Durante un conversatorio ciudadano, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, tomó el micrófono y lo convirtió en bisturí político: diseccionó sin anestesia el cadáver de la seguridad pública en Sinaloa y al país entero. Lo que otros disfrazan de “incidentes aislados”, él lo llamó por su nombre: “un Culiacanazo prolongado, un Sinaloazo que ya lleva un año y seis meses”.
“No es casual, ni coyuntural”, sentenció. “Los únicos responsables de esta crisis son quienes gobiernan. La Constitución no les dio permiso para dirigirnos la vida, sino para cuidarla”. Así, sin metáforas y con tono de acta notarial, les recordó su mandato: proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos, un mandato que parece letra muerta en el diario oficial de la impunidad.
El jurista fue más allá: acusó que la Constitución Política —esa que debería ser el blindaje del ciudadano— se ha convertido en un traje a la medida de los intereses particulares. Denunció que en Sinaloa se viola todos los días el artículo cuarto, el mismo que consagra el derecho humano a vivir en un estado libre de violencia. Pero aquí, ese derecho se esfuma entre balaceras y autos calcinados.
Con una frase demoledora, describió la tragedia infantil que acompaña esta guerra silenciosa: “Los niños ya no piden tabletas o internet en las escuelas; piden vivir sin violencia”. Y no exagera: 30 niños y 90 adolescentes han sido asesinados —cifras que, dijo, apenas rozan la realidad, porque en la sierra hay ejecuciones que nadie reporta, ni la autoridad ni los noticieros del gobierno. “Están aniquilando gente y nadie lo quiere ver”, advirtió.
El abogado también echó mano de números que huelen a fracaso administrativo: Culiacán tenía 2 mil policías antes del año 2000, hoy apenas mil. La reducción del 50% se repite en Ahome, Guasave y Mazatlán, dejando a las corporaciones municipales y estatales cojeando. ¿Y la justicia? Peor: Sinaloa ocupa el último lugar nacional, con solo 1.4% del presupuesto federal destinado a esa área, y una impunidad que podría rondar el 94%. O sea: casi todo crimen en Sinaloa se archiva en el cajón del olvido.
Y entonces soltó el golpe político directo: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue acusado de colaborar con los poderes fácticos y de encubrir la violencia, bajo el disfraz de “normalidad”. Beltrán Verduzco no usó eufemismos: “Mientras tengamos un gobierno que participe con los poderes fácticos, como es el caso de Rubén Rocha y muchos otros gobernadores, vamos a seguir padeciendo esta situación”.
La propuesta final fue clara y frontal: “limpieza total” y fortalecimiento real de policías municipales y estatales. No más “estrategias de seguridad” maquilladas con discursos vacíos ni foto oportuna. Exigió voluntad política verdadera, no la escenografía rutinaria de quienes fingen combatir lo que en realidad administran.
En resumen: Beltrán Verduzco no habló de seguridad; firmó un acta de defunción del Estado mexicano en su obligación más elemental: garantizar que el ciudadano viva —y no solo sobreviva.
Con informacion: NOROESTE/
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