A los politicos y gobernantes emanados de "Morena" ya se les hizo fácil,particularmnete en Tamaulipas,hacer "tarugo" al ejercito mexicano,aunque todo indica es con su permiso,pues de otra forma no se explica, que el Gobernador Americo Villarreal y su hijo, con profundas ligas con este Cartel y particularmente en Matamoros, hayan puesto la candidatura a la alcaldía en la elección de 2024, en manos de Alberto "Beto" Granados,un hombre cercano a Alfredo Cardenas,alias El Contador",máximo lider del "Cartel del Golfo" desde la prision ,despues de una breve "lucha de estomagos entre alfiles y peones de la organizacion criminal".
Como ya se sabia,en un extremo de las cuerdas estaba el aun alcalde Mario Lopez Hernandez,la "Borrega",que buscaba imponer un sucesor en la figura del Secretario de Desarrollo Social,Carlos Ballesteros,pero en el extremo contrario tenia a su rival mas fuerte, un amigo que se convirtió en enemigo cuando "coqueteo" con la temible "AVANZADA",una organizacion criminal politicamente Organizada que dirige con visos de lider delincuencial",Americo Villarreal Santiago,alias el "Ameriquin" y que dolosamente el ejercito ignora los síntomas de lo que se esta convrtiendo en una grave enfermedad política con efectos perjudiciales en la seguridad de los ciudadanos.
El mas reciente episodio de la pugna, dejo ver que el gobernador solapado por el "Presidente acusado de narco no entiende" y para ganar, como antes lo hizo en 2022,decidio favorecerse favoreciendo al "Cartel" que tiene bajo su mando a los "Escorpiones" y que hasta hace muy poco le hicieron ganar el mote de gobernador "Escorpión".
Presumir que el resultado es parte de una contienda democrática interna en Morena,era una vacilada, cuando desde mucho antes, el gobernador predecible y su hijo, ya habian concebido la V2.0 del "amasiato con criminales".
El choque entre los bandos de Morena que se disputaban la candidatura a la alcaldía de Matamoros,unos por el lado del diputado local Alberto Granados Favila y otros por el bando del alcalde Mario Alberto López Hernández, La Borrega, entró incluso al terreno legal con sendas demandas penales.
Apenas el 19 de diciembre se dio a conocer que Óscar Castillo Carreón, director jurídico de la JAD, cuyo presidente del Consejo de Administración es Mario Alberto López Hernández, denunció ante la Agencia del Ministerio Público N.-2 estatal, al diputado local Alberto Granados por los delitos de sustracción y apropiación del agua (en menoscabo del organismo operador) bajo el Registro de Atención Ciudadana 560/2023.
Con esta querella ya se buscaba inhabilitar al demandado para que cejara en su empeño de buscar la alcaldía por Morena, pero su equipo de colaboradores reaccionó y enderezó otra demanda pero esta vía Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de López Hernández a quien lo acusaba Yolanda Chavira Estrada, exdirectora de Educación Básica del Municipio de haber sido despedida injustamente por negarse a formar parte del equipo del jefe de la comuna en actividades partidistas.
En su defensa Chavira Estrada expone que su despido del gobierno municipal lo dispuso el alcalde López Hernández a través de Genoveva Hi, secretaria de Educación Municipal, que fue quien le comunicó que se presentara con Claudia Muller, la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que finiquitará su salida, de tal suerte que cuando acudió se negó a firmar su renuncia y a cambio demandó.
Mario López Hernández,quien tambien ha servido al Cartel del Golfo,lo dijo en publico y privado en repetidas ocasione: “Aquí en Matamoros como candidato o candidata yo estoy dispuesta a apoyar al que disponga mi partido Morena, a cualquiera menos a Beto(Alberto) Granados, porque para mí él es un traidor”.
Mientras el Presidente Andres Manuel Lopez Obrador,el Gobernador de Morena Americo Villarreal,e incluso la candidata de Morena a la Presidencia,Claudia Sheinbaum, se desgañitan negando la "guerra" ,que dicen "eso quisieran sus adversarios", dos eventos distintos en el Tamaulipas "humanista de cuarta transformacion",muestran la falsedad de sus afirmaciones y la brutalidad de ambos bandos en los recurrentes encontronazos.
En el primero y de acuerdo con la informacion publicada en las redes sociales,aunque escueta,advierte como ayer domingo la Guardia Estatal en Reynosa, dijo repeler un ataque en el poblado "El Banco",donde señala fueron decomisados 7 vehículos,1 con blindaje artesanal, muy cerca de "Carlson Lake y el Rio Bravo",que dejo dos abatidos y mas preguntas que respuestas.
De la informacion ,se podria presumir que son gatilleros del "Comandante Mono",el ex-militar que comanda al Cartel del Golfo en Reynosa y dejo algunas interrogantes:
"Quienes conducían el resto de vehículos,pues si especulamos mas que calculamos ,dos gatilleros por unidad, esto equivaldria a 14 pistoleros, suponemos todos armados,entonces que paso con la "docena restante, que no precisa, si volvieron a escapar".
Esta documentado en "informes de enfrentamientos" ,que las policías y el ejercito reciclan siempre el mismo argumento del "respondimos a un ataque",sin embargo en este particular caso,afortunadamente no hubo saldo en contra que lamentar, pero tampoco evidencia que robustezca un enfrentamiento real que supondría al menos patrullas dañadas, si consideramos que un enfrentamiento es "un tiroteo en ambas direcciónes" y que supone que dada la cantidad de vehículos involucrados,debio haber sido cruento.
La imagen de una unidad volcada y en su costado armamento, presume mas bien una persecución y el muy probable "ajusticiamiento".
Un documento de "Data Civica" sobre la letalidad que se ejerce en enfrentamientos advierte:
“El uso de la fuerza de las autoridades es más abusivo al actuar solas y llama a la necesidad de que las fuerzas armadas no actúen en solitario. De hecho, la letalidad de las fuerzas armadas es similar a la de las fuerzas de seguridad civil cuando las fuerzas armadas actúan acompañadas”.
Uno de a deveras
Pero otro "desencuentro",el mas reciente,deja ver la violencia "brutal" del Cartel del Golfo, cuando se trata de enfrentamientos, no del "reciclado" de agresiones imaginarias para justificar la violencia y no tomar a nadie preso, que en los hechos es el verdadero castigo, pues la policia y el ejercito no se pueden asumir al mismo tiempo en "Policia,Ministerio Publico,Juez y verdugos",aunque a los ciudadanos nos pueda simpatizar la "aterrizada",pues es de tal magnitud el sentido de revancha que se desata,que ambos bandos quedan atrapados en el "circulo vicioso del ojo por ojo", que al final dejara ciegos a todos.
De acuerdo a las mismas redes y acompañado de imagenes atribuidas a una presunta emboscada, un termino poco adecuado, pues nadie puede llamarse sorprendido cuando por obligación legal del empleo y cargo, se enfrenta al peligro en cualesquier circunstancia.
Los hechos habrían ocurrido hoy en la carretera estatal 12 de Valle Hermoso a RioBravo en el Ejido "El Refugio" y en jurisdicción criminal de "Escorpiones" y desde aprox. 8 vehículos con alrededor de 30 agresores ,resultando 6 patrullas con daños de armas largas del poderosisimo calibre .50
El partido de Morena en Tamaulipas,confirmo que Joel Eduardo Yáñez Villegas, primo del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien quiso abreviar la guerra de bandos del Cartel del Golfo ,inclinandose por una banda, tras ataque a balazos donde salio ileso,sera el candidato a la alcaldía de Río Bravo,considerada la frontera de la pugna donde luchan "Metros y Escorpiones" por el control de las plazas y el botin del "Huachicol",donde Americo Villarreal es "mano".
El delegado especial, Mario Llergo, presentó el "supuesto" triunfo de Yáñez Villegas que "dicen" venció a Malena Rodela, esposa del secretario y segundo al mando de la estructura de gobierno de Américo Villarreal Anaya,auque en los hechos, se impuso un "cálculo politico".
Joel Eduardo Yañez Villegas llegó a la política en 2021 cuando ocupó el cargo de segundo síndico en el ayuntamiento de Río Bravo,un municipio enteramente controlado por el crimen organizado de la faccion de "Escorpiones" de Matamoros.
La familia Villegas González,alineada a los intereses de la "gobernadora de facto",Perla Sharaza ,c Donald, mantiene el control político en la zona.
De 2018 a la fecha han concentrado el poder primero con la llegada de Héctor Joel Villegas a la diputación federal por el distrito 3. En 2021, éste personaje fue elegido alcalde de Rio Bravo, cargo que dejó en octubre de 2022 para incorporarse a la administración estatal morenista por imposición de la considerada nueva "Reina del huachicol".
Ante la renuncia de Héctor Joel Villegas apareció en la presidencia municipal Teodoro Escalón Martínez, tío y alcalde suplente. Sin embargo, la pugna familiar lo obligó a abandonar el puesto para que llegara Joel Eduardo Yañez Villegas como alcalde suplente y quien ya es candidato oficial aprobado por Morena.
En México, el alza en los precios de los alimentos no es sólo un indicador económico; es el reflejo de un fenómeno más profundo en el que se entrecruzan la seguridad, la economía y el bienestar social. En este momento, detrás de este incremento se esconde una red compleja de factores, y uno de los que destaca es el crimen organizado.
De los diversos ramales de la delincuencia organizada que operan en nuestro país, hay un delito en particular cuyo impacto se proyecta a una tercera parte de la inflación en los alimentos, lo que representa una cantidad considerable de dinero para los hogares.
Se trata de la extorsión, una táctica insidiosa empleada por grupos criminales a gran escala, así como por células delictivas que, en nombre de reconocidos cárteles, logran someter y extorsionar a productores, distribuidores y comerciantes a lo largo de toda la cadena de suministro.
El panorama que reflejan las cifras es preocupante. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión ocupa el primer lugar entre los principales problemas de los sectores comerciales, industriales y de servicios, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, seguido del robo o asalto de mercancías, dinero e insumos.
El costo económico de esta inseguridad es de grandes dimensiones. En 2021, las empresas mexicanas desembolsaron alrededor de 120 mil millones de pesos en medidas de seguridad y como resultado de las pérdidas sufridas debido al crimen organizado.
En ese momento, el gobierno no había reconocido, como lo ha hecho ahora, que la extorsión constituye una emergencia que debe ser atendida. Según la exposición de motivos de la iniciativa recién enviada por el Ejecutivo al Congreso para impedir que los extorsionadores sean liberados durante su proceso penal, este delito “ha tenido un fuerte impacto en el tejido social” y existe “un alto grado de impunidad en su comisión”.
Las consecuencias se sienten directamente en los bolsillos de las familias mexicanas. Según expertos en economía, aproximadamente 3% de la inflación en alimentos, frutas y verduras podría estar atribuido a la extorsión y el robo.
Un análisis y proyección realizado por ejecentral indica que este efecto inflacionario puede traducirse en un deterioro de más de 100 mil millones de pesos en los ingresos familiares, debido a los crecientes costos para producir, transportar y comercializar esos productos básicos.
Considerando que las familias mexicanas destinan cerca del 37.7% de sus ingresos a la compra de alimentos, los efectos son palpables. En 2023, una inflación del 7.28% en este rubro significó un efecto devastador de 253.6 mil millones de pesos en el gasto en alimentos.
De esta cantidad, aproximadamente 104.5 mil millones de pesos pueden atribuirse directamente a los costos delictivos que las empresas deben trasladar al consumidor final.
Este escenario tiene un impacto en la economía nacional. Según los datos proporcionados, el costo asociado al crimen representa aproximadamente el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un tributo oculto que las empresas y las familias mexicanas pagan como consecuencia de la inseguridad.
Es decir, los actos criminales ya están deteriorando, día a día, en la economía de poblaciones, ciudades y regiones, y los especialistas advierten que pueden frenar su desarrollo.
Un delito desencadenante
Imagínese esto: un agricultor que lucha por sacar adelante su cosecha se enfrenta no sólo a desafíos naturales como la sequía, sino también a la sombra amenazante de los grupos criminales que exigen su “cuota” por permitirle trabajar la tierra en paz. Esta “protección” no viene gratis; es un impuesto ilegal que se traslada al precio de los productos agrícolas.
El problema no termina ahí. Una vez que los productos salen del campo, se enfrentan a otro obstáculo en su traslado. Los transportistas que llevan estos alimentos son blanco fácil para la extorsión, y no sólo por parte de los criminales, sino también de las propias autoridades.
Empresarios de diversos sectores productivos consultados por este semanario confirmaron estos pagos en efectivo y sin facturar. Así, los conductores deben pagar un “derecho de paso” para transitar por ciertas vías y evitar ser víctimas de otros delitos que ponen en riesgo sus vidas y la mercancía que transportan, como los robos con violencia. Incluso, cuando no pagan, corren el riesgo de que les incendien sus camiones. Todo este costo adicional se suma también al precio final que el consumidor paga en el supermercado.
Pero la influencia de los criminales dedicados a la extorsión va más allá del campo y las carreteras. Se infiltra en los mercados locales, donde los pequeños comerciantes luchan por mantenerse a flote. Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales de todo tipo, incluyendo tiendas departamentales.
Las tiendas de barrio y los mercados de conveniencia se ven obligados a pagar también una “cuota” para operar sin enfrentar represalias, o les hacen creer la idea de que les venden seguridad a ellos y a sus negocios. Esto los obliga a elevar los precios de los productos básicos que ofrecen.
Extorsiones desbordadas
Los números oficiales son contundentes y muestran cómo las extorsiones en México están desbordadas.
En lo que va de la actual administración, el número de víctimas reportadas por las fiscalías del país ha ido en escalada. De 2019 a 2023, se acumularon al menos 48 mil 804 personas extorsionadas en todo el país, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil personas se ubicó en 8.48 en 2022, con 11 mil 39 víctimas, la más alta desde 2015. Hasta el año pasado, el estado de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Morelos, Hidalgo y Veracruz encabezaron las tasas más altas de víctimas de ese delito.
“Actualmente, en el país se registra un incremento en el número de extorsiones, un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año, se observó un aumento del 7.7% en la comisión de este delito en comparación con el mismo mes de 2023”, reconoció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia matutina del 20 de febrero pasado.
La realidad es que ese aumento apenas representa una fracción mínima de la verdadera incidencia, ya que la cifra negra, es decir, las extorsiones que no se denuncian, es prácticamente del 100 por ciento.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la cifra negra en las extorsiones aumentó ligeramente, pasando del 98.7% en 2019 al 98.9% al cierre de 2021. En ese mismo año, las extorsiones representaron la mayor incidencia de los delitos contra las unidades económicas del país.
De dos millones 868.5 mil delitos cometidos contra las empresas en México en 2021, según la última ENVE, 28.9% de esa incidencia corresponde a extorsión, lo que la convierte en el principal crimen contra las organizaciones legales establecidas en el país.
Secuelas en dos terceras partes del país
El incremento de 13% en la incidencia de extorsiones reportado por los organismos del transporte de carga federal en el último año es un fenómeno que, según Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), “se incorpora de manera directa a la cadena de valor de los distintos suministros”. Esto representa apenas el primer nivel en la cadena de este ilícito.
En entrevista con ejecentral, el empresario explica que después sigue el “cobro de piso” por el derecho a vender, lo cual implica un costo adicional; además, en diversas regiones del país, los criminales llegan al extremo de apoderarse de las mercancías para dictar los precios finales al consumidor, lo que constituye “un tercer nivel de castigo”.
Cuauhtémoc Rivera explica que los extorsionadores no sólo se limitan al llamado “cobro por derecho de piso”, sino que también controlan la distribución y fijan el precio final de los bienes y servicios. Esto se ha documentado en entidades como Guerrero, Michoacán y estado de México.
“A la hora de que la mercancía llega a la plaza, los extorsionadores se apropian de ella y se encargan de su distribución en el punto de venta para fijar el precio final de los productos. Es decir, controlan la distribución final, cobran por vender en la plaza y también exigen un pago para asegurar que la mercancía llegue segura al centro de distribución”, detalla.
Según Rivera Rodríguez, la suma de estos tres “pisos de castigo” puede impactar hasta en 20% el valor final del producto en algunas regiones, principalmente en zonas del Bajío, que incluyen Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y estado de México. Sin embargo, también se observa en áreas como Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Colima y Morelos.
“Dos tercios del país ya están afectados por este flagelo, lo que perjudica tanto a la economía como al consumo nacional”, sostiene el líder de la ANPEC.
Bajo la premisa de que “la delincuencia no deja títere con cabeza”, el empresario sostiene que ningún tipo de negocio escapa a las extorsiones, desde tortillerías y pollerías hasta cremerías. Incluso, en el estado de México, las “croqueterías” (locales de comida para mascotas) también son blanco de estas prácticas.
Para Cuauhtémoc Rivera, el enfrentamiento que ocurrió a finales del año pasado y dejó un saldo de 14 muertos, donde pobladores de Texcaltitlán se defendieron de las extorsiones de integrantes de la Familia Michoacana, resulta muy ilustrativo de la realidad en la que están inmersos numerosos municipios y localidades en buena parte del territorio.
“Les están cobrando un peso por cada metro de cultivo que tenían en las hectáreas a sembrar, exigiéndoles a los pequeños jornaleros que paguen entre 30 y 40 mil pesos por el derecho a cultivar sus hortalizas. ¡Es una locura! Por eso la gente se les enfrentó”, advierte.
Una sangría de más de 57 mdp
Hace unos días, durante su participación en una mesa de seguridad en el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), estuvo a punto de ser víctima de extorsión.
La anécdota compartida por José de Jesús Rodríguez Cárdenas relata que durante este tipo de reuniones suelen apagar o silenciar los teléfonos celulares para evitar interrupciones. Aprovechando este momento, un extorsionador llamó a su oficina y solicitó dinero en su nombre, argumentando que había sufrido un accidente y no podía comunicarse personalmente.
“Salgo de la reunión y veo tantas llamadas perdidas, hablo (a la oficina) y llevaban alrededor de 15 minutos hablando con estas personas, la gente estuvo a punto de depositar el dinero porque no podían localizarme”, recuerda el empresario sobre los alcances de la extorsión en la ciudad.
Para dimensionar los costos que tienen las extorsiones en los establecimientos comerciales en la capital del país, el empresario detalla que, de acuerdo con las mediciones de la Canaco, “en el último trimestre del año (2023) la gente pagó más de 57 millones de pesos”.
Esta cifra, refiere, correspondió sólo a 25 mil denunciantes que indicaron que les cobran mensualmente entre mil y cinco mil pesos. “Si realizamos esta multiplicación, nos da 57 millones en un trimestre. Este es el tamaño del impacto que tiene la extorsión, hablando exclusivamente de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías”.
“Aquí hay una gran cantidad de negocios, encabezados por los restaurantes que es uno de los más socorridos, pero hay también joyerías, tiendas departamentales, o de conveniencia, es decir los OXXO, estas pequeñas tiendas son extorsionadas; carnicerías; ferreterías, hasta tortillerías”, señala el empresario.
El presidente de la Canaco en la CDMX sostiene que a este tipo de negocios, según su tamaño y éxito, los extorsionadores “les venden seguridad”, argumentando que si acuden con la policía esta “no va a hacer nada”; les generan la idea de que en lugar de contratar seguridad privada, les paguen a ellos de dos a cinco mil pesos.
“Cuando eso sucede y el empresario paga y lo hace constantemente estamos perdiendo nuestra ciudad, estamos perdiendo el Estado de derecho y entonces ya no puede transitar una sociedad”, alerta Rodríguez Cárdenas.
Uno de los principales motivos por los que miles de transportistas han colapsado las carreteras del país con paros nacionales en exigencia de mayor seguridad tiene que ver con las extorsiones para permitirles trabajar, pero también con el hecho de que buena parte de estas “cuotas” les son exigidas por las propias autoridades locales.
Pagan por transitar por ciertas vías, por ingresar a un determinado municipio y por poder cargar o descargar su mercancía, por permitirles el paso en un retén de revisión, por evitar que la grúa se lleve su camión… Y hasta han pagado para que les puedan tomar su declaración cuando fueron ya víctimas de algún robo u otro delito.
Por todo lo anterior, los transportistas deben hacer pagos diarios a autoridades municipales, estatales, federales o a los grupos criminales que, de acuerdo con Carlos García, vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), van de 30 a 40 mil pesos por cada transportista al mes.
“Hoy resulta que en muchos municipios tenemos que pagar un permiso para entrar a descargar o cargar”, explica; sin embargo, a decir del transportista, dichos permisos rayan en la ilegalidad, pues según la Ley de Movilidad no está permitida la sobrerregulación en el transporte de carga federal.
“¡Por eso nos manifestábamos!, porque estamos peleando que las placas federales deben ser respetadas en todo el país, y no ocupar ningún permiso para entrar a ningún lado”, añade Carlos García.
Sin el “permiso de conectividad”, dice, para evitar que sus camiones con la mercancía sean llevados al corralón, los transportistas deben dar “‘mochadas’ de dos mil hasta cinco mil pesos. Entonces, ahí va la cadenita de extorsión”.
“Si uno va a una fiscalía a rescatar un camión hay que dar la ‘mochada’ para que le tomen la declaración, ahí son sus 500 pesitos, y luego para el perito porque como hay muchos robos y muchas demandas de peritajes se van otros cinco mil a 10 mil pesitos”, asegura Carlos García.
El valle nororiente del estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato son algunos de los “focos rojos” que como Amotac tienen identificadas como zona de extorsiones.
Normalizando la extorsión
Jesús es el chofer del supervisor de una empresa trasnacional que tiene operaciones de construcción y servicios en distintos estados del país. Por lo menos una vez a la semana debe visitar alguno de estos lugares o incluso pasar los siete días revisando obras y servicios que prestan en Guanajuato, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, estado de México y Michoacán, principalmente.
Cuando tomó el trabajo, recomendado por un amigo que hace lo mismo dentro de la compañía, no sabía que, después de considerarlo apto tras varios exámenes de habilidades y confiabilidad, recibiría un entramiento básico de seguridad personal tipo escolta.
Así que pasó los siguientes tres días aprendiendo medidas especiales de seguridad al conducir y para protegerse, pero lo que más le llamó la atención es que también le enseñaron en una de las pláticas a cómo comportarse frente a grupos armados y retenes de grupos criminales. Guardar la calma, ser amable y colaborador, no mirar a los ojos y tener a la mano identificaciones, fueron algunas de las medidas que debía implementar, le dijeron.
Y sí, desde el principio, hace de eso más de un año, comenzó a lidiar con los retenes que Jesús llama de los “mañosos”.
“Al principio pensaba que eran de militares o policías, porque están así vestidos, se parecen mucho, pero luego ya vas viendo que son de la maña, por detalles de la ropa o cosas que dicen o cómo se hablan”, relata.
Jesús, un hombre ya cercano a los 40 años, pide que no se mencionen sus apellidos ni el nombre de la empresa en la que trabaja, porque quiere “evitarse problemas”, pero sí quiere contar, añade, que “los retenes son más comunes de lo que la gente piensa y hay que estar preparados para tratarlos, ellos cada vez son más amables y tienen todo bien organizado”.
Y así es, al preguntar a otras dos personas que se dedican a tareas similares, confirmaron que por cada viaje que hacen llevando a un supervisor o jefe, por lo menos se encuentran a uno de estos puestos de control de grupos criminales. Y todos hacen lo mismo, ya se volvió un método.
“Prácticamente tienen ellos una lista, a veces ves que la tienen en un cuaderno, otras veces en su celular y una vez hasta parecía como un recuadro con todo y su tabla bien formal. Allí checan que vengan las placas, tu nombre de pila, el tipo de auto y ya pasas”, detalla Jesús.
Pero sólo puedes pasar sin problemas si ya pagaste la cuota. Es decir, que las empresas debieron enviar a alguna persona a que cubriera el cobro por circular sin problemas y hasta “protegido” por los territorios de estos grupos.
Uno de sus jefes sólo comentó que, al mes, dependiendo la zona, se pueden pagar de 50 a 200 mil pesos al mes, y eso varía en función de cuántos automóviles van a pasar y para qué.
“Ya tienen bien identificadas a las empresas y según el sapo es la pedrada”, explica el supervisor contactado por ejecentral. Las empresas, añade, prefieren pagar estos costos porque permiten que sus operaciones no se detengan, los empleados circulen con seguridad y no se denuncia porque las autoridades “no hacen caso”.
Una solución dudosa
La apuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para disminuir las extorsiones y la incidencia de otros delitos como el narcomenudeo, la defraudación y otros de tipo fiscal, se basa prácticamente en endurecer el castigo e imponer la medida de prisión automática a los sospechosos de cometer esos delitos.
Sin embargo, los principales afectados consideran que esto no disminuirá si no se acompaña del fortalecimiento y la depuración de las autoridades involucradas en la cadena de extorsión; y un cambio en la estrategia de seguridad para desarticular a los grupos que se dedican a este delito.
“Yo creo que leyes hay muchas, lo único que veo es que sí hay mucha corrupción”, señaló el vicepresidente de la Amotac.
En ese sentido, José de Jesús Rodríguez urgió a generar “una verdadera política de seguridad”, basada en la inteligencia, el fortalecimiento y la depuración de las policías, pues advirtió: “hay gran parte de los crímenes, de los cárteles, incrustados en las policías, incrustados en los gobiernos”.
El número de efectivos de las corporaciones municipales de seguridad pública disminuyó 8.5 por ciento en 2 años, reportó el Inegi.
Al presentar los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2023, detalló que el número total de dichos efectivos pasó de 189 mil 498 en 2020, a 173 mil 407 en 2022.
La cifra es, de hecho, la más baja registrada desde 2010, año del primer censo.
En tanto, la tasa de elementos de las policías preventivas municipales por cada 100 mil habitantes se redujo de 124.4 en 2020, a 107.4 en 2022.
Y la segunda tasa más baja se registró en Zacatecas, entidad en la que se encuentran 2 de los 5 municipios con los niveles más altos de percepción de inseguridad a nivel nacional: Fresnillo (96.4 por ciento) y Zacatecas (87.6 por ciento).
En 2022, indicó el Inegi, mil 901 municipios reportaron contar con una institución encargada del ejercicio de la función de seguridad pública, mientras que 72 reportaron no contar con ninguna.
Del total de los elementos de las corporaciones municipales de seguridad pública, el 80.6 por ciento estaba adscrito a las policías preventivas, el 5.5 por ciento a las policías de tránsito y el resto a otras áreas.
Apenas poco más de la mitad (54.1 por ciento) de los elementos contaban con Certificado Único Policial vigente.
El 76.7 por ciento de los elementos eran hombres y 23.2 por ciento mujeres. El 84 por ciento del personal de ambos sexos se ubicaba en la escala jerárquica básica.
Poco menos de un cuarto del personal de seguridad pública municipal disponía de arma de fuego autorizada, 24.4 por ciento, y de chaleco blindado, 23.9 por ciento.
El Inegi reportó además una disminución en el el número de fallecimientos de uniformados durante el cumplimiento de sus funciones.
"Durante 2022, 136 elementos de las Policías Municipales murieron durante la jornada laboral -87 menos que en 2020-, de los cuales, 88.2 por ciento eran hombres y 11.8 mujeres. Del total, 51.2 por ciento de los fallecimientos fue por enfrentamientos con grupos de personas civiles armadas (incluye delincuencia organizada)", apuntó.
"Entre 2021 y 2022, los municipios con la mayor cantidad de elementos fallecidos por homicidio doloso fueron: Celaya y León, con 12 cada uno, y Acapulco de Juárez, con 11".
Otros 38 elementos fueron reportados en 2022 como desaparecidos o no localizados.
En tanto, 127 instituciones de seguridad pública municipal presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra mil 246 personas adscritas a las mismas por la presunta comisión de algún delito.
El Municipio García, Nuevo León, registró la mayor cantidad de personas denunciadas, con 211.
Tasas de elementos de las Policías Preventivas Municipales por cada 100 mil habitantes en 2022:
A ocho meses de que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los secuestraron en Ocozocoautla, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas buscan su jubilación y pensión por riesgo de trabajo ante el temor que sienten por el asedio del crimen organizado.
Elementos policiacos señalaron a Grupo REFORMA que la Administración del Gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón, no les ha dado respuesta a su petición y que han sido ignorados en la dependencia.
"Hasta ahora no tenemos respuesta, hay un silencio administrativo por parte de la oficina del señor Gobernador y de la Secretaria de Seguridad Pública (Gabriela Zepeda Soto), en cuyas oficinas hemos entregado los documentos de solicitud", indicó uno de los solicitantes.
Un grupo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas fue secuestrado el 27 de junio del año pasado en el Municipio de Ocozocoautla, en medio de una disputa por el control territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, las víctimas no han regresado a laborar.
El CJNG operó el secuestro al considerar que las autoridades policiacas estaban bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa (CDS) y para presionar por la liberación de la cantante Nayeli Cyrene Cinco, pareja de un jefe de plaza, y la destitución de tres mandos policiales.
Los afectados alertaron sobre la falta de respuesta a su solicitud de jubilación y por el estrés postraumático que les diagnosticaron, cuyas secuelas afectan sus vidas y las de sus familias.
"Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernador, solicitamos su intervención para que exija a nuestras autoridades el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 4 y 123 de la Constitución", indicaron en un documento enviado a las autoridades.
"Cuando nos liberaron, la Secretaria (Zepeda Soto) dijo: 'váyanse con sus familias, y luego nos reunimos', pero no pasó; en casa empezó el miedo y empeoró hace un mes cuando nos quitaron la terapia con la psiquiatra, a quien le pidieron hacer algo que iba contra su ética, y ella prefirió irse, no sabemos qué fue lo que le pidieron", dijo uno de los afectados.
Las víctimas del plagio fueron liberadas el 30 de junio, luego de tres días de cautiverio, y en esa ocasión señalaron que les daban de comer una vez al día y los dejaban bañarse.
Los captores los subieron a una camioneta, por lo que los agentes temieron por sus vidas, pero les dieron la instrucción de conducir hasta la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se encontraron con sus familiares.
Alto riesgo
El investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Alberto González Figueroa, advirtió que los policías del estado están en riesgo y recordó los recientes videos de criminales amenazando con matar a agentes porque ligan a sus jefes con cárteles de la droga y el asesinato de Germán Alegría, director de la Policía de Berriozábal.
"Ellos (los elementos de seguridad) también tienen familias y forman parte de una cadena de mando; no dudo que haya personas honestas, pero, cuando el jefe es corrupto, por justos pagan pecadores", consideró.
Candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados arrancaron el viernes campañas electorales en territorios marcados o controlados por la delincuencia organizada.
Con excepción de Guanajuato, CDMX, Yucatán y Jalisco, donde también ya inició este proceso, otras entidades tendrán sus primeros días de campañas hasta finales de marzo e inicios de abril.
De los 300 distritos electorales federales, en al menos 74 se han registrado en los últimos meses varios actos de violencia, e incluso, en 11 entidades del País han asesinado a 20 aspirantes a algún cargo de elección.
Mientras tanto, el INE tiene confirmados 22 distritos con problemas graves de inseguridad, y en 14 distritos de cuatro municipios reconoce que hay riesgo de instalación de casillas.
En las entidades donde el INE ha solicitado el contacto permanente con corporaciones militares o de seguridad y diseñar programas específicos sobre riesgos, ante las condiciones de violencia están:
-Guerrero
-Chiapas
-Michoacán
-Oaxaca
-Tabasco
-Nuevo León
-Zacatecas
-Coahuila
-Colima
-Durango
-Guanajuato
-Hidalgo
-Morelos
-Nayarit
-Tamaulipas
Aunado a ello, en las 23 mil secciones electorales con "estrategias diferenciadas" por problemas para organizar la elección se ubicaron 12 mil 727 puntos con problemas relacionados con inseguridad, crimen organizado o pandillerismo.
Hasta el miércoles pasado, el organismo electoral había recibido apenas siete solicitudes de seguridad para aspirantes: tres que buscan el Senado; dos más, para diputados federales; el de la aspirante a la Gubernatura del Frente por Morelos, Lucy Meza, y el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.
A estos últimos se les asignaría escoltas de manera automática, y al resto, la Guardia Nacional les realizará un análisis de riesgos.
Willy Ochoa, aspirante al Senado por parte del Frente PAN-PRI-PRD, pidió desde hace dos semanas seguridad, pero jamás le respondieron, y hace unos días sufrió un intento de secuestro.
El organismo no ha informado cuántas solicitudes ha recibido en las juntas locales para protección de aspirantes a Alcaldes o diputados locales.
En el 2021, el 85 por ciento de homicidios políticos fue contra candidatos a cargos locales, principalmente Alcaldías.
GUERRERO
La semana pasada, los consejeros electorales del INE fueron informados sobre 14 distritos con riesgos para la instalación de casillas, la mayoría de ellos por problemas de inseguridad.
Los casos más preocupantes están en Guerrero, en su distrito 01, con cabecera en Ciudad Altamirano, considerado como el más complejo del País para el INE, pues se mezclan problemas de inseguridad, sociales y geográficos para la organización de la elección.
En el distrito están también Apaxtla, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso y San Miguel Totolapan, éste último donde apenas fueron asesinadas 17 personas, y Taxco, donde ni el Alcalde Mario Figueroa se salvó de recibir un ataque tras semanas de narcoviolencia.
Otro distrito peligroso es el 03, en la Sierra de Petatlán; el 05, con José Joaquín de Herrera, y el 06, en Cocula, donde ni la Guardia Nacional o policías locales han podido no entrar.
La violencia escaló a tal grado que dirigentes estatales del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a candidatos a diputaciones federales y senadurías no viajar solos, no realizar mítines en las noches y que, incluso, en sus discursos no hagan alusión a esta violencia e inseguridad en los ocho distritos electorales de la entidad.
"Una candidatura no vale la vida de uno de nuestros militantes. Está muy complicada la situación en Guerrero y yo creo no es solamente en Tierra Caliente o Zona Norte, sino también en Centro, Costa Grande y Acapulco", dijo Sebastián de la Rosa Peláez, secretario de asuntos electorales del comité estatal de MC.
El líder estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que en reuniones con candidatos de la alianza con el PRD-PAN también les han recomendado tener mucho cuidado.
"La petición que les hemos hecho es de que no viajen de noche en carreteras que se sabe son inseguras y que cuando vayan a las localidades tengan acompañamiento de sus simpatizantes o de su equipo de campaña", dijo el dirigente del tricolor.
Perfecto Rosas González, ex diputado local del PRD, dijo que este proceso electoral va a vivir una situación de violencia más alta que en elecciones pasadas.
El Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, dijo que en algunas zonas de inseguridad grave son la Tierra Caliente y el Norte del estado.
CHIAPAS
Otra entidad preocupante para el INE es Chiapas, pues existen problemas en los distritos 04, 06, 08, 11 y 13.
En un informe del martes, el organismo reportó que solicitó seguridad a la Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Seguridad Pública para que sus elementos resguarden a su personal en 19 municipios.
Entre ellos está: Frontera Comalapa, Bellavista, Chicomuselo, Villaflores, Siltepec, Honduras de la Sierra, Chenalhó, El Parral, La Concordia, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Oxchuc, Chanal, Altamirano, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Mitontic.
MICHOACÁN
En Michoacán, están tres distritos, el 02, el 07 y 11. En el primero está Aquila, marcado por la violencia. Sin embargo, en la comunidad indígena El Coire, que incluye a 16 poblados, no se dejó entrar a los capacitadores, y amenazan con no permitir la instalación de casillas ni la entrada de candidatos.
OAXACA
En Oaxaca, están Llano de Guadalupe y San Miguel El Grande, en el distrito 6, donde un retén de habitantes impide el paso. Mientras que en Santiago Xochitepec, en ese mismo distrito, hay "personas armadas", por lo que "hay un riesgo latente".
Como en todas las elecciones, también está en peligro la instalación de casillas en tres secciones electorales en San Dionisio del Mar, en el distrito 07, por lo que están en pláticas con la Alcaldía.
Dos agentes de tránsito municipal fueron asesinados a balazos la tarde de ayer domingo en el Municipio de Irapuato, en Guanajuato, de acuerdo con información de autoridades locales.
El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre el Bulevar Solidaridad, a la altura de la salida del Municipio hacia León, lo cual provocó la muerte de los agentes Antonio Torres Rodríguez y Claudia Karina García Alonso.
"La tarde de este domingo, se recibió al Sistema de Emergencias 9-1-1 un reporte de detonaciones de fuego en la salida a León. Fue en el Bulevar Solidaridad, a la altura de la Colonia Santa Fe, donde se localizó a un hombre y una mujer sin vida por proyectil de arma de fuego", precisó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.
"Ambos se encontraban en labores cuando fueron víctimas de un ataque. Personal de Policía Municipal realizan los dispositivos para dar con los presuntos responsables".
Se reportó que al lado de los cuerpos dejaron una cartulina con un una amenaza.
El lugar fue acordonado por elementos de la misma corporación de Tránsito municipal, así como de Policía estatal y Ejército mexicano.
Apenas el sabado, en este Municipio asesinaron a cuatro jóvenes y otros tres quedaron heridos tras un ataque a balazos al interior de una tienda de abarrotes ubicada en la Colonia San Martín de Porres.
En Guanajuato, la región Laja-Bajío ha registrado múltiples asesinatos de elementos de policía locales, sobre todo en Celaya, donde en lo que va del año suman al menos 11 elementos muertos.
