La Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma a la Ley de Amparoque propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, con ello, permitan que sigan operando redes ligadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.
Aqui lo que se plantea con la iniciativa de Claudia Sheinbaum no es una simple reforma técnica a la Ley de Amparo, sino un viraje profundo en el delicado equilibrio entre seguridad nacional y garantías individuales. Dicho con ironía de abogado litigante curtido: el Estado pretende que el acusado no tenga derecho a defensa mientras se le asume culpable, salvo que consiga una imposible prueba diabólica de inocencia.
El corazón del problema
El amparo, por definición, es el último bastión del ciudadano frente al poder. Restringirlo para impedir suspensiones que desbloqueen cuentas significa que el Ejecutivo está blindando de manera casi absoluta a la UIF. Y hacerlo bajo el argumento de “interés social” convierte el congelamiento en un acto de fe estatal: el gobierno dice que el dinero es sucio, ergo, lo es, y durante meses o años, el afectado que se quede sin liquidez será un condenado viviente.
Esto desdibuja un principio básico: que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, no al acusado. Pretender lo contrario es colocar al ciudadano en estado de indefensión. Y aquí es donde el discurso de “mínimo vital” aparece como bálsamo político: dar oxígeno apenas suficiente para subsistir, pero sin posibilidad real de litigar en igualdad de condiciones.
Ángulos legales y estratégicos
- Inversión de la carga probatoria: Se obliga al particular a demostrar, casi de inmediato, que sus fondos son legales. Pero dado que el congelamiento suele recaer también en cuentas de actividad empresarial, ¿cómo probar en tiempo real que cada peso no procede de actos ilícitos? Es una trampa procesal.
- Suspensión como herramienta mutilada: La iniciativa declara que conceder la suspensión “afecta el interés social”. Con ello trastoca la funcionalidad del amparo: si toda suspensión que involucre dinero es vista como amenaza al Estado, entonces desaparece la válvula tradicional de equilibrio judicial.
- El argumento GAFI: invocar estándares internacionales da barniz de legalidad global, pero lo cierto es que el GAFI pide mecanismos de congelamiento ágiles, no que se anulen garantías constitucionales de protección judicial.
- Discrecionalidad administrativa: Si la UIF se convierte en juez y parte, con poder de inmovilizar sin contrapeso judicial efectivo, estamos frente a un “estado de excepción financiero” disfrazado de norma ordinaria.
Ángulos políticos y narrativos
El gobierno tradicionalmente corrupto, ahora se vende como guardián contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, pero en la práctica está revelando su incapacidad para armar casos penales sólidos. Recurre entonces al congelamiento cautelar indefinido, que le permite mostrar golpes mediáticos, aunque sin sentencias firmes. El verdadero mensaje: “No necesito probarte culpable, me basta con ahogarte económicamente”.
La estadística de “59 mil millones liberados por jueces” es usada como justificación de la reforma, pero también desnuda la fragilidad de los expedientes oficiales: si los jueces han desbloqueado más de la mitad del dinero congelado, tal vez el problema no sean los amparos, sino la mala fundamentación administrativa.
Ironía de jurista
Es como si el Estado dijera:
“Si el juez no me da la razón… cambiemos la ley para que no pueda quitarme la razón.”
El amparo nació como antídoto contra la arbitrariedad y hoy, con esta reforma, lo quieren convertir en un permiso condicionado del poder. Bajo el disfraz de proteger a la patria del terrorismo financiero, se avanza hacia que cada ciudadano vea su patrimonio como una concesión revocable del gobierno, no como un derecho protegido.
Con informacion: ELNORTE/
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