EL «SINCERICIDA de SINALOA»: «DESFILE MILITAR lo ENCABEZÓ GENERAL que dijo que la VIOLENCIA NO DEPENDIA del EJERCITO,SINO de NARCOS en GUERRA»…y hasta lo ascendieron.

El General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano desde julio pasado, fue hoy el encargado de encabezar el Desfile Militar de este 16 de septiembre.

Leana Ojeda fue comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa desde diciembre de 2022 y en el arranque de la guerra entre «Los Mayitos» y «Los Chapitos», en septiembre de 2024, el mando dijo en público lo que normalmente los mandos callan, un desliz sincero que lo marcó y lo sacaron rápido de Sinaloa. 

El “sincericidio” de Sinaloa

Septiembre de 2024, en plena guerra entre Los Mayitos y Los Chapitos, el entonces jefe de la Tercera Región Militar suelta la frase: “No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que esten dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad».

Traducción para mortales: el Ejército no tiene el control de la violencia; los que marcan la agenda son los cárteles.

Esta declaración disloca el discurso oficial de “el Estado manda y la criminalidad será contenida”. Porque si el propio general dice que todo depende de los narcos, ¿qué papel juega entonces el Ejército? ¿El de árbitro pasivo? ¿El de espectador armado?

La salida exprés

• Un mes después, Leana Ojeda es removido discretamente y enviado a la Primera Región Militar (CDMX).
• Al arrancar el sexenio de Claudia Sheinbaum, sube todavía más: en julio de 2025 lo nombran Comandante del Ejército, un cargo creado apenas hace cuatro años.
• Aquí el contraste es brutal: en Sinaloa lo callaron de inmediato, pero en la capital lo usaron como operador administrativo y ahora como fachada institucional.

El perfil académico y burocrático

• Tiene un currículum impecable: Colegio de Defensa Nacional, maestría en administración pública, cursos de prospectiva en el CISEN, agregado militar en Canadá.
• Ha sido comandante de regiones y zonas en Veracruz, Michoacán, Edomex, Oaxaca, Sinaloa y CDMX. O sea, todos los territorios calientes alguna vez pasaron por su escritorio.
• Su autoridad actual está más en lo administrativo (manejo del Ejército, adiestramiento, despliegue doctrinal) que en el campo directo, por lo que mas parece más ingeniero de estructuras militares.

La contradicción central

• El Ejército siempre presume control y disciplina, pero Leana Ojeda expuso con crudeza el vacío: la seguridad real depende de cuándo y cómo decidan los grupos criminales soltar el gatillo.
• Esa mirada rompe con el discurso nacionalista que cada 16 de septiembre se despliega en el Zócalo, con miles de soldados alineados mostrando fuerza, cuando en la práctica la violencia en Sinaloa (y en buena parte del país) sigue dictada por la lógica del narco, no por la del Estado.

Lo irreverente

El general Leana Ojeda es, en pocas palabras, el burócrata marcial que un día se le salió lo que todos saben y nadie debe decir: que el Ejército no es el que controla la violencia, sino que espera pacientemente a que los capos dejen de agarrarse a tiros.

Después de su “sincericidio” lo reacomodaron: lejos de castigarlo, lo absorben al centro, donde su voz se diluye entre protocolos, desfiles y comunicados controlados.

La paradoja: el hombre que admitió que el narco manda en Sinaloa ahora encabeza el Ejército que desfila en el Zócalo como símbolo del control soberano del Estado mexicano.

Con informacion: ELNORTE/

«AHORA ESTADO de EXCEPCION FINANCIERO ?»: SHEINBAUM pide PROHIBIR AMPAROS contra CONGELAMIENTOS de DINERO de la INTELIGENCIA FINANCIERA»…»si el juez no me da la razón… cambiemos la ley para que no pueda quitarme la razón».

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma a la Ley de Amparoque propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, con ello, permitan que sigan operando redes ligadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.

Aqui lo que se plantea con la iniciativa de Claudia Sheinbaum no es una simple reforma técnica a la Ley de Amparo, sino un viraje profundo en el delicado equilibrio entre seguridad nacional y garantías individuales. Dicho con ironía de abogado litigante curtido: el Estado pretende que el acusado no tenga derecho a defensa mientras se le asume culpable, salvo que consiga una imposible prueba diabólica de inocencia.

El corazón del problema

El amparo, por definición, es el último bastión del ciudadano frente al poder. Restringirlo para impedir suspensiones que desbloqueen cuentas significa que el Ejecutivo está blindando de manera casi absoluta a la UIF. Y hacerlo bajo el argumento de “interés social” convierte el congelamiento en un acto de fe estatal: el gobierno dice que el dinero es sucio, ergo, lo es, y durante meses o años, el afectado que se quede sin liquidez será un condenado viviente.

Esto desdibuja un principio básico: que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, no al acusado. Pretender lo contrario es colocar al ciudadano en estado de indefensión. Y aquí es donde el discurso de “mínimo vital” aparece como bálsamo político: dar oxígeno apenas suficiente para subsistir, pero sin posibilidad real de litigar en igualdad de condiciones.

Ángulos legales y estratégicos

• Inversión de la carga probatoria: Se obliga al particular a demostrar, casi de inmediato, que sus fondos son legales. Pero dado que el congelamiento suele recaer también en cuentas de actividad empresarial, ¿cómo probar en tiempo real que cada peso no procede de actos ilícitos? Es una trampa procesal.
• Suspensión como herramienta mutilada: La iniciativa declara que conceder la suspensión “afecta el interés social”. Con ello trastoca la funcionalidad del amparo: si toda suspensión que involucre dinero es vista como amenaza al Estado, entonces desaparece la válvula tradicional de equilibrio judicial.
• El argumento GAFI: invocar estándares internacionales da barniz de legalidad global, pero lo cierto es que el GAFI pide mecanismos de congelamiento ágiles, no que se anulen garantías constitucionales de protección judicial.
• Discrecionalidad administrativa: Si la UIF se convierte en juez y parte, con poder de inmovilizar sin contrapeso judicial efectivo, estamos frente a un “estado de excepción financiero” disfrazado de norma ordinaria.

Ángulos políticos y narrativos

El gobierno tradicionalmente corrupto, ahora se vende como guardián contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, pero en la práctica está revelando su incapacidad para armar casos penales sólidos. Recurre entonces al congelamiento cautelar indefinido, que le permite mostrar golpes mediáticos, aunque sin sentencias firmes. El verdadero mensaje: “No necesito probarte culpable, me basta con ahogarte económicamente”.

La estadística de “59 mil millones liberados por jueces” es usada como justificación de la reforma, pero también desnuda la fragilidad de los expedientes oficiales: si los jueces han desbloqueado más de la mitad del dinero congelado, tal vez el problema no sean los amparos, sino la mala fundamentación administrativa.

Ironía de jurista 

Es como si el Estado dijera:
“Si el juez no me da la razón… cambiemos la ley para que no pueda quitarme la razón.”

El amparo nació como antídoto contra la arbitrariedad y hoy, con esta reforma, lo quieren convertir en un permiso condicionado del poder. Bajo el disfraz de proteger a la patria del terrorismo financiero, se avanza hacia que cada ciudadano vea su patrimonio como una concesión revocable del gobierno, no como un derecho protegido.

Con informacion: ELNORTE/

"NAVEGAN en el LODO y las MAÑAS se PEGAN": "CONFRONTAN a SECRETARIO de MARINA TRAS VENTILARSE TRANSA en la ARMADA y en VEZ de NEGARLO quería SABER quien los DELATÓ"...mera escasez y poquedad del honor.

El pasado 20 de enero crucé las puertas del edificio sede de la Secretaría de Marina, en Coyoacán, Ciudad de México, para reunirme con su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a petición suya. 

La cita, en principio protocolaria, se tornó incómoda cuando le pregunté directamente sobre los contratos irregulares adjudicados tanto en la gestión de su antecesor como en la suya, mismos que documentó EL CEO en una investigación publicada pocos días después del encuentro. 

La primera reacción del secretario fue de sorpresa: abrió los ojos, se inclinó hacia adelante y me preguntó con asombro cómo mi equipo había obtenido esos detalles, pues —me dijo— los contratos estaban resguardados por considerarse de “seguridad nacional”. Lo que el almirante secretario buscaba era la confirmación de sus sospechas sobre que las filtraciones vinieron de la propia Marina. No lo consiguió.

Al final, la institución respondió de forma superficial, aceptando que se trató de adjudicaciones directas, pero sin explicar por qué empresas fantasma ligadas a jóvenes estudiantes y despachos improvisados terminaron con contratos millonarios. 

Morales, más que aclarar, parecía empeñado en mantener la opacidad o en encubrir a su antecesor. Y los escándalos terminaron por explotarle en las manos.

La investigación reveló que compañías como Below The Line Prodigy y LP Beneficios Corporativos México recibieron contratos millonarios para suministrar despensas y comida en emergencias, pese a que carecen de trayectoria, capital sólido o experiencia en el ramo. 

La primera, creada apenas en mayo de 2024, obtuvo en octubre dos adjudicaciones directas por 152.14 millones de pesos para despensas y agua; la segunda, un contrato por 25.2 millones de pesos para alimentos preparados. Otros proveedores, como Rubic Roje, recibieron 95.82 millones, e Inteligencia Comercial Uster acumuló más de 65 millones en contratos para huracanes y hasta herramientas, sumando en total 478 millones de pesos entregados entre 2019 y 2024 a siete empresas “misteriosas”.

Hoy la institución naval atraviesa la peor crisis de imagen en décadas. La Secretaría de Marina Armada de México, que durante años encarnó disciplina y honor, enfrenta un escrutinio inédito. 

En los últimos meses, nombres y operaciones antes asociadas al combate al crimen organizado han quedado ligados a tramas de corrupción, tráfico de hidrocarburos y hasta asesinatos de testigos clave. 

El epicentro tiene entre sus protagonistas a los hermanos Farías, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda; el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando, señalados por la FGR de encabezar una red que permitió el desembarque de por lo menos 31 buques cargados con huachicol fiscal en Altamira y Tampico. 

A esta lista se suma el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, exdirector de la Asipona en Tampico, acusado de permitir la descarga de 20 buques de huachicol entre 2024 y 2025. Estos episodios, si bien iniciaron en gestiones previas, estallaron bajo la administración de Raymundo Morales y amplifican la tormenta que hoy enfrenta la Marina.

La Fiscalía documentó que entre 2023 y 2025 se construyó un sistema de extorsión y contrabando de combustible con complicidad de funcionarios aduaneros y oficiales navales. La imagen de marinos incólumes se tambalea con cada investigación judicial y filtración de los expedientes de la FGR.

En paralelo, la Marina ha expandido su poder como nunca antes. Desde marzo de 2025, con la llegada del almirante Juan José Padilla Olmos, tomó control directo no solo del AICM, sino también de los organismos Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México y con ello la coordinación de terminales como Ciudad del Carmen, Campeche; Obregón y Guaymas, en Sonora; Matamoros, Tamaulipas; Loreto, Baja California Sur; y Colima. Durante este mes, la institución también operará el aeropuerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, la Semar administra las principales aduanas marítimas del país, desde Manzanillo hasta Veracruz, y puertos estratégicos como Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Altamira. Eso significa que oficiales navales tienen bajo su mando la vigilancia, la recaudación aduanera, el suministro de combustibles en aeropuertos, la administración de la TUA y la adjudicación de contratos de obra y servicios, todos blindados bajo el paraguas de la “seguridad nacional”.

La “tormenta” se agrava con episodios que rayan en lo trágico. Marinos han muerto en circunstancias poco claras, algunos vinculados a investigaciones de huachicol y otros en operativos que nunca se esclarecieron. 

En total, al menos siete personas —cuatro marinos y tres exfuncionarios federales— han perdido la vida en el contexto de este escándalo. Incluso episodios como el choque del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York, con saldo de dos vidas perdidas, quedaron bajo el manto de una explicación técnica que dejó más dudas que certezas.

El país necesita a una Marina fuerte, confiable, pero también sujeta a controles civiles. Si los contratos millonarios y las operaciones portuarias se blindan bajo decretos de seguridad nacional, el resultado será más sospecha y menos legitimidad. La justicia aún deberá probar las acusaciones, pero la narrativa pública ya cambió: de ser sinónimo de honor, la Marina se ha convertido en sinónimo de dudas.

Posdata 1

En su paso por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Raymundo Pedro Morales Ángeles tampoco salió ileso de los señalamientos. Bajo su gestión se adjudicaron licitaciones multimillonarias a consorcios poco conocidos y a la constructora favorita de la 4T: Mota-Engil, encabezada en México por José Miguel Bejos, empresario cercano a Enrique Peña Nieto que supo llevar sus intereses a buen puerto con AMLO y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. A esas adjudicaciones se sumaron críticas por consultas indígenas deficientes, con denuncias de firmas falsificadas y procesos exprés que dejaron inconformes a comunidades enteras. La reserva de información bajo el argumento de seguridad nacional abonó a la percepción de opacidad.

Hoy, al frente de la Marina, Morales carga con un reto mayor: el huachicol fiscal, las muertes de marinos en circunstancias extrañas y la sombra de contratos irregulares. Su reputación aún no está tan manchada como la de su antecesor, Rafael Ojeda, pero justamente por eso el reto es mayor. Está obligado a mejorar la cara de una institución en franca crisis y a demostrar que la Marina puede recuperar legitimidad con transparencia y resultados.

Con informacion: MARIO MALDONADO/ELUNIVERSAL+/

«OTRA VEZ OLGA SOSA»: «PERIODISTA EXPECIALISTA en CRIMINALES POLITICAMENTE ORGANIZADOS EXHIBE SEGUNDA TRANSA_ACCION de TIA de SENADORA MORENA por OTROS 30 MILLONES»…y con esa cauda corrupta quiere gobernar Tamaulipas.

El destacado periodista Oscar Balderas,especialista en temas de criminales, incluso los políticamente organizados y sin distingo de sexos, reveló en el programa de Luis Cárdenas un par de documentos que muestran que la madre y la tía de la senadora de Morena por Tamaulipas,Olga Patricia Sosa Ruiz ,habrían cambiado 1.5 millones de dólares a pesos a través de la institución financiera, Vector Casa de Bolsa, días antes de aquella jornada electoral en la que Americo Villarreal Anaya,resultó electo en 2022.

Los dichos y la evidencia mostrada por Balderas,cobra especial relevancia,pues la Presidenta Claudia Sheinbaum acaba de enviar al Senado,una reforma para impedir los amparos cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee los activos de criminales,bajo un añadido,tendran que ser estos quienes demuestren que los recursos son licitos,casi un estado de excepción financiera:

«El proyecto establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva solo se podrá conceder para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas, si se acredita la legalidad de los mismos.»…ELNORTE.

Bajo este supuesto, de ser aprobado,la senadora que para variar quiere gobernar Tamaulipas en 2028, tendría que probar sus dichos, pues una y otra vez ha aclarado con puro rollo,que no es cierto, que todo es transparente,todo licito,todo de acuerdo a la ley», pero SIN PROBARLO.

El asunto se torna mas grave, pues como dijo el periodista, la Senadora nunca dijo que ya van dos veces en que su familia actúa bajo la misma táctica financiera y en los dos casos usando los servicios de la morenista Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo,indagado por EE.UU.

“Hay una senadora de Morena en Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, cuya tía María Lorena Ruiz Garza, unos cuantos días antes de la elección intermedia de 2022 en Tamaulipas, la elección en la que resulta ganador el actual gobernador Américo Villarreal, la tía de la senadora hace un movimiento financiero muy raro”…Oscar Balderas.

Los dichos de Óscar Balderas nos revelan detalles precisos al reabrir la llaga purulenta que presume la corrupcion exacerbada de Olga Patricia Sosa Ruiz, quien involucro a su familia, como tambien lo hizo la alcaldesa de Morena en Nuevo Laredo,Carmen Lilia Canturosas,que pa’variar también quiere ser gobernadora.

Que nos dice el extracto de información clave

• Se señala por nombre a María Lorena Ruiz Garza (tía de la senadora) y a Olga Patricia Sosa Ruiz (su madre), ambas realizando dos transferencias de 1.5 millones de dólares cada una, justo antes de las elecciones estatales de 2022 en Tamaulipas, operación canalizada por Vector Casa de Bolsa, institución bajo sospecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
• El monto convertido en cada transacción supera los 30 millones de pesos, quedando la fuerte sospecha de que los recursos se usaron para apoyar la campaña de Américo Villarreal, favorecido por Morena en la elección disputada.
• Se menciona a Sergio Carmona, “el rey del huachicol”, como operador principal del presunto financiamiento ilegal, íntimamente ligado a la senadora y protagonista de prácticas de lavado de dinero y apoyo a campañas morenistas hasta su asesinato en 2021.

• El modus operandi descrito involucra el uso de dinero del huachicol fiscal (contrabando de combustibles), la compra de dólares, su conversión a pesos en instituciones financieras que “hacen la vista gorda”, y el financiamiento de campañas.
• Se expone la relación directa entre la senadora y Carmona, así como el uso de sus contactos (como Julián Álvarez en el cierre de campaña) para fortalecer la hipótesis de complicidad y cercanía operativa.
• El contexto señala a la familia de Sosa Ruiz como ejecutora directa de movimientos multimillonarios que avivan sospechas de corrupción, lavado y colaboración con redes criminales para incidir en procesos electorales.

Confrontación con la réplica de la senadora

• La senadora afirma que no es titular ni beneficiaria de las cuentas investigadas, como diciendo a la autoridad venga a investigar a mi tía y mi madre, como ocurrió con Nuevo Laredo.
• Niega cualquier vínculo con lavado de dinero, triangulación de recursos o financiamiento electoral ilegal, insistiendo en la legalidad de las transacciones y la insolvencia de los señalamientos, sin mostrar ninguna prueba.

Rechaza toda relación o cercanía con personajes criminales y acusa un linchamiento mediático sin pruebas ni documentos que la involucren personalmente, muy y pese a imagenes de cachete con cachete con el extinto «Rey del Huachicol».

Análisis comparativo puntual

• Cronología, montos y contexto electoral: La cifras refuerzan la gravedad del contexto: ambas transacciones de exactamente 1.5 millones de dólares hechas por familiares en la misma institución financiera, en días previos a la elección y a favor del mismo partido, amplifican la sospecha y hacen insuficiente la defensa de “origen legal y formal” si no va acompañada de pruebas documentales claras y accesibles (facturas, contratos, fuentes de financiación original)
• Vector Casa de Bolsa y antecedentes de lavado: Mientras la senadora defiende la formalidad de Vector, la versión periodista resalta la investigación por posible lavado, señalando conexiones políticas (Alfonso Romo) y nexos con el crimen organizado; la réplica oficial carece de referencias directas a esta problemática, lo que limita la persuasión de su inocencia.
• Relación con Carmona y modus operandi: La defensa política omite cualquier mención de Sergio Carmona, a pesar de su papel destacado en los señalamientos que contextualizan la amistad y operaciones en beneficio político con hechos públicos y conocidos en Tamaulipas, tornando la explicación oficial evasiva e insuficiente frente al peso de los hechos y testimonios.

Puntos de insuficiencia y exigencia periodística

• La defensa de la senadora, centrada en negar vinculación y presumir legalidad, no responde ni desmiente la cronología, montos, repeticiones de las transferencias y la coincidencia con eventos electorales ni su cercanía con operadores criminales señalados por fuentes periodísticas y judiciales.
• El hecho de que existan facturas y recibos cifrados de las operaciones, exige transparencia radical: mostrar públicamente todos los documentos, la dispersión del dinero, los beneficiarios finales y explicar la coincidencia temporal y material.
• Los elementos contextuales (familia, amistades políticas, antecedentes de lavado en Vector, uso de dinero en efectivo y dólares en pleno proceso electoral) plantean una duda legítima y grave que debería atenderse con acceso a la documentación, rastreo bancario, auditoría y apertura de expedientes, más allá de declaraciones políticas.

Conclusión

La repetición de operaciones millonarias en fechas clave, la utilización de una financiera bajo investigación internacional, la presencia de actores criminales ligados a la senadora y la ausencia de claridad documental en su réplica hacen que la defensa resulte insuficiente frente al rigor y gravedad de las acusaciones estenográficas y periodísticas. El caso amerita investigación exhaustiva, transparencia absoluta y rendición de cuentas pública urgente…en EE.UU.

Con informacion: POLITICO/ REDES/

EL «TIO MAU ANUNCIA RENUNCIA»: «TRES VECES ALCALDE,SENADOR y CANDIDATO a GOBERNADOR dejará de ATENDER ALCALDIA para ATENDER su SALUD»…al final, todo poder es efímero; la salud y dignidad son nuestro verdadero legado.

Mauricio Fernández anunció ayer que no terminará su cuarto trienio como Alcalde de San Pedro porque su salud ya no se lo permite.

«No estoy en una condición física sana y creo que es mejor que alguien que sí lo esté le pueda dedicar todo el día a San Pedro». …Mauricio Fernández

La renuncia de Mauricio Fernández como Alcalde de San Pedro no solo marca el cierre de una etapa política, sino que nos recuerda, con crudeza y humanidad, que al final ningún poder político ni éxito económico tiene más peso que la salud y la dignidad en la vida personal.

Un adiós marcado por la enfermedad

A sus 75 años, Fernández anunció que dejará la Alcaldía antes de concluir su cuarto trienio debido al avance del cáncer que enfrenta desde 2021. Con la voz entrecortada y en silla de ruedas, reconoció que decidió suspender sus tratamientos médicos, agotado de las terapias “pesadísimas” de quimioterapia e inmunoterapia. “Ya no me voy a tratar… ahorita es ya nada más enfrentar la realidad”, dijo al compartir que se entregará “a la buena de Dios”.

El cierre de un ciclo político

El Alcalde pidió licencia por 15 días para preparar su salida definitiva. Regresará el 29 de septiembre, presentará su último Informe de Gobierno el 30 y formalizará su renuncia ese mismo día. Según la Ley de Gobierno Municipal, el Cabildo nombrará un encargado temporal, mientras que el Congreso local definirá por mayoría al sustituto que concluirá el mandato en 2027.

Todo apunta a que su sucesor podría ser Mauricio Farah, actual Secretario del Ayuntamiento, a quien respaldaría tanto en la transición administrativa como en sus gestiones políticas.

Más allá de la política

Fernández no quiso irse solo con cuentas públicas. Destacó que entregará a San Pedro posicionado en primer lugar nacional en seguridad, calidad de vida y servicios, además de haber conectado con una audiencia más joven gracias a su faceta digital como “Tío Mau” en TikTok, donde acumuló millones de seguidores.

Pero más allá de los logros, lo que quedará es el contraste: un político que, después de haber sido senador, candidato a gobernador, tres veces Alcalde y promotor cultural con el Museo La Milarca, ahora enfrenta su batalla personal más difícil.

La lección humana detrás de la decisión

Su anuncio es un recordatorio de que la vida pública puede esperar, pero la salud no. La imagen de un hombre que en sus últimos días de gestión reconoce sus límites y da un paso al costado nos lleva a reflexionar: nadie está exento de la vulnerabilidad, por mucho poder que acumule o por muchos cargos que haya ocupado.

Al final, lo que importa no es cuánto tiempo se permanece en el poder, sino cómo se enfrenta la vida cuando ésta se reduce a lo esencial: el cuidado de uno mismo y el valor de ser honesto co n la realidad.

Con informacion: ELNORTE/