Un operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue liberado por un juez tras exhibirse un montaje de la Guardia Civil de Michoacán, la simulación de pruebas y hasta el robo de un millón de pesos por parte de los agentes.
Jesús Rivera Aguirre alias el “Gordo Chuy y/o la Hamburguesa” fue liberado junto con tres de sus supuestos lugartenientes tras desmoronarse la versión oficial que reportaron las autoridades del Gobierno morenista de Michoacán.
El Juez Rubén García Mateos exhibió por ejemplo, que los agentes informaron falsamente haber sido víctimas de una emboscada para ingresar sin orden de cateo a un inmueble para el que no tenían una orden judicial de allanamiento y donde sometieron y torturaron a un adulto mayor y a una menor de edad.
También se evidenció que hicieron la revisión ilegal de una camioneta Ford, pues no tenían una orden judicial para abrirla, además de que reportaron que estaba en la calle, cuando en realidad la sacaron del interior de un domicilio.
Incluso reportaron un altar a la Santa Muerte en el sitio donde los agentes dijeron haber encontrado 20 cartuchos útiles y metanfetaminas, pero ese altar no estaba en el domicilio indicado, sino en otro diferente que no estaba contemplado en la orden de cateo.
La prueba química de radizonato de sodio, practicada por la FGR, reveló que el presunto operador del CJNGtampoco disparó arma de fuego alguna el día de su detención, como lo afirmaron los agentes, y que incluso su arma no tenía descargada ni una sola bala.
El capo incluso acusó que los agentes robaron un millón de pesos en un domicilio al que no tenían autorizado entrar y en el informe no reportaron ese dinero.
Fue así que el juez consideró que la Guardia Civil de Michoacán incurrió en presuntos actos de tortura, simulación de pruebas y robo de un millón de pesos, durante el operativo de captura.
“La Hamburguesa” y sus supuestos lugartenientes fueron detenidos la madrugada del 25 de febrero en cateos a dos domicilios en Zacapu, Michoacán, aparentemente “relacionados con presencia de personas civiles armadas, extorsión y compra-venta de narcóticos”.
Tanto la Fiscalía General de la República como la Guardia Civil de Michoacánindicaron que en el primer domicilio aseguraron clorhidrato de metanfetamina y armas de uso exclusivo del Ejército; y en el segundo detuvieron a Rivera con un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador y 20 cartuchos útiles.
Las autoridades aprehensoras también reportaron que hubo una “emboscada coordinada” por diferentes civiles en contra de elementos policíacos, militares y de la Guardia Nacional, en la que un pequeño número de agentes resultó con lesiones de bala y el grupo de personas agresoras huyó, tras la respuesta de policías y militares.
Pero en la audiencia del pasado 5 de marzo, el juez federal desestimó la versión oficial, pues además de ingresar a un tercer domicilio al que no estaban autorizados, testigos y ocupantes de los domicilios cateados denunciaron en la diligencia judicial haber sufrido agresiones y posibles actos de tortura, por parte de policías y fiscales que ingresaron al lugar.
En el interior del inmueble había dos personas, una de ellas un adulto mayor que fue extraído por los agentes y, mientras se realizaba el cateo, llegaron e ingresaron a la vivienda dos personas más, un adulto y una de menor edad, quienes sufrieron sometimiento físico.
En la inspección ocular y dictamen en criminalística de campo, practicada afuera del domicilio marcado con el número 11, tampoco se encontraron cartuchos para armas de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros, lo que también desestimó la supuesta emboscada.
En la diligencia judicial también se reveló que los agentes estatales destruyeron cuando menos dos cámaras de videograbación, cada una cercana a las viviendas cateadas.
Para el juez, los agentes transgredieron el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al desmentirse la supuesta flagrancia derivada de los disparos en contra de agentes estatales, por parte de un presunto narcotraficante.
También estimó que fueron violados los principios de presunción de inocencia y debido proceso, y que se presentaron falsos testimonios, simulación de pruebas, robo y posibles actos de tortura y contra la dignidad de las personas, entre ellas una menor edad.
Con informacion: ELNORTE/
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