La información sobre la devastación y el éxodo que viven comunidades enteras en Michoacán por la narcoguerra merece, sin duda, una severa recriminación a la estrategia militar del gobierno federal y estatal, evidenciando su incapacidad para cumplir las dos principales obligaciones constitucionales: proteger la integridad y los bienes de los ciudadanos.
El relato periodístico documenta cómo localidades como El Guayabo y El Mirador están siendo atacadas con drones armados y armas de fuego por grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, provocando que hasta el 80% de la población abandone sus casas ante la imposibilidad de vivir seguros.
Se describen testimonios desgarradores de familias desplazadas que han perdido sus viviendas, comercios y patrimonio tras años de trabajo, víctimas de ataques continuos y acciones violentas de los grupos criminales —todo mientras claman, sin respuesta efectiva, que “ya que hagan algo” las fuerzas de seguridad. Incluso con presencia militar en la zona, la población sigue expuesta a explosivos sembrados y enfrentamientos a unos metros de sus casas[1].
Estos hechos retratan el rotundo fracaso de una estrategia militarizada que no ha podido restituir la paz ni la seguridad mínima, como lo demuestran también las voces desde los gobiernos locales que ruegan a la DEFENSA mayor presencia y apoyo, y la implementación de ayudas humanitarias para desplazados en lugar de acciones preventivas reales. El daño es tanto material como humano: familias separadas, casas destrozadas, negocios calcinados y un patrimonio perdido por la violencia y la incapacidad oficial para garantizar condiciones dignas de regreso.
Esta crisis humanitaria confirma análisis académicos y de expertos que advierten sobre fallas estructurales en la coordinación entre instituciones civiles y militares, la politización y competencia entre dependencias de seguridad, y una militarización que no responde a soluciones de fondo para la pacificación ni ataca las causas de la violencia. En suma, la estrategia actual perpetúa el estado de emergencia en lugar de revertirlo, dejando a la ciudadanía en la indefensión.
El gobierno, tanto federal como estatal, debe ser recriminado y señalado públicamente por no cumplir —ni de lejos— las obligaciones básicas de protección ciudadana y salvaguarda del patrimonio, y por sostener una estrategia militar fallida que sólo incrementa el dolor, el éxodo y la devastación social, mientras los criminales destruyen en segundos lo que a los habitantes de Michoacán les tomó años construir.
El diputado morenista Roberto Domínguez olvidó apagar su micrófono al participar de manera virtual en una sesión de la Cámara de Diputados y reveló que se encontraba en un avión, lo que desató risas y críticas de otros legisladores.
El momento se registró durante la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social, en la que se debatieron dos dictámenes en materia de tratamientos oncológicos para las infancias y abastecimiento de medicamentos.
Ahh, la Cuarta Transformación, ese noble experimento político que prometía poner los pies sobre la tierra, pero cuyos legisladores insisten en tener la cabeza —y el trasero— bien sentados en clase ejecutiva.
Esta vez, fue el diputado morenista Roberto Domínguez quien, con la gracia de un influencer despistado, se unió a la élite celeste de la 4T a bordo, al revelar —sin querer queriendo— que, mientras en la Cámara debatían sobre tratamientos oncológicos infantiles, él se encontraba muy cómodamente… ¡a 10,000 metros de altura!
Resulta que el buen Roberto olvidó el pequeño gran detalle de apagar el micrófono mientras participaba “virtualmente” en la reunión de las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social. En lugar de escuchar argumentos y posturas legislativas, lo que resonó fue la inconfundible voz dulce y robótica de una sobrecargo indicando: “abróchense los cinturones”, cortesía de algún Airbus A321 de la flota nacional.
Como caimanes en pantano, sus compañeros no tardaron en lanzarse sobre la presa alada:
– “El que anda en el avión, que le apague”, soltó con sorna Germán Martínez —que en otra vida pudo haber sido comediante ácido de stand up. – “¡Van rumbo a Europa!”, ironizó otro. – “¡No, a Tokio!”, corrigió uno más, como si estuviéramos jugando al “¿Dónde está el legislador ahora?”
Y ahí, entre risas, emojis mentales y algunas caras de vergüenza ajena, el diputado Domínguez continuó surcando los cielos mientras se debatía la escasez de medicamentos para niños con cáncer. La ironía flotaba, más ligera que su vuelo.
Pero esperen, ¡esto mejora!
Una diputada —la voz de la conciencia o por lo menos la del presupuesto— propuso, con puntería quirúrgica, que mejor donaran el dinero de los boletos para surtir medicinas. Y como si fueran alumnos que no estudiaron pero sí quieren puntos extras, varios legisladores (con eco de cinismo) exclamaron: “¡A favor, a favor!” – “A favor de que donen —no de seguir viajando”, remató otra, en lo que podemos considerar el equivalente en San Lázaro a tirar una piedra y esconder la mano con guante blanco.
Así, el diputado Domínguez se une a la ilustre tripulación de legisladores multiplataforma de Morena: trabajan desde cualquier lado, siempre y cuando haya conexión Wi-Fi, café caliente y acumulación de millas.
Mientras tanto, los niños sin medicinas siguen esperando… pero ánimo, ¡el diputado ya está en modo avión!
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, funcionario de alto nivel de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), conocido como “LordRelojes”, es señalado por permitir y proteger un esquema irregular de importación de autos de Estados Unidos que evade el pago de impuestos.
Márquez, que tiene una colección de relojes de lujo valuada en al menos7.7 millones de pesos, como publicó Grupo REFORMA el miércoles, es director general de Investigación Aduanera, donde es responsable, entre otras tareas, de indagar el huachicol fiscal, que consiste en falsear importaciones de combustibles para pagar menos impuestos.
Agentes aduanales privados y empresarios de venta de autos usados en la frontera denunciaron que existe una competencia ilegal con el ingreso de los vehículos chuecos, muchos de ellos con amparo defendido por Márquez.
Los denunciantes le exhibieron a Grupo REFORMA pedimentos de importación, como el de un Jeep Wrangler Unlimited Moab que en México tiene un precio de entre 600 y 900 mil pesos, pero que en la Aduana de Tijuana se reportó con un costo de 207 mil pesos, con lo que se pagaron sólo 2 mil 500 pesos de impuestos por su importación.
La empresa que operó su ingreso fue “Asociación Bajacaliforniana para la Protección del Parque Vehicular”, que además mantiene vigente el amparo 347/2023- VII, que ha sido respaldado por Márquez.
De acuerdo con las fuentes, en las operaciones en la frontera norte, “LordRelojes” tiene bajo su control el flujo de autos de lujo que entran al País mediante esquemas simplificados que permiten legalizarlos a bajo costo, cuando su valor comercial es de decenas o cientos de miles de dólares.
“Lo que hacen es que para pagar menos impuestos se alteran facturas”, relató un agente aduanero.
“Si compras un vehículo nuevo allá en Estados Unidos, a los brokers de allá, o dealers que le llaman, les dices: ‘Ya tengo un vehículo, lo quiero importar a México’.
“Entonces, cuando tú ya tienes el conecte en la Aduana, te presentas con una factura de menor valor”, añadió.
“Si vas a pasar un Mercedes Benz o un BMW, ya con el pedimento pagado, se le dice a la Aduana: ‘No lo detengas, ya nos pagó, ya se reportó’”.
La fuente explicó que, una vez que ya está legalizado el auto, pagan a la gente de la Aduana “el impuesto” o el moche.
“Lo que hacen es bajarle el valor a la factura de exportación”, añadió.
“O sea, revender, comprarlo allá, revenderlo a un bajo precio y decir: ‘Yo lo compré a este precio, ésa es mi factura final, yo pagué esto y lo voy a importar a México’. Y sobre ese precio ‘falso’ la Aduana te va a cobrar.
“La Aduana se tiene que hacer como de la vista gorda, porque si tú ves un BMW nuevo y dices, ‘no, pues te costó como un millón de pesos o un millón y medio de pesos’, pero tú ves que vienen 300, 400 mil pesos en el pago y te dicen (en la Aduana) ‘ok, está bien, todo bien’, y el cliente sólo paga 25 mil o 50 mil pesos de fiscalización… Eso es el modus más común”, añadió.
Desde hace más de dos décadas, diferentes gobiernos han optado por una estrategia bélica y reactiva contra el crimen organizado, que consiste, una y otra vez, en desplegar más tropas, reforzar plazas, militarizar territorios… pero sin modificar el diseño estructural del problema ni atacar sus raíces profundas.
De acuerdo con reportes oficiales, el pasado martes 22 de julio llegaron 150 militares; al día siguiente se sumaron otros 150 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas por la mañana, seguidos de mil 500 más en la tarde. El domingo se integraron 90 adicionales.
El arribo constante de más elementos militares como en Culiacán y que se repite en otra latitudes,evidencia lo siguiente entre líneas:
1. Ausencia de una estrategia integral (falla estratégica)
La estrategia militar repetitiva demuestra que no hay un planteamiento claro de largo plazo. Se refuerza la táctica (más soldados), pero no hay estrategia nacional centrada en resolver las causas estructurales del crimen: corrupción institucional seriamente agravada y la colusión política, mas alla de la marginación y desigualdad social.
2. Confusión entre táctica y estrategia
La táctica es el “cómo”: patrullajes, retenes, operativos, detenciones. La estrategia es el “para qué”: reducir violencia, recuperar el control del Estado, restablecer el tejido social. La militarización responde a lo primero, pero ignora lo segundo.Es como lanzar cubetadas de agua a un incendio forestal, sin preguntarse nunca cómo evitar que comience el incendio, peor anulo hacen mas grande.
3. Persistencia en el error (“locura institucional”)
Muchos expertos citan la famosa frase atribuida a Einstein: “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos”. Eso es exactamente lo que lleva ocurriendo en México desde al menos el sexenio de Calderón: refrendar una política fallida, pero sin voluntad de cambiarla.
4. Uso simbólico y mediático de la fuerza militar
El despliegue militar muchas veces es un mensaje hacia la opinión pública más que una acción funcional. La llegada de tropas da la impresión de que “algo se está haciendo”, aunque en la práctica se traduzca en contención temporal, no en solución. Es espectáculo, no eficacia.
5. El crimen organizado como poder político de facto
La insistencia en reforzar Culiacán —corazón del Cártel de Sinaloa— revela también que el Estado ha renunciado al control pleno de ciertos territorios y recurre al Ejército como último garante de soberanía. Es un reconocimiento tácito de debilidad institucional y cooptación de estructuras civiles locales a nivel de gobernador.
En el fondo, el enfoque militarizado no responde a una estrategia de seguridad ciudadana, sino a una doctrina de guerra interna que ya fracasó. Y lo más peligroso es que la violencia se adapta, muta y se descentraliza, mientras el Estado insiste en un modelo centralizado, vertical, y reactivo.
No sorprende, por tanto, que los niveles de violencia y presencia criminal no hayan disminuido significativamente en cuatro sexenios. El crimen organizado ha demostrado ser más dinámico y multifactorial que lo que una simple respuesta bélica puede contener.
Una cronología sintética de la militarización de la seguridad en México desde 2006
🧭 CRONOLOGÍA: LA ESCALADA MILITAR EN SEGURIDAD (2006–2025)
🔴 SEXENIO DE FELIPE CALDERÓN (2006–2012)
Inicio de la “guerra contra el narco”
2006: Calderón despliega 6,500 soldados en Michoacán (Operativo Conjunto Michoacán).
2007–2012: Participación activa del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
Cifra clave (2012): +49,000 militares participando en seguridad interna.
Resultado: La violencia repunta. De 10 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2006 se pasa a casi 23 en 2011.
Reflexión: Se sacrifica el modelo civil de seguridad por uno castrense, sin controles ni supervisión ciudadana.
🟠 SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO (2012–2018)
Continuismo, con maquillaje discursivo.
Discurso oficial: “Vamos a regresar a los militares a los cuarteles.”
Hecho real: Se mantiene e incluso expande el despliegue militar.
2017: Se aprueba Ley de Seguridad Interior, criticada por la ONU y organismos civiles por “legalizar la militarización”.
Morirán más de 150 mil personas por violencia durante su sexenio.
Casos emblemáticos: Tlatlaya (Ejército ejecuta civiles), Ayotzinapa (implicación posible de fuerzas militares).
🟡 SEXENIO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (2018–2024)
La Guardia Nacional: el rostro militar de una promesa civil agravada por los abrazos y no balazos=colusion exacerbada.
2019: Se crea la Guardia Nacional, prometida como un cuerpo civil… pero militarizada desde la estructura, entrenamiento y mando.
2022: AMLO transfiere por decreto la GN a la SEDENA (aunque cuestionado por SCJN).
Más soldados que nunca: Diciembre de 2023 terminó, de acuerdo con Excelsior,con el despliegue de casi 300 mil militares.
Presupuesto militar: Aumenta 130% respecto al sexenio anterior.
Operativos “simbólicos”, como en Culiacán (Culiacanazo 2019 y 2023), donde primero se libera a Ovidio Guzmán por orden presidencial, y luego se le detiene por presion internacional.
🟣 SEXENIO DE CLAUDIA SHEINBAUM (2024–¿?)
Militarización “normalizada”, profundización del modelo híbridoy la sedicente inteligencia+coordinacion que no se nota.
Primer año marcado por continuidad táctica: más refuerzos, operativos conjuntos, más presupuesto para SEDENA.
La Guardia Nacional ahora permanece bajo control total militar.
2025: Continúan refuerzos recurrentes por todo el pais,particularmente en plazas en extremo conflictivas.
No hay señal de desmilitarización, ni de regeneración institucional civil a nivel local, solo intenciones, de las que estan empedrados los caminos al infierno.
📊 DATOS DUROS RELEVANTES
Año
Soldados en tareas de seguridad
Presupuesto SEDENA (aprox)
Homicidios dolosos anuales
2006
~6,500
$30 mil millones MXN
10,000
2012
~49,000
$52 mil millones MXN
25,000
2018
+83,000 (Ejército + Marina)
$94 mil millones MXN
34,600
2024
+150,000 (con GN)
$170 mil millones MXN
31,000
(Fuente: SESNSP, INEGI, CIDE, informes militares filtrados y oficiales, 2006–2024)
🌐 COMPARATIVA INTERNACIONAL (muy breve)
Colombia: Militarización contra guerrillas. Resultado: larga guerra interna, desplazamientos masivos, violaciones a derechos humanos.
El Salvador: Uso de FF.AA. y régimen de excepción con resultados impactantes de seguridad, pero con denuncias de autoritarismo y represión.
México: Militarización sin estrategia clara ni rendición de cuentas → empeoramiento sostenido en índices de violencia.
Miguel Ríos García volvía desde Monterrey hacia Nuevo Laredo, en Tamaulipas, cuando recibió una llamada de su hijo, que trabajaba en ese momento en su negocio de reparación y venta de teléfonos celulares. En la llamada, Miguel solo alcanzó a escuchar: “Papá, papá…” cuando se cortó la comunicación.
Apenas pudo contactarlo, escuchó las amenazas de los soldados hacia su hijo y empleados. Entonces, comenzó a publicar en su cuenta de Facebook para que la gente de la zona le informara en qué puntos de la ciudad se movían los vehículos oficiales, responsables del atraco.
Comenzó una inusual escena: ciudadanos enfurecidos, guiados por la transmisión en vivo de Ríos García, persiguieron y acorralaron el camión blindado hasta lograr detener a los militares.
La transmisión duró más de una hora y llegaron a conectarse a ella más de 20.000 personas en directo. Este aparente arrebato de valentía por parte de Miguel Ríos estaba motivado por el hartazgo.
Durante los primeros momentos en los que se decide a comenzar a grabar desde su camioneta, en compañía de su esposa, una de sus hijas y una sobrina, Ríos va contando cómo es la “segunda o la tercera vez” que los militares le roban dinero de su negocio.
Pese a que su esposa le dice que es peligroso continuar, Ríos, enfurecido, asegura que no se va a dejar y que los perseguirá hasta que le devuelvan su dinero. Mientras, miles de ciudadanos, vecinos de Nuevo Laredo, alentaban a Ríos y algunos se trasladaban a los sitios de la ciudad —fronteriza con Estados Unidos— donde iban registrando la presencia de los militares. Varias decenas de ellos llegaron al lugar y cerraron el paso al convoy militar. “Pinches ratas, culeros, hijos de su puta madre”, se le escucha decir a Ríos.
Ante el asedio de los pobladores —algunos de ellos también afectados por extorsiones y robos de militares y policías de otras corporaciones— los soldados bajaron de sus vehículos y comenzó una negociación entre Ríos y su familia con los elementos de seguridad. “Cuando llegamos, ya se habían repartido el dinero”, asegura Ríos. Poco después, llegó el comandante David González Carrasco, quien le prometió a Ríos que le devolvería el dinero. Sin embargo, el comerciante fue amenazado en varias ocasiones —algunas de ellas quedaron grabadas— de que si no borraba los videos no le devolverían su dinero.
En una entrevista, el representante legal de Ríos aseguró que, además de los más de 3.000 dólares robados por los militares al hijo de Ríos y sustraídos de las ventas de una semana del local, los daños a su camioneta en la que persiguió a los soldados ascendían a poco más de 100.000 pesos (5.300 dólares). La defensa del vehículo fue dañada durante la persecución, cuando uno de los coches oficiales, un modelo táctico usado por el Ejército mexicano (el Ocelot) golpeó el coche de Ríos.
La noche del 28 de julio, dos días después de los incidentes, Ríos volvió a transmitir en vivo. Dijo, en su camioneta, que los militares estaban condicionándole el pago de su dinero a que no interpusiera una demanda y prometió que al día siguiente acudiría a denunciar.
Horas después, el video de la transmisión de la noche del 25 de julio fue borrado de su página de Facebook y Ríos confirmó, este miércoles, que llegó finalmente a un acuerdo con las autoridades.
De acuerdo con la más reciente información, Miguel Ríos no interpuso ninguna denuncia, y en sus redes quedan algunos extractos de la transmisión de la confrontación con los militares. Esa noche, según ha asegurado en varias declaraciones, padres y madres de personas atracadas, extorsionadas y de personas desaparecidas, se acercaron a Ríos para agradecer su valentía y a su abogado para buscar ayuda en sus casos. En todos ellos, señalaron a miembros de la Sedena, policías estatales y Guardia Nacional de los delitos.
En la cuenta de Facebook de Ríos, la más reciente publicación es también una nueva denuncia: “Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional allanaron la madrugada del martes, al menos dos hogares en la cuadra 6900 de la calle Canales y robaron cerca de 30.000 pesos (1.600 dólares), joyas, ropa, botas, teléfonos celulares, objetos personales y hasta el modem de la empresa Izzi. Las familias afectadas acusan un uso desmedido de la fuerza y actos de rapiña por parte de los uniformados”.
Quienes son estos traidores al uniforme multisolapados por otros traidores
Conceptuar a estos individuos que, ataviados con el uniforme del Estado, perpetran el robo con la insolencia de quien se sabe impune, exige un rigor lexicográfico y una dignidad civil que no admite eufemismos: son, estrictamente, traidores a su investidura, depravados por el poder que juraron servir, y emblemas palmarios de la corrupción institucionalizada.
La acción de estos militares —privar de sus bienes a ciudadanos indefensos, amenazándolos y, al verse sorprendidos y acorralados, devolver simbólicamente una fracción del botín— no solo configura un delito común, sino que representa un acto de felonía civil y moral.
Han pervertido la función del orden transformándose en agentes activos del desorden y la injusticia. Su conducta, negada primero y parcialmente confesada solo ante el peso imborrable de la evidencia social, es la de quienes han degradado el uniforme a mera coartada de la rapiña sistemática y el abuso impune.
El manto de impunidad que los cobija —la ausencia de procesos disciplinarios, la negociación espuria de la “reparación” y el silencio cómplice de los mandos— es la síntesis de un aparato estatal que abandona su razón de ser: no es ya garante de la ley, sino protector del atropello, usurpando su investidura para lucrar con la indefensión de los gobernados. La reiteración de estos hechos y la falta de sanción efectiva los hace, acaso, más deleznables que el delincuente común; pues el soldado que roba, extorsiona y amenaza es doblemente infame: traiciona a la patria y abomina de la ética militar que proclama.
No es facil encontrar el término más exacto, dentro del acerbo de la lengua, que “perjuros” y “desleales”; son traidores a la función civilizadora y protectora del Estado, artífices de una infamia doble porque atropellan con el escudo de la autoridad. Su actuación demanda no solo censura social sino un castigo ejemplar; pues la institucionalización de su impunidad corroe la legitimidad misma del orden público y de cualquier atisbo de justicia en la república.
Todo lenguaje es insuficiente ante el ultraje, pero la dignidad exige nombrar el abuso con toda la luz y dureza que el idioma concede: criminales en uniforme, verdugos de la confianza pública, y deshonra viviente de la patria que simulan servir.
Con informacion:DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE
Después de casi dos décadas en prisión, una juez federal absolvió anoche a Israel Vallarta Cisneros del secuestro de seis personas y ordenó su libertad inmediata del Penal del Altiplano.
Mariana Vieyra Valdez, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal de Toluca, resolvió que la Fiscalía General de la República no probó con las pruebas presentadas la plena responsabilidad del acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Autoridades federales informaron que alrededor de las 22:30 horas les informaron de la resolución; sin embargo, de momento no han sido notificados del resolutivo completo para conocer los argumentos de la impartidora de justicia.
Con esta determinación, se espera que este viernes Vallarta abandone el Penal del Altiplano, ya que no tiene ningún otro proceso judicial ni orden de aprehensión pendiente. Los trámites de excarcelación en el centro penitenciario pueden tardar en ocasiones hasta un día.
Vallarta fue detenido, junto con la francesa Florence Cassez, el 8 de diciembre de 2005 en el rancho “Las Chinitas”, en el sur de la Ciudad de México, pero al día siguiente la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entonces a cargo de Genaro García Luna, hizo una puesta en escena de las capturas para las televisoras.
La FGR acusó a Vallarta de ser el líder de la banda de secuestradores de Los Zodiaco y de haber plagiado a Cristina Ríos Valladares, su esposo Raúl Ramírez Chávez y el hijo de ambos, Cristian Hilario Ramírez Ríos, así como a Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Valeria Cheja Tinajero y Shlomo Segal.
El 23 de enero de 2013, la Corte ordenó la libertad de Cassez por violaciones al debido proceso, derivadas precisamente del montaje de la AFI y no por un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia.
Ella litigó su caso en forma separada a Vallarta, quien 12 años después de la liberación de la francesa también abandonará la prisión.
