Lo que vemos en el tracking de Demoscopia Digital para el mes de mayo de 2025 en torno a la evaluación de desempeño del Gobernador Americo Villarreal,no es un simple repunte: es un salto de garrocha digno de Juegos Olímpicos. De andar arrastrando la cobija con 32.6% en abril, Américo Villarreal aparece en mayo con un flamante 52.1%. ¡Casi 20 puntos de un mes a otro! Ni el mismísimo “Chapulín Colorado” se atrevió a tanto.
Encuestas: “del que las paga, su voluntad se hace”
Dicen que las encuestas son como los mariscos: mejor frescos y de confianza, porque si no, te pueden hacer daño. Aquí, el brinco parece más un “ajuste de cuentas” entre el encuestador y el encuestado, en un toma y daca donde, casualmente, la aprobación sube justo cuando más se necesita. ¿Coincidencia? Solo el que paga la encuesta lo sabe… y el que la cobra, también.
Un tracking que parece montaña rusa
La gráfica se pasea por subidas y bajadas, pero lo de mayo es otra cosa: parece que a mitad del juego alguien decidió cambiar las reglas, o simplemente, apretaron el botón de “boost” para que el gobernador luzca como campeón del rating. Si así de fácil fuera ganar popularidad, ya estaríamos todos pidiendo encuestas a domicilio.
“En la política, como en la lucha libre, el que paga la función elige si quiere ver volar a su luchador favorito… aunque sea con truco.”
Análisis del “brinco” en el tracking de aprobación de Américo Villarreal (Demoscopia Digital)
Comportamiento de la serie El gráfico de Demoscopia Digital muestra la evolución mensual de la aprobación de Américo Villarreal desde octubre de 2022 hasta mayo de 2025. Lo más llamativo es el salto abrupto de 32.6% en abril de 2025 a 52.1% en mayo de 2025, es decir, un incremento de casi 20 puntos porcentuales en un solo mes.
Comparación con la tendencia previa Durante los meses previos, la aprobación se mantuvo en niveles bajos y relativamente estables: 27.8% en enero, 23.7% en febrero, 31.4% en marzo y 32.6% en abril de 2025. No hay antecedentes en la serie de un salto tan pronunciado; los cambios mensuales anteriores suelen ser de pocos puntos porcentuales, incluso en periodos de recuperación o caída.
Elementos que sugieren poca seriedad o inconsistencia
Un cambio tan drástico y repentino en la aprobación, sin antecedentes similares en la serie, es estadísticamente inusual y levanta sospechas sobre la metodología, el levantamiento de datos o la manipulación de resultados.
El propio gráfico indica que la encuesta se realiza por WhatsApp, lo que puede introducir sesgos importantes en la muestra, especialmente si no se detalla cómo se garantiza la aleatoriedad y representatividad.
El margen de error reportado es de ±3.8%, muy inferior al salto observado (19.5 puntos), lo que refuerza la sospecha de una posible alteración metodológica o de reporte.
Conclusión El “brinco” de casi 20 puntos en la aprobación de Américo Villarreal de un mes a otro, sin explicación aparente ni tendencia previa que lo justifique, es un indicio claro de poca seriedad o, al menos, de falta de rigor en el tracking de Demoscopia Digital en el mejor escenario, aunque mucho se ha dicho,las encuestas le son favorables al que las paga.
Este tipo de variaciones abruptas suelen ser inconsistentes con la realidad política y con las mejores prácticas en medición de opinión pública que se vuelven mero mercadeo en agravio de ciudadanos.
Desde que se hizo cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett hizo cortocircuito con el negocio del gas: denunció a tres compañías multinacionales por supuestos “contratos leoninos” en la construcción de gasoductos; promovió una demanda internacional en una corte federal de Texas contra el principal proveedor extranjero de gas de la paraestatal y aplazó el desarrollo de nuevos gasoductos necesarios para hacer frente a la crisis de apagones en la Península de Yucatán y la Península de Baja California.
Bartlett cerró la llave del gas, pero abrió la llave del huachi-diésel. No importó que el costo de generación a partir del diésel sea hasta diez veces más caro que el del gas natural. Las decisiones que tomó el director de la CFE al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hoy representan una lucrativa oportunidad para que intermediarios oscuros vendan combustible de contrabando a CFEnergía SA de CV por miles de millones de pesos. El crimen financiero del huachi-diésel se esconde en los fideicomisos de inversión de la subsidiaria privada de la CFE, una Comisión Federal paralela que permite ocultar deudas, sacar proyectos estratégicos de los estados financieros y evadir el escrutinio público de la Auditoría Superior de la Federación.
El negocio del huachi-diésel se explica de la siguiente manera: la CFE gastó 2,500 millones de dólares para construir cuatro centrales de ciclo combinado para resolver el déficit energético de la Península de Yucatán y de la Península de Baja California. Las plantas ya fueron construidas, pero no han entrado en operación porque la oficina de Bartlett no gestionó la construcción o ampliación de los gasoductos Puerta al Sureste, Mayakán y Centauro del Norte. Los proyectos no estarán terminados por lo menos hasta 2027, en el mejor de los casos. Sin gas no hay electricidad.
Mientras tanto, regiones completas del país se enfrentan a escenarios inminentes de apagones. Como medida de emergencia, la CFE licitó la instalación temporal de cientos de turbinas portátiles de diésel para poder habilitar las centrales de ciclo combinado. En marzo de 2025, CFEnergía firmó un contrato de 2,642 millones de pesos con Mejicali Turbine Energy, una empresa creada apenas en agosto de 2023 por el empresario Jorge Alberto Bonilla. El documento revela la intención de abrirle la puerta de la CFE a los ‘brokers’ del huachi-diésel que introducen ilegalmente el combustible a México con la complicidad de la Agencia Nacional de Aduanas. CFEnergía se comprometió a pagarle 9.2 millones de pesos diarios a Mejicali Turbine Energy por el concepto de “suministro de combustible”. El contrato estipula que la empresa de Jorge Alberto Bonilla tiene la facultad para obtener el diésel de manera independiente. El negocio no sería posible sin la política que desplazó al gas para darle entrada al huachi-diésel.
La estrategia fue diseñada por un selecto grupo de altos funcionarios que fungen como operadores directos no sólo de Manuel Bartlett, sino de su pareja, Julia Abdalá, quien es señalada por fuentes cercanas al caso como la arquitecta detrás de los negocios paralelos de la CFE. El periodista Darío Celis reportó que Abdalá jugó un papel crucial en las adjudicaciones directas para la construcción de las centrales de ciclo combinado de San Luis Río Colorado, González Ortega-Mexicali, Valladolid IV, Mérida IV y Tuxpan. Cuatro de estos cinco proyectos son fundamentales para el negocio del huachi-diésel.
Además, las plantas se desarrollaron bajo el paraguas corporativo de CFEnergía, mediante un Fideicomiso Maestro de Inversión. El operador financiero de los proyectos fue Miguel Reyes, el director de la subsidiaria privada de CFE durante la administración de Manuel Bartlett. Al igual que el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Reyes es poblano. El funcionario tenía acceso directo a Abdalá y participaba en las reuniones en las que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador era informado sobre los avances de las obras prioritarias del sector eléctrico. Actualmente, Reyes despacha en el gabinete de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, quien en el sexenio anterior fue cuestionada por como secretaria de Energía por presuntos desvíos de la refinería de Dos Bocas.
La mano derecha de Miguel Reyes en la Comisión Federal de Electricidad era Axel Rodríguez Batres, ex director de Operaciones de CFEnergía y sobrino de una de las figuras más poderosas de la 4T, el actual director del ISSSTE, Martí Batres. El triunvirato de funcionarios afines a la pareja Bartlett-Abdalá se complementa con Miguel López López, el ex director de Abastecimiento de la CFE, un actor clave en las adjudicaciones de servicios de las plantas de ciclo combinado.
De manera externa, el ex director de Pemex PMI Holdings, José Manuel Carrera Panizzo, habría asesorado a Julia Abdalá en los aspectos fénico-financieros de las operaciones. Paradójicamente, Carrera Panizzo fue inhabilitado como funcionario en el sexenio de López Obrador por su papel como artífice de la venta fraudulenta de Agronitrogenados a Pemex en tiempos de Emilio Lozoya.
La red Bartlett-Abdalá ha enfrentado serios cuestionamientos por negocios imposibles de comprender en la CFE. En 2021, Miguel Reyes avaló la asignación de 136 millones de dólares para la compra de 780 mil toneladas de carbón mineral térmico a una empresa sin experiencia, Troy T&D. Todo se procesó a través de CFEnergía.
A pesar de ello, podríamos estar frente a una red de corrupción mucho más significativa. El potencial del negocio ilegal del huachi-diésel es monumental. Mejicali Turbine Energy, una empresa de reciente creación que ha incurrido en incumplimiento de los plazos del contrato, recibirá 1,447 millones de pesos por suministrar combustible a cuatro puntos de interconexión de unidades generadoras en la Península de Yucatán durante 157 días. El contrato con CFEnergía estipula que la compañía de Jorge Alberto Bonilla deberá cumplir con una capacidad neta garantizada de 120 megavatios.
Pongamos las cosas en perspectiva: en total, existen 31 unidades generadores de electricidad con capacidad de 1,856 megavatios en la Península de Yucatán. En Baja California y en la central de San Luis Río Colorado, el número de unidades que operan con diésel y derivados es de 77 con una capacidad de 1,800 megavatios. Son las dos zonas que requieren el servicio de emergencia. Pero, en el resto del país, hay 112 unidades generadoras de este tipo por una capacidad de más de 11 mil megavatios. Es decir, la magnitud del negocio del huachi-diésel es gigantesca. El contrato de Mejicali Turbine Energy es apenas la punta de un iceberg diseñado en el despacho de Manuel Bartlett. Esto sin considerar que es altamente probable que la renta de turbinas de diésel exceda el tiempo esperado de 157 días.
Estamos frente a un nuevo nivel en la trama del huachicol fiscal, un negocio que ni siquiera el operador original del contrabando de combustible, Sergio Carmona, se atrevió a soñar. Veamos la evolución: La estructura del empresario tamaulipeco financió campañas políticas de Morena. La red de Mefra Fletes y la familia Jensen aportó recursos a las actividades paramilitares de los cárteles (de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos). Ahora, el entramado del huachi-diésel vuelve cómplice del desfalco a la empresa eléctrica paraestatal del Estado mexicano.
Retomando el punto original, esto no habría sido posible sin la política de desplazamiento del gas de la Comisión Federal de Electricidad operada por la red Bartlett-Abdalá. Es un caso lleno de contradicciones. Las empresas acusadas de firmar “contratos leoninos”, Carso y TC Energy, ahora están a cargo de construir los gasoductos necesarios para que funcionen las plantas de ciclo combinado en Yucatán y Baja California: los proyectos Puerta al Sureste y Centauro del Norte. En 2019, Bartlett acusó que la subutilización de los gasoductos implicaba un desfalco a la CFE. En el caso del gasoducto de 4,500 millones de dólares desarrollado por TC Energy, la empresa paraestatal deberá pagar alrededor de 600 millones de dólares al año hasta que se concluya la interconexión que permita echar a andar el proyecto.
Otra muestra de la contradicción: en 2021, la oficina de Bartlett contrató un investigador privado para promover una demanda contra el ex director de CFEnergía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Guillermo Turrent, por haber entregado presuntos contratos favorables a Whitewater Midstream LLC, una compañía texana que fungía como el principal proveedor extranjero de gas de la CFE. Bartlett denunció ante una corte federal de Texas que le adjudicaron servicios por cientos de millones de dólares a esta firma. Como comparación, en 2025, CFEnergía firmó un contrato con Mejicali Turbine Energy por alrededor de 132 millones de dólares.
López Obrador y Bartlett prometieron que en algún punto desparecería CFEnergía. Sucedió lo contrario: la convirtieron en el epicentro de una estructura multimillonaria de huachi-diésel.
Alejandra Cuevas Morán, absuelta del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos de ella y su familia.
En un mensaje videograbado y difundido en redes sociales, Cuevasacusó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de una persecución que concluyó con su exilio y el de sus familiares, luego de pasar por una detención arbitraria, un encarcelamiento injusto de 528 días y una tortura estructural.
Actitud lo dibuja de puerco completo
En el escenario contemporáneo de la justicia mexicana, el fiscal de la Republica,Alejandro Gertz Manerro,recien denunciado ante Comisiónala Intreamericana de Derechos Humanos (CIDH) emerge como una figura que, lejos de encarnar los principios rectores de la procuraduría de justicia, se erige como paradigma de una autoridad desvirtuada, un magistrado que, en lugar de ser baluarte de la legalidad, se convierte en artífice de la arbitrariedad hasta con su familia politica.
Este personaje, investido de potestad y autonomía, desdibuja los límites del Estado de Derecho y, bajo el ropaje de la formalidad procesal, ha perpetrado una persecución feroz,sistemática y meticulosa, sembrando el desasosiego y la zozobra en el seno de una familia que, por su condición y su historia, se convierte en víctima propiciatoria de un aparato institucional corrompido.
El fiscal actúa como verdugo de la dignidad humana, utilizando el poder coercitivo del Estado no para proteger, sino para castigar sin fundamento, para criminalizar la inocencia y para convertir el dolor en espectáculo público.
Su proceder no es un acto ocasional ni fruto del azar, sino la ejecución de una estrategia deliberada y perversa, que ha transformado la justicia en instrumento de venganza personal y en herramienta de sometimiento político.
La detención arbitraria, el encarcelamiento injusto, la tortura estructural y el exilio forzado que impone a su familia politica, no son meras consecuencias de su gestión, sino elementos constitutivos de su ejercicio del poder.
Este fiscal, en su ambición y en su rencor, desprecia la presunción de inocencia y vulnera los derechos fundamentales: el debido proceso, la defensa adecuada, la protección contra la tortura y el derecho a un juicio justo. Su actuación no solo destruye proyectos de vida individuales, sino que fractura el tejido social, sembrando la desconfianza en las instituciones y perpetuando un clima de impunidad y miedo. Es, en suma, un censor de la libertad, un verdugo de la esperanza y un símbolo de la degradación institucional.
En su afán de castigar sin justificación, el fiscal se conviertio en cómplice de la impunidad, en cómplice de la manipulación judicial y en cómplice de la persecución disfrazada de legalidad. Su figura, lejos de ser garante de los derechos humanos, se transforma en su principal violador, dejando tras de sí una estela de dolor, desarraigo y desolación. Su actuar no solo afecta a quienes persigue, sino que envilece la función pública y mancilla el honor de la justicia. Es, en definitiva, la encarnación del abuso de poder y la negación misma del Estado de Derecho.
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña denunció haber recibido amenazas de muerte a través de dos de sus cuentas de redes sociales, por lo que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para identificar a los autores, pero recibió una mediocre respuesta que pone a relieve la calidad de esta policia,le revelaron que luego de una sesuda investigación,no habían podido rastrear el sitio de Internet de donde salieron las amenazas, aunque le dijeron que no había elementos para preocuparse.
En su video charla de ayer jueves, el legislador que tiene el ego monumental y ha pasado su carrera sembrando vientos y cosechando tempestades, ahora se encuentra en la peculiar situación de sentir el aire a contrapelo.
Ahora que le paso
El legislador, acostumbrado a la polémica y a la lucha puerco a cuerpo en redes y tribunas, ha denunciado amenazas de muerte que le llegaron por YouTube y TikTok, con el ominoso mensaje: “Tu cabeza tiene precio y fecha”. Y claro, el amigo Noroña, siempre tan transparente, asegura que para protegerse hará público en tiempo real cada rincón al que se dirija, para que, si no llega, todos sepamos en qué tramo le pasó algo. ¡Qué nobleza la de este hombre, que no duda en convertir su vida en un reality show de seguridad nacional!
Pero aquí viene lo bueno: el señor Noroña, que cuenta con el respaldo del área jurídica del Senado y la Policía Cibernética, se encuentra con la respuesta más esperada: “No pudimos rastrear el sitio de origen, pero no se preocupe, no hay elementos de preocupación”. ¡Vaya consuelo! Si a un senador de la República, con toda la infraestructura del Estado detrás, no le pueden localizar la fuente de una amenaza, ¿qué esperanza le queda al ciudadano de a pie? ¿Acaso la Policía Cibernética solo sirve para dar talleres de alfabetización digital y repartir recomendaciones en redes?
La realidad es que, mientras los ciberdelincuentes hacen de las suyas, la Policía Cibernética se mantiene ocupada en impartir más de 4,800 talleres y realizar cientos de miles de acciones de orientación, pero cuando de verdad se necesita, el rastreo parece quedar en el limbo digital quedan en el mas profundo ridiculo por su incapacidad manifiésta.Así que, si usted, querido lector, piensa denunciar una amenaza en línea, prepárese para recibir una alerta informativa, un taller de prevención y, si acaso, un “no pudimos encontrar el origen, pero no se preocupe”.
En fin, el señor Noroña sigue sembrando y cosechando, pero esta vez la cosecha fue un “no se preocupe” de las autoridades. Y si a él, con todo y su visibilidad, no le pueden ayudar, ¿qué nos queda a los simples mortales? Quizá solo reír, para no llorar, y seguir navegando en el mar de la impunidad digital.
Ante la polémica por la incursión de policías de Chiapas en Guatemala, y buscando una ‘ruptura simbólica las malas prácticas del pasado, pero incapaces de tornar exitoso algo sin cambiarle de nombre, el gobierno farsante del morenista Eduardo Ramírez hizo lo que Americo Villarreal en Tamauliaps,renombrar a la Policía Estatal, que ahora se llamará Guardia Estatal.
“Es necesario realizar reformas que incluyan la capacitación y evaluación de los cuerpos policiales, así como, una transformación simbólica y comunicativa que permita reconstruir la relación entre la ciudadanía y sus instituciones de seguridad. Por tal motivo, se implementa el cambio de denominación del término Policía Estatal, por el de Guardia Estatal”.
“La sustitución del término, permite desligarse de las conotaciones negativas acumuladas a lo largo del tiempo y marca una ruptura simbólica con posibles malas prácticas del pasado. Este acto de renovación forma parte de una estrategia institucional más amplia para reconstruir la legitimidad, elevar el prestigio de la corporación y generar una cultura de legalidad y rendición de cuentas”.
En el Decreto número 273, publicado por la Secretaría General de Gobierno y Mediación, se justificó que la palabra “guardia” se eligió por estar asociada a la protección, defensa, servicio y cercanía a la ciudadanía.
El discurso oficial sostiene que la sustitución del término “policía” por “guardia” permitirá desligarse de connotaciones negativas y alinear la corporación con estándares de protección, servicio y cercanía a la ciudadanía. Se trata, según el gobierno, de un acto de renovación institucional para elevar el prestigio y generar una cultura de legalidad y rendición de cuentas.
Comparación internacional: Carabinieri, Guardia Civil y Gendarmería
A diferencia de la estrategia adoptada en Chiapas, los principales cuerpos policiales de Italia, España y Francia —los Carabinieri, la Guardia Civil y la Gendarmería Nacional, respectivamente— no han recurrido a cambios de nombre para enfrentar crisis de legitimidad o reputación.
Estos cuerpos mantienen denominaciones históricas, reconocidas y asociadas a la protección y servicio a la ciudadanía, pese a haber enfrentado en su historia episodios de abuso o controversia. La legitimidad y confianza pública han sido reconstruidas a través de reformas internas, profesionalización y modernización, no mediante “rebranding” simbólico.
Cuerpo policial
País
¿Cambio de nombre?
Estrategia ante crisis de legitimidad
Reforma institucional
Guardia Estatal (Chiapas)
México
Sí
Ruptura simbólica, cambio de nombre, rebranding
Capacitación, nuevas divisiones, universidad policial
Carabinieri
Italia
No
Mantiene nombre histórico, reformas internas
Profesionalización, capacitación continua
Guardia Civil
España
No
Mantiene nombre histórico, reformas internas
Modernización, capacitación
Gendarmería Nacional
Francia
No
Mantiene nombre histórico, reformas internas
Profesionalización, capacitación
Crítica y análisis
El modelo chiapaneco replica una tendencia nacional hipócrita en México: intentar resolver problemas estructurales de legitimidad policial mediante cambios de nombre o imagen institucional, sin que esto necesariamente implique una transformación profunda de las malas prácticas cotidianas. Esta estrategia ha sido criticada por su carácter superficial o simbólico, ya que el cambio de denominación no garantiza, por sí solo, la erradicación de malas prácticas ni la recuperación de la confianza ciudadana por decreto.
En contraste, los casos europeos muestran que la legitimidad y el prestigio de los cuerpos policiales se sostienen en reformas reales: profesionalización, capacitación, rendición de cuentas y modernización, sin recurrir a cambios de nombre.
Los Carabinieri en Italia, la Guardia Civil en España y la Gendarmería francesa ,han enfrentado crisis y críticas, pero han optado por fortalecer sus instituciones desde dentro, preservando el valor simbólico de sus nombres históricos y asumiendo la responsabilidad institucional de sus errores.
Conclusión
El cambio de nombre de la Policía Estatal a Guardia Estatal en Chiapas como ocurrió en Tamaulipas con Americo Villarreal que era tercer lugarnacional en abusos policiacos con Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022).
Pero ahora, empeoraron y son Segundo Lugar Nacional en abusos,es en esencia, una medida simbólica que busca distanciarse del pasado, pero que corre el riesgo de ser percibida como un acto de hipocresía si no va acompañada de reformas profundas y sostenidas.
La experiencia internacional demuestra que la verdadera legitimidad policial se construye con profesionalización, transparencia y rendición de cuentas, no con “rebranding” institucional que cambia el nombre en vez de las mañas.
La información oficial mas reciente, que reconoce que en el caso de 34 policías asesinados en Sinaloa desde septiembre de 2024, no existe una sola persona detenida, envía un mensaje contundente y alarmante a la ciudadanía: la impunidad en México no solo es estructural, sino que alcanza niveles que desafían incluso la lógica estadística y la ley de probabilidades.
No es casualidad ni azar que en todos los casos la moneda caiga siempre del lado de la impunidad del Cartel de Sinaloa: es reflejo de un sistema incapaz de proteger a sus propios agentes y de esclarecer crímenes, aun cuando las víctimas son quienes deberían investigar y combatir el delito.
Impunidad total: mensaje de desprotección y desconfianza
El hecho de que ningún asesinato de policías haya sido resuelto ,e incluso ello incluido en la cifra,pero cometido contra el agente federal cercano a Omar Garcia Harfuch.
En nueve embarazosos meses, muy pese a la gravedad de los ataques y la supuesta prioridad que deberían tener estos casos, evidencia una profunda incapacidad institucional, local,estatal,federal y militar.
La fiscalía estatal reconoce tener abiertas las carpetas de investigación, pero no ha logrado aprehender a ningún responsable, ni siquiera en flagrancia.
Esta situación refuerza la percepción ciudadana de que el acceso a la justicia está condicionado y que el esclarecimiento de los delitos depende más de la presión política o mediática que de la eficacia de las instituciones. El 77% de los mexicanos considera que la presión externa influye en la resolución de los delitos, y solo el 11% confía plenamente en las instituciones de procuración de justicia.
La “impudemia”: una enfermedad estructural
La impunidad que tambien se advierte en Tamaulipas y el pais,es vista como una enfermedad crónica en México. El 99% de los delitos no se castiga y la “cifra negra” (delitos no denunciados) supera el 90%, lo que perpetúa la violencia y la desconfianza social.
Entre las principales causas de la impunidad, los ciudadanos señalan la colusión de autoridades con delincuentes, la falta de investigaciones reales y la liberación de delincuentes por parte de jueces. Todo esto se agrava en el ámbito local, donde las fiscalías estatales muestran las peores tasas de esclarecimiento, especialmente en homicidios y delitos graves.
El absurdo estadístico: la ley del azar rota por la impunidad
El hecho de que, en todos los casos de policías ejecutados, la autoridad nunca logre detener a los responsables, desafía la ley de probabilidades. Estadísticamente, sería esperable que al menos en algunos casos se lograra una detención, aunque fuera por azar. Sin embargo, la constante es la impunidad total, lo que sugiere no solo incapacidad, sino posibles complicidades o una descomposición institucional tan profunda que ni siquiera los crímenes contra agentes del Estado se resuelven.
Impacto social y político
Este nivel de impunidad erosiona la legitimidad del Estado, fomenta la repetición de delitos y envía un mensaje de desprotección absoluta a la sociedad y a los propios cuerpos de seguridad.
Además, la percepción de corrupción en las instituciones de seguridad y justicia es altísima: más del 96% de los delitos quedan impunes y la mayoría de los ciudadanos percibe corrupción en la policía y el sistema judicial.
Conclusión
La situación descrita no solo es un síntoma de la “impudemia” que corroe a México, sino que constituye un desastre institucional que atenta contra la seguridad, la justicia y la confianza pública. Cuando ni siquiera los asesinatos de policías se esclarecen, la impunidad deja de ser una estadística y se convierte en una certeza, rompiendo cualquier expectativa de justicia y dejando a la ciudadanía en total indefensión.
