Nuestro encabezado es una declaración frontal, sin ambigüedades ni eufemismos. El periodismo de Tamaulipas,el de prepago, ya debe de dejar su condición servil y dejar de arrodillarse ante el poder con su narrativa oficial maquillada,embellecida y que todos los dias busca silenciar la verdad.
Aqui no se recurre a la calumnia ,ni a la difamación gratuita; todas nuestras denuncias se fundan en hechos ,como esta imagen que, por sí sola, revela la profundidad de la crisis moral y política en Tamaulipas que tambien nos lleva al escandalo en puerta en Sinaloa.
Razones de fondo
No servil: El periodismo servil es aquel que se pliega ante el poder, que calla ante la evidencia y que prefiere la comodidad de la omisión antes que el riesgo de la verdad,no censura, solo aplaude y no confronta directamente a los actores involucrados, eso expone una traición a la protesta jurada de servir a la ciudadanía.Quien sirve al interés malsano del gobierno termina por no servir.
No vil: Ser vil sería recurrir a la mentira o la manipulación. Aquí, la denuncia se sustenta en una imagen concreta y en hechos documentados: la cercanía entre un gobernador y un personaje identificado con el crimen organizado. La vileza está, precisamente, en la traición de quienes juraron proteger y terminan colaborando —por acción u omisión— con quienes lastiman a la sociedad.
Con copia a TRUMP y MARCO RUBIO
Mencionar expresamente la copia a figuras como el Presidente de los EE.UU Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio, es un S.O.S internacional y de advertencia: lo que ocurre en Tamaulipas no es un asunto menor ni local, sino una crisis que trasciende fronteras que debe ser conocida por quienes tienen influencia en la política de seguridad y relaciones bilaterales.
La imagen como prueba irrefutable
La fotografía no necesita palabras para demostrar la cercanía inmoral entre crimen y gobierno. Es una evidencia visual de la traición a la confianza pública, de la ruptura del compromiso ético y de la normalización de la impunidad.
Este título no es servil porque no se doblega; no es vil porque no miente. Es, en cambio, un grito de alerta y un llamado a la dignidad periodística y ciudadana: denunciar la traición de quienes protestaron servir, pero terminaron sirviéndose del poder y traicionando a quienes juraron proteger.
La foto de la pudrición humanista
La fotografía que circula en redes sociales mostrando al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, sonriendo junto al exmilitar Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”, lugarteniente de facto del Cártel del Golfo en Reynosa, autor de cientos de extorsiones, levantones y ejecuciones,es un testimonio visual de una realidad que no puede ni debe ser ignorada.
Por sí sola, esta imagen que ademas revela como luce en la actualidad el mando delictivo,habla con crudeza y contundencia sobre la traición a la confianza ciudadana y la ruptura del compromiso sagrado que todo servidor público debe tener: proteger y velar por el bienestar de la sociedadpor encima de todo.
La imagen y su mensaje implícito:
Inmoralidad flagrante: La cercanía demostrada entre un gobernador electo bajo la bandera de Morena, partido que se ha proclamado contra la corrupción y el crimen, pero terminó sirviéndoles, y un personaje identificado como parte activa del crimen organizado, es una bofetada a la ética política y a la dignidad de Tamaulipas,mas alla de las transgresiones a la ley.
Esta imagen no es un simple encuentro casual; es la manifestación visual de una alianza oscura que pone en riesgo la seguridad y la justicia, uno le da votos (Chispa) y el otro privilegios,proteccion e impunidad (Americo).
Traición a la protesta jurada: Américo Villarreal, al asumir el cargo, prometió proteger a los ciudadanos y combatir la delincuencia con cero tolerancia
Sin embargo, la evidencia gráfica contradice ese juramento, mostrando una relación que evidencia complicidad en vez de lucha contra el crimen. Esto representa una traición directa a la sociedad que depositó su confianza en él y otra vez fue engañada.
Un indicio entre cientos más: Esta imagen no es un caso aislado. Se suma a un cúmulo de sospechas, evidencias y denuncias documentadas y testimonios de victimas en video , que apuntan a una consolidada red de protección y tolerancia de las instituciones hacia el crimen organizado, empezando por el gobernador de Tamaulipas.
La normalización de estas relaciones erosiona la gobernabilidad y perpetúa la impunidad que ya ha dejado estela de casi 15 mil desaparecidos y Reynosa es la campeona estatal.
Un llamado urgente a la ciudadanía
Es momento de alzar la voz con fuerza y claridad. La sociedad tamaulipeca merece conocer la verdad sin censuras ni medias tintas. Esta imagen con copia a los Estados Unidos ,su Presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio,ademas debe ser un llamado a:
Exigir transparencia y rendición de cuentas: Los ciudadanos deben demandar investigaciones imparciales y contundentes que esclarezcan estas relaciones y sancionen a quienes las mantienen.
No permitir la impunidad: La tolerancia social hacia la corrupción y el crimen organizado solo fortalece a quienes dañan el tejido social. Es indispensable que la justicia federal actúe con firmeza y la Presidenta Sheibaum ,recien acusada desde EE.UU de actuar como publirealcionsita y “brazo del narco”, ya abandone los cálculos políticos.
Fortalecer la vigilancia ciudadana: La participación activa de la sociedad civil es clave para vigilar y denunciar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar común.
Conclusión
La imagen de Américo Villarreal junto a Mario Guitián Rosas es un símbolo doloroso de la crisis moral y política que enfrenta Tamaulipas. Más allá de una fotografía, es un espejo que refleja la inmoralidad, la traición y la corrupción que socavan la esperanza de un futuro seguro y justo para sus ciudadanos.
Que esta imagen no sea un mero indicio olvidado, sino el motor que impulse una exigencia colectiva de verdad, justicia y dignidad para Tamaulipas y carcel para el hombre que con calidad de facultativo de la salud, enfermó mas a Tamaulipas.
El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, presunto operador logístico de los cárteles de Sinaloa y CJNG, se fugó el viernes de un domicilio en Santa Fe, Ciudad de México, donde cumplía arresto domiciliario bajo vigilancia de nutrida custodia de la Guardia Nacional, mientras esperaba su extradición a Estados Unidos por delitos graves como lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.
Sin embargo, mas alla de la búsqueda y/o localización de quien burlo al aparato militar, muy y tal vez con su permi$o, no ha habido pronunciamientos públicos de Omar García Harfuch,muy y pese a que calladito no se ve mas bonito.
La detención inmediata de los Guardias Nacionales como debía haber ocurrido en cualquier estado de derecho u no ha ocurrido, no es opciónal y esta se fundamentada en las leyes:
Fundamento jurídico aplicable
1. Delito de evasión de presos y participación de servidores públicos
El Código Penal Federal, en sus artículos 150 a 154, tipifica el delito de evasión de presos. El artículo 150 establece que:
“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión… Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte… Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.”
En este sentido, los elementos de la Guardia Nacional que tenían la custodia de Zhi Dong Zhang pueden ser claramente sujetos a responsabilidad penal si se acredita que, por acción u omisión, favorecieron su fuga.
2. Elementos del tipo penal
Para que proceda la responsabilidad penal, la autoridad ministerial debe probar:
Que los elementos de la Guardia Nacional tenían el deber jurídico de resguardar al detenido.
Que su conducta, ya sea por acción (colusión, ayuda directa) u omisión (negligencia, descuido grave), fue determinante para que se consumara la fuga.
Que existió dolo o culpa grave en su actuar, es decir, que actuaron con intención o con descuido inexcusable.
3. Régimen disciplinario y deberes de la Guardia Nacional
La Ley de la Guardia Nacional y su reglamento establecen que los integrantes deben actuar con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y que están sujetos a un régimen disciplinario estricto. El incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a sanciones administrativas y, en caso de comisión de delitos, a responsabilidad penal.
Argumentación jurídica
Responsabilidad penal directa: Si se demuestra que los guardias nacionales facilitaron la fuga (por ejemplo, permitiendo el acceso de terceros, omitiendo controles, o incluso recibiendo sobornos), incurren en el delito de evasión de presos como servidores públicos, con penas agravadas y destitución
Responsabilidad penal por omisión: Si la fuga fue resultado de una omisión grave (negligencia manifiesta, abandono del puesto, falta de vigilancia deliberada), también pueden ser responsables penalmente, ya que la ley sanciona tanto la acción como la omisión cuando existe deber jurídico de actuar.
Sanción administrativa: Independientemente de la sanción penal, los elementos pueden ser sujetos a procedimientos internos de la Guardia Nacional por violaciones a su régimen disciplinario, lo que puede derivar en suspensión, destitución o inhabilitación.
Consideraciones finales
La fuga de un detenido de alto perfil bajo custodia de la Guardia Nacional constituye un hecho de extrema gravedad y activa, de inmediato, la presunción de responsabilidad penal y administrativa de los agentes encargados de su vigilancia.
La autoridad ministerial deberá investigar si existió colusión, negligencia grave o cualquier conducta que favoreciera la evasión, aplicando las sanciones previstas en la ley tanto en el ámbito penal como administrativo.
En conclusión: Los elementos de la Guardia Nacional deben no ser protegidos y enfrentar penas de prisión, destitución e inhabilitación si se acredita que favorecieron, por acción u omisión, la fuga de Zhi Dong Zhang, conforme a los artículos 150 y 152 del Código Penal Federal y la Ley de la Guardia Nacional. La gravedad del caso y el perfil del detenido agravan la posible sanción jurídica.
El domingo volvió a teñirse de rojo ayer en Culiacán. Tres hombres fueron hallados asesinados dentro de un vehículo abandonado en la autopista Benito Juárez, al norte de la ciudad. El hallazgo, ocurrido alrededor de las 19:30 horas, es solo el último episodio de una larga cadena de ejecuciones que evidencian que para el crimen organizado no existen días de descanso. La violencia es una constante que ni el despliegue de fuerzas estatales, federales ni militares ha logrado contener.
Simultáneamente, Culiacán enfrenta otra “ejecución”: la de su tejido laboral. Durante el primer semestre de 2025, la capital sinaloense lideró la pérdida de empleos en el estado, con una disminución de 7,842 trabajadores registrados ante el IMSS, lo que representa una caída del 2.9% respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta cifra impacta directamente al 43.9% del empleo estatal, pues Culiacán concentra casi la mitad de los puestos formales de Sinaloa. La región centro, donde se ubica la capital, fue la más golpeada, especialmente en los sectores de servicios y la industria de la transformación.
La combinación de ejecuciones dominicales y el desplome del empleo dibuja un escenario devastador. La violencia desatada por la disputa entre facciones criminales no solo cobra vidas, sino que también destruye oportunidades y empuja a la población a la desesperanza.
La militarización y la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, lejos de pacificar, ha evidenciado su fracaso: ni el Estado, ni la federación, ni las fuerzas armadas han logrado devolver la tranquilidad ni la estabilidad económica a Culiacán.
La impunidad y la crisis laboral se retroalimentan, restregando el colapso de las estrategias oficiales frente a la realidad cotidiana de la capital sinaloense.
Una mujer fue asesinada ayer en la madrugada en la Colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara.
La mujer había corrido al agresor de su casa y momentos después fue baleada con un arma larga en plena calle.
El feminicida, de acuerdo con el video de una cámara que captó los hechos, escapó en una camioneta Chevrolet Equinox blanca, sin placa trasera, y hasta el momento no se ha reportado su localización.
La grabación sitúa el ataque a las 1:36:53 horas afuera de la vivienda de la víctima, en la Calle Hacienda de Cedros, cerca de Hacienda de los Pozos.
El responsable, un hombre con sudadera azul y tenis blancos, está cerca del vehículo mencionado cuando recibe una llamada y después cuelga para acercarse a la entrada del domicilio de la mujer, identificada inicialmente como su ex pareja sentimental.
En ese instante, fuera de cuadro, inicia una discusión.
-Qué tanto chingas, ábrete a la verga ya, se escucha que le dice ella.
-Ábreme (la puerta).
-Ábrete a chingar a tu madre, aquí no tienes nada que hacer, pinche mugroso de mierda.
En este momento hay una conversación inaudible y el hombre, aparentemente, hace algo que aumenta el enojo de la joven de 28 años.
– ¡Chinga tu puta madre, idiota!- le grita para luego salir con una escoba quebrada y lo que parece ser un cuchillo.
El video confirmó que la mujer se dirigió directamente a la camioneta y la empezó a golpear en el parabrisas con los objetos que traía.
-Y saca tu puto “erre”, le dice al hombre.
El presunto ex novio abrió la puerta trasera de la camioneta y sacó un arma larga, al parecer un fusil AR-15.
Al seguir siendo encarado, el individuo hizo un par de disparos a un costado de la mujer, para asustarla, y después le disparó en la cabeza ante la mirada de familiares.
La mujer, identificada como Carla, murió al instante, mientras que el responsable huyó en el mismo vehículo.
Una cosa llevo a la otra, sin regreso
Nuestro encabezado “SACA TU PUTO ERRE y…LO SACÓ”: “LO CORRIÓ de la CASA, lo CONFRONTÓ ENOJADA y TERMINÓ EJECUTADA con AMETRALLADORA en PLENA CALLE en GUADALAJARA”…la valentía se gesta en la mesura, no en la temeridad, encapsula la brutalidad y la tragedia de un feminicidio que no sólo evidencia la violencia extrema contra las mujeres, sino también la compleja dinámica de la confrontación directa ante un agresor.
El título destaca la secuencia de hechos tal como se observa en el video: la víctima, harta de la violencia y el acoso, decide enfrentar y expulsar a su agresor. En un acto de enojo y desesperación, lo reta abiertamente, incluso aludiendo al arma que sabe que el hombre posee. Este momento de confrontación, lejos de disuadir al agresor, desata su furia homicida y termina con el asesinato de la joven en plena vía pública, usando un arma de alto poder.
La frase final del título, “la valentía se gesta en la mesura, no en la temeridad”, busca introducir una reflexión necesaria: en contextos de violencia extrema, la línea entre el coraje y la exposición al peligro puede ser fatal. No se trata de culpar a la víctima, sino de subrayar cómo la falta de protección institucional y la impunidad empujan a las mujeres a situaciones límite, donde la reacción desesperada puede tener consecuencias irreversibles.
Este título y su argumentación invitan a un debate de fondo sobre la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas,tradicionalmente solas ante la cultura de la violencia de género que urgen a fortalecer los mecanismos de prevención y atención. También abre la discusión sobre la narrativa de la valentía frente al peligro: ¿qué opciones reales tienen las mujeres cuando las instituciones fallan y la amenaza es inminente?
En suma, el título aunque contundente y provocador ,retrata sin eufemismos la crudeza de los hechos, pero también nos invita a la reflexión sobre la naturaleza de la valentía y la urgencia de construir entornos seguros donde las mujeres no tengan que elegir enfrentarse solas y ser asesinadas.
A principios de 2026, o tal vez antes, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estará operando una nueva plataforma interconectada con acceso prácticamente irrestricto a toda la información que quiera conocer, de entes públicos y privados ,pero con una ley a modo donde el unico requisito es desearlo.
En el contexto de la creciente inseguridad y la presión social por resultados tangibles, se dio la creación de la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y el marco legal que la respalda, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNI), se presentan como la gran apuesta del Estado mexicano para combatir la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto.
Sin embargo, la sola existencia de esta ley y su plataforma no es garantía de resultados efectivos ni de justicia para la ciudadanía. Más aún, en muchas regiones del país, los propios ciudadanos ya conocen y han identificado a los criminales: tienen nombres, apellidos y domicilios de quienes extorsionan, secuestran y asesinan sin ocultarse. El problema, entonces, no es la falta de información, sino la ausencia de voluntad, capacidad o integridad institucional para actuar.
¿Por qué la LSNI y la PCI no son garantía de justicia?
Acumulación de información no equivale a acción: El Estado mexicano ya dispone de bases de datos, reportes ciudadanos y denuncias formales que identifican a los responsables de múltiples delitos. Sin embargo, los mecanismos de investigación y persecución penal suelen ser ineficaces o están capturados por intereses ajenos a la justicia.
Falta de controles y sanciones claras: La nueva ley otorga acceso prácticamente irrestricto al CNI, sin requerir orden judicial para solicitar datos a particulares o empresas. Pero no establece sanciones claras en caso de negativa ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el uso indebido de la información que siempre es mal utilizada en contra de los ciudadanos.
Desconfianza ciudadana: La población, especialmente en zonas de alta violencia, percibe que las autoridades conocen perfectamente a los responsables, pero no actúan por corrupción, colusión o miedo. La creación de nuevas plataformas tecnológicas no resuelve este déficit de confianza.
Riesgo de abuso y vigilancia masiva: La Suprema Corte ya había advertido sobre el peligro de sistemas de vigilancia generalizada, como ocurrió con el PANAUT, que fue invalidado por permitir el acceso directo a datos biométricos sin control judicial. La PCI va incluso más allá, con acceso a registros comerciales, bancarios, de salud y telecomunicaciones, sin candados efectivos para proteger la privacidad.
Promesas de confidencialidad sin sanción: Aunque la LSNI exige promesas escritas de confidencialidad a los funcionarios, no prevé sanciones expresas por violarlas, lo que deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad ante posibles filtraciones o mal uso de datos personales.
El entramado legal y operativo de la PCI
Elemento
Descripción
Nombre del sistema
Plataforma Central de Inteligencia (PCI)
Institución operadora
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Marco legal
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNI)
Entrada en operación
Prevista para inicios de 2026 (o antes)
Acceso a datos
Prácticamente irrestricto para el CNI, sin necesidad de orden judicial
Sectores obligados
Dependencias gubernamentales, empresas y personas físicas con información relevante
Generar productos de inteligencia para prevenir y perseguir delitos, principalmente de alto impacto y delincuencia organizada
La creación de la PCI y la ampliación de facultades del CNI representan un cambio radical en la política de inteligencia del Estado mexicano, pero no resuelven el problema de fondo: la impunidad y la falta de acción efectiva frente a la delincuencia.
Mientras los ciudadanos sigan siendo quienes aportan la información esencial —y las autoridades no actúen pese a conocer a los responsables—, ninguna ley ni plataforma tecnológica será suficiente para garantizar seguridad y justicia. La clave no está en la acumulación de datos, sino en la voluntad política y la integridad institucional para transformar esa información en acciones concretas y resultados tangibles.
Que es y con que se come:
La Plataforma Central de Inteligencia (PCI), cuya extensión hacia personas privadas no está prevista en la reforma constitucional de diciembre pasado en materia de seguridad pública, Morena y sus aliados en el Congreso la aprobaron en su reciente periodo extraordinario, como parte de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNI).
Registros comerciales, financieros, bancarios, de salud, de transporte, telecomunicaciones, empresariales, marítimos, biométricos, inmobiliarios o de seguridad privada. Todo eso, más cualquier otro dato que requiera el CNI, tendrá que ser aportado por empresas y personas físicas, vía interconexión a la PCI, o por cualquier otro medio si dicha interconexión no es posible.
“Todas aquellas personas morales de naturaleza privada o social que tengan o puedan tener o acceder a información susceptible de ser empleada en investigaciones para la prevención de delitos, el esclarecimiento de hechos y, en general, los fines del proceso penal, tendrán que conectarse a la PCI, o decidir si se resisten a colaborar.
“Las personas particulares que cuenten con bases de información, registros, sistemas o cualquier otra fuente que pueda resultar trascendente, ya sea para obtener indicios, datos de prueba y pruebas, o extraer cualquier otro elemento que sirva para fortalecer investigaciones y contribuir a la prevención y persecución de los delitos, deberán colaborar con los órganos del Sistema Nacional para su transmisión, consulta y suministro”, agrega la LSNI.
No se requiere orden judicial. Bastará que el CNI o su superior jerárquico, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, “solicite” o “requiera” el acceso, pero la ley no deja del todo claro si el particular puede negarse, y no prevé sanciones en ese caso.
El artículo 21 de la Constitución, reformado a inicios del sexenio para darle a la SSPCun papel central en la estrategia de seguridad pública, prevé un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) que está facultado para “solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
Con la PCI, la ley secundaria va más allá, al extender la recolección permanente de datos hacia el sector privado y social.
El cambio es radical si se compara con los sistemas de inteligencia que, desde el Gobierno de Vicente Fox, se han previsto en leyes como la del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y la de Seguridad Nacional, esta última, la que regía la actuación del CNI y tiene que ser reformada, porque ha quedado totalmente rebasada.
Lo que existe hasta ahora es el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública (SNISP), controlado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP, en el cual las Policías, Fiscalías, cárceles, centros de comando y control, y otras instancias del sector, comparten y consultan cotidianamente todos los informes que generan.
Desde el sexenio de Felipe Calderón, la SSPC cuenta con la Plataforma México, una red de telecomunicaciones que registra y cruza toda la actividad policial del País, y en la que colabora por lo menos un grupo de empresas privadas: las aseguradoras de vehículos.
La Ley de Seguridad Nacional, en tanto, prevé una Red Nacional de Información, que también se refiere únicamente a instancias de Gobierno.
Estos sistemas seguirán existiendo y serán una fuente más de información para la PCI, a la que estarán conectados permanentemente, al igual que los sistemas de inteligencia de la FGR, Sedena vía Guardia Nacional, Marina, prisiones, Fiscalías y Policías estatales y municipales.
También las Secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los registros públicos de la propiedad y comercio, y cualquier otra dependencia que considere el CNI.
Este último bloque podrá conectarse de manera temporal o permanente, según decida el CNI, que también tendrá discrecionalidad para requerir la interconexión permanente o temporal a entes privados.
Otra fuente de información permanente del CNI y la PCI será la Plataforma Única de Identidad (PUI) de la Secretaría de Gobernación, también creada en el reciente periodo extraordinario del Congreso, como parte de las reformas para combatir la desaparición de personas.
La PUI permitirá detectar en tiempo real cualquier movimiento con la CURP de una persona reportada como desaparecida, y también tendrá acceso directo a toda clase de registros públicos y privados, pero con un candado que no existe para la PCI: sólo se activará cuando exista una carpeta de investigación o folio de búsqueda por desaparición.
De todo este cúmulo de información, la LSNI promete que sólo se usará lo necesario para combatir a la delincuencia.
“Todos los documentos y la Información a los que el CNI tenga acceso a través de la PCI y por virtud del Sistema Nacional, deberán ser manejados y usados de conformidad con las leyes y normas aplicables en materia de protección de datos personales, confidencialidad, reserva, secrecía y privacidad. Lo que no sea utilizado para investigaciones concretas, deberá ser destruido a través de la aplicación de técnicas de eliminación segura por el CNI”, dice la ley.
También ofrece que todos los funcionarios de la SSPC, el CNI y otros que tengan acceso a la plataforma, deberán “otorgar por escrito una promesa de confidencialidad” de no revelar información, incluso después de dejar el cargo. No hay sanciones expresas por romper esta promesa.
La SSPC y el CNI tendrán 180 días hábiles a partir de la publicación de la LSNI para poner en marcha la plataforma.
En noviembre pasado, el CNI pidió 4 mil 862 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda para una compra de “equipo estratégico, táctico y operativo”, monto 162 por ciento superior a todo el presupuesto anual del órgano, pero no está claro si ese dinero ya estaba perfilado para la PCI, que aún no existía legalmente.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSIN) contiene varias explicaciones sobre el propósito de la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y las amplias facultades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En el artículo 12, que faculta a García Harfuch para “solicitar” la interconexión al sector privado, se menciona que sólo será para “generar productos de inteligencia”, y que dicha interconexión será por tiempo y para un fin determinados.
Sin embargo, en el artículo 39 apartado C, se indica que los entes privados “podrán estar interconectados, de manera temporal o permanente, a través de requerimiento por solicitud directa o de convenio suscrito con la Secretaría y el CNI”. Aquí, la “solicitud” viene acompañada de un “requerimiento”, que tiene una connotación imperativa sobre el particular al que se dirige.
El artículo 32, en tanto, define que los productos de inteligencia serán para “para prevenir y perseguir los delitos, sobre todo aquellos considerados de alto impacto cometidos por la delincuencia organizada, así como para la protección de los derechos de la población”, y también para generar pruebas que la FGR y las fiscalías puedan usar en procesos penales.
Finalmente, en el artículo 40, la PCI se revela como el instrumento de lo que parece una pesquisa permanente, es decir, una investigación por tiempo indefinido sobre un universo abierto de posibles irregularidades, de las que, tarde o temprano, derivará un delito qué perseguir.
“En el caso de que el CNI, derivado de los productos de inteligencia, advierta que se desprenden hechos posiblemente constitutivos de delitos, lo hará del conocimiento del Ministerio Público, con la finalidad de que, bajo su conducción y mando, se realice la investigación y la persecución respectiva, de conformidad con su competencia, ante los tribunales”, advierte la LSNI.
En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), con el cual el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaba recabar la información biométrica y otros datos de todas las personas que usan un teléfono celular, también con el argumento de combatir a la delincuencia.
El PANAUT no iba a ser controlado por el Poder Ejecutivo, ni por una dependencia de seguridad pública, sino por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que era un órgano autónomo.
Aun así, la Corte eliminó el padrón, al destacar que el Gobierno ya cuenta con herramientas como la geolocalización en tiempo real, la entrega de datos conservados por las telefónicas, y la intervención de comunicaciones privadas, todas ellas sujetas en esa época a orden judicial, que acaba de ser eliminada para las dos primeras cuando las solicite la Guardia Nacional militarizada.
“La forma en la que se configuran estas medidas busca evitar la existencia de pesquisas generalizadas o peor aún, de sistemas de vigilancia generalizados”, afirmó la Corte.
En un voto concurrente, el entonces Ministro Arturo Zaldívar destacó la inconstitucionalidad de un artículo que permitía a las instancias de seguridad y procuración de justicia acceder a información del PANAUT, incluidos datos biométricos, directamente y sin orden judicial. Justo eso, y mucho más, es lo que hará la Plataforma Central de Inteligencia.
EL ENTRAMADO
Morena aprobó en el Congreso que empresas y personas físicas estén incluidas en la Plataforma Central de Inteligencia.
Nombre del sistema: Plataforma Central de Inteligencia (PCI)
Institución operadora: Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Marco legal: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (LSNI)
Entrada en operación: Prevista para inicios de 2026 (o antes)
Acceso a datos: Prácticamente irrestricto para el CNI, sin necesidad de orden judicial
Sectores obligados a conectarse: Dependencias gubernamentales, empresas y personas físicas con información relevante
Tipos de datos incluidos: Comerciales, financieros, bancarios, de salud, transporte, telecomunicaciones, biométricos, inmobiliarios, seguridad privada, etc.
Propósito: Generar productos de inteligencia para prevenir y perseguir delitos, principalmente de alto impacto y de delincuencia organizada
