Quién iba a pensar que, en el país donde las campañas se miden en fajos y no en encuestas, la nueva reforma electoral llegaría al Congreso… sin una sola línea que mencione el dinero del narco. Ni una. Ni una triste palabra que huela a expediente o a lavado. Es como si la Presidenta hubiera borrado la realidad con corrector líquido.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum promete fiscalización en tiempo real —bonita frase para una mañanera—, pero solo para precandidatos y candidatos formales. Los demás, los de las «pre-pre» y las “corcholatas” con presupuesto sin nombre, pueden respirar tranquilos: Hacienda no los ve, el INE no los toca, y la legalidad les pasa por un lado como bala perdida.
Para la Oposición, el mensaje es clarito: quien quiera preguntar por el dinero sucio, mejor que lo lave primero. Ricardo Anaya, Jorge Triana, Jorge Álvarez Máynez —cada quien con su estilo— ya lo señalaron: el crimen organizado sigue con pase VIP a las campañas, cortesía de Palacio Nacional. Y no solo eso: si el narco pone dinero, la sanción no será anulación ni retiro de registro, sino… nada. Porque nada dice la ley.
En tiempos donde asesinar a un candidato es casi requisito electoral, resulta grotesco que la misma reforma no proponga ni siquiera suspender los comicios si hay un crimen político. Máynez, con lógica simple, lo dijo mejor: “Matan a uno, y los demás siguen haciendo campaña como si fuera martes cualquiera”. Bienvenidos a la normalización de la barbarie.
Pero lo más sospechoso no es la omisión técnica, sino la precisión del silencio. En esta reforma no hubo olvido: hubo cálculo. Suprimir todo rastro de “crimen organizado” no es descuido legislativo, es blindaje político. Al fin y al cabo, cuando los donativos llegan en efectivo y sin recibo, conviene mantener las puertas abiertas y las palabras prohibidas.
La ley será nueva, sí. Pero el dinero sigue siendo el mismo: verde, ilegal y perfectamente bienvenido.
Con informacion: ELNORTE/
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