Astrid Cruz, de 37 años, y su hijo, de 16, fueron brutalmente asesinados el pasado lunes en un domicilio dentro de un fraccionamiento en Zapopan, Jalisco. El caso ha causado conmoción entre la población, ya que el supuesto agresor y expareja de la víctima, identificado como Eduardo N, utilizó un martillo para terminar con la vida de ambos.
El acusado se encuentra prófugo.
El incidente adquirió mayor relevancia al conocerse que el acusado tenía antecedentes penales. En 2004, Eduardo N admitió haber matado con un martillo a su pareja, Martha Berenice, en Culiacán, Sinaloa. Aunque fue condenado a 24 años de cárcel, solo cumplió 16 y obtuvo su libertad en 2020. Cinco años después, Astrid y su hijo fueron asesinados de la misma forma. La hija menor de la víctima, de 9 años, quien también estaba presente en la casa, está gravemente herida y hospitalizada.
Durante su reclusión, el acusado sostuvo una relación con otra mujer, con quien se casó y tuvo una hija. Tras obtener su libertad, dos años después su esposa murió en circunstancias que no fueron esclarecidas.
“No sabíamos nada, estamos la familia muy sorprendidos. Es el mismo modus operandi, como si fuera una asesino serial. Las tres mujeres de la misma manera atroz y salvaje, con un odio horrible y estamos muy sorprendidos. Nos han propuesto que juntemos los tres casos para unir fuerzas para que así no tengan el pretexto de que se escapó o que lo dejaron salir”, afirmó la hermana de la víctima.
La impunidad es uno de los grandes problemas que carga el país. Un informe publicado por Human Rights Watch señala de que nueve de cada 10 homicidios en la República no son castigados, una cifra que pone evidencia la ineficiencia del sistema de justicia y el calvario que viven millones de familiares de las víctimas de la violencia que corroe a México.
El gobernador de Jalisco,Pablo Lemus, condenó los hechos y aseguró que tienen indicios del rastro de Eduardo N. “Es un delincuente, lo tenemos que capturar. Este multihomicidio es algo verdaderamente indignante y ya estamos muy cerca de dar con él. Los registros nos indican que está fuera de Jalisco y estamos colaborando con otras fiscalías para su localización”, afirmó.
De acuerdo con los detalles proporcionados por la familia y allegados de Astrid, esta se encontraba en proceso de mudanza. Antes del ataque, Astrid recibió una serie de mensajes a su celular, en los que Eduardo N decía que se iba de viaje a Cancún con un amigo y que destruiría el chip con el cual se comunicaba. También recibió un correo en el que le dijo que sabía dónde se iba a mudar.
Según la investigación de la Fiscalía, Eduardo N no solo intentó deshacerse de los cuerpos, sino que también utilizó el celular de ella para responder mensajes y hacer creer que aún estaba con vida. Las amigas de Astrid pudieron percatarse que los mensajes no los escribió la víctima. Esta razón las llevó a ir a su casa y hallaron una escena desoladora: los cuerpos de la madre y de su hijo sin vida, maniatados, y con señales de mucha violencia.
La familia, allegados de Astrid y colectivos feministas de Jalisco han anunciado que, con motivo del día internacional de la mujer —este 8 de marzo—, buscarán visibilizar este crimen y pedir justicia.
México cerró 2024 con 26.715 personas asesinadas, según cifras preliminares de las fiscalías estatales que se muestran en el Informe de Seguridad del Gobierno. Las cifras de violencia generalizada en el país también afectan al incremento de la violencia contra las mujeres. 733 fueron víctimas de feminicidio entre enero y noviembre, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque las organizaciones encargadas de estudiar este fenómeno, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideran que existe un amplio subregistro de casos y que las cifras podrían ser el doble. En los últimos cuatro años 15.158 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en México.
Frente al Congreso y frente a los generales del Pentágono, el presidente Donald Trump confirmó que su gobierno emprenderá una guerra sin cuartel contra los cárteles. El inquilino de la Casa Blanca le ha hecho saber al mundo que las organizaciones transnacionales del narcotráfico representan la principal amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. Por encima de Rusia, del Estado Islámico y de la Guardia Revolucionaria de Irán, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son objetivos prioritarios del aparto de seguridad e inteligencia norteamericano.
“El territorio adyacente a nuestra frontera sur está hoy dominado completamente por los cárteles criminales que asesinan, violan, masacran y ejercen control total, tienen control total de toda la nación. Representan una amenaza grave a nuestra seguridad nacional”.
Lo que es más grave: Trump acusa que existe una “alianza intolerable” entre el Estado mexicano y los cárteles.
Si México no se ha dado cuenta que Washington está preparando la posibilidad de una intervención militar en territorio nacional, es porque no está prestando atención. En términos políticos, legales y mediáticos, la administración de Donald Trump está pavimentando el terreno para que Fuerzas Armadas norteamericanas puedan realizar operaciones especiales o ataques dirigidos contra objetivos criminales en México. Las señales están a la vista.
PRIMERA SEÑAL: La declaración del Estado de la Unión
“Los cárteles están en guerra con Estados Unidos y es momento de que Estados Unidos declare la guerra a los cárteles. Y así lo haremos”.
Donald Trump utilizó su primer gran discurso presidencial en la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes para advertir lo que sus asesores de seguridad nacional han planteado públicamente, al menos desde el 2022, en el ‘think tank’ conservador Center for Renewing America: es necesario aprobar una legislación formal de declaración de guerra contra los cárteles.
En enero de 2023, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz introdujeron la iniciativa de “Autorización de Uso de Fuerza Militar”. La propuesta pretende dotar al presidente de nuevas facultades y recursos de inteligencia, ciberseguridad y espionaje para irrumpir las operaciones de los cárteles.
“Debemos de empezar a tratar a estas organizaciones criminales como ISIS”, declaró Crenshaw. Para Waltz, quien hoy es el director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, la iniciativa se justifica por la sofisticación financiera y militar del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación: “Es tiempo de pasar a la ofensiva. Estas organizaciones paramilitares transnacionales son responsables de asesinar a un número sin precedentes de norteamericanos. Estados Unidos tuvo éxito en la década de los noventas en asistir en el desmantelamiento de los cárteles colombianos y deber hacer lo mismo ahora”.
El primer paso fue la designación que hizo el Departamento de Estado de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El siguiente paso será la aprobación de la iniciativa de Waltz y Crenshaw.
SEGUNDA SEÑAL: La amenaza del Pentágono
El 31 de enero, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conferencia con el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina Armada de México. De acuerdo a una fuente citada por The Wall Street Journal, Hegseth amenazó a México con tomar “acciones unilaterales” contra los cárteles si México no atacaba de manera frontal el tráfico de fentanilo y si no se atendían las preocupaciones de Washington sobre la colusión de oficiales del gobierno con el crimen organizado.
Fue un ultimátum a puerta cerrada, el antecedente de la decisión histórica del gabinete de seguridad mexicano de entregar a Estados Unidos a 29 líderes de los cárteles para ser procesados en cortes norteamericanas, entre ellos a Rafael Caro Quintero, el eterno némesis criminal de la DEA.
A partir de ese momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó medidas drásticas para alinear su política de seguridad con los intereses de la Casa Blanca: México desplegó nueve mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera; accedió a que drones de reconocimiento de la CIA sobrevolaran cielo mexicano; emprendió un operativo de captura contra el Estado Mayor de Iván Archivaldo Guzmán y desmanteló cientos de laboratorios de drogas sintéticas, principalmente en Sinaloa.
Sin embargo, para el equipo de Donald Trump, esto no fue suficiente. En dos ocasiones distintas, el jefe del Pentágono le dijo a Fox News que la posibilidad de realizar incursiones de fuerzas especiales o ataques dirigidos en México sigue siendo una opción sobre la mesa del presidente.
TERCERA SEÑAL: La reforma silenciosa del Departamento de Defensa
El 28 de febrero, la prensa estadounidense reportó que el presidente Donald Trump tomó la decisión ejecutiva de reducir las restricciones que tienen los comandantes militares para autorizar ataques aéreos dirigidos e incursiones de operaciones especiales fuera de campos de batalla convencionales.
La orden de la Casa Blanca amplía, en gran medida, el rango de objetivos de este tipo de decisiones militares. CBS News calificó este cambio como un “silencioso, pero sísmico recalibramiento para desmantelar los controles de la era Biden y regresar a una política de contra terrorismo mucho más agresiva”.
Donald Trump pretende que el Departamento de Defensa tenga mucho mayor discrecionalidad para atacar a organizaciones terroristas y que no tenga que depender de la intervención directa del presidente para autorizar bombardeos. Bajo el esquema de la adminsitración Biden, este tipo de decisiones estaban sujetas a una revisión multinivel del Estado Mayor, de la Casa Blanca, de la CIA y de abogados militares sobre el riesgo de víctimas civiles y la legalidad de la designación de los objetivos terroristas. Muchas de esas restricciones han desaparecido.
De manera paralela, el presidente Trump removió a los tres abogados militares de más alto rango en el Pentágono. Se trata de tres funcionarios sin afiliación política que tienen la autoridad legal independiente de señalar a cualquier comandante militar o miembro del aparato de seguridad que una orden del presidente de Estados Unidos es inconstitucional, no debe seguirse y no debe ser obedecida. Frank Kendall, secretario de la Fuerza Aérea en el gobierno de Joe Biden, explica que esto significa que el presidente Donald Trump podrá emprender una guerra sin contrapesos ni parámetros legales dentro del Departamento de Defensa.
Para México, esto podría significar una guerra sin reglas.
CUARTA SEÑAL: Los aranceles por “seguridad nacional”
“Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, los líderes globales en el trasiego de fentanilo, operan con impunidad debido a una alianza intolerable con el gobierno de México”, se lee en el comunicado publicado por el presidente Donald Trump para justificar la imposición de aranceles contra México y Canadá. “Esta alianza con el gobierno mexicano pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, por lo que debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, continúa el documento.
Esta es la tesis bajo la cual la Casa Blanca ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia para imponer tarifas unilateralmente, sin la intervención del Congreso. La Constitución de Estados Unidos establece que la política comercial es una prerrogativa del Poder Legislativo. La crisis de salud pública por las sobredosis de fentanilo permiten al equipo de Trump actuar sin la injerencia del Senado.
El contexto legal explica, parcialmente, por qué Trump insiste en que “el gobierno de México aporta paraísos de protección para que los cárteles fabriquen y transporten peligrosos narcóticos que, colectivamente, derivan en las muertes por sobredosis de cientos de miles de víctimas americanas”.
Los argumentos que hoy esgrime la Casa Blanca podrían ser replicados para justificar la aprobación de una intervención militar en México sin autorización del Congreso.
“Los cárteles de la droga mexicanos son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control de regiones enteras de México”, sostiene la Casa Blanca. “La violencia de los cárteles, incluido el uso de drones artillados y minas terrestres, se está acercando a la frontera”.
Las señales están a la vista. Por si las dudas, por si es necesario, Washington está pavimentando el terreno de la intervención militar en México.
La informacion en redes es puntual y da cuenta del AVAnce dañino del “crimen organizado autorizado en Tamaulipas”, que somete a la población al pago de piso o el cobro de cuotas en la region ribereña ,donde tampoco parece haber nadie trabajando para combatirla porque andan ocupados esculcando vehículos rumbo a los EE.UU.
Y tan relajados andan los criminales bajo el gobierno de Morena y Americo Villareral, que los recien designados terroristas “andan chinga y jode o cobre y cobre”, pero lo mismo les da cobrar por las actividades ilicitas,como tambien las licitas, como cita @FuriaNegra77.
“…En la ribereña varios negocios están cerrando por el incremento de cuotas a la cerveza, tabaco y whisky. Antes solo cobraban cuotas a los que no tenían el permiso de alcohol, ahora a todos parejo. Filtran foto de uno de los que son enviados de #Reynosa del depósito “El Yogui”.
Pero la autoridad que los combate con topones y de vez en cuando, parecen ignorar que despues del trafico de drogas o el de ilegales,la extorsion es su actividad mas rentable,porque resulta que la autoridad tambien se renta,se alquila con estos.
Las extorsiones y cobro de “piso” por parte del crimen organizado, especialmente en municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, afecta desde pequeños comercios hasta grandes empresas, con la evidente complicidad y pasividad de las instituciones civiles y militares, todos se hacen tarugos.
Expansión del cobro de piso
Diversificación criminal: El Cártel del Golfo y células como Los Metros y Los Escorpiones han expandido sus exacciones a negocios legales, incluyendo tiendas de abarrotes, vulcanizadoras, restaurantes y empresas formales. Ahora exigen cuotas incluso a negocios con permisos para vender alcohol, como cervecerías y establecimientos de tabaco.
Pero el mismo expolio lo han extendido al comercio de huevo,la carne y cualesquier otro producto que imponen a comerciantes y que les permita imponer una cuota mientras la autoridad recibe la suya.
Control territorial: En Matamoros los grupos criminales imponen “impuestos” por el uso de puentes internacionales, aduanas,tortillerias,chatarerras y hasta por circular en ciertas vialidades. Los transportistas y agentes aduanales son extorsionados regularmente.
Caso emblemático: La cadena Oxxo (de FEMSA) puso en jaque al desgobierno con el cierre de 191 tiendas en Nuevo Laredo, tras secuestros de empleados y exigencias para usar espacios para espiar a autoridades.
Este caso evidenció cómo los cárteles ven a las empresas legales como fuentes de información y financiamiento.
Colusión y debilidad institucional
Corrupción policial: Más de 2,800 agentes de la Guardia Estatal están bajo investigación por extorsión, abuso de autoridad y violencia contra civiles y estan en el cuadro del deshonor nacionales el top cinco de las policias mas abusivas del pais.
Solo en 2024, se abrieron 297 expedientes por estos delitos, cita HoyTamaulipas y los casos van en aumento como publica ElMañana de Reynosa.
Falta de denuncias: Según la Coparmex, 96% de las extorsiones no se reportan debido a la desconfianza en las autoridades.
Quienes denuncian rara vez ven resultados: el 85% de los casos archivados no avanzan y si denuncias te matan y si no te matan,las carpetas se van al archivo muerto.
Respuesta limitada: Aunque se han creado mesas de coordinación “cínicas e hipócritas” para investigar denuncias (como las extorsiones a ferreteros en Matamoros), las acciones son meramente reactivas y mediáticas y no logran desarticular redes criminales,porque el gobierno es parte de esa red, son socios de Americo Villarreal Anaya y el que chivátea se muere.
Impacto económico y social
Cierre de negocios: Decenas de pequeños comercios han cerrado ante las exigencias de pago, que pueden llegar al 30% de sus ganancias. Quienes se resisten enfrentan amenazas, incendios o ataques directos.
Inflación criminal: Los cárteles no solo cobran por “protección” de ellos mismos, también fijan precios de productos como combustibles o materiales de construcción, distorsionando mercados locales.
Implicaciones geopolíticas
La estrategia de “mano dura” binacional (con operativos como el espejo México-EU) ha reducido el tráfico de migrantes, pero disparó la competencia criminal por controlar otras rentas, como las extorsiones.
En resumen, la extorsión en Tamaulipas opera como un sistema paralelo de poder que también cobra impuestos y el crimen organizado actúa con impunidad porque las instituciones estan debilitadas por la corrupción del gobernador ‘pa’ bajo y mientras no se ataquen esas redes, este “impuesto del miedo” seguirá creciendo.
La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) encontró y desmanteló siete cámaras de videovigilancia que forman parte de un sistema ilegal colocado en Tampico, Ciudad Madero y Altamira,que nunca vieron, pero ahi estaban cumpliendo sus cometido criminal para servir al lider delincuencial,Hector Crecencio de Leon Fonseca,alias “EL R3”, que se habia mantenido intocado y por demas impune,igual que toda su estructura de expolio y protección institucional ,que recibe desde el gobierno de Americo Villarreal y la Guardia Estatal.
“Se lograron desmantelar un total de siete cámaras, mismas que se encontraban instaladas en distintos puntos de la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Los equipos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente”.
informó la dependencia vía comunicado.
Esta es la segunda acción relevante que realizan elementos de la Primera Zona Naval en un mes en esa Zona del sur de Tamaulipas.
La primera fue el decomiso de droga, vehículos y herramienta para comercializar sustancias ilícitas en inmuebles de Altamira.
El aseguramiento alcanzó un estimado de 22 mil dosis de presunta cocaína, más de 600 dosis de metanfetaminas, armas de fuego, animales exóticos, equipo especializado para la distribución de narcóticos y vehículos de carga y transporte.
El Cartel del Golfo sobrevive en esa zona robando a pemex y picotea los ductos que van a la Refinería de Cadeyta desde Ciudad Madero,en el tramo de Gonzalez.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados fue grabado mientras informaba sobre una negociación entre el PAN y Morena para vetar a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de las elecciones.
En un video presentado por la periodista Azucena Urestidurante su programa matutino en Radio Fórmula, se ve al coordinador morenista hablando de negociaciones entre el PAN y Morena.
En las imágenes grabadas durante un taller de lectura, se escucha al coordinador de Morena admitir que hubo una negociación no autorizada para que los morenistas ganaran apoyo para la Presidenta y su reforma contra el nepotismo y que entrará en vigor a partir del 2027 y no hasta el 2030.
“Caímos en la trampa de algunos de la oposición. Nos buscaron sin autorización del grupo, y le dicen, yo traigo 100 votos, a mí me dijo Döring, a cambio de que los López estén 10 años fuera, órale, pero cómo vas a negociar eso”, dijo el morenista.
Sin embargo, más tarde en conferencia de prensa, Monreal negó saber de dicha negociación y aseguró que él no había hablado con el diputado Döring .
“No sé de qué me habla y la verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring (PAN). Tendría que preguntarle a él con quién habló. No sé de cuáles 100 votos ni tampoco sé de los apellidos López”, declaró.
¿Qué dice la reforma contra el nepotismo de Claudia Sheinbaum?
El pasado 4 de marzo se aprobó en lo general la reformar la Constitución para prohibir el nepotismoelectoral, pero hasta la elección federal de 2030, y no en 2027 como planteó originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum.
La modificación también prohíbe la reelección de diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos.
En Sinaloa al menos 30 menores de edad han sido asesinados en hechos violentos derivados de la pugna del crimen organizado en el estado, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública encabezado por Ricardo Jenny del Rincón.
Las cifras indican que de septiembre de 2024 a febrero de 2025 han sido asesinados 33 menores de edad en el estado, sin embargo Ricardo Jenny del Rincón señaló que de estos casos al menos un par de casos corresponden a homicidios por violencia familiar, pero que en su mayoría son consecuencia directa de la crisis de seguridad.
El funcionario señaló que no se tiene un registro de los menores de edad que han resultado víctimas colaterales o los que han sido asesinados de manera directa, pues estas determinaciones corresponden a la Fiscalía del Estado de Sinaloa.
“La gran mayoría de ellos son consecuencia de los propios hechos delictivos que se viven de septiembre a la fecha, por ahí puede haber un caso de estos 33 menores de edad víctimas de homicidio doloso que no corresponden a este tipo de situaciones sino a temas que tienen que ver más bien con violencia familiar”.
Este infausto parte de guerra, nos revela un colapso en el control territorial del Cártel de Sinaloa (CDS) y una respuesta gubernamental ineficaz. Este desbalance se manifiesta así:
Control territorial del CDS: fragmentación y pérdida de hegemonía
División interna: La pugna entre las facciones de Los Chapitos(hijos de “El Chapo”) y Los Mayitos (seguidores de “El Mayo” Zambada) ,se han visto mermados mas por la propia acción de rivales que del gobierno, cuyas detenciones no corresponden a las realizadas por el Cartel.
Estrategias fallidas: El ex-presidente Andres Manuel Lopez Obrador,en su inocencia, complicidad y taruguez,alentaba la paz narca del CDS,poniendolos como ejemplo nacional al presumir su hegemonía que detonaba menos homicidios e incluso la promovió por todo el pais.
La actual fragmentación ha generado tácticas más brutales(ejecuciones con símbolos como sombreros o pizzas para intimidar, lo que aumenta el daño colateral en civiles.
Eficiencia gubernamental: entre la militarización y la inacción
Fallas en protección:
El despliegue del ejercito y la Guardia Nacional con reacción tardía para combatirlos, particularmente a “Chapitos”, propiciaron que estos se siguieran enfrentando, e incluso en exceso de estulticia, llegaron a presumir que los habian reducido al area rural, pronto se dieron cuenta que no y ese error se pago con mas muertos en la zona urbana, con evidentes daños colaterales.
Ausencia de inteligencia: Pese a las promesas de Sheinbaum de profesionalizar fuerzas estatales y de usar la inteligencia, no hay detenciones públicas por los casos de menores asesinados y la inmensa mayoría de ejecuciones estan sin resolver,lo que sugiere impunidad estructural.
Consecuencias humanitarias: niñez bajo fuego cruzado
Víctimas colaterales: El 85% de los 33 menores asesinados murieron en ataques directos del crimen, como el caso de los hermanos Sarmiento (9 y 12 años), baleados durante un robo de auto.
Impacto psicológico: Escuelas cancelan clases diariamente por enfrentamientos, y niños asocian ruidos fuertes con peligro de muerte, creando una generación traumatizada.
En síntesis, mientras el CDS pierde cohesión regional y el gobierno mexicano falla en articular estrategias cuyo combate a cárteles se traduzca en satisfactorios de paz, aun persiste la crisis de gobernanza y el evidente poder territorial del Cartel de Sinaloa.
