La maestra Lucía Aimé Castillo Pastor ,Secretaria de Educación de Tamaulipas,fue renunciada ayer por el Gobernador de Tamaulipas,Americo Villarreal Anaya (MORENA) ,al cargo que venía desempeñando desde octubre de 2022,como saldo de las clases de boxeo con el Sindicato de Maestros que dirige el lider Magisterial Arnulfo Rodriguez,Secretario General de la Seccion 30 del SNTE.
Después de participar ayer en la ceremonia cívica de honores a la bandera y de asistir al primer informe de labores del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), funcionarios de la dependencia acostumbrados a mentirle a los ciudadanos,confirmaron que su salida se debía a motivos personales, nada mas alejado que eso.
La renuncia de Lucía Aimé Castillo Pastor falsamente atribuida a “motivos personales”, refleja un historial de tensiones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se remonta a su nombramiento en octubre de 2022. Estos son los puntos clave que contextualizan su salida:
Conflictos con el SNTE: el detonante
Protestas y toma de instalaciones: Una semana antes de su renuncia, la Sección 30 del SNTE, liderada por Arnulfo Rodríguez Treviño, encadenó las puertas de la Secretaría de Educación (SET) en Ciudad Victoria, exigiendo atención a maestros enfermos, pagos pendientes y nombramientos. Este fue el último de varios enfrentamientos públicos durante su gestión.
Diferencias estructurales: Desde 2022, Castillo Pastor mantuvo desacuerdos con el sindicato por temas como la falta de diálogo en reformas educativas y la asignación de plazas. El SNTE llegó a exigir su destitución en 2023, pero el gobernador “mañoso” recien desempacado calculó politicamente y evitó su salida en ese momento.
Pero tan solo basta escuchar un video,donde el lider magisterial deja ver que si sabe boxear y hasta burlarse de sus adversarios, los que para sus tablas y curricula de maldoso transexenal sindicalista,le resultaron poca cosa como rivales.
El contexto político: inestabilidad en el gabinete
Cuarta renuncia en la administración: Castillo Pastor es el cuarto funcionario de alto rango en dejar el gabinete de Villarreal, tras las salidas de Adriana Lozano (Finanzas), Diana Luz González (Instituto de la Mujer) y José Ramón Silva (Energía).
Relevo inmediato: Miguel Ángel Valdez García, subsecretario de Planeación y exrector de la Universidad La Salle Victoria, fue designado como su sucesor, lo que sugiere un intento por restablecer relaciones con el SNTE.
Legado y críticas
Logros cuestionados: Aunque impulsó programas de infraestructura escolar y capacitación docente, sectores magisteriales criticaron su gestión por falta de sensibilidad ante demandas laborales.
Perfil técnico vs. manejo político: Su formación académica (con estudios en Harvard) contrastó con su dificultad para negociar con actores clave del sistema educativo, como evidencian las movilizaciones recurrentes del SNTE.
Este episodio subraya los desafíos de gobernabilidad y la incapacidad del gobernador de Tamaulipas convertido en ‘turista frecuente de la CDMX”, donde realiza lo que mejor sabe hacer, lambisconear al aparato federal que lo sostiene,sabedor de que sus dias en libertad estan contados.
La salida de Castillo Pastor cierra un ciclo marcado por conflictos no resueltos, pero abre interrogantes sobre la capacidad del nuevo equipo para reconciliar intereses en el sector educativo que estara total y completamente subordinado al sindicalismo magisterial.
El diario español El Pais,expone hoy en una de sus editoriales,el entramado de irregularidades y contradicciones en el caso de Martha Rodríguez, exasesora de la ministra Yasmín Esquivel, que nos revela fallas estructurales en instituciones académicas y judiciales en medio del escandalo de la Ministra “pirata” protegida bajo las faldas de Morena que con sus influencia consiguió una verdad procesal. Estos son los puntos clave:
1. Sentencia cuestionable por daño al honor
La jueza Flor de María Hernández ordenó al exrector Enrique Graue y al exdirector Fernando Macedo indemnizar a Rodríguez con 15 millones de pesos por afectar su reputación durante la investigación de plagio en la tesis de Esquivel (2019-2023). La decisión se basó en:
Diplomas y reconocimientos académicos de Rodríguez, incluido el premio Sor Juana Inés de la Cruz.
Testimonios de dos exalumnos, uno de ellos vinculado a un caso de corrupción en el ISSSTE.
Un expediente médico que detalla padecimientos como glaucoma e hipertensión.
La jueza omitió investigar los 10 casos de plagio en tesis asesoradas por Rodríguez, incluido el de Esquivel, cuyo trabajo coincidía en un 95% con otro presentado un año antes.
2. Doble estándar en el tratamiento mediático y legal
La UNAM inicialmente actuó contra Rodríguez en 2022 al rescindir su contrato y señalar el plagio, pero la sentencia actual tilda esas acciones de “violencia psicoemocional”.
La jueza consideró que las declaraciones públicas de Graue y Macedo —quienes siguieron protocolos institucionales— fueron “opiniones personales” y “abusivas”, pese a que la universidad tiene autonomía para sancionar faltas éticas.
3. Cálculo inflado de la indemnización
La cifra de 15 millones se justificó con argumentos dudosos:
Estimación de una esperanza de vida de 10 años para Rodríguez (70 años), aunque no se presentaron pruebas médicas de riesgo vital.
Inclusión de daños “transfronterizos” por cobertura en medios internacionales, como EL PAÍS.
4. Implicaciones políticas y académicas
Esquivel, actualmente en campaña política, logró que la UNAM archivara el dictamen original sobre el plagio de su tesis, lo que sugiere un intento de reescribir su historial académico.
La sentencia se enmarca en una estrategia legal para rehabilitar la imagen de Rodríguez y, por extensión, de Esquivel, cuya candidatura a la presidencia de la SCJN fracasó tras el escándalo de 2022.
En síntesis: La editorial denuncia un sistema judicial que prioriza reparaciones millonarias basadas en pruebas endebles, mientras ignora evidencias de plagio y corrupción académica. Esto refleja un círculo de impunidad donde figuras públicas manipulan instituciones para blanquear su reputación, erosionando la credibilidad de la UNAM y el Poder Judicial.
Asi lo dice EL PAIS
La profesora Martha Rodríguez ha pasado de maestra a aprendiz. La académica, que fue la asesora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, sigue ahora los pasos de quien fuese su estudiante y busca limpiar su nombre a golpe de sentencias judiciales.
La jueza cuarta de lo Civil de Proceso Escrito en Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos, ha dado a la asesora un triunfo magnífico y ha ordenado al exrector de la UNAM Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón Fernando Macedo que la indemnicen con 15 millones de pesos por haber “dañado su honor”. Esto es por haberle informado de una manera “insidiosa” sobre la investigación que pendía sobre ella y por haber comunicado públicamente que su contrato con la universidad había sido rescindido, lo que le provocó “vergüenza pública” y “depresión”. Para determinar la reparación del daño que merece Rodríguez, a la jueza le han bastado algunos diplomas de actividades académicas que le presentó la profesora, una receta médica en la que se registran sus achaques y el testimonio de dos exalumnos que la conocieron. La jueza Hernández no tomó en cuenta que la profesora asesoró al menos una decena de tesis con indicios de plagio, entre las que se encuentra la de la ministra Esquivel. La sentencia ha sido recurrida por Graue y Macedo, que de momento han ganado un balón de oxígeno.
Hay una batalla legal de la que no puede librarse la Universidad Nacional Autónoma de México. La ministra Yasmín Esquivel no olvida la bomba mediática que le estalló en diciembre de 2022 —a la que ella atribuye haber perdido la elección por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— y la respuesta que tuvo su alma mater ante el escándalo.
Cuando se dio a conocer que la tesis de licenciatura de Derecho que Esquivel había presentado en 1987 era igual a otra que había entregado un año antes otro alumno, Edgar Ulises Báez, la UNAM tomó varias acciones: encargó análisis preliminares, revisó su legislación y mandó llamar a la asesora de ambas tesis, Martha Rodríguez, para analizar su proceder. En los días posteriores, las facultades y el rector comunicaron públicamente que el trabajo que había presentado Esquivel tenía un 95% de similitud con el de Báez y que se había rescindido el contrato con Rodríguez. Lo que parecía entonces el protocolo habitual de una universidad ante una polémica que ponía en riesgo su prestigio se ha convertido en una batalla legal que no termina, incluso ahora, cuando Esquivel ya logró obligar a la universidad a sepultar el dictamen en el que se resuelve quién plagió hace 30 años.
La última ofensiva ha llegado por Martha Rodríguez. La profesora interpuso en agosto de 2024 una demanda civil contra Graue y Macedo por haber dañado su honor y reputación. “Obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas, falsas, carentes de veracidad e imparcialidad”, recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La maestra pedía a los exfuncionarios de la UNAM retractarse de esas manifestaciones, abstenerse en un futuro de expresiones que puedan dañar su honor y el pago de una indemnización. Desde que se destapó el escándalo, Rodríguez y Esquivel han sostenido que la profesora presentó a Báez el trabajo de la ministra y que el otro alumno se adelantó en el tiempo para presentar antes su trabajo de titulación.
“Un daño psicológico que no necesita ser probado”
A lo largo de 60 páginas, la jueza Hernández ha argumentado por qué el “daño” a la profesora fue tan grave que amerita como compensación un pago millonario. La sentencia afirma que Graue y Macedo no debieron emitir juicios de valor sobre la asesora de Esquivel mientras el procedimiento administrativo en su contra estaba en curso. Concretamente, los exdirectivos afirmaron que la conducta de la profesora Rodríguez había lesionado gravemente el prestigio de la universidad. Una de esas comunicaciones, que la jueza define como “violenta”, “injuriosa” e “innecesaria”, no fue ni siquiera pública, sino que consistía en un oficio interno que el entonces director de la FES Aragón —facultad donde trabajaba Rodríguez como docente— envió a la profesora para que se presentara a una Audiencia de Investigación Administrativa. Ahí Macedo escribía que la posible conducta de Rodríguez “habría trastocado los principios y fines esenciales de la Universidad”. Ese señalamiento, dice la sentencia, “constituye a todas luces un ejercicio abusivo de la libertad de expresión”, se trata de “opiniones personales” del director que se “excede en el ejercicio de su cargo”: “Lesionó una pluralidad de derechos en la parte actora, tales y como lo fueron sus sentimientos, integridad psíquica y honor”.
A Graue, la jueza le reprocha haber emitido unos lineamientos en 2019 —un “hecho ilícito” porque aparentemente tenía que haberlo hecho el Consejo de la Universidad”—, habérselos aplicado después a Rodríguez, y haber enunciado en un mensaje público el 20 de enero: “La FES Aragón de la Universidad Nacional ha rescindido el contrato de la maestra que fungió como asesora de ambas tesis”. Esa manifestación, Hernández lo considera también un ilícito porque “atentó contra el derecho al honor, tomando en cuenta a éste, como el bien jurídico constituido por las proyecciones psíquicas del sentimiento de estimación que la persona tiene de sí misma, atendiendo a lo que la colectividad en que actúa considera como sentimiento estimable”.
En conclusión, la juzgadora apunta: “Las opiniones efectuadas irrogaron un daño psicológico a la académica que no necesita ser probado, debido que las expresiones realizadas es evidente que atentan en contra de sus sentimientos y la consideración que tienen los demás sobre ella, dado que fue atacada directamente sobre conductas que ponían en duda su profesionalismo e intachable carrera como académica”. Todo esto provocó en la maestra una “sensación de vergüenza” que la obligó a aislarse y retraerse hacia ella misma. Como agravante, apunta la condena, el mancillamiento del honor de Rodríguez trascendió fronteras, pues hubo noticias sobre la profesora en medios internacionales, entre ellos, este periódico.
Una “intachable trayectoria”
La jueza Hernández afirma que, antes del daño que le ocasionaron Graue y Macedo, la maestra Rodríguez gozaba de una gran reputación académica. Durante el desahogo del juicio civil, Rodríguez presentó a la juzgadora elementos que probaban su “intachable trayectoria” dentro de la UNAM. Por ejemplo, los “numerosos” reconocimientos, cursos y diplomados que “denotan su compromiso profesional”. La jueza agrega que el propio Graue, siendo rector, le entregó a Rodríguez el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado a “las mujeres más destacadas de la docencia”, y que, incluso, la historia de la profesora fue recogida en un supuesto libro llamado La vie L’histoire, “donde es considerada una persona humana que se preocupa por los alumnos y que su prioridad es el desarrollo académico, señalándola como una joya que poseía la Facultad de Estudios Superiores Aragón”. La jueza indica que esas “pruebas” fueron objetadas por Graue y Macedo, pero ella decidió darles valor probatorio para acreditar las “cualidades morales y profesionales” de la maestra.
En ningún momento, la jueza entra a valorar que Rodríguez, que asesoró más de 500 tesis en sus 40 años de docente, había sido señalada por tener un modus operandi de plagio de tesis entre sus alumnos. En cambio sí valoró los testimonios de dos exalumnos que acudieron al juicio a hablar en nombre de la académica. Una de ellas, María Isabel Hernández Carrillo, declaró que las cátedras de Rodríguez y su trato a los alumnos eran “excelentes”, y que incluso la profesora le ayudó a hacer su propia tesis sin ser oficialmente su asesora. “Siempre le dejó claro que la responsabilidad de un tesista era investigar su tema y elaborar su propia hipótesis, demostrándola con una detallada investigación y razonamiento propio”, recoge la sentencia. El otro exalumno, Raúl Gerardo Cerón Domínguez, dijo que conoció a Rodríguez como oyente de sus clases, en las que se percató de que “su desempeño como maestra era bueno y tenía el reconocimiento de sus alumnos y de autoridades de la Facultad de Derecho”. Décadas después de esas clases, Cerón Domínguez se vería involucrado en un escándalo de corrupción en el ISSSTE, donde tenía un cargo directivo, en una contratación fraudulenta para proveer bienes al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los dos exalumnos declararon a la jueza que Rodríguez estaba deprimida y tenía un estado de salud con “gran deterioro” luego de que se “destruyó” su carrera “por cuestiones mediáticas”. Además, agregaron, la pérdida de su trabajo la dejó en un “deficiente estado económico”, lo que empeora el hecho de que la profesora arrastra padecimientos que requieren atención médica. Para reforzar este punto, Rodríguez presentó a la jueza un expediente clínico en el que consta que padece de rinitis, hipertensión, asma leve y glaucoma, y que utiliza una prótesis en la rodilla derecha. “De ahí que se debe tomar en consideración que la actora requiere atención médica continua para estar en posibilidad de gozar de una vida digna”, resolvió la jueza.
Hernández llega a la suma de 15 millones de pesos tomando en cuenta los 10 años que le calcula de esperanza de vida a la profesora, de la que primero señala que tiene 68 años y luego cambia a 70. La propia juzgadora escribe que esa cifra no es solo para “satisfacer el daño sufrido”, sino para “disuadir la conducta de los agentes a partir de una visión más que estrictamente punitiva, disuasoria” porque Graue y Macedo ejercieron “violencia psicoemocional, económica, laboral, docente, mediática contra las mujeres” contra la asesora.
La jueza sentenció que la suma millonaria se pagara en cinco días o, de lo contrario, ordenaría el embargo de los bienes de Graue y Macedo por el equivalente al monto de la indemnización. La UNAM ya ha salido en defensa del exrector y el exdirector de la FES Aragón y ha señalado que la condena es a todas luces desproporcionada. La casa de estudios ha sostenido que los exdirectivos no hicieron sino cumplir las funciones que les encomendaba la normatividad interna, y ha observado que tal desmesura esconde la intención de intimidar a la universidad.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/ ZEDRIK RAZIEL
Tres días después de arrancar el operativo “farsante” contra el “huachicol fiscal” en Aduanas que encabeza el gobernador de Morena,Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas,el Gobierno federal,del mismo partido del gobernador, informó ayer de la detención de 18 choferes tras el aseguramiento de igual nuemero de pipas y todos fueron liberados.
Las unidades decomisadas, detalló, sumaron en conjunto 540 mil litros de combustible tras el despliegue del viernes contra el “huachicol fiscal”, es decir, la importación de gasolinas y diesel sin pagar impuestos.
De acuerdo con fuentes de la FGR, los que tambien cobran el soborno que paga por traficar el combustibles,los conductores fueron liberados “bajo reservas de ley”. A su vez, las 18 pipas estaban en instalaciones de Pemex en Reynosa y vigiladas por la GN, ya que las investigaciones seguían.
Los abogados de las importadoras de combustibles niegan alguna ilegalidad y alegan errores involuntarios en la documentación, señalaron las fuentes.
Cabeza de Vaca sabe de la transa
Los entresijos de este contrabando que ha venido practicando Américo Villarreal y el mismo gobierno federal,asi como los militares que dicen que lo combáten,fue suficientemente explicado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca en video.
El operativo, que revisó las pipas y su documentación, se desplegó al menos en Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; en Tijuana y Mexicali, en Baja California, y Nogales y Sonoyta, en Sonora.
En esta ultima entidad, un Vicealmirante permitía el trasiego del combustible en buques.
En Tampico ,otro Marino de alcurnia que debía cuidar las aduanas del puerto,permitía el trafico de otra cantidad indeterminada de buques.
El “despliegue de efectivos que debió centrarse en detener a sus compañeros efectivos por recibir efectivo”, terminó por atorar las importaciones de todo tipo por los puentes internacionales a Pharr, Reynosa, y Los Tomates y Los Indios, en Matamoros, donde se formaron filas kilométricas.
Desde el sábado, el operativo continuó, pero de manera ágil, sin afectar el despacho de otro tipo de importaciones.
Según fuentes allegadas al caso, los abogados de las compañías importadoras de gasolinas y diesel niegan irregularidades y alegan errores involuntarios en las fracciones arancelarias registradas en la documentación.
Las 18 unidades estaban ayer en la Terminal de Abastecimiento y Despacho Reynosa (TAR) de Pemex y eran resguardadas por la GN.
En el TAR se observó a choferes liberados acudir a recoger pertenencias de las cabinas de los tractocamiones, bajo la mirada de agentes de la GN.
Las Aduanas de Reynosa y Matamoros fueron las primeras en ser militarizadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se hizo en 2021, pero el tráfico de combustibles, drogas, personas, armas y más contrabando no ha sido atajado, por el contrario crecio,pero enseguida de que fue denunciado públicamente por Cámaras empresariales ,entonces a cargo de Julio Almanza,fue ejecutado por el Cartel del Golfo que resulta socio del gobernador en este delito.
Grupo REFORMA informó que de acuerdo con investigaciones de las autoridades,el trasiego detectado en buque en Tampico,donde tampoco detuvieron a nadie,estaria ligado al Cartel de Jalisco.
El ex Alcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, ya fue sentenciado a 20 años de cárcel por el asesinato del ex síndico Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador morenista Félix Salgado Macedonio.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la noche de este lunes sobre el fallo en contra de Abarca, acusado de dar la instrucción de asesinar a Carvajal Salgado, el 8 de marzo de 2013.
“Mediante una intensiva investigación que permitió recabar pruebas contundentes, la FGE logró establecer la participación del sentenciado, en los hechos ocurridos en el día 8 de marzo de 2013, en la calle Zaragoza de la colonia Centro”, indicó el organismo.
La FGE anunció que apelará la sentencia al considerar que se aplicó la pena mínima para homicidio calificado.
Relación con el caso Ayotzinapa y vínculos criminales Aunque Abarca fue absuelto en 2022 del secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por falta de pruebas,enfrenta otras condenas:
92 años y 6 meses de prisión (2023) por el secuestro en 2013 de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, incluido el asesinato de tres activistas.
Procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada, vinculado al grupo criminal Guerreros Unidos,al que también estuvo vinculado Omar García Harfuch como cita el Diario Español,El Pais.
“…Las dudas sobre el actuar de García Harfuch en el caso Ayotzinapa trascienden su presencia en Iguala. Tras la detención del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, apenas 10 días después de que se celebraran estas reuniones, las autoridades le hallaron una libreta, donde aparecían nombres y números de teléfono de funcionarios. Entre los contactos de Casarrubias figuraba García Harfuch…”
Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, también permanece encarcelada desde 2014 por su presunta participación en redes criminales.
Conexión con el gobierno de López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)mantuvo un enfoque crítico hacia las investigaciones previas sobre Ayotzinapa. En 2018, creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, prometiendo esclarecer el caso. No obstante, su administración enfrentó obstáculos:
Acusó al Centro Prodh (organismo defensor de derechos humanos) de tener vínculos con la derecha y de no apoyar genuinamente a las familias.
Reconoció en 2024 que la investigación se complicó por la opacidad del Ejército, que retiene información clave.
Aunque se logró la identificación de restos de tres víctimas, el caso sigue sin resolverse tras una década.
Abarca, pese a su absolución en el caso Ayotzinapa, sigue encarcelado por otros delitos, lo que refleja la persistencia de estructuras criminales y la complejidad para impartir justicia en México.
La imagen corresponde a un operativo conjunto donde agentes de distintas corporaciones de seguridad ,Guardia Nacional,Policia de Investigación y Militares,se toman la foto para mandarle decir a los ciudadanos las altas capacidades de su “Fuerza Conjunta” ,de su “Task Force” a la mexicana, al catear una “peligrosisima guarida del narco”, donde el escenario y el resultado siempre resultan ser los mismos,un inmueble deteriorado abandonado y algunas bolsitas de droga que han repetido como estrategia para cuentear ciudadanos en Tamaulipas.
El contexto del operativo
De acuerdo con los reportes oficiales, este operativo ocurrió en la colonia Las Américas de Río Bravo el 7 de abril de 2025, donde las autoridades ejecutaron un cateo por narcomenudeo en un inmueble abandonado. Los resultados del operativo fueron el decomiso de algunas bolsas con marihuana y artefactos conocidos como “ponchallantas”.
Lo llamativo es que este tipo de acciones se han repetido en distintas zonas de Río Bravo en los últimos meses:
En enero de 2025, se realizó un operativo similar en el Fraccionamiento Valle del Magisterio
En otro operativo en la Colonia Ferrocarril 4, los hallazgos fueron prácticamente idénticos: bolsas con marihuana y “ponchallantas”
Análisis del despliegue y resultados
El despliegue involucra a tres corporaciones de seguridad (Policía Investigadora estatal, Guardia Nacional y SEDENA), lo que implica:
Movilización de personal que seria mas útil haciendo algo util
Recursos significativos para la planificación y ejecución,efectivos y patrullas
Siempre se toman la foto y lo hacen de espaldas como si esa acción les representara peligro y que en todo caso estan obligados por la ley a enfrentar, para eso se les pagaron para eludirlos.
El contexto más amplio de Tamaulipas
La situación de seguridad que viven los ciudadanos en Tamaulipas bajo el gobierno aliado de narcos que encabeza Americo Villarreal,no necesita de estas “farsas conjuntas”, apremia esfuerzos honestos contra el crimen, sin simulaciones ante criminales que cada vez y con mayor frecuencia escalan en el grado de desafío mientras levantan, extorsionan o matan.
Consideraciones sobre la estrategia
Los operativos como el mostrado en la imagen plantean interrogantes serias sobre la estrategia de seguridad que se replica a nivel nacional:
¿Por qué se destinan recursos de tres corporaciones para intervenir inmuebles abandonados con resultados limitados?
¿Estos operativos responden a una estrategia focalizada o tienen un componente mediático importante?
¿Cómo se relacionan estas acciones con el combate a las estructuras principales del narcotráfico en la región?
El contraste entre la magnitud del despliegue y los resultados obtenidos, así como la repetición de operativos con características y hallazgos similares, no solo sugiere, deja ver que estos tienen un componente meramente mediático y demostrativo dentro de la estrategia de comunicación sobre seguridad en la región que busca engañar a los ciudadanos mientras los intentan convencer que si combaten a sus aliados del narco.
La imagen que se analiza, junto con los reportes revisados, expone la farsa que luego combate la violencia desde las “mañaneras de; pueblo con cifras abultadas para decirnos que si se combate al narcotráfico.
