El Tren Maya, presentado como la obra insignia del gobierno de la 4T encabezado por Andres Manuel Lopez “hablador”, es un monumento al fracaso financiero y a la improvisación militarizada.
En su primer año completo de operación, los números son catastróficos y revelan una gestión que raya en lo irresponsable: por cada peso que ingresó por boletos, ventas y rentas, el erario tuvo que inyectar 108 pesos, un subsidio federal brutal que equivale a 10,700 por ciento de apoyo público para mantener a flote un proyecto que, de manera cruda, no funciona.
La Cuenta Pública 2024 deja claro el desastre: la paraestatal militar que opera el Tren Maya requirió 29 mil 912 millones de pesos del erario, mientras que sus ingresos propios apenas sumaron 276 millones de pesos.
Ni siquiera los salarios de los 1,700 empleados pudieron cubrirse con los ingresos del tren, ya que solo el rubro de servicios personales superó los 498 millones de pesos ese año. Para 2025, el subsidio autorizado es de 40 mil 827 millones de pesos, y aunque el presupuesto espera igualar ingresos y gastos operativos (680 millones de pesos), la realidad es que el tren sigue siendo una sangría para las finanzas públicas.
La operación militarizada del proyecto, a cargo de la Sedena, no solo ha significado un control férreo sobre el territorio y las comunidades, sino que también ha implicado la expropiación de decenas de inmuebles y la construcción de infraestructura militar en zonas clave, con prácticas que han sido denunciadas como abusivas y arbitrarias. La presencia de las Fuerzas Armadas ha sido justificada como necesaria para la seguridad, pero también ha servido para silenciar críticas y controlar la vida cotidiana en regiones enteras.
El propio director de la empresa militar que opera el tren admite que el equilibrio financiero solo podría alcanzarse con el transporte de carga, que hasta ahora no existe. Mientras tanto, el tren apenas transporta unos 2 mil pasajeros diarios, muy lejos de la capacidad instalada y de las metas iniciales. El proyecto, que tenía el potencial de transformar el sureste, se ha convertido en un elefante blanco que sobrevive únicamente gracias a los bolsillos de los contribuyentes.
La opacidad es otra marca distintiva: el costo total de construcción y equipamiento sigue siendo un secreto de Estado, y los gastos no aparecen detallados en los informes oficiales. La negativa a una auditoría externa, incluso ante peticiones de exmandatarios y expertos, solo refuerza la percepción de que hay mucho que ocultar.
En resumen, el Tren Maya es un fracaso financiero, operativo y de transparencia, con una gestión militarizada que ha priorizado el control y el capricho político sobre la eficiencia y el beneficio real para la población. Es, sin duda, uno de los mayores dispendios de recursos públicos en la historia reciente de México.
La cuenta publica al detalle
La Cuenta Pública 2024 de Tren Maya, S.A. de C.V. es un documento que, más allá de los números fríos, revela patrones de una administración que ha sido criticada por su opacidad, dependencia del erario y falta de transparencia en la gestión de recursos públicos. Aquí hay elementos adicionales que evidencian una administración fallida o, al menos, cuestionable desde la perspectiva de la rendición de cuentas y la eficiencia:
Opacidad y falta de información clave
- Costo total oculto: El costo total de construcción y equipamiento del Tren Maya no aparece desglosado ni en la Cuenta Pública ni en los informes enviados al Congreso. El documento solo menciona traspasos masivos de activos desde FONATUR y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. (por ejemplo, 456,574 millones de pesos en bienes y aportaciones), pero no detalla el costo real ni la ejecución de obra pública.
- Clasificación de información: El costo y los detalles del gasto han sido clasificados como información reservada, lo que limita el escrutinio público y legislativo sobre el destino real de los recursos.
Gestión militarizada y falta de controles civiles
- Coordinación con la Sedena: La empresa está sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que implica una gestión militarizada de un proyecto civil. Esto ha sido motivo de críticas por la falta de controles civiles y la opacidad en la toma de decisiones.
- Cuentas bancarias bajo control militar: Cuatro de las seis cuentas bancarias de la empresa no están a nombre de Tren Maya, S.A. de C.V., sino de la Sedena, lo que dificulta el rastreo y la fiscalización de los recursos.
Planeación deficiente y justificaciones endebles
- Ingresos futuros inciertos: El propio director de la empresa reconoce que el transporte de carga, aún inexistente, será la única vía para alcanzar el equilibrio financiero. Mientras tanto, el tren transporta apenas 2,000 pasajeros diarios, muy lejos de la capacidad instalada[1].
- Proyecciones poco realistas: Para 2025, se proyecta igualar ingresos y gastos operativos (680 millones de pesos), pero la realidad muestra una brecha enorme entre ingresos propios y subsidios.
Falta de transparencia y rendición de cuentas
- No hay auditoría externa: Se ha rechazado la realización de auditorías externas, lo que impide una evaluación independiente de la gestión y el uso de recursos
- Información relevante no revelada: Hay rubros como “deuda”, “calificaciones otorgadas”, “proceso de mejora” e “información por segmentos” que aparecen sin información a revelar, lo que limita el análisis sobre la salud financiera y operativa de la empresa
Traspasos y fideicomisos opacos
- Traspaso de activos masivos: La entrega-recepción de activos desde FONATUR y Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. a Tren Maya, S.A. de C.V. suma cientos de miles de millones de pesos, pero no se detalla el proceso de valuación ni la justificación de estas transferencias.
- Fideicomiso sin transparencia: El fideicomiso del Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos recibe recursos sin una estructura clara de rendición de cuentas, lo que dificulta saber cómo se utilizan esos fondos
Conclusiones
La Cuenta Pública 2024 de Tren Maya, S.A. de C.V. revela una administración caracterizada por la opacidad, la dependencia extrema de recursos públicos, la falta de controles civiles y la ausencia de información clave para la rendición de cuentas. Estos elementos refuerzan la percepción de una gestión fallida, donde la transparencia y la eficiencia han quedado relegadas frente a la centralización y el control militarizado de un proyecto que, según sus propias cifras, no es autosustentable.
Con informacion: ELNORTE/CUENTA PUBLICA 2024/
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