Días antes de las elecciones, Bermúdez Requena buscó reunirse con un criminal de alias ‘Pelón de Playa’ () con la finalidad de que no hubiera disturbios en las elecciones para Gobernador en Tabasco. Una vez que López Hernández ganó la elección, éste propuso a Bermúdez como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco», dice el testimonio.
A su vez, Bermúdez nombró a Ulises Pinto Madera como policía de investigación de la Secretaría de Seguridad y es quien le dice que podían manejar el huachicol, robo y venta de gas LP y narcomenudeo, según el testimonio.
«Dentro de sus primeros trabajos de Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad, fue llevar a cabo la detención de ‘Pelón de Playa’ (…) al llevar a cabo la detención de este personaje, en toda la ciudad hubo enfrentamientos de células criminales, quema de autos, cuerpos de personas colgadas, mantas con amenazas, todo en ese momento gestado por Gabriel Gómez Vázquez, Ulises Pinto Madera y Daniel Hernández Montejo, alias ‘Prada’ o ‘Chichirria’, y/o Yeison Daniel Hernández Montejo, todo ello con la finalidad de atribuírselo a ‘Pelón de Playa’ y así tener elementos para llevar a cabo su detención».
Pinto, apodado «El Mamado», fue detenido en julio pasado en Puebla y aceptó la condición de testigo protegido bajo la cual ofreció información que permitió localizar al entonces prófugo Bermúdez, que ayer llegó a México tras ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido.
