La elección judicial del 1 de junio de 2025 en México fue, sin rodeos, la más cara de la historia reciente: cada voto costó entre 478 y 619 pesos, más de cuatro veces lo que costó el voto en la elección presidencial de 2024, que fue de apenas 146 pesos por persona, citan por separado,Infobae y El Norte con cifras en los mismos rangos.
El presupuesto destinado fue de casi 7 mil millones de pesos, con una participación ciudadana bajísima, de apenas 12% a 13% del padrón electoral, con mas de 9 millones de votos nulos. La razón principal de este despropósito financiero: el abstencionismo, que disparó el costo unitario de cada sufragio.
¿Quién paga la factura?
La respuesta es simple: la pagan todos los ciudadanos, aunque no hayan ido a votar. Ese dinero sale de los impuestos y de los recortes a otros rubros públicos. Es una transferencia directa del erario a un proceso que, por su baja legitimidad y su alto costo, deja un sabor amargo en la boca de cualquier contribuyente.
¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana y la justicia diaria?
- Menos recursos para servicios públicos: Cada peso gastado en una elección ineficiente es un peso menos para escuelas, hospitales, seguridad o infraestructura. No es dinero “del gobierno”, es dinero de todos.
- Justicia de escaparate, corrupción real: Elegir jueces, magistrados y ministros con tan poca participación y bajo un esquema tan costoso puede abrir la puerta a la simulación: los corruptos, narcos y grupos de poder pueden colarse entre las candidaturas, disfrazados de “democracia directa”, pero en realidad protegidos por la apatía y la desinformación.
- Impunidad con toga y birrete: En un país donde el 90% de los homicidios quedan impunes, la elección judicial no garantiza que los nuevos jueces sean más honestos o eficaces. Al contrario, la baja participación y la falta de controles pueden perpetuar la corrupción, ahora legitimada por el voto popular, aunque ese voto sea de una minoría.
- Desconfianza y desgaste institucional: El costo excesivo y la baja participación minan la confianza en el sistema electoral y en la justicia. Si la ciudadanía percibe que el dinero se tira a la basura y que los resultados no cambian su vida, crece el cinismo y la resignación ante la corrupción y la impunidad.
¿Qué alternativas hay?
La propia consejera electoral Carla Humphrey lo reconoce: con estos costos y niveles de participación, urge repensar el modelo. El voto por internet, por ejemplo, podría reducir gastos y facilitar la participación, pero requiere garantías de seguridad y transparencia que hoy no existen plenament.
“Este modo de hacer elecciones es muy caro, muy complejo. El costo por voto tiene que ver con la baja participación… Hay que ver hacia un voto electrónico”, señaló la consejera Humphrey.
Conclusión pesimista, pero realista
El ciudadano va a pagar esta elección judicial de su bolsillo, aunque no haya votado: lo hará en forma de menos servicios, más impuestos, y una justicia que, en vez de limpiar la corrupción, puede terminar siendo otro botín para los mismos de siempre, ahora con toga y birrete.
La democracia no se fortalece con elecciones caras y vacías, sino con instituciones sólidas y ciudadanos informados, no engañados por el disfraz de la participación.
La próxima vez que alguien diga que “la justicia ahora la elige el pueblo”, pregúntese cuánto costó y quién realmente ganó. Porque, por ahora, los únicos que pagan son los de siempre: los ciudadanos comunes.
Con informacion: ELNORTE/
