La información sobre la devastación y el éxodo que viven comunidades enteras en Michoacán por la narcoguerra merece, sin duda, una severa recriminación a la estrategia militar del gobierno federal y estatal, evidenciando su incapacidad para cumplir las dos principales obligaciones constitucionales: proteger la integridad y los bienes de los ciudadanos.
El relato periodístico documenta cómo localidades como El Guayabo y El Mirador están siendo atacadas con drones armados y armas de fuego por grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, provocando que hasta el 80% de la población abandone sus casas ante la imposibilidad de vivir seguros.
Se describen testimonios desgarradores de familias desplazadas que han perdido sus viviendas, comercios y patrimonio tras años de trabajo, víctimas de ataques continuos y acciones violentas de los grupos criminales —todo mientras claman, sin respuesta efectiva, que “ya que hagan algo” las fuerzas de seguridad. Incluso con presencia militar en la zona, la población sigue expuesta a explosivos sembrados y enfrentamientos a unos metros de sus casas[1].
Estos hechos retratan el rotundo fracaso de una estrategia militarizada que no ha podido restituir la paz ni la seguridad mínima, como lo demuestran también las voces desde los gobiernos locales que ruegan a la DEFENSA mayor presencia y apoyo, y la implementación de ayudas humanitarias para desplazados en lugar de acciones preventivas reales. El daño es tanto material como humano: familias separadas, casas destrozadas, negocios calcinados y un patrimonio perdido por la violencia y la incapacidad oficial para garantizar condiciones dignas de regreso.
Esta crisis humanitaria confirma análisis académicos y de expertos que advierten sobre fallas estructurales en la coordinación entre instituciones civiles y militares, la politización y competencia entre dependencias de seguridad, y una militarización que no responde a soluciones de fondo para la pacificación ni ataca las causas de la violencia. En suma, la estrategia actual perpetúa el estado de emergencia en lugar de revertirlo, dejando a la ciudadanía en la indefensión.
El gobierno, tanto federal como estatal, debe ser recriminado y señalado públicamente por no cumplir —ni de lejos— las obligaciones básicas de protección ciudadana y salvaguarda del patrimonio, y por sostener una estrategia militar fallida que sólo incrementa el dolor, el éxodo y la devastación social, mientras los criminales destruyen en segundos lo que a los habitantes de Michoacán les tomó años construir.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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