Seis mil 440 feminicidios de 2019 a enero de 2026 no son una estadística: son un inventario nacional de cuerpos que el Estado dejó caer, uno por uno, a la fosa común de la impunidad. Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México encabezan la lista como si fueran medallero olímpico, compitiendo por quién le falla más a sus mujeres mientras los gobiernos locales presumen “estrategias integrales” y “resultados históricos” en conferencias amañadas, maquilladas llenas de flores moradas.
En medio de esa carnicería, 635 niñas y adolescentes asesinadas en siete años son el recordatorio obsceno de que ni siquiera la infancia está a salvo: el patriarcado no espera a que crezcan, las entierra desde los cero años.
A eso súmale 28,770 mujeres desaparecidas registradas en el padrón oficial, convertidas en número de expediente y en foto pixelada en una ficha de búsqueda que el algoritmo empuja al olvido mientras las madres se vuelven investigadoras, peritas y rastreadoras a pesar del Estado, no gracias a él.
La famosa Alerta de Violencia de Género, ese mecanismo que costó años de lucha, hoy es un adorno burocrático: la vaciaron, la opacaron, la centralizaron y le cortaron la obligación de reportar cada seis meses, porque nada estorba más a los gobiernos que tener que explicar por qué las siguen matando. El mensaje es claro: menos rendición de cuentas, más simulación, más discursos de “no están solas” mientras bolsean el presupuesto de 856 millones para “prevenir y detectar violencias feminicidas” sin decir con claridad cómo, dónde, ni en qué se gastan el dinero de las muertas.
Para rematar la burla, hay estados donde ya se habla de levantar Alertas porque “bajaron 50% los feminicidios”, como si dejaran de matar por decreto, o como si el truco de no investigar muertes violentas como feminicidio no fuera precisamente la forma más barata de reducir cifras. Se premia la simulación: menos carpetas por feminicidio, más homicidios dolosos genéricos, más actas sin perspectiva de género, más familias revictimizadas; el Excel luce precioso, los panteones no.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio advierte que no hay análisis de contexto, no hay peritajes sociales, no hay patrones ni modus operandi identificados frente a redes criminales que se expanden por todo el país, pero sí hay gobierno posando en el 8M con frasecitas para Instagram. Al mismo tiempo, organizaciones documentan que solo en 2025 se registraron 5,020 mujeres víctimas de homicidio y que la crisis de desapariciones atraviesa cada estado, mientras desde el poder se insiste en que se “exagera” la violencia o se politizan las cifras.
En resumen: México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios, decenas de miles de desaparecidas y un Estado que no corrige la barbarie, la administra. La consigna en las calles es incómoda pero exacta: no son “cifras de seguridad”, es un proyecto de país donde ser mujer implica caminar todos los días sobre la línea delgada entre sobrevivir y convertirse en estadística.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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