A ocho meses de que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los secuestraron en Ocozocoautla, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas buscan su jubilación y pensión por riesgo de trabajo ante el temor que sienten por el asedio del crimen organizado.
Elementos policiacos señalaron a Grupo REFORMA que la Administración del Gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón, no les ha dado respuesta a su petición y que han sido ignorados en la dependencia.
"Hasta ahora no tenemos respuesta, hay un silencio administrativo por parte de la oficina del señor Gobernador y de la Secretaria de Seguridad Pública (Gabriela Zepeda Soto), en cuyas oficinas hemos entregado los documentos de solicitud", indicó uno de los solicitantes.
Un grupo de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas fue secuestrado el 27 de junio del año pasado en el Municipio de Ocozocoautla, en medio de una disputa por el control territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Desde entonces, las víctimas no han regresado a laborar.
El CJNG operó el secuestro al considerar que las autoridades policiacas estaban bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa (CDS) y para presionar por la liberación de la cantante Nayeli Cyrene Cinco, pareja de un jefe de plaza, y la destitución de tres mandos policiales.
Los afectados alertaron sobre la falta de respuesta a su solicitud de jubilación y por el estrés postraumático que les diagnosticaron, cuyas secuelas afectan sus vidas y las de sus familias.
"Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador y Gobernador, solicitamos su intervención para que exija a nuestras autoridades el derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 4 y 123 de la Constitución", indicaron en un documento enviado a las autoridades.
"Cuando nos liberaron, la Secretaria (Zepeda Soto) dijo: 'váyanse con sus familias, y luego nos reunimos', pero no pasó; en casa empezó el miedo y empeoró hace un mes cuando nos quitaron la terapia con la psiquiatra, a quien le pidieron hacer algo que iba contra su ética, y ella prefirió irse, no sabemos qué fue lo que le pidieron", dijo uno de los afectados.
Las víctimas del plagio fueron liberadas el 30 de junio, luego de tres días de cautiverio, y en esa ocasión señalaron que les daban de comer una vez al día y los dejaban bañarse.
Los captores los subieron a una camioneta, por lo que los agentes temieron por sus vidas, pero les dieron la instrucción de conducir hasta la sede de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se encontraron con sus familiares.
Alto riesgo
El investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Alberto González Figueroa, advirtió que los policías del estado están en riesgo y recordó los recientes videos de criminales amenazando con matar a agentes porque ligan a sus jefes con cárteles de la droga y el asesinato de Germán Alegría, director de la Policía de Berriozábal.
"Ellos (los elementos de seguridad) también tienen familias y forman parte de una cadena de mando; no dudo que haya personas honestas, pero, cuando el jefe es corrupto, por justos pagan pecadores", consideró.
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