“TIENEN MANOS de ESTOMAGO ?”: “PEMEX YA estaba TRONADO,AMLO lo TRONÓ MAS y SHEINBAUM PERSISTE en la IDEA de QUEBRARLO”…y aun asi andamos de obsequiosos con la dictadura Cubana.

La deuda que Pemex mantiene con sus proveedores y contratistas creció 103.3 mil millones de pesos sólo en tres meses,lo que equivale a un alza de 25.6 por ciento de octubre a diciembre del 2024.

Al cierre del tercer trimestre del 2024, la deuda ascendía a 402.9 mil millones de pesos, pero al término del año pasado se situó en 506.2 mil millones de pesos, según datos de la petrolera.

Ramiro Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), dijo en entrevista que el adeudo superior a 500 mil millones de pesos no tiene precedente y el aumento del último trimestre es alarmante.

“Nosotros estuvimos alertando esta situación, en la cual cerraron los pagos en la transición de Gobierno, a pesar de que hubo un cambio en el Gobierno federal del mismo partido, es evidente que no fue una transición tersa; y luego también cerraron el sistema de facturación,entonces no sólo dejaron de pagar, sino que cerraron el sistema y pues el resultado fue un aumento en más de un 25 por ciento de lo que se debe a la proveeduría.

“Es una cantidad muy grande, y desde nuestro punto de vista es simplemente inaceptable, no hay negocio de ningún ámbito que pueda funcionar cuando hay una relación rota con la proveeduría, como en este caso”, puntualizó.

Durante la presentación de resultados al cierre del 2024, el pasado jueves, el director de Finanzas de Pemex, Juan Carlos Carpio, aseguró que el año pasado se realizaron pagos por 404 mil 454 millones de pesos y se mantiene la implementación de programas de pago en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

“Para Petróleos Mexicanos, sus proveedores y contratistas son socios y fundamentales para la concepción de las metas operativas; el pago a proveedores no se ha detenido y se intensificará de manera importante en 2025. La deuda con proveedores se reducirá de manera significativa en los siguientes meses”.

La situación financiera de Pemex evidencia un deterioro estructural agudo, con una deuda que supera su valor en libros y un desbalance crítico entre activos y pasivos. 

Bajo las administraciones de AMLO (2018-2024) y Claudia Sheinbaum (2024-actual), la empresa enfrenta su peor crisis en décadas:

Deuda con proveedores: crecimiento récord

• Aumento del 25.6% en tres meses: La deuda con proveedores saltó de 402,900 MDP en septiembre 2024 a 506,200 MDP en diciembre 2024, un incremento de 103,300 MDP. Este monto equivale al 22% del PIB de Tabasco (MX$459,000 MDP en 2023).
• Causas inmediatas:
• Paralización de pagos durante la transición gubernamental (octubre-diciembre 2024).
• Colapso del sistema de facturación en el cambio administrativo.
• Estrategia de contención de gastos para priorizar deuda financiera.

Impacto operativo:

• 120 empresas directas y miles de subcontratistas afectados, principalmente en Tabasco y Campeche.
• Proveedores recurren a factoring con tasas de interés del 11-15% anual usando facturas Pemex como colateral.

Balance financiero en picada

• Activos vs. pasivos:
• Pasivos totales: MX$4.1 billones (1.8 veces sus activos).
• Valor neto negativo: -MX$1.74 billones en 2024 vs. MX$118,000 millones en 2011.
• Deuda total: USD$97,600 millones (MX$1.978 billones), equivalente al 5.6% del PIB nacional.

Deterioro bajo AMLO y Sheinbaum

• Periodo AMLO (2018-2024):
• Pérdidas acumuladas de USD$30,000 millones en 2024.
• Producción crudo: caída del 44% vs. pico histórico (3.4 Mbd en 2004 a 1.67 Mbd en 2024).
• Administración Sheinbaum (2024-):
• Q4/2024: Pérdida neta de MX$190,500 millones.
• Refinerías operando al 48% de capacidad.
• Recorte presupuestal del 7.5% para 2025, limitando inversión en campos nuevos.

Esfuerzos fallidos de estabilización

• Promesas incumplidas:
• Pagos parciales de 3-5% en diciembre 2024.
• Transferencia federal de MX$136,000 millones para amortización 2025, insuficiente frente a vencimientos de USD$20,000 millones (2025-2027).
• Reforma energética 2025: Busca asociaciones público-privadas, pero limita participación accionaria a 10%, desincentivando inversiones.

Críticas sectoriales:

• Ramiro Espino (Amespac): “La relación rota con proveedores hace inviable el modelo de negocio”.
• Oscar Ocampo (IMCO): “Pemex refinancia pérdidas, no genera valor”.

Este escenario refleja una crisis sistémica donde los rescates gubernamentales sólo mitigan síntomas sin atajar causas estructurales: obsolescencia tecnológica, gestión ineficiente y dependencia crónica de subsidios bajo otro malísimo gobierno.

Con informacion: ELNORTE/

“APARTE de LLORON INUTIL”: “MEDIO_CREE FISCAL de la REPUBLICA que TARDO 4 AÑOS para JUDICIALIZAR EX-GOBERNADOR FUGITIVO ahora se duele QUE le AYUDARON a ESCAPAR”…eso es demasiada erudicion en una sola persona.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, dijo que el ex Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles se dio a la fuga con protecciones de la “vieja administración” que tenía.

Gertz aseguró que el Gabinete de Seguridad sa seguimiento al caso y que “tarde o temprano” lo detendrán.

“Como usted sabe es una investigación que viene ya desde hace tiempo por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado, de unas enormes dimensiones y después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía pudo ya judicializar el caso”, explicó el Fiscal.

“Eran cinco personas en primera instancia las que estaban involucradas, entre ellos el ex Gobernador, los cuatro primeros ya fueron detenidos, están procesados”.

“Inclusive cuando ellos supieron de esta investigación trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad que finalmente no fue más que un encubrimiento de la situación que tenían”.

“El ex Gobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha atención por todo el Gabinete de Seguridad y tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, aseguró Gertz.

REFORMA publicó el domingo que autoridades federales presumen que Aureoles no ha salido de territorio nacional, al menos por puertos y aeropuertos.

De acuerdo con funcionarios que le siguen el rastro, el pasado 28 de febrero, un día después de que una Juez federal librara la orden de aprehensión en contra de su persona y de otros siete ex funcionarios, el perredista estaba en Morelia.

Uno de sus ex colaboradores, detenido ese mismo día, lo alertó de que la FGR también iba por él, por la adquisición aparentemente ilegal de siete cuarteles de la policía estatal a un costo de 3 mil 412 millones de pesos.

Tras el aviso, Aureoles habría salido de incógnito de la capital michoacana a Jalisco y presumiblemente regresó a Michoacán, donde las autoridades le perdieron el rastro.

Reconocimiento de complicidad institucional sin responsables

La posición del Fiscal General Alejandro Gertz Manero ha generado críticas por varias razones vinculadas a contradicciones en su discurso, omisiones procesales y posibles fallas operativas. A continuación, los puntos clave:

Gertz admitió que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo escapó con apoyo de la “vieja administración”, lo que implica:

• Colaboración activa de funcionarios anteriores para evadir la justicia
• Ausencia de acciones legales contra estos presuntos cómplices
• Falta de especificidad sobre qué instancias o personas facilitaron la fuga

Contradicción central: Se señala la existencia de redes de protección, pero no hay detenidos por este delito (encubrimiento o abuso de autoridad).

Deficiencias en el operativo de captura

Aunque el fiscal asegura que hay seguimiento del Gabinete de Seguridad, se evidencian fallas:

• Aureoles fue alertado por un excolaborador detenido el 28 de febrero, lo que sugiere filtraciones en el proceso
• Las autoridades perdieron su rastro tras su huida de Morelia a Jalisco y posterior regreso a Michoacán
• No se ha utilizado exitosamente la alerta migratoria, pese a que presumen que sigue en México

Cuestionamientos al manejo procesal

El caso arrastra irregularidades que facilitaron la impunidad:

• Demora de 4 años en judicializar las denuncias por peculado en construcción de cárceles
• Intento inicial de los implicados por usar “criterio de oportunidad” (figura legal para reducir penas), que Gertz consideró encubrimiento
• Sólo 4 de 5 imputados están detenidos, pese a órdenes de aprehensión desde febrero

Impacto en percepción de impunidad

La situación refuerza narrativas de colusión entre autoridades y poder político:

• Un exmandatario estatal evade acciones judiciales con apoyo institucional
• Ausencia de sanciones a funcionarios que brindaron protección
• Tiempo prolongado de fuga (11 días según el contexto) sin avances públicos

Estos elementos generan cuestionamientos sobre la capacidad real de la FGR para combatir corrupción de alto nivel, particularmente cuando involucra a exfuncionarios con redes de influencia activas.

Con informacion: ELNORTE/

LE “DIERON GANAS de VOMITAR”: “TRAFICANTE de METANFETAMINA,ASESINOS y ABOGADOS de NARCOS se COLARON a la BOLETA JUDICIAL y seran TUS PROXIMOS JUECES y MAGISTRADOS”…seran el brazo justiciero de Morena,la mayor organizacion criminal del pais.

Dos noticias brutales marcaron el inicio del 2024 en el Estado de Sonora. El 14 de enero, la joven Paula Josette Arizona, de 23 años,ingresaba en una cárcel de Hermosillo para hacer una visita conyugal a un preso, y tres horas después salía muerta del penal. No tenía permiso de entrada, pero el reo al que visitaba le aseguró que ya había pagado para que autorizaran el encuentro, y antes se vería con el comandante de la prisión. 

Esa fue la primera irregularidad de todas las que se sucederían en un caso que continúa sin resolverse. Cuatro días después, el 18 de enero, dos presos murieron y otros cuatro resultaron intoxicados en otra cárcel estatal, esta vez en Ciudad Obregón, en Cajeme, tras consumir un narcótico mezclado con fentanilo. 

No se sabe quién o cómo ingresaron las drogas al lugar. Todo ello ocurría bajo la supervisión del coordinador de las prisiones estatales, Nicollino Cangiamilla, hoy candidato a magistrado del quinto circuito de Sonora tras ser incluido en la lista de aspirantes del Poder Legislativo.

No es un caso aislado. En las últimas semanas, los ciudadanos se han puesto manos a la obra para revisar exhaustivamente las listas que los tres poderes han configurado para las elecciones del 1 de junio, en las que se renovará por voto popular la mitad del plantel judicial del país. 

El escrutinio de las organizaciones civiles está dejando en evidencia las fallas de un sistema de evaluaciones mal concebido desde un inicio y ejecutado después de forma laxa y poco responsable, según los expertos consultados. El resultado es un goteo de casos que, en el mejor escenario, cuestionan la idoneidad de los postulantes y, en el peor, revelan la inclusión en las listas de presuntos criminales.

En el caso de Cangiamilla, fue la mamá de Paula Josette quien dio la voz de alarma tras enterarse de su candidatura, de la que le avisaron unos amigos que trabajan en el Poder Judicial. “Se me revolvió el estómago, me dieron ganas de vomitar. Sentí mucha impotencia, frustración, enojo”, explica Briceida Arizona por teléfono. “Nicollino ha estado envuelto en una serie de situaciones que dejan mucho que desear como para que sea candidato a magistrado”, sintetiza la mujer, que hizo llegar su hallazgo al colectivo Ni una más Hermosillo, desde donde hacen oposición a la candidatura.

La plataforma Defensorxs, fundada por el abogado Miguel Alfonso Meza, ha reportado otros cuatro casos similares, todos contrastados con documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Jesús Humberto Padilla Briones, exdirector del departamento jurídico del Ayuntamiento de Los Ramones, en Nuevo León, fue detenido en 2023 por narcomenudeo de metanfetaminas y portación ilegal de armas de fuego. Hoy es candidato a juez del cuarto circuito de este Estado en materia penal, también aprobado por el Legislativo.

Fernando Escamilla Villareal fue detenido en 2016 por portar un arma de fuego sin licencia, y está vinculado a la defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, líder del cártel de los Zetas,enviado a Estados Unidos la semana pasada junto a otros 28 narcos. Entre los crímenes que se le imputan está la masacre de 300 habitantes en Allende, Coahuila, y la tortura y asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 

En una conferencia de prensa en la que se puede ver al candidato sentado con los abogados del capo, él mismo reconoce que años antes representó al narcotraficante Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, también integrante de los Zetas y extraditado al vecino del norte en 2023. Hoy es candidato a juez de distrito del cuarto circuito especializado en el sistema penal gracias a la validación del Poder Ejecutivo.

El tercer caso denunciado por la plataforma corresponde a Pablo Andrei Zamudio Díaz, que fue detenido por extorsión el año pasado. Aunque después de hablar personalmente con él, Meza considera que su situación “tiene una explicación razonable”, Zamudio Díaz ya había reprobado dos veces las oposiciones para ser juez, lo que ilustra otro de los problemas que ha quedado patente en el proceso de evaluación y que el investigador jurídico de la UNAM Javier Martín Reyes resume así: “Ninguna de las personas que están hoy en la boleta a nivel federal presentó siquiera un examen general de conocimiento. Ni una”. Pero Zamudio Díaz es candidato a magistrado del primer circuito de Ciudad de México en materia administrativa con la aprobación del Poder Judicial.

El cuarto y último aspirante que ha reprobado la evaluación paralela es Sabas Santiago Ipiña, expolicía vinculado con el asesinato de los hijos de una antigua compañera, Rosalinda Ávalos, que consiguió que lo sacaran de la lista elaborada por el Congreso de San Luis Potosí al oír su nombre durante la sesión en la que realizaban la tómbola de la que saldrían los aspirantes finales.

Santiago Ipiña ya no podrá contender, pero los demás forman parte del listado definitivo que competirá en junio por alguno de los casi 900 cargos judiciales que estarán en juego. “No estoy seguro de que alguien dentro de los comités quisiera impulsar a estas personas. Es que simplemente no se hizo una revisión”, lamenta Meza. Su plataforma está analizando otras 17 denuncias específicas, aunque el objetivo es examinar el mayor número de perfiles posibles.

“Todo esto que estamos viendo ahora se pudo haber incorporado al proceso de evaluación”, considera el investigador de la UNAM. “Los comités pudieron haber dicho: sociedad civil, quiero que ustedes me ayuden y que me proporcionen información y les vamos a abrir espacios”, desarrolla. No se hizo, y los criterios de evaluación fueron insuficientes, imprecisos y dispares entre los tres comités.

“El Poder Judicial tenía la ruta más precisa, con un criterio basado en puntaje, información, trayectoria y exámenes, pero desafortunadamente renunció y ahí tuvimos uno de los problemas”, explica Josafat Cortez, de la misma universidad. Tras una paralización de sus labores por orden de un juzgado de distrito de Michoacán, el Tribunal Electoral finalmente facultó al Senado para sustituir a la Suprema Corte en la tarea. Con el tiempo encima, la Cámara terminó por elaborar la lista mediante una tómbola, eliminando los criterios que inicialmente iban a sentar las bases del proceso del comité del Judicial.

Ambos analistas concuerdan en que este contaba con los criterios más robustos, frente a los de los otros dos poderes, con requisitos que “rayan en lo ridículo”, en palabras de Martín Reyes, y que tienen su origen en el vacío legal que dejó la polémica reforma judicial. “La puerta primero la abrió el diseño institucional, y luego la discrecionalidad de los comités”, abunda Cortez.

Ahora, con el plazo de impugnaciones cerrado (apenas era de cuatro días desde la publicación de las listas), la única opción es promover a unos candidatos y disuadir a la población de votar a otros, una labor titánica y una batalla que se librará casi exclusivamente en la opinión pública. “Es un reto enorme. Hay perfiles muy buenos, otros malísimos, y otros donde ni siquiera sabemos quiénes son, qué han hecho y cuál es su trayectoria”, dice Javier Martín Reyes. “La ciudadanía no conoce a los candidatos”, incide el otro analista, “las ONGs, la propia ciudadanía y la academia tienen ahora la tarea de ubicar los mejores perfiles para permitir que la gente se oriente”.

En Defensorxs preparan un sitio web en el que la población podrá consultar quiénes son los candidatos y cuál es su historial. La labor de los próximos dos meses definirá gran parte del paisaje judicial del país de la próxima década, a la espera de culminar el proceso en 2027, con la renovación del resto de la judicatura. Entonces se abrirá una nueva oportunidad para enmendar los errores que han marcado el paso de estos comicios. Sin embargo, y por ahora, dice Martín Reyes, “seguiremos escuchando casos así, y habrá muchas cosas que desgraciadamente conoceremos después de la elección”.

Con informacion: ELENA SAN JOSE/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

“NO,la FARSA NO FUE en CULIACAN”: “OTRA OPERACION ENGAÑABOBOS INUTILIZA 108 CAMARAS de VIDEOVIGILANCIA en GARCIA N.L que NI POLICIAS NI GN VIERON ANTES”…pero no dijeron que municipio ya es zona de residencia de mucho narco.

Las autoridades que parecen decididas en atacar los síntomas pero no las causas de la infección nacional y ahora meditativamente le quieren vender a los ciudadanos la idea de que “ya son honestos”, resulta que descubrieron una red de halconeo que nunca estuvo escondida,porque estaba a la vista, pero no nos dicen que estaban agitando, porque gran cantidad de narcos ya escogieron ese municipio para vivir.

Las 108 cámaras de videovigilanciainutilizadas,estaban  instaladas en la vía pública y las desmantelaron con ayuda de la Guardia Nacional en el municipio de García N.L,igual como lo hacen en Culiacán y todo Sinaloa,porque antes no las habian visto, que “causalidad”.

A través de un comunicado farsante, se informó que las cámaras se encontraban colocadas en puntos clave del citado municipio, para monitorear los movimientos de la Policía de García,que nunca vio movimientos para instalarlas.

El Alcalde Manuel Guerra, acompañado del Secretario de Seguridad Pública municipal, Guadalupe Saldaña, destacó que estos dispositivos fueron localizados en varios puntos de las avenidas Lincoln, Heberto Castillo y Sor Juana.

También había cámaras en algunas entradas de colonias y polígonos prioritarios de vigilancia.

Se expuso que una vez identificado el equipo de vigilancia procedieron a su retiro, en coordinación con las fuerzas federales.

“No vamos a permitir que los criminales nos vigilen”, expuso el Alcalde.

“Estas cámaras no eran para seguridad de las familias, sino para que los delincuentes se protegieran entre ellos, estamos recuperando el control de nuestro municipio”.

El Gobierno municipal aclaró que no retirarán cámaras particulares instaladas en hogares o negocios.

Se informó que han dado parte a las autoridades para que inicien las investigaciones.

Con informacion: ELNORTE/

LA “GEOPOLITICA del HORROR”: “HALLAN OTRA FOSA CLANDESTINA en REYNOSA SALDO del CONTROL TERRITORIAL del CARTEL del GOLFO y AMERICO VA por el PRIMER MACABRO LUGAR NACIONAL”… ya somos el segundo en este gobierno de cuarta.

Madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron un nuevo campo de exterminio en Reynosa, donde hallaron restos humanos calcinados y evidencia de violencia extrema. 

El descubrimiento se realizó ayer lunes en un predio ubicado a cuatro kilómetros de la colonia Colinas del Real, rumbo a la carretera a Monterrey, tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre la posible existencia de cuerpos. Según informó la presidenta del colectivo, Edith González, en el lugar se identificaron al menos 14 puntos con restos humanos incinerados y múltiples objetos personales.

Entre los artículos localizados se encontraron una hebilla de cinturón con la figura de dos pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre, lo que sugiere un escenario de violencia extrema. 

A pesar de la magnitud del hallazgo, González denunció la tardanza de las autoridades para intervenir en el sitio. “El problema es que seguimos encontrando cuerpos, pero la fiscalía no los levanta. Eso retrasa la identificación de las víctimas y aumenta el sufrimiento de las familias”, expresó. 

Hasta las 19:00 horas del lunes, las buscadoras continuaban en el lugar esperando la llegada de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) para el levantamiento de los restos. En la zona también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes brindaron resguardo durante las labores. 

Este nuevo hallazgo se suma a los 19 puntos de exterminio localizados por el colectivo en lo que va del año, reforzando la crisis de desapariciones forzadas en la región y la falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades para garantizar justicia y respuestas a las familias. 

El segundo macabro lugar nacional

Tamaulipas ocupa el segundo lugar en México en la macabra estadística de fosas clandestinas, con 554 sitios documentados entre 2007 y 2023, solo superado por Veracruz (668) y seguido por Guerrero (498). Este ranking refleja una crisis humanitaria arraigada en la colusión entre crimen organizado y autoridades, donde los colectivos de familiares asumen el rol forense que el Estado evade.

Este reciente hallazgo en Reynosa solo confirma patrones históricos de violencia sistémica:

• Modus operandi criminal: La presencia de restos calcinados, chalecos antibalas y casquillos de alto calibre coincide con tácticas del Cartel del Golfo que en esta zona controlan dos ex-militares.
• Negligencia institucional: La demora de la Fiscalía para levantar evidencias, denunciada por Edith González, replica casos como el de Iguala 2014, donde familias excavaron 129 fosas sin apoyo oficial. Esta conducta viola la Ley General en Materia de Desaparición (2017) que obliga acciones inmediatas.

Contexto estadístico clave:

Estado	Fosas (2007-2023)	Año pico
Veracruz	668	2016
Tamaulipas	554	2006-2023
Guerrero	498	2014

*Datos distribuidos uniformemente, muestra violencia crónica

Los 19 “campos de exterminio” localizados en 2025 por el colectivo Amor evidencian la industrialización de la violencia: desde 2011 se reportan fosas con técnicas de desintegración corporal con químicos en Tijuana, hasta hornos crematorios operados por cárteles en Piedras Negras. La cifra oficial de 110,000 desaparecidos nacionales sugiere que estos hallazgos son solo la punta del iceberg.

Pese al discurso oficial de la ahora Presidenta en materia de seguridades gobierno sigue sin plan para priorizar búsquedas en tanto el subregistro persiste: mientras su gobierno reporta 2,863 fosas (2018-2023), organizaciones civiles estiman miles más sin documentar. La paradoja es que 73% de las fosas se descubren por denuncias ciudadanas, no por operativos institucionales.

Este escenario convierte a Tamaulipas en símbolo de la geopolítica del horror, donde fosas clandestinas funcionan como mecanismo de control territorial por cárteles y como archivos forenses alternativos ante un Estado fallido lleno de cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpos.

Con informacion: PROCESO/

“ASI se DESMORONÓ TODO”:”JUEZ GARANTISTA ESCRUPULOSO de la LEY ACUSA el MONTAJE y ROBO de 1 MILLON de la GUARDIA CIVIL A CAPO del CJNG y lo SOLTÓ con TODO y COMPINCHES”…si pesa el “gordo”.

Un operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue liberado por un juez tras exhibirse un montaje de la Guardia Civil de Michoacán, la simulación de pruebas y hasta el robo de un millón de pesos por parte de los agentes.

Jesús Rivera Aguirre alias el “Gordo Chuy y/o la Hamburguesa” fue liberado junto con tres de sus supuestos lugartenientes tras desmoronarse la versión oficial que reportaron las autoridades del Gobierno morenista de Michoacán.

El Juez Rubén García Mateos exhibió por ejemplo, que los agentes informaron falsamente haber sido víctimas de una emboscada para ingresar sin orden de cateo a un inmueble para el que no tenían una orden judicial de allanamiento y donde sometieron y torturaron a un adulto mayor y a una menor de edad.

También se evidenció que hicieron la revisión ilegal de una camioneta Ford, pues no tenían una orden judicial para abrirla, además de que reportaron que estaba en la calle, cuando en realidad la sacaron del interior de un domicilio.

Incluso reportaron un altar a la Santa Muerte en el sitio donde los agentes dijeron haber encontrado 20 cartuchos útiles y metanfetaminas, pero ese altar no estaba en el domicilio indicado, sino en otro diferente que no estaba contemplado en la orden de cateo.

La prueba química de radizonato de sodio, practicada por la FGR, reveló que el presunto operador del CJNGtampoco disparó arma de fuego alguna el día de su detención, como lo afirmaron los agentes, y que incluso su arma no tenía descargada ni una sola bala.

El capo incluso acusó que los agentes robaron un millón de pesos en un domicilio al que no tenían autorizado entrar y en el informe no reportaron ese dinero.

Fue así que el juez consideró que la Guardia Civil de Michoacán incurrió en presuntos actos de tortura, simulación de pruebas y robo de un millón de pesos, durante el operativo de captura.

“La Hamburguesa” y sus supuestos lugartenientes fueron detenidos la madrugada del 25 de febrero en cateos a dos domicilios en Zacapu, Michoacán, aparentemente “relacionados con presencia de personas civiles armadas, extorsión y compra-venta de narcóticos”.

Tanto la Fiscalía General de la República como la Guardia Civil de Michoacánindicaron que en el primer domicilio aseguraron clorhidrato de metanfetamina y armas de uso exclusivo del Ejército; y en el segundo detuvieron a Rivera con un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador y 20 cartuchos útiles.

Las autoridades aprehensoras también reportaron que hubo una “emboscada coordinada” por diferentes civiles en contra de elementos policíacos, militares y de la Guardia Nacional, en la que un pequeño número de agentes resultó con lesiones de bala y el grupo de personas agresoras huyó, tras la respuesta de policías y militares.

Pero en la audiencia del pasado 5 de marzo, el juez federal desestimó la versión oficial, pues además de ingresar a un tercer domicilio al que no estaban autorizados, testigos y ocupantes de los domicilios cateados denunciaron en la diligencia judicial haber sufrido agresiones y posibles actos de tortura, por parte de policías y fiscales que ingresaron al lugar.

En el interior del inmueble había dos personas, una de ellas un adulto mayor que fue extraído por los agentes y, mientras se realizaba el cateo, llegaron e ingresaron a la vivienda dos personas más, un adulto y una de menor edad, quienes sufrieron sometimiento físico.

En la inspección ocular y dictamen en criminalística de campo, practicada afuera del domicilio marcado con el número 11, tampoco se encontraron cartuchos para armas de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros, lo que también desestimó la supuesta emboscada.

En la diligencia judicial también se reveló que los agentes estatales destruyeron cuando menos dos cámaras de videograbación, cada una cercana a las viviendas cateadas.

Para el juez, los agentes transgredieron el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al desmentirse la supuesta flagrancia derivada de los disparos en contra de agentes estatales, por parte de un presunto narcotraficante.

También estimó que fueron violados los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y que se presentaron falsos testimonios, simulación de pruebas, robo y posibles actos de tortura y contra la dignidad de las personas, entre ellas una menor edad.

Con informacion: ELNORTE/