Contra los policías —poquito, a cuentagotas, pero algo— sí hay expediente, detenciones y hasta números. Contra el uniforme militar, en cambio, lo que hay es una cómoda neblina: aparece en la contabilidad del narco, pero no en la lista de consecuencias.
La “narconómina” y el teatro del control
La caída de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, destapó una estructura que no solo incluye sicarios y operadores, sino también policías municipales y “militares” metidos en el mismo ecosistema de la nómina criminal. El texto describe registros contables hallados en una de las cabañas donde se escondía, con ingresos por drogas y hasta por máquinas tragamonedas en Tapalpa, como si el CJNG llevara su contabilidad con vocación de PyME… pero armada.
Donde sí hay castigo: el policía
En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presume que “más de 300” elementos de seguridad pública enfrentan proceso penal desde hace poco más de un año por presuntamente trabajar para grupos delincuenciales, y que han detenido a integrantes de distintas corporaciones, incluidos los “Pakales”.
El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirma que seis integrantes de la Fuerza de Élite Pakal ya enfrentan proceso por extorsión, abuso de autoridad y desaparición forzada, y que investigaron a más de 450 (municipales y estatales) con más de 300 ya en juicio. En Jalisco, la nota cuenta detenciones desde finales de 2025: cayó el director de la policía de Chiquilistlán y también dos policías de Atemajac de Brizuela, en el marco de una red de complicidades para proteger el paradero del capo.
Y donde no: el uniforme verde olivo
La misma “narconómina” no solo menciona sobornos a policías de varios municipios de Jalisco por más de un millón de pesos: también asoma “funcionarios de la Fiscalía estatal y militares”.
Ahí el registro incluye gastos logísticos (gasolina, despensas, rentas de casas de seguridad, reparaciones) y hasta “cortes de cabello para la tropa”, como si el crimen organizado no comprara lealtades: diera mantenimiento de rutina. Pero mientras los nombres que ruedan con facilidad son los de policías municipales o mandos locales, el componente militar queda descrito como presencia en la contabilidad, no como una cadena visible de detenciones o procesos en el propio relato.
El mensaje que queda (y el que incomoda)
En Michoacán, la fiscalía relata que detectaron a policías municipales de Ecuandureo en grupos de WhatsApp vinculados al CJNG, informando movimientos (incluido si eran convoyes de Sedena o Guardia Nacional), y por eso los desarmaron y presentaron ante la fiscalía; los describe como “halcones” infiltrados.
Esa escena pinta el patrón: el Estado sí se anima a exhibir y procesar al policía raso o municipal cuando lo cachan de mensajero, informante o cobrador; pero cuando el expediente roza al “militar” como categoría, la narrativa se vuelve una mención lateral, casi una nota al pie y su colusion no ha sido señalada ni una, ni dos veces, sino muchas.
Con información: ERIKA ROSETE/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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