La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana ,que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si los dichos de un testigo sobre que Hernán Bermúdez negoció con líderes del narco de Tabasco y evitar disturbios en elección de Gobernador de 2018, que ganó el ahora Senador de Morena,Adán Augusto Lopez, son ciertas.
Durante la mañanera, la Mandataria federal afirmó que si la Fiscalía establece que hay un cargo contra el senador Adán Augusto «la situación es distinta», aunque «hasta ahora no hay nada».
El uso selectivo del estándar de prueba
Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en este caso es jurídicamente impecable en apariencia, pero políticamente tramposo. Se esconde detrás de un principio correcto —la presunción de inocencia y la autonomía de la FGR— para blindar a un personaje clave del obradorismo como Adán Augusto López, mientras coloca el estándar probatorio en un nivel imposible de alcanzar.
En derecho penal, una declaración de testigo colaborador o testigo protegido puede ser suficiente, si está corroborada con indicios, para abrir una investigación y citar a declarar. No se necesita tener “certeza” sobre la culpabilidad del testimoniado para que el Ministerio Público lo investigue: basta la notitia criminis (la noticia de un hecho delictivo) para abrir carpeta. Eso está previsto en el artículo 21 constitucional, que obliga al MP a investigar “todos los hechos que puedan constituir un delito”.
- La presidenta plantea que mientras la FGR no presente cargos, “no hay nada”. Eso es técnicamente falso. La obligación es investigar desde el primer indicio, sobre todo cuando se trata de un testimonio judicializado en carpeta ministerial.
- El hecho de que se trate de un testigo colaborador le da todavía más peso: este no es un rumor periodístico, sino una declaración bajo protesta ante la Fiscalía, que incluso ya dio lugar a una orden de aprehensión contra Bermúdez.
- Si la FGR consideró verosímil el testimonio para girar orden de captura contra el jefe policial, sería ilógico que no sea lo bastante serio para por lo menos llamar a rendir declaración al político que se habría beneficiado directamente.
La trampa del poder político
La presidenta dice: “Si la Fiscalía establece que hay algún cargo, la situación es distinta”. Pero mientras tanto, se niega a reconocer que ya existe un elemento incriminatorio contra el círculo de Adán Augusto. Este doble rasero construye impunidad preventiva: solo serán investigados cuando la Fiscalía “lo diga”, y recordemos que la FGR de Gertz Manero ha demostrado actuar selectivamente, alineada al poder presidencial.
Aquí entra la ironía: a cualquier ciudadano común lo pueden citar a declarar por muchísimo menos. Una denuncia anónima puede ser suficiente para abrir carpeta y someter a alguien a largos meses de investigación. Pero cuando se trata de Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y figura presidencialista,ahoara Senador de la «Cuatro-TE», se exige casi el video firmado, recibo notariado y autenticado del pacto con el narco antes siquiera de mover la boca.
Fundamento legal que contradice a Sheinbaum
- Artículo 16 de la Constitución: basta “denuncia, querella o cualquier hecho que la ley señale como delito” para que el MP inicie investigación. No hace falta que esté demostrado al 100%.
- Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 131): regula la figura del testigo colaborador, y establece que su dicho —corroborado con datos de prueba— es válido para motivar acciones ministeriales y judiciales.
- Jurisprudencia de la SCJN: reiteradamente ha confirmado la validez de testigos protegidos, siempre que existan otros elementos de prueba mínimos (ej. localización de reuniones, llamadas, vínculos con criminales).
Por que el título:
«SHEINBAUM NOS la PONE DURA»: «ESTÁNDAR de PRUEBAS de PRESIDENTA es ALTISIMO y SELECTIVO SI se TRATA de TRATOS de MORENA y NARCOS»…pide pruebas sobre las pruebas.
Nuestro encabezado está sustentado en los hechos: la presidenta Claudia Sheinbaum frecuentemente exige pruebas casi imposibles de conseguir cuando hay señalamientos contra figuras de Morena por presuntos vínculos con el narco, pero su rigor no es igual cuando los acusados son opositores o exfuncionarios ajenos al oficialismo.
Argumentos y evidencias
- En casos emblemáticos, como el de Hernán Bermúdez y los señalamientos contra Adán Augusto López, Sheinbaum repite que hace falta “denuncia formal,” “pruebas suficientes,” y que todo debe pasar por el filtro de la Fiscalía, aunque ya existen declaraciones ministeriales impactantes y carpetas de investigación abiertas.
- Cuando aparecen testigos colaboradores, grabaciones y testimonios judicializados que involucran a funcionarios de Morena en pactos con narcos, la presidenta exige que las pruebas sean, prácticamente, de tipo notarial o que provengan de sentencias concluyentes en cortes internacionales —como ocurre con el caso “El Mayo” Zambada, donde pidió denunciar con nombre y datos antes de siquiera abrir investigación.
- El estándar de pruebas (“pruebas sobre las pruebas”) se vuelve tan alto que ni audios, videos ni testimonios en carpetas ministeriales bastan si afectan a Morena, pero grabaciones y filtraciones periodísticas sí han dado pie a escándalos judiciales en casos contra opositores (por ejemplo, García Luna).
Pruebas del doble estándar y selectividad
- En casos donde EE.UU. sancionó bancos mexicanos por lavado de dinero ligado al narcotráfico y pidió colaboración mexicana, Sheinbaum exigió “pruebas” antes de siquiera tomar medidas de supervisión o indagar en casa.
- Cuando el PRI y el PAN denunciaron formalmente a Adán Augusto López por vínculos criminales, Morena y el gobierno respondieron minimizando e ignorando los señalamientos, pidiendo pruebas extraordinarias y sin abrir carpetas a fondo.
- Organismos internacionales y medios documentan que, en denuncias contra funcionarios oficialistas, la respuesta es pedir evidencia casi judicial mientras, en sentido opuesto, las denuncias de narcopolítica contra opositores sí son socializadas y judicializadas rápidamente.
Pide pruebas de las pruebas
Sheinbaum establece un círculo vicioso: cuando hay un testimonio, pide pruebas que lo respalden; cuando existen grabaciones, exige sentencia judicial; si hay carpetas ministeriales, reclama videoperitajes, y así sucesivamente. ¿Pruebas?, sí; pero también pruebas de las pruebas, en una espiral infinita, razonable para una defensa penal pero absurda para una investigación preliminar de oficio, sobre todo en casos de alta peligrosidad nacional. Esto lo confirma el hecho de que testimonios directos, audios y videos recabados contra operadores de Morena han quedado sin consecuencias porque “no son suficientes”.
Así, el “estándar durísimo” y selectivo de Sheinbaum no tiene que ver con el Derecho, sino con la estrategia política de blindar a aliados y hacer como que persigue narcopolíticos… solo cuando la evidencia es tan abrumadora y pública que ya no hay escapatoria posible. El resultado: nunca habrá ‘nadie de Morena en el tambo’ mientras las pruebas no sean perfectas y, preferentemente, ratificadas por un notario extraterrestre.
La irreverencia que se impone
El problema no es jurídico, es político: Sheinbaum convierte la presunción de inocencia en una presunción de impunidad. Nadie pide que se encarcele a Adán Augusto con un chisme, pero sí que se abra investigación seria. Lo contrario equivale a blindar a los aliados mientras se deja que la justicia se use con dureza selectiva contra opositores.
En llano: lo que Sheinbaum dice equivale a que si mañana un testigo protegido acusa al expresidente Calderón, basta eso para que la misma clase política lo crucifique mediáticamente (como ya ocurrió con García Luna). Pero cuando el fuego roza al morenismo, de pronto la palabra de un testigo es “insuficiente” hasta que llegue casi con grabación en 4K del pacto narco.

Se llama doble vara. Y lo que hoy queda claro es que frente al narcopacto tabasqueño, la presidencia prefiere mirar al techo y preguntarse si ha pasado algo… aunque la carpeta de investigación ya lo esté gritando.
Con informacion: ELNORTE/

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