Amparada en las barreras físicas, políticas y simbólicas que protegen las actividades de las fuerzas armadas en México, la violencia de naturaleza sexual que se ejerce en contra de las mujeres que forman parte del Ejército es poco conocida, extendida, estructural y goza de impunidad.
Regida por los principios de obediencia y subordinación, la vida cotidiana para muchas de las integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional adquiere tintes opresivos cuando se encuentran en una situación en que los jefes y mandos militares cometen agresiones sexuales en su contra.
Y aunque existe una cifra negra, los números oficiales son elocuentes: en los últimos 12 años la Fiscalía Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual. Pero la tasa de sentencias condenatorias es, al mismo tiempo, ínfima: sólo en tres de cada 100 casos las víctimas obtienen justicia.
Esa estadística se reduce cuando se trata de altos mandos: ninguno de las decenas de generales acusados ha sido sentenciado. O son absueltos o sus casos permanecen en el laberinto y limbo judicial durante años.
Esta investigación documenta la extensión y profundidad de la violencia sexual en el Ejército, la impunidad que la rodea y los argumentos con que los propios tribunales militares exoneran y justifican esos delitos, así como el acoso y la intimidación a las mujeres que deciden denunciar y presentar quejas a pesar de las múltiples trabas que la institución les pone.
La revisión hecha a 50 investigaciones del Órgano Interno de Control del Ejército, una veintena de expedientes judiciales, entrevistas con militares agredidas y las denuncias presentadas ante la Oficina para la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS) contenidas en los correos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, delinean una institución marcada por un machismo que tolera y encubre la violencia contra las mujeres que forman parte de ella.
Testimonios
*Se buscó a la Sedena para conocer su postura institucional ante las denuncias documentadas en esta investigación y también se buscó la contraparte de los militares mencionados a través de comunicación social, pero no hubo respuesta.
Ninguna de ellas está a salvo en los cuarteles.
GENERALES SIN CASTIGO EN DOCE AÑOS DE DESOLADORA IMPUNIDAD
Los funcionarios, los académicos, los especialistas, los fiscales, los jueces, la gente de a pie lo sabe: la impunidad en México es abrumadora, persistente, enorme, lo cubre casi todo.
Pero cuando se habla de los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército, la impunidad es más sombría, es desoladora.
Las cifras oficiales obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública lo confirman: aunque en los 12 últimos años la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual, los resultados dan cuenta de su fracaso.
En esa docena de años (de enero de 2013 a diciembre de 2024), los fiscales militares sólo han conseguido 17 sentencias condenatorias, apenas 3.2 por ciento de los casos llevados a tribunales.
La información oficial revela también que a la élite militar integrada por los generales acusados de delitos sexuales no se le toca: ninguno ha sido sentenciado definitivamente, ya que han sido absueltos o las investigaciones se han archivado antes de llegar a juicio, según reconoce la Sedena en respuesta a una solicitud de información.
En las 525 carpetas de investigación se implicaba al menos a ocho generales; seis de ellos no llegaron a juicio porque las acusaciones se archivaron sin atribuirles responsabilidad; en los otros dos casos los generales involucrados fueron absueltos en primera instancia, aunque los expedientes siguen rebotando en diversos juzgados, sin que haya una sentencia firme.
La revisión de expedientes y estadísticas de los juzgados castrenses, del Supremo Tribunal Militar y del Poder Judicial de la Federación muestra que las pocas sentencias de culpabilidad recayeron en militares de menor rango.
Según la Fiscalía de Justicia Militar, entre 2013 y 2016 se abrieron carpetas de investigación en contra de 42 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores).
Los correos filtrados por el grupo Guacamaya y los expedientes del Poder Judicial de la Federación permiten complementar esos datos: de 2016 a 2024 se judicializaron siete expedientes más en contra de jefes.
Pero aquí tampoco abunda la justicia: en la mayoría de los 49 casos que involucran a los jefes tampoco ha habido sentencia definitiva. Sus expedientes siguen brincando de un juzgado a otro.
Sólo existe un registro corroborado de que se haya dictado sentencia en firme a un jefe militar: fue el del mayor Carmelo Patiño Nájera, quien fue condenado cuatro años después de que la soldado auxiliar peluquera Naybeth Arzate presentara en 2018 una denuncia por violación.
LA BUROCRACIA MILITAR IMPOSIBILITA LA JUSTICIA
Aun en el caso de Naybeth Arzate, la justicia obtenida implicó un alto costo y desgaste. Cuando ella quiso denunciar la violación ocurrida en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua, se enfrentó a la burocracia militar. De una oficina la mandaban a otra y luego a otra más. Cansada de que durante tres meses la trajeran de aquí para allá sin recibir una atención real, decidió desertar, cuenta la soldado en entrevista.
Posteriormente, la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército la contactó para darle seguimiento. Naybeth no sabía que existía un protocolo de atención para casos como el suyo; “no es como que te protegieran o te dijeran ‘estos son tus derechos, tú puedes dar parte y si no te hacen caso aquí, puedes ir a otro lado’; no hicieron nada de eso”, se queja.
La primera sentencia en contra de su agresor la dictó un tribunal militar de juicio oral en noviembre de 2019 y le impuso una pena de 12 años de prisión, según el expediente judicial consultado. La defensa del mayor apeló la decisión en enero de 2020, pero un tribunal castrense confirmó la condena.
El mayor Patiño Nájera buscó entonces la protección de la justicia federal del ámbito civil y presentó un amparo ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, cuyos integrantes echaron abajo la sentencia condenatoria de primera instancia y le ordenaron al tribunal militar declararse incompetente y enviar el caso a un juez de distrito en Chihuahua.
Finalmente, en agosto de 2022 la jueza federal Cristina Lozoya dictó sentencia de ocho años en un procedimiento abreviado, una forma rápida de concluir el proceso penal sin llegar a juicio oral.
Pero el caso no terminó con esa sentencia. En enero de 2025 Naybeth acudió a una audiencia debido a que un juez le concedió a su agresor libertad anticipada por buena conducta.
Aunque pudo inconformarse con el fallo, no lo hizo porque ha sido un proceso desgastante y revictimizante. “Tenía que estar reviviendo la agresión a cada rato. Ocurre muy seguido que te estén recordando una y otra vez lo que pasó. Y, más que nada, mucha gente te hace sentir culpable”.
Naybeth logró que el juez le otorgara una orden de restricción para que su agresor no pueda acercarse a ella ni a su familia.
Sin embargo, ante su inminente liberación, el temor no desaparece.
VIOLENCIA SISTEMÁTICA Y ESTRUCTURAL
Paloma Mendoza Cortés es experta en asuntos militares y de seguridad nacional. Conoce bien a las fuerzas armadas de México, las ha estudiado durante unos 15 años y ha sido profesora civil en varias escuelas del Ejército.
“La violencia contra las mujeres militares al interior de las fuerzas armadas se remonta a sus orígenes históricos”, explica Mendoza Cortés.
Son instituciones de Estado que requieren un papel de fortaleza y valor “comúnmente atribuido a los hombres, aunque en realidad las mujeres han ejercido roles muy importantes en los conflictos armados, como las Adelitas durante la Revolución”.
Además de histórica, esa violencia es “sistémica y estructural”. Y su dimensión es desconocida.
“Existe un subregistro de denuncias, totalmente; en realidad, es muy difícil darles seguimiento en gran medida por la opacidad de las mismas fuerzas armadas”, destaca la actual investigadora del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM.
Egresada del Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, advierte que los casos que llegan a aparecer en los medios de comunicación, por ejemplo, ni siquiera son reconocidos por la Sedena, ya que consideran a las militares como desertoras. Las denuncias se etiquetan entonces “como propaganda negativa”.
Y ya. No las toman en cuenta.
***Reportaje Completo INTERACTIVO/
Con informacion: ELUNIVERSAL/
