«AMERICO RENDIRÁ CUENTAS pero NO en la FGR,ENTREGARÁ CUARTO INFORME pero NO se ENTREGARÁ a la JUSTICIA»…será un acto de autocelebración y la rendición de cuentas penal se mantiene en pausa por cálculo político.

En un auténtico Estado de derecho, con un gobierno de mínima decencia, un gobernador multiseñalado debería comparecer, aclarar y responder acusaciones, por cierto graves, que los colocan jurídicamente y políticamente en la ruta de: 1) pérdida de fuero, 2) investigación penal reforzada, 3) juicio político y/o destitución, y 4) eventual responsabilidad por encubrimiento u obstrucción si usa su cargo para bloquear las indagatorias.

1. Punto de partida: fuero y acusaciones

En sistemas presidenciales como el mexicano, el gobernador tiene fuero, pero solo frente al ejercicio penal directo, no frente a la investigación ni al escrutinio político. El fuero se levanta vía declaración de procedencia (desafuero) o juicio político, según el diseño constitucional local y la Ley Federal de Responsabilidades. La clave es que bajo criterios de cálculos politicos “no quiere,ni quieren llevarlo ante la FGR”, lo que se vuelve un insumo para abrirle procedimientos políticos y penales adicionales.

La denuncias por sus vínculos con crimen organizado y el exacerbado trafico de huachicol en sociedad con Carteles,ya son suficientes para indagarlo, mas alla del punible desvío de recursos.

2. ¿Qué pasa,por qué no comparece?

En un escenario de Estado de derecho (no de simulación), el no llamarlo a comparecer tiene efectos inmediatos:

• La autoridad investigadora debe continúar sin él, practicando indagaciones a este y sus entorno,cateos, aseguramientos, análisis financieros, testimonios y cooperación internacional; la investigación no depende de su voluntad.
• Las denuncias desatendidas se acumulan y deberian traducirse en requerimientos formales (oficios, emplazamientos); la negativa reiterada de no hacerlos,se documenta como resistencia u obstrucción.

Normativamente, cualquier denuncia contra cualquier mortal suelen ser atendida, algunas hasta de manera rápida y expedita,pero cuando esta toca al poder y aunque todos somos iguales ante la ley, no asi ante aquellos que la imparten. 

3. Congreso, juicio político y desafuero

El Congreso debería ser el pivote cuando el inculpado es gobernador con fuero en un Estado de derecho real donde los poderes son autónomos,no cómplices: 

• Se debería abrir una investigación política con base en las denuncias ciudadanas o de autoridades, que pueden presentarse por cualquier ciudadano bajo su responsabilidad.
• Se emplaza al gobernador: se le pide contestar por escrito o acudir a exponer su defensa; si no lo hace, la ley presume una respuesta negativa y sigue el trámite.
• Si se acredita que hay delitos graves o violaciones sistemáticas a la Constitución (colusión con crimen, contrabando de combustibles,desvíos, encubrimiento), se vota el juicio político o la declaración de procedencia.

Un fallo condenatorio en juicio político puede inhabilitarlo y, si se aprueba la declaración de procedencia, se levanta el fuero para que la fiscalía ejecute órdenes de aprehensión o lo procese como a cualquier particular.

Mecanismo institucional (esquema breve)

• Investigación penal debe iniciarse y documentarse.
• Fiscalía en su casona vez concretada debe solicitar intervención del órgano político (Congreso).
• Congreso emplaza; si no comparece, continúa con base en pruebas.
• Se vota desafuero/juicio político; si prospera, fiscalía procede penalmente.

4. Informe al Congreso vs. rendición de cuentas real

El escenario que se plantea es que mas que rendir “cuentas” con un Cuarto Informe de mas de lo mismo ante el Congreso, tambien debe rendir cuentas ante la FGR ,pues de no hacerlo, ilustra la fractura entre liturgia republicana y control de legalidad.

En un Estado de derecho genuino:

• El informe no sustituye la obligación de comparecer ante el Ministerio Público; son planos distintos: político-administrativo vs. penal.
• Los legisladores responsables no “reciben el informe y aplauden” a un mandatario bajo graves señalamientos que no ha aclarado; al contrario, usan el informe para cuestionarlo y empujan la vía de responsabilidades.
• Si el Congreso está cooptado y no activa sus atribuciones, también incurre en responsabilidad política por omisión, pues su función de control se vacía de contenido.

La paradoja: el gobernador “rinde cuentas” en la ceremonia, pero el verdadero examen de cuentas –penal y patrimonial– se da ante fiscalías y órganos de control en teoría independientes, no en el Polyforum.

5. Escenario hipotético completo: antes, durante y después

Si llevamos al extremo la hipótesis, en un Estado de derecho funcional, el arco sería:

• Antes de asumir:
  • Si ya existían denuncias por vínculos con crimen organizado, incluso indagado por militares o financiamiento ilícito de campañas, la autoridad electoral y la fiscalía debieron investigarlas, congelar cuentas y, en casos graves, buscar la anulación de elección o iniciar proceso penal, con intervención del fuero cuando tomara posesión.
• Durante el mandato:
  • Cada nuevo hecho (trafico de combustibles y protección a grupos criminales, desvíos de recursos) se integra a carpetas y se pide colaboración al gobernador; si se niega, se asienta.
  • Se investiga simultáneamente su entorno: operadores financieros, familiares, secretarios, jefes de seguridad, para evidenciar redes de protección o lavado.
  • Con masa crítica de indicios, la fiscalía solicita el desafuero; si el Congreso actúa conforme a derecho, se aprueba la procedencia y se le procesa.
• Después de dejar el cargo:
  • Se extingue el fuero ordinario de gobernador y cualquier amparo o blindaje artificial se revisa por la Corte, como ha ocurrido en casos de otros exgobernadores.
  • La fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión ya libradas y lo lleva a juicio, con posibilidad de prisión preventiva si el catálogo de delitos lo amerita (delincuencia organizada, lavado, homicidio, etc.).

En ese ideal, un mandatario multiseñalado que “no comparece, no aclara y no responde” no se vuelve intocable: se vuelve jurídicamente más vulnerable, porque la omisión y la resistencia engrosan los expedientes que irremediablemente lo llevaran a la carcel,como el resto. 

La diferencia entre ese modelo y la realidad cotidiana es precisamente donde cabe la crónica: mostrar cómo el informe anual puede ser un acto de autocelebración mientras la rendición de cuentas penal se mantiene en pausa por cálculo político.

Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/